El Gobierno Foral insta al Sindicato Médico a aceptar o rechazar su propuesta y dice que han hecho "todo el esfuerzo posible"

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo foral ha hecho "todo el esfuerzo posible" en la negociación con el Sindicato Médico Navarra y ha señalado que la propuesta que el departamento de Salud ha puesto sobre la mesa debe ser aceptada o rechazada.

En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Remírez ha afirmado que el Ejecutivo tiene la "mano tendida para seguir mejorando las condiciones laborales y las organizativas, pero ahora mismo la -propuesta- que está encima de la mesa es la que se tiene que decidir asumir o no asumir".

El consejero ha rechazado además un incremento retributivo general para todos los funcionarios del Gobierno de Navarra y ha señalado que el caso concreto del colectivo médico y sanitario "responde a una casuística concreta, que como han tenido oportunidad de resaltar los responsables de Salud en este proceso de negociación no es exclusiva de Navarra". "Ha habido nueve conflictos en otras tantas Comunidades Autónomas y en algunas de ellas se han sustanciado acuerdos con incrementos retributivos, pero con toda claridad y honestidad, ya se ha hecho todo el esfuerzo posible. Es hora de las decisiones y la propuesta que está encima de la mesa es la que se tiene que decidir asumir o no por parte de los interlocutores", ha asegurado.

Javier Remírez ha descartado ofrecer una cuantificación económica sobre la propuesta que ha trasladado Salud al Sindicato Médico. "Estamos en fase de negociación y si se llega a un acuerdo, haremos la valoración económica oportuna", ha dicho.

Sobre el malestar que la mejora de condiciones en el ámbito sanitario puede generar en otros colectivos de empleados públicos, Javier Remírez ha asegurado que entiende "perfectamente la posición de los trabajadores de la Administración cuando observan que puede haber en algún momento dado mejoras para colectivos determinados que no se aplican al conjunto de la Administración". "Esto no es nuevo. En 2018, en la Mesa General se acordó el reparto de los fondo adicionales, y en ese acuerdo también hubo incrementos diferenciados para diferentes colectivos. Hay colectivos a los que se les incrementó y colectivos a los que no se les incrementó. Esta cuestión siempre es problemática. El desarrollo del reglamento de Policía Foral también trae diferenciación respecto al resto de funcionarios", ha dicho.

Sin embargo, ha subrayado que "hay que entender que hay casuísticas diferenciadas". "En el caso del colectivo médico, extendido al sanitario, hay que ver que no es una cuestión propia de la Comunidad foral. Es comprensible la reflexión de los sindicatos de cierta molestia en este ámbito, pero no es una cuestión de ahora, se ha hecho en otras ocasiones. Nuestra prioridad es que los incrementos se hagan con la máxima equidad a los empleados públicos, pero también hay casuísticas diferenciadas", ha asegurado.

Además, Javier Remírez ha explicado que los incrementos retributivos que se puedan acordar con el Sindicato Médico de Navarra deben pasar por la Mesa General de Función Pública, donde este sindicato no está representado. No obstante, ha explicado que los cinco sindicatos que integran esta mesa (LAB, CCOO, UGT, ELA y Afapna) "representan al conjunto de los trabajadores de la Administración, incluidos los del departamento de Salud y los médicos". "El Sindicato Médico está en la Mesa Sectorial y tiene legitimidad para plantear las cuestiones que plantee. Es preceptivo que todas las cuestiones que tienen impacto retributivo se traten en la Mesa General. Se abre un periodo de alegaciones de 15 días después de la presentación y luego la Administración resuelve. Priorizamos el acuerdo, pero no es una cuestión obligada llegar al acuerdo en la Mesa General", ha dicho.

Además, ha reconocido que si hubiera que llevar algunos aspectos de un posible acuerdo al Parlamento de Navarra, "andamos justos de plazos" por el final de legislatura.

Por otro lado, en relación con algunas críticas de Geroa Bai, socio del Gobierno, a la gestión del departamento de Salud, la portavoz del Ejecutivo foral, Elma Saiz, ha señalado que "el Gobierno en su conjunto tiene una prioridad, que es la calidad de los servicios públicos y trabajar con la mano tendida por las condiciones laborales del conjunto de la Administración, y eso es una visión absolutamente conjunta y férrea del Gobierno en su conjunto".

CASO DE ESTELLA

En otro orden de cosas, sobre la situación de un cargo del Hospital García Orcoyen de Estella que supuestamente está cobrando la exclusividad pese a tener clínica privada, según una información del Diario de Noticias, Javier Remírez ha explicado que les consta este caso y ha explicado que "a última hora de la tarde de ayer entró vía registro a la Dirección General de Función Pública esta información respecto a esta persona publicada en algún medio de comunicación, y ahora procede abrir el oportuno expediente contradictorio para ver esa situación, si se ha podido dar y tomar las decisiones oportunas".

El consejero se ha remitido al desarrollo de ese expediente para "garantizar los derechos de la persona que pueda ser aludida y conforme vaya desarrollándose el expediente informaremos también en su caso dentro del ámbito sindical, porque ha sido un sindicato -LAB- el que ha dado esa información, y en su caso si procede también a la opinión pública".

Javier Remírez ha explicado que el Ejecutivo foral no tiene constancia de ningún otro caso similar. "Cualquier empleado público que quiera desarrollar una actividad ajena a lo público debe hacer una solicitud de compatibilidad y es la Dirección General de Función Pública la que dictamina si es compatible esa actividad ajena a la Administración con su situación específica dentro de la Administración", ha dicho, para considerar que "la honestidad y honradez" de los trabajadores públicos es "algo generalizado".

Sobre la petición del sindicato LAB de que el Gobierno haga una inspección general para conocer si hay más casos, Remírez ha explicado que analizarán la petición de LAB, pero ha insistido en que "los trabajadores de la Administración tienen muy claros sus derechos y deberes, y tiene que partir del propio trabajador detectar que pueda haber una situación de incompatibilidad".