El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha negado que se vayan a introducir cambios en el protocolo de atención a mujeres embarazadas, al tiempo que ha aclarado que no se obligará "a nada" a médicos o pacientes, ya que serán éstas las que decidirán "libremente" si precisan más información.
Fernández Mañueco se ha referido de este modo a través de una Declaración Institucional al protocolo con medidas "provida" que defendió el pasado jueves el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y ha garantizado que lo que sí va a hacer la Junta es mejorar "las prestaciones" a las mujeres embarazadas.
"Las medidas que se implantarán mejoran y modernizan las prestaciones y las actuaciones en la aplicación de la cartera de servicios de atención a la mujer embarazada, no se modifica la cartera de servicios del Estado básica y común para España ni protocolo de Castilla y León", ha explicado.
Asimismo, el presidente de la Junta ha manifestado su "estupefacción" ante el requerimiento del Gobierno central para dar marcha atrás en las medidas anunciadas, un documento que, por otra parte, aún no ha recibido, y que, además, aborda una cuestión sobre "la que no existe ningún acuerdo tramitándose", por lo que, como ha considerado, el Ejecutivo central intenta sacar un "rédito político" del asunto, lo que ha considerado "lamentable".
Fernández Mañueco ha reclamado al Ejecutivo que deje de hacer política con las mujeres y le ha exigido que se centre en modificar la "chapuza" de Ley del Sí es Sí "cuanto antes".
No obstante, el presidente de la Junta ha insistido en que, además, con las medidas anunciadas la Junta no se actualiza "en ningún caso" el protocolo de atención a las mujeres que son sometidas a una interrupción voluntaria del embarazo y que siempre se tendrá en cuenta en la Comunidad "la voluntad de la mujer, la legislación vigente y el criterio médico".
"No se obligará a las mujeres embarazadas a nada, serán ellas, como hasta ahora, las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición. Y, por supuesto, tras esta inquietud voluntariamente formulada por cualquier mujer embarazada, los facultativos conocerán y podrán facilitar, según su criterio clínico", ha explicado Fernández Mañueco, quien ha añadido: "Tengo muy claro que alterar el orden de estos dos factores puede derivar en coacciones directas e indirectas a la mujer embarazada y por tanto, la Junta de Castilla y León ni las va a promover ni las va a amparar".
"Ni el Gobierno que presido ha contemplado obligar a los profesionales sanitarios a ofrecer medidas coercitivas a las mujeres embarazadas, ni el Gobierno que presido va a aceptar que el Gobierno de España utilice a las mujeres para hacer oposición a la Junta de Castilla y León", ha zanjado el presidente, quien ha explicado que con esta "ampliación" de prestaciones lo que se busca es "busca de promover la natalidad".
Por último, el presidente de la Junta ha defendido que el único objetivo de la Junta es ayudar a las mujeres embarazadas que, a su juicio, han sido "utilizadas" de "manera interesada" por el Gobierno.
"En Castilla y León no vamos a hacer a las mujeres rehenes de este debate", ha concluido.
