Víctimas del GAL piden al Gobierno una declaración "inequívoca de asunción de responsabilidades"

Begoña Galdeano y Edurne Brouard, hijas de xabier Galdeano y Santi Brouard, asesinados por los GAL. - H. BILBAO/EUROPA PRESS
Begoña Galdeano y Edurne Brouard, hijas de xabier Galdeano y Santi Brouard, asesinados por los GAL. - H. BILBAO/EUROPA PRESS

Hijas de Brouard y Galdeano instan a Fiscalía a actuar de oficio" contra Barrionuevo, que "se vanagloria de haber practicado el terrorismo"

Víctimas del GAL piden al Gobierno una declaración "inequívoca de asunción de responsabilidades"

Edurne Brouard y Begoña Galdeano, hijas de Santi Brouard y Xabier Galdeano, asesinados por los GAL en 1984 y 1985, respectivamente, han afirmado este viernes que "no son suficientes las condenas genéricas del terrorismo de Estado" y ha asegurado que no quieren que se les pida perdón, sino que han apelado al Gobierno central a que realice "una declaración inequívoca de asunción de responsabilidades y de reconocimiento del daño causado".

 

En el marco de una rueda de prensa convocada por la Fundación Egiari Zor, Edurne Brouard y Begoña Galdeano han comparecido este viernes para dar su valoración de la entrevista del ex ministro del Interior José Barrionuevo a 'El País', en la que, entre otras cuestiones, se refiere al intento de detención del miembro de ETA Larretxea Goñi en territorio francés y reconoce que ordenó "liberar a Segundo Marey" tras su secuestro.

En la comparecencia, han dado lectura a un comunicado, en euskera y castellano, en el que, en primer lugar, han agradecido la "vorágine de reacciones de rechazado expresadas por la mayoría política y social de Euskal Herria" ante la "justificación pública de crímenes de Estado" contra sus familiares. Unas reacciones, "las de la clase política e institucional" que, según han reconocido, han echado de menos "en numerosas ocasiones" y que hoy acogen "de manera positiva".

Tras afirmar que "no es nueva la carga humillante que contienen las palabras del exministro, ni la revictimización" que les produce, "el daño gratuito o la indefensión" que les genera, han asegurado que las declaraciones de Barrinuevo "no aportan nada a nivel informativo que no supiéramos", aunque han destacado el "carácter épico que se desprende de sus palabras y gestos". Una actitud, a su entender, "derivada de la convicción de quien se sabe impune y se vanagloria de haber practicado el terrorismo".

En esta cuestión, han advertido, observan un "cambio de paradigma", ya que "si antes la negación era el recurso, negar cualquier participación o responsabilidad en actos terroristas, hoy la estrategia trata de blanquear y legitimar el terrorismo practicado desde los aparatos del Estado", lo que "es terrible desde la perspectiva democrática de un Estado de derecho".

Según han apuntado, Barrionuevo "asume de manera inequívoca responsabilidades delictivas por las que nunca ha sido juzgado", así como "delitos de tortura". Así, han destacado que el exministro "reconoce haber ordenado el secuestro de José María Larretxea Goñi, un intento de secuestro llevado a cabo por cuatro policías españoles que abortó la Gendarmería Francesa el 18 de octubre de 1983, apenas dos días después del secuestro de Lasa y Zabala".

Barrionuevo, han añadido, "reconoce lo que llevamos denunciado décadas, que el Estado, a través del Gobierno de Felipe González, utilizó el terrorismo y la guerra sucia" y que "bajos sus órdenes actuaban como ejecutores miembros de las FES y mercenarios a sueldo, a los que se refiere como compañeros que disparan desde su trinchera".

A su entender, sobre esta cuestión "debería actuar de oficio la Fiscalía, como debió actuar cuando el ex presidente Felipe González confesó haber tenido en su mano la decisión de volar la cúpula de ETA, porque quien tiene la posibilidad y la decisión de llevar a cabo un acto terrorista es plenamente conocedor de la existencia de una estructura terrorista dentro de su Gobierno y porque implícitamente asumió que obraba en el la capacidad de decisión para llevar a cabo o abortar dicha operación terrorista".

