El Gobierno cuenta con un plazo de un año, desde la entrada en vigor el pasado viernes de la Ley de Memoria Democrática, para nombrar a la comisión técnica que se encargará de estudiar cómo habrá de repararse a las personas represaliadas por haber luchado por la consolidación de la democracia una vez aprobada la Constitución y hasta el 31 de diciembre de 1983.
La creación de este órgano se recoge en la disposición adicional decimosexta de la nueva ley de memoria y es fruto del acuerdo que el PSOE y Unidas Podemos sellaron con Bildu durante la tramitación de la norma en el Congreso.
En concreto, la citada disposición establece que en el plazo de un año el Ejecutivo "designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de Derechos Humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983".
Además de estudiar esos "supuestos de vulneración de los Derechos Humanos", esta comisión tendrá que apuntar las distintas vías que se implementen para poder reconocer y reparar a esas víctimas.
TORTURAS DE LASA Y ZABALA
Los partidos que integran el Gobierno de coalición también acordaron en su día con Bildu otros dos asuntos que se recogen en otras dos disposiciones adicionales de la norma: la cesión al Ayuntamiento de San Sebastián del Palacio de la Cumbre y la declaración como lugar de Memoria del Fuerte de San Cristóbal, cercano a Pamplona. En ambos casos también se da un plazo de un año.
El Palacio de la Cumbre, sito en el barrio donostiarra de Aiete, fue sede del Ministerio de Asuntos Exteriores durante las estancias de Francisco Franco en la ciudad, después se utilizó como residencia del gobernador civil de Guipúzcoa y allí fueron torturados José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en 1983, por guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo.
Su cesión al Ayuntamiento de San Sebastián tendrá que hacerse mediante la firma de un convenio y el objetivo es que ese palacio se dedique a actividades de recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática.
También se recurrirá a la fórmula del convenio de colaboración en este caso con el Gobierno de Navarra y posiblemente con el municipio de Berrioplano para la declaración como Lugar de la Memoria del Fuerte de San Cristóbal. Será la normativa foral correspondiente la que determine la financiación y las actividades que allí se programen.
Esta fortaleza militar, oficialmente denominada Fuerte de Alfonso XII es propiedad del Ejército de Tierra, y fue utilizada como cárcel entre 1934 y 1945. El 22 de mayo de 1938 casi 800 presos republicanos protagonizaron la mayor fuga de un penal de la historia de España, aunque más de 200 fueron abatidos a tiros y la inmensa mayoría de los que sobrevivieron fueron detenidos.
