Rechazada una moción para instar al Gobierno de Navarra a eximir del IBI a los afectados de ocupación ilegal

El Pleno del Parlamento ha rechazado hoy, con los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y los votos a favor de UPN, PPN y Vox, una moción para instar al Gobierno de Navarra a “impulsar las modificaciones necesarias en el Ley Foral 2/1995 de 10 de marzo, por la que se regulan las Haciendas Locales, para que se incluya en su artículo 136 la exención del impuesto sobre bienes inmuebles a aquellos sujetos afectados por ocupación ilegal durante el periodo que dure la misma, como medida de apoyo a la propiedad privada”.

En la exposición de motivos, la moción impulsada por la A.P.F. Vox justifica su iniciativa en el fuerte incremento de la ocupación ilegal y en la insuficiencia del actual ordenamiento jurídico, que “protege a los okupas antes que al legítimo propietario, más aún tras la aprobación de la nueva Ley de Vivienda”.

En ese contexto y tras poner el acento en la “situación de desprotección del propietario”, en la “lentitud de los procesos judiciales” y en las afecciones indirectas a las comunidades de propietarios, se advierte que “el Estado de Derecho no puede permitir que individuos o grupos organizados se apoderen de inmuebles que no les pertenecen, so pretexto de una pretendida necesidad de vivienda”.

Así las cosas, el proponente subraya que es responsabilidad de la Administración hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, si es caso mediante el recurso a las de protección social, lo cual resulta perfectamente compatible con la salvaguarda del “derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio”, algo que, a su parecer, ya “no sucede con la actual regulación penal del delito de ocupación de inmuebles, que no da respuesta a la creciente inquietud de la mayoría”.

Por todo ello y a fin de otorgar una “respuesta eficaz” a este problema, que pasa por “defender la propiedad privada en cuanto institución social esencial para vertebrar el fruto del esfuerzo y el ahorro”, se solicita un “endurecimiento del Código Penal” y una “intervención decidida desde todos los ámbitos de la Administración, incluida la local”.

 

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