El Defensor del Pueblo de Navarra ha recomendado al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña que procure alternativas y adopte determinadas medidas en relación con el empadronamiento de personas en situaciones de exclusión que carecen de vivienda o residen en infraviviendas, o bien que padecen vetos o condicionamientos indebidos por parte de las personas propietarias de viviendas o arrendadoras de habitaciones.
La respuesta oficial del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña ha sido la de aceptar los tres puntos de la resolución, detallando las medidas a implantar para facilitar ese empadronamiento de las personas desfavorecidas, en situación de dificultad o exclusión social, una parte de ellas migrantes en situación irregular.
Esta resolución tiene su origen en una actuación de oficio iniciada por la oficina del Defensor del Pueblo de Navarra a principios de año, tras haber mantenido decenas de encuentros con asociaciones y entidades sociales. Todas ellas expresaron al Defensor del Pueblo su preocupación por las trabas que los colectivos desfavorecidos se encuentran a diario para lograr empadronarse en la capital navarra al no poder demostrar con documentación su residencia.
Esta situación se agrava, además, por el hecho de que algunas de las vías actuales para el empadronamiento facilitan que se produzcan casos de chantaje y extorsión sobre esas personas por parte de propietarios o arrendadores sin escrúpulos que se aprovechan de la situación de necesidad de los más débiles, según atestiguaron representantes de las entidades sociales.
A este respecto, el Defensor del Pueblo, Patxi Vera, ha subrayado que “el derecho a empadronarse es un derecho básico y fundamental, porque es la puerta de entrada a otros derechos esenciales y a las prestaciones sociales. Por eso, no podemos aceptar que se pongan tantas trabas para hacer un mero trámite administrativo y que haya delincuentes que se estén aprovechando de los más desfavorecidos”.
Cabe recordar que, sin el empadronamiento, no se pueden solicitar permisos de residencia o de trabajo, tarjeta sanitaria, matrícula en un centro educativo para los hijos, reagrupación familiar de cónyuge o hijos/as, ayudas sociales o acceso a servicios culturales y deportivos o demostrar el arraigo para solicitar los papeles de residencia legal, entre otros.
Por todo ello, el Defensor del Pueblo recomendó al Ayuntamiento:
a) Procurar alternativas para los casos en que dichos propietarios impidan o condicionen indebidamente el empadronamiento de personas, con vistas a favorecer este y a reflejar la realidad residencial, siendo proactivo en la utilización de la denominada “alta de oficio”, sin perjuicio de la correspondiente comprobación municipal.
b) En su ámbito interno, y sin perjuicio de buscar también la coordinación con otras entidades, trabajar en la elaboración de unos criterios o parámetros generales para proceder al empadronamiento en situaciones especiales, en casos de personas sin vivienda o en infraviviendas, procurando la coherencia y la no discriminación en la toma de decisiones, contando para ello con la participación de las entidades sociales que atienden a personas en exclusión. Y que, en casos que puedan resultar dudosos, se resuelva a favor del empadronamiento de los interesados, con vistas a procurar garantizar sus derechos.
c) Valorar la adopción de medidas para procurar contar con un mayor grado de documentación y registro de las situaciones referidas (demandas de empadronamiento, negativas, constancia de impedimentos de las personas propietarias, utilización de vías alternativas al empadronamiento con autorización de las mismas, etcétera) y que, en todo caso, las denegaciones, de producirse, se formalicen expresamente, por escrito y con indicación a los interesados de las vías impugnatorias correspondientes.
A través de una respuesta oficial, el Consistorio pamplonés ha confirmado que acepta las tres recomendaciones, al tiempo que avanza algunas de las medidas que contempla introducir en esa línea.
En este sentido, respecto a la primera recomendación se adelanta que la comprobación municipal se podrá realizar también a través del envío de una notificación certificada o bien mediante la visita de Policía Municipal al domicilio.
Para el cumplimiento de la segunda, se ha creado un grupo de trabajo, integrado por profesionales de las Áreas de Servicios Sociales y Gestión de Personas (Padrón), con el objetivo de establecer criterios o parámetros generales para proceder al empadronamiento en situaciones especiales; propuesta que se elevará al órgano decisorio del Ayunta miento.
Finalmente, para aplicar la tercera recomendación, se anuncia que el grupo de trabajo anterior trabajará para elaborar un circuito entre las Áreas afectadas, con el fin de lograr el registro y notificación a los interesados, con indicación de las vías impugnatorias correspondientes, de aquellas demandas de empadronamiento que puedan resultar denegadas.
El Defensor del Pueblo, Patxi Vera, ha comunicado tanto su resolución como la respuesta favorable del Ayuntamiento a las entidades sociales que acompañan a las personas desfavorecidas con el fin de que puedan ver facilitada su labor humanitaria.
