El Gobierno central y la Iglesia católica han cerrado un acuerdo histórico para articular un sistema de reparación integral dirigido a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia cuyos casos ya no pueden ser perseguidos por la vía judicial, bien por prescripción de los delitos o por el fallecimiento de los responsables. El nuevo mecanismo, de carácter mixto Iglesia-Estado y con participación directa de las víctimas, contempla reparaciones económicas y de otro tipo que serán asumidas íntegramente por la Iglesia.
El acuerdo fue rubricado este jueves en el Palacio de Parcent, sede del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, por el ministro Félix Bolaños, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego. El Defensor del Pueblo desempeñará un papel central como institución encargada de elaborar las propuestas de reconocimiento y reparación.
“Después de décadas de silencio y encubrimiento, después de encontrarse con un muro, hoy podemos decir que la democracia española cumple con las víctimas de abusos”, afirmó Bolaños tras la firma.
Un sistema extrajudicial con protagonismo del Defensor del Pueblo
El mecanismo está diseñado para aquellos casos en los que ya no es posible acudir a los tribunales. En el plazo de un mes, las partes firmarán un convenio de colaboración que concretará los términos del acuerdo y en el que participarán la Conferencia Episcopal, la Conferencia Española de Religiosos, el Defensor del Pueblo y el Ministerio.
Las víctimas deberán iniciar el proceso ante una Unidad de Tramitación del Ministerio, que se encargará de recibir las solicitudes y coordinar la comunicación entre las partes. Posteriormente, los expedientes pasarán a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que realizará un análisis individualizado y formulará una propuesta de resolución. Esta podrá incluir reparaciones simbólicas, restaurativas, espirituales y/o económicas, en función de lo solicitado por la propia víctima.
La propuesta será evaluada por la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (CPRIVA). Si existe conformidad entre la Iglesia y la víctima, la resolución será definitiva. En caso de desacuerdo, se convocará una Comisión Mixta —con participación de asociaciones de víctimas— para intentar alcanzar un consenso unánime. Si la discrepancia persiste, la decisión final corresponderá al Defensor del Pueblo.
Plazos y garantías
Las víctimas dispondrán de un plazo de un año, prorrogable por otro más, para presentar sus solicitudes de reparación, contado desde la firma del convenio. El Ministerio, además, promoverá las modificaciones legales necesarias para que las compensaciones reconocidas queden exentas de tributación fiscal.
El acuerdo establece también garantías de cumplimiento: si la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable no ejecuta las medidas reparadoras en plazo, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos asumirán la obligación de hacerlo.
Reconocimiento a las víctimas
El ministro Bolaños quiso subrayar el papel de las asociaciones de víctimas, a las que agradeció “su lucha incansable durante décadas” para lograr el reconocimiento y la reparación del daño sufrido.
Este acuerdo se enmarca en el Plan aprobado por el Gobierno en abril de 2024 para implementar las recomendaciones del Informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en la Iglesia católica. Con su firma, el Ejecutivo considera que cumple tanto con dichas recomendaciones como con su compromiso político y moral de reparación hacia las víctimas.
