Representantes del sindicato LAB han mantenido una reunión con la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción para "detallar la documentación aportada y aclarar los términos" de la denuncia formulada por "mala praxis de la exclusividad" en el Servicio Navarro de Salud. La denuncia se interpuso por el sindicato ya que "al menos 10 facultativos más" podrían estar cobrando dicho complemento mientras realizan su actividad en clínicas privadas.
En un comunicado, LAB ha valorado "positivamente" el comienzo de esta fase que supone la reunión con la Oficina de Anticorrupción. "El conflicto de intereses entre lo público y la iniciativa privada es más que manifiesto. Así, debe aclararse si se trata de una práctica generalizada, y de confirmarse debe aclararse si estamos ante una manera de funcionar aceptada por parte de algunos profesionales médicos representados por el Sindicato Médico de Navarra (SMN) y por parte de la propia Administración foral", han señalado desde LAB.
Por otro lado, el sindicato ha acusado al Gobierno de Navarra de "negar la realidad, mantener su inacción y seguir actuando a posteriori". "Ante la gravedad de los hechos, el Gobierno de Navarra, a través de las declaraciones este fin de semana del director de Salud, Carlos Artundo, sigue negando la realidad, manteniéndose en una posición de inacción para actuar a posteriori. El sindicato LAB recuerda al señor Artundo que, tras conocerse el primer caso, el consejero Remírez también dijo que se trataba de un caso aislado. Sin embargo, ahora ya son once", han subrayado.
En este sentido, han cuestionado "por qué el Gobierno sigue negándose a llevar a cabo una inspección generalizada y dar solución a esta situación". "Parece que su única prioridad es no irritar al Sindicato Médico y a los profesionales que realizan este tipo de acciones. El señor Artundo aseguró que varios casos están perfectamente dentro de la norma", han indicado, tras pedir aclaraciones sobre si estos casos "son los referidos a las personas que tiene como jefes de Sección y que no están nombrados en la plantilla orgánica, encontrándose en funciones".
Para LAB, esta sería una "ingeniería en la contratación" que "permitiría realizar las funciones propias de jefatura, cobrar una retribución propia de jefatura y trabajar en clínicas privadas". "De ser así, estos hechos serían aún más graves y, además, sería su responsabilidad", han manifestado.
