Piden al Ayuntamiento de Pamplona que cumpla una sentencia sobre la gestión del SAD
Los sindicatos que integran el comité del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) del Ayuntamiento de Pamplona (Talde, CCOO, LAB, Solidari y ELA) han pedido al consistorio que "cumpla la sentencia" del Tribunal Superior de Justicia de Navarra del pasado 7 de junio de 2022 por la que se declaró que la gestión del servicio por una empresa pública contravenía el convenio colectivo y reconoció el derecho de las trabajadoras a mantener la relación laboral con el Ayuntamiento.
"La sentencia es ejecutiva desde que se dictó. No obstante, el Ayuntamiento de Pamplona interpuso un recurso en el Tribunal Supremo que aún no ha sido admitido a trámite. El recurso es legítimo. Lo que no es legítimo es incumplir la sentencia mientras se resuelva el recurso", han criticado los sindicatos en un comunicado.
Según han señalado, "desde el principio, el Ayuntamiento se negó a cumplir la sentencia obligándonos a solicitar la ejecución forzosa, a la que se opuso". "El 1 de diciembre de 2022, casi 6 meses después y tras dos resoluciones judiciales, el Ayuntamiento restableció la relación laboral de las personas afectadas, pero sigue incumpliendo una parte muy importante de la sentencia al gestionar parte del servicio a través de la empresa pública, lo que es ilegal según lo declarado por la sentencia, retrasando su cumplimiento íntegro y obligándonos a mantener en los juzgados ejecución que no se resolverá hasta el mes de septiembre", han lamentado.
Los sindicatos han asegurado que "no solo es ilegal, es además un disparate y un despilfarro de dinero público mantener dos estructuras para un mismo servicio: la estructura municipal que cuenta con un responsable, seis coordinadoras, dos administrativas y dos trabajadoras de incidencias para prestar el servicio habitual, y la empresa pública, con dos coordinadoras, una administrativa y un gerente (con un sueldo equivalente a una Dirección General de Área, 59.419.08 euros anuales), para cubrir sustituciones y nuevas atenciones".
Los integrantes del comité han insistido en que "es un disparate organizativo y económico que se deriven un número creciente de horas de atención a la empresa pública y que se cubran con nuevas contrataciones más precarias, con jornadas muy reducidas, mientras hay trabajadoras del Ayuntamiento con horas libres en sus cuadrantes o planillas". "Es un disparate organizativo que una persona usuaria sea atendida habitualmente por una trabajadora y que cuando está de baja o de vacaciones se le atienda por una trabajadora de la empresa pública y que entre las dos trabajadoras no exista ninguna comunicación ni coordinación", han añadido.
Los sindicatos han afirmado que, "con esta forma de gestión mixta, quitando trabajo a la estructura municipal y dándoselo a la pública, es muy probable que el Ayuntamiento pretenda proyectar la imagen de que la gestión de la empresa pública es más eficiente, pero es una imagen falsa, la pretendida eficiencia se conseguiría a costa de la estructura municipal y de la precarización del empleo en la empresa pública, y el ahorro sería superado con creces por el coste de mantener una doble estructura con el consiguiente despilfarro de dinero público en el conjunto del servicio".
Además, han considerado que "es muy probable también que el Ayuntamiento pretenda perpetuar esta forma de gestión mixta, de manera que la empresa pública preste una parte creciente del servicio en detrimento de la gestión municipal directa".
Por ello, han exigido al Ayuntamiento que "cumpla íntegramente la sentencia, que deje de gestionar ilegalmente una parte del servicio a través de la empresa pública, y que cumpla la sentencia de la forma más sencilla, lógica y económica, asumiendo la gestión íntegra del servicio, suspendiendo temporalmente la actividad de la empresa pública hasta que el Tribunal Supremo resuelva el recurso, evitando duplicidades organizativas y gastos innecesarios".
