Santos apuesta por la Ley contra el Racismo y la Ley de Justicia Restaurativa para prevenir y combatir discursos de odio

El consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, ha mostrado este viernes la apuesta del Gobierno foral por combinar la futura Ley contra el Racismo y la Ley de Justicia Restaurativa, también en proceso de elaboración, para "prevenir y combatir discursos de odio en Navarra". Así lo ha señalado durante su participación en la jornada 'Delitos de odio: estado actual de la cuestión', organizada en Bilbao por la Cátedra Unesco de la Universidad del País Vasco.

Según informa el Ejecutivo en nota de prensa, Santos ha participado en la mesa redonda inicial de la jornada, junto a otras autoridades como Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco; Ignacio José Subijana, presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV); y Manuel Lezertua, Ararteko de Euskadi.

Ante ellos, ha señalado que reforzar los derechos sociales es fundamental "para que no exista un caldo de cultivo favorable a la extensión del odio". "No debemos creer exclusivamente en el Derecho Penal como instrumento mágico que solucione un problema tan ideológico y arraigado en los prejuicios", ha indicado.

En ese sentido, la futura Ley contra el Racismo posibilitará, a juicio de Santos, "una reflexión social sobre cómo afrontar de una manera integral una situación que evidentemente afecta a personas en función de su origen".

Por su parte, la Ley Foral de Justicia Restaurativa dotará a Navarra de instrumentos o medios "para hacer lo que realmente nos hace falta, que es poner el acento en las víctimas y en sus necesidades y hacer consciente al agresor del daño que produce no sólo a estas personas sino también a la convivencia social".

RED DE TÉCNICOS MUNICIPALES CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA

Santos también ha destacado el Plan de Acogida de Personas Migrantes que se presentará próximamente, y cuyo punto más señalado es la creación de una red de técnicos municipales que trabaje con circunstancias concretas que se están dando en algunas localidades de Navarra.

Además ha subrayado que, actualmente, "el mayor porcentaje de ataques que pueden ser considerados de odio son todos aquellos con connotaciones racistas o xenófobas"; por lo que ha insistido en que el trabajo que desarrolla el Gobierno de Navarra con las personas migrantes.

Así, ha recordado la "reflexión estratégica y participada" que se viene llevando a cabo para crear una legislación que combata el racismo "desde una perspectiva constructiva y basada en la pedagogía social".

Más allá de ese trabajo concreto y localizado, el consejero ha apostado por "sistematizar y elaborar una metodología sobre la detección y cuantificación de los delitos de odio". "Necesitamos tener instrumentos científicos sólidos, homologables, sobre la incidencia de este problema y los colectivos a los que afecta a fin de priorizar las políticas públicas que debamos de llevar a cabo", ha reflexionado.

USO POLÍTICO DEL ODIO Y DEL MIEDO

Eduardo Santos ha insistido en su intervención en que el odio "no es delito", sino un sentimiento humano "ciertamente negativo"; y que evitar que se fomente es una "gran responsabilidad de los representantes públicos".

"Sin menoscabo de la libertad de expresión, debemos evitar cualquier manifestación que divida a la sociedad, señale colectivos concretos como blanco de acciones que pueden ser reprochables y mucho más si son minorías o colectivos vulnerables", ha indicado.

Por ello, "no se puede ni se debe transigir con representantes públicos que traten de obtener ventaja política de odio a personas o colectivos, generalmente débiles", ha expuesto Santos. El consejero ha añadido que "el conjunto de las fuerzas democráticas no debe pactar" con quien hace tal uso político del odio y el miedo, así como "denunciar su actitud y defender los derechos fundamentales con firmeza".

"Asistimos a la 'sentimentalización' progresiva del espacio público a la que alguna práctica política es muy proclive", ha subrayado; algo que, unido a "la progresiva implantación de campañas perpetuas" y "el populismo punitivo o la creencia en el penalismo mágico como solución rápida y barata a los conflictos sociales" han provocado, en su opinión, "la banalización del odio".

"Cada formación, en función de sus intereses partidistas, pone el acento en el rechazo a ciertas personas y colectivos, impidiendo la categorización de las acciones y sus consecuencias", ha señalado, antes de poner un ejemplo: "No es lo mismo incitar a la población frente a un colectivo minoritario e indefenso como las personas transgénero que contra una institución armada, que no es de ninguna manera un colectivo vulnerable, por muy reprochable que sea la argumentación que se utilice".

Santos ha expresado su deseo de que se cree "un espacio de reflexión serena" sobre el odio y los delitos de odio, con participación de "la academia, los operadores jurídicos, el legislador y el conjunto de la sociedad". "Hay que despojarse de los adjetivos ideológicos de corte puramente partidista y de la tentación sentimental para poder proteger de manera efectiva a las personas y colectivos vulnerables", ha concluido el consejero.