La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha lanzado una advertencia sobre las implicaciones legales, deontológicas y éticas del uso descuidado de las nuevas tecnologías, en particular de la inteligencia artificial, cuyo uso fraudulento puede derivar en sanciones económicas por mala fe procesal.
En el caso examinado, la Sala decidió archivar el procedimiento sancionador abierto contra una abogada que, en un recurso presentado en octubre de 2025, incluyó ocho citas inventadas de sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Navarra y del Tribunal Superior de Madrid.
«No nos cabe duda de que el uso descuidado de estas tecnologías en los procedimientos judiciales plantea importantes implicaciones deontológicas y, desde luego, es susceptible de integrar un claro ejemplo de mala fe procesal y de abuso del proceso», subrayaron los magistrados.
El archivo del caso se produjo tras dos escritos de la letrada en los que se apresuró a pedir disculpas, reconociendo que el error se produjo sin mala intención y por falta de revisión del recurso. En sus escritos, la abogada solicitó que se tuvieran por no puestas las citas y transcripciones afectadas, además de ofrecer disculpas formales y personales.
El pasado 20 de febrero, la Sala había abierto la pieza sancionadora con el objetivo de depurar responsabilidades, señalando que la actuación de la letrada constituía «una vulneración de la buena fe procesal, una falta de respeto a los magistrados, un desprecio de la función jurisdiccional y una perturbación del trabajo del Tribunal».
Cinco días después, la abogada remitió un primer escrito reconociendo su error sin voluntariedad, retirando las citas y pidiendo el archivo del expediente. Posteriormente, el 3 de marzo, volvió a presentar otro escrito reiterando sus disculpas y señalando que la apertura del expediente ya le había servido de aprendizaje.
Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, este tipo de irregularidades pueden conllevar multas de entre 180 y 6.000 euros. Para el TSJN, el uso de inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes en procedimientos judiciales requiere una verificación adicional, ya que la revisión y validación de los documentos legales seguirá siendo responsabilidad de los abogados para garantizar la precisión y el cumplimiento normativo.
