UPN ha considerado “insostenible” el pretexto alegado por el Gobierno para que el consejero Chivite no se haya deshecho ya de su empresa por incompatibilidad.
De esta forma, ha mostrado su “perplejidad” al conocer que el consejero de Cohesión Territorial “persista todavía hoy y tras tomar posesión del cargo el pasado 18 de agosto como administrador de una empresa privada que realiza trabajos para empresas públicas del gobierno, algo que está expresamente prohibido por la ley”.
Además, han criticado que el consejero “en la propia web oficial del Gobierno de Navarra exhibe sin pudor esta circunstancia”.
Para UPN, “no se sostiene el pretexto hecho público desde el gobierno porque el plazo de dos meses alegado para legalizar su situación está contemplado para el caso de ostentar participaciones en una empresa privada, pero este no es el supuesto en que se encontraría el consejero,
ya que no figura como poseedor de participaciones en la información recogida en el Registro Mercantil, sino como administrador y máximo responsable de la empresa Lauburu SL”.
Por ello, han solicitado que se aplique la ley foral de incompatibilidades de altos cargos, que califica la situación en la que se encuentra el consejero como infracción grave o muy grave, y se abra el oportuno expediente sancionador que la propia ley contempla ante la oficina de buenas prácticas y corrupción, como procedimiento previo para su cese.
Finalmente, han exigido las aclaraciones precisas al consejero y a la presidenta Chivite, “ya que de no ser éstas acordes con la legalidad, esta última debe disponer el cese del titular del departamento de Cohesión Territorial”.
El precedente de Lourdes Goicoechea
UPN olvida en su peticiones de responsabilidad precedentes como el de Lourdes Goicoechea, vicepresidenta económica con Yolanda Barcina, que tuvo un problema similar en 2014, al no recogerse en el Registro Mercantil, por error, su papel como administradora solidaria de una empresa que gestionaba su consultora. En aquel momento, el Ejecutivo de UPN defendió a la consejera y no apreciaban ni "incompatibilidades" ni vulneración de la ley.
El Gobierno además ha señalado que el consejero había tomado posesión recientemente, y que tenía un plazo de dos meses desde la toma de posesión, el pasado 17 de agosto, para solucionar estas cuestiones legales.
