La agricultura española se ha confirmado como una herramienta fundamental en la estrategia medioambiental del país. Según el reciente informe “Balance de emisiones y absorciones de carbono de la agricultura española”, elaborado por la Comisión intercolegial sobre la agricultura del carbono, el sector agrario funciona como un potente sumidero natural. Los datos obtenidos tras dos años de investigación indican que los cultivos españoles tienen una capacidad de absorción anual de 57.795 kilotoneladas de CO2, frente a las 26.031 kilotoneladas emitidas, lo que arroja un balance positivo para el planeta.
El estudio destaca que la gran diversidad de climas y suelos en España favorece especialmente a los cultivos leñosos, como el olivar, el viñedo y los frutales. Estos sistemas agrícolas tienen una capacidad sobresaliente para almacenar carbono tanto en su biomasa como en el propio terreno. Por su parte, los cultivos herbáceos, aunque poseen una capacidad de secuestro menor por hectárea, aportan una cifra muy relevante al conjunto nacional debido a su gran extensión superficial.
Un equipo experto para la sostenibilidad
El documento ha sido liderado por Fernando J. Burgaz Moreno, quien ha coordinado a un equipo multidisciplinar de expertos de toda la geografía española. La investigación subraya que, mediante prácticas de manejo adecuadas, el sector no solo garantiza la producción de alimentos, sino que contribuye de forma decisiva a la mitigación del cambio climático y al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad europeos.
La Comisión intercolegial, órgano adscrito al Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Agrónomos (CGCOIA), nació en 2023 con el objetivo de analizar y valorizar los derechos de emisión generados por la actividad agraria. Su misión es proponer normativas que permitan certificar este secuestro de carbono, lo que podría traducirse en una renta adicional para los empresarios agrícolas y un impulso económico para el medio rural.
Desafíos y estrategias futuras
Para aprovechar al máximo este potencial, el informe resalta la necesidad de establecer estrategias coordinadas entre los profesionales del campo, las administraciones públicas y las instituciones académicas. La meta es convertir el secuestro de carbono en un pilar de la economía verde en España, garantizando que el esfuerzo ambiental de los agricultores sea reconocido y valorado económicamente en los mercados de derechos de emisión.
