Saiz reitera que los procedimientos de control "han funcionado" en la compra de mascarillas de Sodena

La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, ha asegurado, con respecto a la operación de compra de mascarillas entre Sodena, CEN y la empresa Albyn, que "los procedimientos de control han funcionado, lo han hecho correctamente y han puesto de manifiesto una situación que este mismo Gobierno ha trasladado a la opinión pública". "Y si alguien cree que se debería haber actuado de otra manera que lo explique, pero con argumentos reales", ha remarcado.

En una comparecencia parlamentaria, solicitada por Navarra Suma y el propio Ejecutivo foral, Saiz ha aclarado que "no es competencia de CPEN participar en la operativa ordinaria de las sociedades públicas integradas en la Corporación", si bien ha reconocido que el organismo era conocedor de las "líneas maestras" de esta operación presentadas en el seno de los Consejos de Administración de Sodena.

Según ha explicado, tras conocer los "problemas" que estaban surgiendo en la ejecución este contrato, CPEN solicitó un informe jurídico que concluyó que "existe una concurrencia de responsabilidades entre las partes y abogaba por una solución negociada" y que el convenio "no estaba elaborado para ser capaz de resolver los problemas que habían surgido" porque "las mascarillas no se vendían".

Dentro de los mecanismos de control de su departamento, ha indicado que "la fiscalización de expedientes se realiza de forma previa a la aprobación de la Resolución o acto a que se refiere" pero "la auditoría pública se ejecuta sobre la actividad del sector público de forma posterior a que ésta se realiza". Un proceso "ordinario, habitual y cotidiano en la administración".

Asimismo, ha recordado que, desde 2016, se incorporó al control de las sociedades públicas auditorías de procedimientos acordados que "se realizan con posterioridad a las tradicionales auditorías de contabilidad que figuran en las cuentas". Motivo por el cual los resultados de estas auditorías "experimentan un retraso" respecto de los de las auditorías contables y "no están disponibles antes del verano del año siguiente al ejercicio de referencia".

Así, ha explicado que, en 2021, la firma auditora contratada, entregó los informes "con retraso, dado que el Servicio de Control Financiero Permanente y Auditoría detectó que algunos trabajos no se estaban realizando conforme al programa de la Orden Foral y se exigió que lo hiciese". Esto provocó que no entregasen los informes hasta el 22 de octubre de 2021 "cuando la Orden Foral fija el plazo para el 15 de julio". En el caso de la auditoría de procedimientos acordados realizada sobre las actividades comunicadas por Sodena en el ejercicio 2020, el auditor "no encontró cuestiones a destacar", ha dicho.

Por otro lado, ha explicado que en una revisión de la auditoría conjunta de procedimientos acordados de las empresas públicas, emitida en enero de 2022, se advirtió una "provisión de deudores comerciales" por importe de 1.000.000 de euros, motivada por una "operación singular", correspondiente a la operación de compra de EPI de Sodena. Ello dio lugar a una adenda en la auditoría concluyendo que la operación "incumple con lo establecido con carácter general en la Ley Foral 13/2007 de Hacienda Pública de Navarra en cuanto a tipos de interés, no se ajusta a las condiciones que establecen los Acuerdos de Gobierno que autorizaron estas operaciones con carácter global en el ejercicio 2020 y tampoco cuenta con una autorización específica que habilite la operación de manera extraordinaria".

En este sentido, ha destacado que "de haberse cumplido con el procedimiento articulado al efecto, el órgano gestor podría haber analizado la operación y se hubieran podido evitar los efectos negativos que se han derivado de ella". "Es decir que la operación no hubiese salido en los términos en los que lo hizo, sin garantías e incumpliendo la Ley Foral de Hacienda Pública de Navarra", ha añadido.

No obstante, Saiz ha precisado que "no cabe olvidar las circunstancias de extrema excepcionalidad en las que se desarrolló la operación y que su objetivo principal era asegurar la vuelta a la actividad de las pymes navarras, en condiciones de total seguridad de sus trabajadores y trabajadoras".

En el turno de los grupos, la portavoz de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, ha criticado la "chulería" de Saiz y ha mostrado su convicción de que "estamos haciendo lo correcto y que los ciudadanos se merecen saber por qué esas mascarillas no se han utilizado y dónde se ha perdido cada euro por culpa de la gestión del Gobierno". Ha reprochado que están "más ocupados en buscar responsables y eludir responsabilidades antes que en resolver un problemas que lleva dos años y medio" y ha asegurado que "los números siguen sin cuadrar".

Por su parte, la socialista Ainhoa Unzu ha exigido a Ibarrola que "ni mienta ni manipule" intentando "embarrar absolutamente todo". Respecto a la operación, ha afirmado que el control financiero "actuó cuando la normativa le dice que tiene que actuar" y ha opinado que si la operación se hubiera hecho directamente desde el departamento "quizá no se hubiera llegado a firmar nunca". "La auditoría, pese a lo que alguno quiere deslizar, ni se impulsa ni se frena, hace su papel con una empresa pública que requiere fiscalización a posteriori", ha aseverado. La "urgente prioridad es dar salida a esas mascarillas que van a caducar a partir de abril de 2023" y las tres partes firmantes "están obligadas a entenderse".

El representante de Geroa Bai Mikel Asiain ha recordado que CPEN "es la única socia de Sodena, participaba de todos los consejos de administración" y conocía "de primera mano el convenio en cuestión, entiendo que alguien lo leyó y lo revisó". Ha llamado la atención ante el "diferente tratamiento" con respecto al acuerdo del Departamento de Salud que era "un calco" al de Sodena y ha preguntado si la operación de Salud "cumple con la Ley de Hacienda Pública, porque adolece de los mismos defectos". La "prioridad" es dar salida a las mascarillas con el "compromiso de las partes" y no un "mandato" de la presidenta al consejero Irujo.

En esta misma línea, Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha considerado que "no se pueden disociar" las operaciones de Sodena y la de Salud porque "la mecánica financiera y lo que se refiere a las autorizaciones, las deficiencias que se detectan en una están en la otra". Igualmente, ha afirmado que, si la operación de Sodena, "no es un contrato de mandato, las mascarillas son de Albyn", de manera que "Sodena no tienen responsabilidad" en la compra y la CEN "tiene la responsabilidad directa".

En su réplica, Elma Saiz ha contestado que la operación del Servicio Navarro de Salud "no ha sido objeto de análisis" ya que el origen del informe sobre la operación de Sodena se encuentra en un "deterioro contable" que no se ha ocasionado en la operación de Salud. Igualmente, ha diferenciado que en el caso de Salud las mascarillas "tienen un camino", que son los profesionales sanitarios, mientras que en la operación de Sodena "había un componente comercial, las mascarillas eran para otros".