Aprobada la modificación de la ley víctimas de violencia por motivos políticos que establece ayudas concretas
El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con el apoyo de todos los grupos menos Navarra Suma, que ha votado en contra, la Ley Foral de modificación de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.
La iniciativa, impulsada por PSN, Geroa Bai y Podemos, tiene por objeto solventar los problemas de aplicación que, en lo relativo a la asistencia sanitaria y a las indemnizaciones por daños físicos, psicológicos y materiales, ocasiona la remisión a la Ley Foral 9/2010 de ayuda a las víctimas del terrorismo "con un contenido similar al de la de 2015, anulada en su mayor parte por el Tribunal Constitucional, al considerar que invadía competencias del Poder Judicial". Se pretende "soslayar el riesgo" que, dado el carácter complementario de estas ayudas respecto a las concedidas por el Estado, que no compensa a las víctimas de motivación política, "supondría tratar de corregir esa desigualdad por la vía reglamentaria".
Así las cosas, se elimina la remisión a la Ley Foral 16/2019 y se establecen prestaciones concretas a favor de las personas que han sufrido violencia por motivos políticos. Las cantidades estipuladas a modo de resarcimiento oscilan entre los 500.000 euros en caso de gran invalidez y los 75.000 euros por incapacidad permanente parcial. El fallecimiento se repara con 250.000 euros, la incapacidad permanente absoluta con 180.000 y la incapacidad permanente total con 100.000 euros. Por otra parte, la asistencia sanitaria y/o psicológica correrá a cargo del SNS y, cuando no fuera posible, se abonarán los gastos devengados por servicios y tratamientos individuales en otros centros. Las compensaciones por daños materiales tendrán carácter subsidiario respecto de los reconocidos por las Administraciones Públicas o contratos de seguro, reduciéndose en la cantidad percibida por estos conceptos.
El portavoz de NA+, Iñaki Iriarte, ha señalado que esta iniciativa modifica una cuestión "aparentemente técnica y menor" pero "detrás está en juego algo mas sustancial" que es el propósito de la ley que "invoca la necesidad de no discriminar entre víctimas". "No estoy negando que se produjeran vulneraciones de derechos humanos y que en demasiados casos quedaron impunes", ha indicado para añadir que "el cauce para reconocer y repara a las víctimas en un Estado de Derecho es la administración de justicia". Y ha justificado el voto en contra de su grupo porque entendemos que "consagra diferentes criterios para ser considerado como víctima".
Así, ha indicado que a las víctimas de extrema derecha o violencia policial "no se les pide una sentencia judicial" sino "una descripción de los hechos" y una comisión "no jurídica decidirá si les creen o no". Ha destacado que "son legión quienes han sufrido daños" por ETA y su entorno "y no han sido reconocidos" porque "no tienen una sentencia". Y se ha preguntado si votarían a favor de una ley similar de víctimas de violencia "de grupos abertzales y extrema izquierda" o "les parecería que correríamos el riesgo de crear inseguridad jurídica".
La socialista Inma Jurío ha remarcado que este jueves se vota una modificación de la ley para "poder dotarla de seguridad jurídica porque se partía de una premisa que no permitía establecer la cuantía de las indemnizaciones a las personas que fueran reconocidas como víctimas". "No se vota ninguna otra cosa", ha insistido. Ha explicado que, en 2019, el PSN se abstuvo a esta ley porque "no teníamos claro que se reunieran los requisitos de constitucionalidad". "No lo hacíamos para equiparar unas víctimas con otras", ha remarcado, sino porque, al margen de las funciones del poder judicial, las administraciones "también tenemos una obligación y un deber".
Ha enmarcado la oposición y las críticas de Navarra Suma a esta ley a su "estrategia política" desde el inicio de la legislatura para intentar "hacer daño al PSN" por entrar en el Gobierno foral "sin su consentimiento". "Todo lo que se hace en este Parlamento, consideren que es bueno o no para la ciudadanía, es una cesión del PSN a Bildu", ha reprochado. Ha afirmado que las críticas "siguen siendo excusas de mal pagador" y ha destacado que "no se puede criticar a los miembros de la comisión que van a determinar quien es víctima porque son elegidas de determinada manera por los políticos". Y ha puesto como ejemplo que también ha sido elegido en el Parlamento el Defensor del Pueblo o la Cámara de Comptos.
Por Geroa Bai, Jabi Arakama, ha remarcado que la modificación de esta ley "pretende avanzar en el reconocimiento y reparación de unas víctimas olvidadas históricamente por las instituciones" y que "se han visto obligadas a soportar el silencio oficial, el olvido y la impunidad de sus victimarios". Ha considerado que, junto con la comisión de reconocimiento de las víctimas, se busca dar "un paso cierto en el reconocimiento y reparación y la construcción de una memoria crítica y respetuosa con los derechos humanos". Y ha defendido que las personas que compongan este órgano "actuarán con responsabilidad, imparcialidad y rigor científico", respetando la separación de poderes.
Arakama ha pedido al parlamentario de NA+ Iñaki Iriarte que "deje de comparar a las víctimas del terrorismo con las víctimas beneficiadas de esta ley" y de sugerir que "van a tener algún tipo de ventaja comparativa" porque "está contribuyendo a confrontar artificialmente a unas víctimas con otras" y porque "es muy doloroso para quienes han sufrido violencia en primera persona".
La representante de EH Bildu Bakartxo Ruiz ha subrayado que la modificación de esta ley "va a permitir por fin que pueda ser aplicada en toda su dimensión, con toda seguridad jurídica y asegurando la igualdad de trato entre víctimas en lo que respecta a la reparación". Ha considerado que no es "un salto de gigante, está por ver si va a ser una herramienta válida para los fines en que esta concebida, pero es un paso más".
Ruiz ha opinado que esta modificación, junto con la puesta en marcha de un estudio para investigar la tortura en Navarra a partir de 1979, "son pequeños pasos que pueden ayudar a garantizar el derecho a la verdad, reconocimiento y reparación". Ha recalcado que "esta ley no aspira a garantizar el derecho a la justicia, no tiene nada que ver con la justicia" y ha recordado que, en el caso de Mikel Zabalza, "la justicia ha cerrado las puertas a este reconocimiento".
Mikel Buil, de Podemos, ha lamentado que "procedemos tarde" para regular una serie de prestaciones económica así como en el ámbito sanitario y de la salud mental. Ha remarcado que esta proposición "sólo se puede hacer desde una perspectiva pacífica y pacifista" y ha añadido que "no solo queremos verdad y reparación, querríamos justicia" pero "no lo podemos conseguir". Así, se pretende que "la verdad salga a la luz y prevenga situaciones como torturadores condecorados o indultos". "Estamos profundizando en democracia donde no hemos podido hacerlo en justicia. Hagamos algo de una vez por esas víctimas", ha concluido.
Finalmente, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha mostrado su "compromiso ético con unas víctimas que han sido ocultadas y olvidadas" y de "una etapa que es muy oscura y muy gris de la Transición". Ha señalado que es una norma que "al menos garantiza derechos democráticos y humanos" y ha esperado que "tenga unos resultados óptimos, que no serán suficientes porque queda camino por recorrer, sobre todo en el esclarecimiento de lo ocurrido".
