El Instituto Navarro para la Igualdad (INAI) ha afirmado que la licitación pública propuesta para la prestación del servicio de atención jurídica y sexológica a personas LGTBI+, Kattalingune, estipula un número de personal "acorde y suficiente para la demanda que reflejan los informes de los últimos meses".
El INAI ha realizado estas declaraciones después de que este lunes trabajadores de Kattalingorri -la asociación que se encarga del servicio LGTBI+ del Gobierno de Navarra-, la representación sindical de LAB y distintos colectivos hayan criticado los "recortes" que, en su opinión, incluye la licitación del servicio de atención LGTBI+.
Según han informado desde el INAI, se ha apostado por la licitación pública "ya que se trata de un servicio público y, por lo tanto, su prestación requiere de un proceso de licitación pública de libre concurrencia una vez que el servicio, hasta ahora desarrollado a través de un convenio nominativo con la asociación Kattalingorri, se ha ido ampliando y extendiendo a distintas áreas de la Comunidad foral". De hecho, en esta legislatura se ha ampliado el servicio a Estella y Tafalla, tras las ya existentes en Tudela, Sakana y Pamplona.
Desde el INAI han señalado que con la aprobación del pliego para su licitación "no solo se persigue la adecuación normativa para la prestación del servicio, sino que se pretende profesionalizar la atención a las y los usuarios y garantizar su prestación en todo el territorio con carácter plurianual".
Así, se contempla un presupuesto, basado en informes económicos, de 1.328.877,15 euros para los años de 2023 a 2027; de los cuales 248.424,19 euros (205.309 euros +IVA) corresponden a 2023. El presupuesto de Kattalingune para 2022 ha sido de 220.000 euros.
"ADECUACIÓN A LA DEMANDA Y PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO"
El pliego contempla la contratación de cuatro personas, una cifra "ajustada a la carga de trabajo y demanda que reflejan los informes y memorias de atención del servicio en los últimos meses". En concreto, se estipulan los siguientes perfiles: dos psicólogos/as a jornada completa; un/a trabajador/a social a jornada completa; un/a jurídico/a a jornada completa cuyas condiciones laborales se regirán por el convenio de prestación social.
Dichos profesionales deberán contar con dos años de experiencia en el acompañamiento a la diversidad sexual o de género o en el marco de la intervención social. Además, se contempla que el 75% de la plantilla deberá contar con al menos 120 horas de formación en materia de diversidad sexual o de género. Estos requisitos tienen por objetivo "mejorar la atención que se ofrece desde el servicio, impulsando en mayor medida su profesionalización".
Finalmente, cabe destacar que el pliego "contempla la subrogación del personal actual, pero al mismo tiempo establece que la prestación de servicio, según memorias de atenciones y demanda, se puede desarrollar a través de 4 personas a jornada completa (2 psicólogas, 1 trabajadora social que desempeñaría funciones de coordinadora y una persona con perfil jurídico)".
