EH Bildu critica el «apaño pactado con la Iglesia» y pide al Gobierno llegar hasta el final para recuperar todos los bienes inmatriculados
El grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu ha llevado a la sesión de control de este miércoles el «escándalo monumental» de los bienes inmatriculados ilegalmente por la Iglesia Católica. La diputada Bel Pozueta ha criticado el reciente apaño pactado entre el Gobierno y la Iglesia Católica, que ha calificado de «inasumible», ya que es una forma de legalizar la apropiación de casi 100.000 bienes inmatriculados desde 1947. «Solamente en Nafarroa hablamos de casi 4.000 inmuebles: huertos, comunales, frontones, ermitas... Más de 4 millones de metros cuadrados usurpados a los ayuntamientos por la Iglesia Católica», ha recordado Pozueta.
La representante soberanista ha pedido al ministro de Presidencia, Felix Bolaños, que no se conforme con el millar de bienes acordado con la Iglesia y no ceda a los intereses de la Conferencia Episcopal. Pozueta ha incidido en la necesidad y la urgencia de ir más allá para hacer frente a este robo sin precedentes. A la pregunta de si el Gobierno renuncia a recuperar las decenas de miles de bienes inmatriculados ilegalmente por la Iglesia Católica, la respuesta del ministro Bolaños ha sido la siguiente: «El Gobierno no renuncia, por supuesto, a ninguno de los 35.000 bienes. Es un primer acuerdo, un buen comienzo. Hemos conseguido que la Iglesia reconozca que tiene bienes que son de otros titulares».
Expolio patrimonial
EH Bildu, asimismo, ha exigido poner fin a este expolio patrimonial y ha emplazado al Gobierno a «llegar hasta el final», sin sucumbir a las presiones y trabas que intentará poner la Iglesia. «¿Qué va a hacer el Gobierno para recuperar los miles de bienes que la Iglesia sigue teniendo en su poder de manera ilegal? De no hacerlo, ¿dónde quedará la promesa que Sánchez hizo en la sesión de investidura para aprobar una reforma legislativa que revierta todas las inmatriculaciones practicadas por la Iglesia católica por haberse ejecutado en virtud de una normativa claramente inconstitucional?». A lo que Bolaños ha respondido: «A ustedes los avances le parecerán cortos e insuficientes. Pero en 25 años se han recuperado cero, y este Gobierno ha recuperado mil. La comisión de inmatriculaciones va a continuar con su trabajo, por supuesto».
Pozueta ha recordado al Gobierno que «no se deben a la Iglesia, sino a la ciudadanía», ya que el Estado español es un Estado laico: «Está en manos del Gobierno acabar con esta injusticia. Esperamos que sean valientes». Y es que cada vez son más las voces que piden llegar hasta el final. Pozueta ha instado a Bolaños a que «escuchen a las asociaciones patrimonialistas que reclaman una reforma legislativa de la ley de Patrimonio Histórico para identificar qué bienes del legado cultural tienen la consideración de dominio público». Pozueta cree que dichos bienes deberían ser protegidos saliendo del tráfico mercantil, que llama a recuperar como bien público lo inmatriculado desde 1978.
