Navarra destinará 780.000 euros al Servicio de Justicia Restaurativa en los próximos 5 años
El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Justicia, prevé destinar 780.000 euros al nuevo Servicio de Justicia Restaurativa durante los próximos cinco años. Comienza el proceso con la licitación de un contrato por 156.000 euros para el año 2022, que será prorrogable durante otros cuatro años más. Así se establece en el anuncio, publicado el pasado viernes en el Portal de Contratación del Gobierno de Navarra.
Las prestaciones del Servicio de Justicia Restaurativa, que dependerá del Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa del Gobierno foral, incluirán la implementación de los procesos restaurativos adecuados en todas las fases del proceso penal, incluida la ejecución; así como en aquellos no judiciales que sean aprobados por el Servicio de Ejecución Penal y Justicia Restaurativa.
Los pliegos de la licitación establecen un servicio unificado y homogéneo para el conjunto de Navarra, sin diferencias por partidos judiciales, aunque siempre respetando los convenios existentes con los diferentes colegios de la Abogacía Abogacía y otros colegios profesionales. El servicio deberá prestarse con perspectiva de género y tanto en castellano como en euskera; y potenciará no sólo la mediación penal sino también otras herramientas restaurativas, como los círculos y las conferencias.
El director general de Justicia, Rafael Sainz de Rozas, ha señalado que el nuevo Servicio de Justicia Restaurativa "encarna la apuesta de este Gobierno por un servicio público que dote a las personas de segundas oportunidades: tanto a las víctimas, que superan su condición de víctimas al ser reparadas; como a los victimarios, que se responsabilizan del daño causado y son apoyados para llevar una vida sin delitos".
Sainz de Rozas ha subrayado que el nuevo servicio "sigue las líneas estratégicas del modelo de Ejecución Penal para Navarra que aprobamos a comienzos de este año; y está marcado por el espíritu del anteproyecto de Ley Foral de Justicia Restaurativa y Medios Adecuados de Solución de Conflictos", que el Gobierno está elaborando.
La inclusión de herramientas restaurativas más allá de la mediación penal supone la adecuación al Estatuto de la Víctima y a la Recomendación 8/2018 del Consejo de Europa. Según ha señalado Rafael Sainz de Rozas, "de este modo se fomenta una perspectiva comunitaria de la Justicia, potenciando la participación en la misma del conjunto de la sociedad".
CONDICIONES DE LA LICITACIÓN
Los pliegos para la licitación del nuevo Servicio de Justicia Restaurativa establecen, además de lo ya señalado, la necesaria especialización del personal que lo lleve a cabo para trabajar en delitos graves y con poblaciones vulnerables, con el objetivo de poder ofrecer Justicia Restaurativa en delitos de toda gravedad y tipología.
Se establece, además, la necesidad de realizar actuaciones integrales que reduzcan la conflictividad social, reparen a las víctimas, mejoren la reinserción de victimarios y favorezcan el respeto al principio de intervención mínima. Entre las cuestiones que se valoran, se encuentra la forma de tener en cuenta los condicionantes sociales de los delitos y, cuando sea necesario, la atención a parámetros de interculturalidad.
El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto al licitador que ofrezca una mejor relación calidad-precio. El plazo de presentación de ofertas, a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra, termina el próximo 8 de noviembre. El contrato que se licita tendrá como fecha de inicio el 1 de enero de 2022 y concluirá el 31 de diciembre del próximo año. Será, como se señala, prorrogable durante otros cuatro años más.
