Los hechos ocurrieron durante la huelga de Motor Ibérica en 1973: Interponen una querella por torturas policiales en la comisaría de Pamplona al amparo de la Ley de Memoria Democrática
María Concepción Edo Gil fue acusada entonces de pertenencia al FRAP y de propaganda ilegal. Junto a ella fueron detenidas diez personas más, entre las que se encontraba Germán Rodríguez, militante de LKI, que falleció en los sucesos de los Sanfermines de 1978
Este martes por la mañana ha sido interpuesta ante los Juzgados de Pamplona una querella criminal por las torturas padecidas en su día por María Concepción EDO GIL, durante su estancia en la Comisaría de Policía de Pamplona. La querellante, que contaba entonces 19 años, fue detenida el 19 de junio de 1973, en relación con la huelga de la empresa Motor Ibérica, que daría lugar finalmente, el 14 de junio, a una huelga general en Navarra, seguida muy masivamente.
Como recuerdan desde Sanfermines 78, María Concepción Edo Gil fue acusada entonces de pertenencia al FRAP y de propaganda ilegal. Junto a ella fueron detenidas diez personas más,
entre las que se encontraba Germán Rodríguez, militante de LKI, quien posteriormente sería asesinado por la Policía durante los sanfermines de 1978.
Según el relato de la querella "María Concepción Eda Gil permaneció detenida en la Comisaría de Policía de Pamplona durante cinco días y desde su inicio fue objeto de malos tratos, golpes generalizados por todo el cuerpo, y amenazas permanentes (le apuntaron con una pistola en la sien). Durante toda su detención recibió un trato vejatorio continuado debido a su condición de mujer. Igualmente, fue obligada a permanecer de pie durante la mayor parte de su detención".
Tras pasar por Comisaría, ingresó en la prisión de Pamplona, de donde fue trasladada al cabo de dos meses a la cárcel de Donostia. Allí, debido a los dolores derivados de las torturas sufridas, fue llevada al Hospital, donde le diagnosticaron ureteritis (placas ensangrentadas en los uretes) y desplazamiento de la vejiga y el útero. Como consecuencia de ello, le quedaron dolores crónicos en el vientre. Finalmente fue trasladada a la cárcel de Yeserías (Madrid), de donde saldría en enero de 1975.
Sanfermines 78 explica en su comunicado que "la querella se dirige contra dos de los policías pertenecientes a la Brigada Político Social de la Policía (BPS) franquista, José Blanco Martín y José Bernardo Barba, que le infligieron las torturas relatadas, así como también contra el resto de sus compañeros que hasta ahora no han podido ser identificados, sus superiores y los miembros del Tribunal de Orden Público que la procesaron, juzgaron y condenaron".
Sanfermines 78 apunta que "esta querella se suma a las otras cuatro presentadas en fechas recientes en diferentes Juzgados del Estado español (Barcelona, Galicia,
Valencia, Madrid), tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática y a las más de 80 querellas interpuestas desde el año 2019.
Hasta la fecha, la respuesta dada por parte de los Juzgados y Tribunales a las querellas presentadas ha sido negativa, rechazando su admisión a trámite y procediendo a su archivo. Sin embargo, desde Sanfermines 78 apuntan que "existen hoy razones de peso para entender que esto puede acabar" de otra forma.
En primer lugar, subrayan que "los Juzgados y Tribunales españoles deben aplicar a estos crímenes contra la humanidad el Derecho Internacional relativo a los Derechos Humanos, tal como lo han reclamado en reiteradas ocasiones distintas instancias internacionales, tales como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el propio Consejo de Europa y tal como se ha hecho cuando estos mismos tribunales españoles han investigado o juzgado crímenes similares cometidos en terceros Estados: Argentina, El Salvador, Guatemala...".
En segundo término, indican "porque también en el ámbito estatal ha cambiado el marco de análisis de los crímenes del franquismo. A mencionar en este sentido la discrepante postura aparecida a estos efectos por primera vez en el Tribunal Constitucional (tres votos particulares en el caso de Gerardo Iglesias, ex-secretario general del PCE), así como la aprobación reciente de la Ley de Memoria Democrática que, según se ha manifestado por el gobierno impulsor de la misma y el propio Congreso, debe servir para aplicar la normativa internacional de derechos humanos hasta ahora rechazada".
En esta medida, desde Sanfermines 78: gogoan (CEAQUA) han reclamado "de los jueces y magistrados se ponga fin de una vez a la política de impunidad mantenida para con los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo y se proceda a dar, como se ha dado en otros países, respuestas acordes con los estándares internacionales exigidos en este ámbito".
"Es hora ya que las puertas de la justicia se abran de par en par para investigar y juzgar estos casos ya que, de otro modo, la verdad sobre estos crímenes solo podrá ser, como está siendo, parcial y cuarteada, la reparación minimizada y las garantías de no repetición seguirán brillando por su ausencia", finalizan.
