NA+ denuncia que el Gobierno foral externalice la elaboración del anteproyecto de ley contra el racismo
El portavoz de NA+ en la Comisión de Políticas Migratorias y Justicia del Parlamento de Navarra, Jorge Esparza, ha criticado que el Gobierno foral recurra a la contratación externa para elaborar un anteproyecto de ley contra el racismo del departamento que dirige Eduardo Santos.
Para Esparza, “resulta inaceptable que con la macroestructura de este gobierno que nos cuesta a los navarros 24 millones de euros más y con un departamento, el de Políticas Migratorias y Justicia, configurado expresamente para estas cuestiones, tengan que recurrir a la contratación externa para la redacción del documento”.
“¿Qué ocurre, que no dispone el Gobierno de personas capacitadas para ello?, ¿cuál es entonces la función del departamento?”, se pregunta. Además, agrega, “no parece muy normal que una norma con un contenido tan sensible como esta sea elaborada por alguien externo al gobierno”.
Según la información remitida por el propio Gobierno al parlamentario de NA+, el coste de la asistencia técnica contratada es de 18.000 euros. A este respecto,
Esparza ha denunciado que, “además de pagar, se están incumpliendo los plazos establecidos en las condiciones del contrato”. “Se evidencia que, cuando el consejero Santos anunció en 2021 que el Gobierno estaba preparando el proyecto de ley, no había absolutamente nada al respecto. Una vez más, el departamento está centrado sólo en la propaganda y nada en el trabajo serio”, sostiene.
Asimismo, ha señalado que la coalición ha tenido conocimiento de que se han organizado varios grupos sectoriales y de que el que aborda el tema de policía no está coordinado ni cuenta con la presencia de ningún cuerpo policial de la Comunidad Foral. Por ello, ha preguntado si se ha invitado a la Policía Foral o a la Policía Municipal de Pamplona al proceso de participación abierto con colectivos.
En relación con la Policía Municipal de Pamplona, Esparza recuerda que “recientemente recibió un reconocimiento por su proyecto Clara, que tiene como objetivo mejorar las capacidades de las autoridades locales, policías municipales y comunidades para prevenir, identificar y luchar contra los incidentes racistas y xenófobos, los discursos y delitos de odio que amenazan la convivencia pacífica en las ciudades, por lo que no sería entendible que no se hubiera contado con su experiencia acumulada en este ámbito para el diseño de una nueva normativa al respecto”.
