El Consejo de Europa respalda supresión de la sedición y reformar insultos a la Corona y enaltecimiento de terrorismo
La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, la bosnia Dunja Mijatovic, se ha felicitado de la supresión del delito de sedición en el Código Penal español. Además, ha reclamado que se lleven a cabo enmiendas adicionales que permitan una mejor salvaguardia de la libertad de expresión en lo relativo a los insultos a la Corona y el enaltecimiento del terrorismo, entre otros.
Así lo ha manifestado en el informe que ha publicado este miércoles como resultado de la visita que realizó a España el pasado mes de noviembre. En él, señala que la aplicación de delitos como el de sedición y rebelión "ha llevado a restricciones en los derechos de libertad de expresión y asamblea de políticos y activistas catalanes".
Tras recordar que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa había reclamado cambios en este sentido, ha dado la bienvenida a que el Parlamento aprobara varias enmiendas al Código Penal, "incluida la supresión del delito de sedición" y ha recordado que como resultado de ello, el Tribunal Supremo retiró este cargo a varios políticos y activistas catalanes.
Por otra parte, incide en que el Código Penal "contiene varios delitos cuya aplicación ha resultado en violaciones de la libertad de expresión", recordando que en los últimos años ha habido varios casos de condenas contra artistas por canciones controvertidas y contra activistas en redes sociales por declaraciones consideradas ofensivas.
En concreto, Mijatovic recuerda su carta de marzo de 2021 al Gobierno en la que constataba "falta de claridad en la disposición sobre el enaltecimiento del terrorismo (Artículo 578) y las consiguientes interpretaciones divergentes en los tribunales españoles, y preocupaciones por la libertad de expresión que emergen de las disposiciones que penalizan la injuria y los insultos a la Corona (Artículos 490 y 491)".
En su misiva, también pedía a las autoridades españolas que restringieran "la aplicación de disposiciones sobre discurso de odio a casos prohibidos por el Derecho Internacional de Derechos Humanos y para despenalizar la difamación y el delito de 'insultos a sentimientos religiosos' dado su posible efecto en la libertad de expresión".
Así las cosas, Mijatovic toma nota de que el Parlamento ha iniciado el proceso para despenalizar varios de estos delitos, entre ello los "insultos a los sentimientos religiosos", "ataques contra símbolos del Estado" e "insultos a la Corona", aunque durante su visita se le informó que estas reformas van con retraso.
PIDE MÁS CAMBIOS EN EL CÓDIGO PENAL
En este contexto, en el apartado de conclusiones, tras felicitarse de nuevo por la supresión de la sedición, Mijatovic pide nuevamente a las autoridades españolas que "enmienden de forma exhaustiva el resto del Código Penal para fortalecer las salvaguardias existentes en torno al derecho de libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica, en particular cuando se aplica la legislación para combatir el discurso de odio y disposiciones como las que penalizan la injuria y los insultos a la Corona, el enaltecimiento del terrorismo y el delito de insultos contra sentimientos religiosos".
Por otra parte, dentro de este mismo apartado del informe, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa también se felicita por "las medidas adoptadas por el Gobierno para restaurar el diálogo democrático en Cataluña".
Dentro de este proceso, considera necesario "garantizar que todos, incluidos políticos y activistas, gocen plenamente de libertad de expresión y reunión pacífica tanto en la ley como en la práctica".
INSISTE EN REFORMAR LA LEY MORDAZA
Por otra parte, Mijatovic insiste en la necesidad de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'Ley Mordaza'. Aunque reconoce los desafíos para las fuerzas de seguridad frente a protestas y concentraciones, recalca que "salvaguardar los Derechos Humanos, incluida la libertad de expresión y asamblea, son una parte integral de los esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos".
En este sentido, celebra "la voluntad y los esfuerzos de las autoridades en los últimos años para revisar" esta ley, "que ha minado el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión en España", pero considera "preocupante" que "el último intento de reformarla no prosperara por la falta de acuerdo entre los partidos políticos para enmendar algunas disposiciones cuya aplicación ha demostrado ser más problemática para que los ciudadanos gocen de sus Derechos Humanos en España".
Por ello, reitera la "urgencia" de que esta ley "se alinee plenamente con los estándares europeos e internacionales en materia de Derechos Humanos". En este punto, cita en concreto "la imprecisa definición de algunos delitos en la ley y el gran número de sanciones, a veces duras, que se han impuesto, muchas de ellas en el contexto de manifestaciones y concentraciones pacíficas, incluido contra periodistas".
Así las cosas, "anima a las autoridades, y en particular al Parlamento, a que incluya a actores de la sociedad civil y periodistas en cualquier revisión de la ley". "Es importante enmendar la ley para limitar las posibilidades de aplicación arbitraria y desproporcionada, garantizando certidumbre legal y previsibilidad, y reconsiderar el monto de las multas", sostiene Mijatovic.
USO DE PELOTAS DE GOMA
La comisaria también dedica un apartado al uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad durante concentraciones pacíficas, citando expresamente las balas y pelotas de goma. Mijatovic advierte de que el uso de balas de goma en este contexto "supone un claro peligro para la seguridad de los manifestantes".
"Dado su efecto impreciso e indiscriminado, no deberían usarse contra grandes números de personas, incluidas concentraciones", subraya, instando por ello a las autoridades españolas a "reconsiderar el uso de estas armas en operaciones para gestionar manifestaciones públicas".
Por otra parte, recalca que "la impunidad por el uso excesivo de la fuerza nunca debería ser tolerada", de ahí el que "todas las denuncias de mala conducta o maltrato en el contexto de manifestaciones y operaciones de orden público deben ser firmemente condenadas, adecuadamente investigadas y sancionadas por las autoridades competentes" para evitar que vuelvan a producirse.
Esto implica, según Mijatovic, que los miembros de las fuerzas de seguridad que llevan a cabo estas operaciones "puedan ser identificados de forma clara y sencilla". Además, insiste en la necesidad de "fortalecer todo el marco de rendición de cuentas" en lo relativo a este tipo de casos y celebra la creación de la Oficina Nacional de Garantía de los Derechos Humanos, dentro del Ministerio del Interior.
