La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha encomendado a la Policía la tarea de rastrear a los refugiados ucranianos llegados a España para identificar entre ellos a aquellos que estén en disposición de aportar pruebas sobre los crímenes cometidos en la guerra de Ucrania a fin de ir elaborando un archivo que pueda ser útil de cara a una futura investigación penal sobre las atrocidades perpetradas en el conflicto armado.

Fue el pasado 8 de marzo cuando la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, abrió una investigación en relación con la invasión rusa de Ucrania para "preservar los elementos del delito" y "poder señalar, en su caso, a las personas responsables y a las víctimas".

Delgado encargó estas diligencias preprocesales al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, que ya ha dado un primer paso para localizar y asegurar las pruebas de los crímenes cometidos en Ucrania que se puedan recolectar desde España.

De acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, se ha solicitado a la Policía que busque testimonios valiosos entre los ucranianos que han recalado en España tras escapar de la guerra.

Se trata, apuntan las citadas fuentes, de identificar a personas que han sufrido en primera persona esos crímenes o a quienes los han presenciado o registrado, por ejemplo, a través de fotografías o vídeos en sus propios teléfonos móviles.

Para acotar el campo de búsqueda, se ha pedido igualmente a la Policía que ponga el foco en las personas procedentes de las zonas más castigadas por la guerra, donde es más probable que se hayan cometido tales crímenes.

No obstante, las mismas fuentes subrayan que las pesquisas fiscales se encuentran aún en una fase embrionaria, dado que la guerra estalló hace poco más de un mes, evoluciona día a día y el flujo de personas que huyen de los combates es continuo, a lo que añaden que muchas siguen todavía en estado de 'shock' emocional.

ASEGURAR LA PRUEBA

Delgado anclaba la competencia de la Fiscalía para investigar estos crímenes en "la existencia de víctimas de nacionalidad española", así como en la jurisdicción para conocer de los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio "siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero" que resida habitualmente o que se encuentre en España.

Si bien en el mismo decreto explicitaba que "las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal son el instrumento idóneo para asegurar y canalizar la asistencia a las autoridades ucranianas y la de otros países afectados por la guerra y en similar situación, permitiendo recopilar elementos de prueba que puedan ser usados en investigaciones de todo tipo".

De momento, el Tribunal Penal Internacional (TPI) ha incorporado a sus pesquisas sobre Ucrania, que se remontan a la represión de las protestas del Euromaidán, lo ocurrido a raíz de la invasión rusa, una iniciativa que han respaldado formalmente más de 40 países, entre ellos España.