La justicia embarga el piso a uno de los violadores de La Manada

Foto: Una imagen del juicio en Pozoblanco a parte de los integrantes de 'La Manada' (Pool)
Foto: Una imagen del juicio en Pozoblanco a parte de los integrantes de 'La Manada' (Pool)
Los condenados por el caso La Manada debían solidariamente a la víctima100.000 euros y ahora, tras la subasta del mismo, la deuda ronda los 70.000 euros
La justicia embarga el piso a uno de los violadores de La Manada

Uno de los cinco integrantes de 'La Manada', el grupo que violó a una joven en los Sanfermines de 2016, ha perdido su piso por no pagar la indemnización a la víctima .Se trata de Alfonso Jesús Cabezuelo, el exmilitar que tenía alquilada su vivienda en Sevilla desde febrero de 2021. La Audiencia de Navarra ha localizado y embargado el inmueble y lo ha subastado para resarcir a la joven, a la que los condenados deben 100.000 euros, como ha adelantado El Periódico de Cataluña. Con todo,  tras la subasta inmueble que ha comprado el padre del ex militar según señalan los citados medios de comunicación, la deuda ronda los 70.000 euros. 

Como se recordará, los cinco miembros de 'La Manada' fueron condenados por el Tribunal Supremo a 15 años de cárcel por un delito continuado de violación. Sin embargo, solo han hecho pagos simbólicos a la víctima, entre 20 y 50 euros al mes.

Esta tarde, Teresa Hermida, la abogada de la víctima, ha señalado en el programa Más Vale Tarde de La Sexta que espera que la víctima termine cobrando la deuda "lo que pasa es que hay que ser muy tenaz y estar muy encima del tema" aunque recuerda que en algún momento los condenados "van a trabajar o van a tener algún bien que pueda ser objeto de embargo". 

Preguntada sobre cómo está la mujer asegura que "cada vez que sale un tema referente a su situación, ella se encuentra mal" aunque dice que afortunadamente "está siguiendo su vida, cogiendo el timón de su vida y retomando la misma". 

El año pasado, uno de los condenados José Ángel Prenda, le escribió una carta pidiendo perdón en que todos los expertos concluyeron que era una estrategia para reclamar beneficios penitenciarios.