También creen que debió actuar la Fiscalía "tras la desclasificación de los papeles de la CIA, tras la revelación de conversaciones entre altos cargos de gobierno y del CNI sobre el pape de José Luis Corcuera en el envío de cartas bomba y el asesinato del cartero de Renteria Antonio Cardosa o sobre la muerte de Mikel Zabalda en el cuartel de Intxaurrondo y la posterior desaparición de su cadáver".

En esa línea, han apuntado que, si como dice el actual ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, "los hechos relatados fueron actos terroristas y la verdad no prescribe, su confesión sobre un hecho delictivo impune y no judicializado debería derivar en la apertura de diligencias judiciales que aclaren los hechos y señalen las responsabilidades".

A este respecto, ha informado de que la familia Larretxea Goñi está estudiando la posibilidad de presentar una querella criminal contra Barrionuevo por "ordenar el secuestro contra su hermano", mientras que la Fundación Egiari Zor también valorará con sus servicios jurídicos la posibilidad de emprender acciones legales, de forma individual o colectiva.

Tras criticar que la justicia española "ha sido parte y nunca ha mostrado interés en resolver los crímenes perpetrados por el terrorismo de Estado", ha censurado también que, a día de hoy, "ningún partido político, ningún gobierno ha asumido todavía su responsabilidad sobre estos gravísimos hechos".

"Y la responsabilidad no es solo de los autores materiales, no es solo de algunos cargos públicos concretos, las responsabilidades salpican a siglas políticas que van desde la UCD y sus herederos de Alianza Popular, hoy PP, hasta el PSOE, y así será mientras no se materialice el reconocimiento público del daño causado y a las víctimas generadas y se abra un proceso de desclasificación de la documentación reservada que arroje luz sobre los casos no resueltos", han advertido.

Asimismo, creen que también deben dar "un paso al frente quienes dieron apoyo político y mediático a una estrategia de Estado que utilizó toda su maquinaria para asesinar, vulnerar derechos humanos y repartir impunidad entre criminales con cargos de Estado, aquellos que firmaron un pacto de silencio y que con su connivencia permitieron que el terrorismo se convirtiese en una herramienta más del Estado".

Lo mismo deben hacer, a su juicio, "quienes utilizaron esta cuestión para obtener rédito político y llegar a la Moncloa para después tramitar indultos y excarcelaciones tempranas en pago por el deber cumplido, a altos cargos de Gobierno y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Las víctimas han asegurado que no necesitan que les pidan perdón y han advertido que tampoco son suficientes "las condenas genéricas del Terrorismo de Estado como si hubiese surgido por generación espontánea o como consecuencia de la decisión aislada de cuatro perturbados".

"Si existen cloacas y están blindadas, si existe impunidad y se bloquean comisiones de investigación en sede parlamentaria, si la justicia sigue mirando para otro lado es evidente que hay responsabilidades de Estado que salpican de manera clara a siglas
políticas concretas", han denunciado.

Tras insistir en que no necesitan "condenas genéricas que eximen a muchos de su responsabilidad", sino "una declaración al máximo nivel institucional", han apelado "al Gobierno del Estado Español, a que realice una declaración inequívoca de asunción de responsabilidades y de reconocimiento del daño causado", aunque creen "difícil albergar esperanza" de que se produzca.

Asimismo, le han conminado a que adopte "la determinación democrática de desclasificar la documentación secreta que permita resolver los crímenes derivados del terrorismo de Estado, que no fueron solo los GAL".

"Es tiempo de construir, de invertir en el presente y proyectarlo hacia un futuro en el que hechos de esta naturaleza no pueden tener cabida ni posibilidad de repetirse", han mantenido.

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