El Parlamento de Navarra insta al Gobierno de Navarra a presentar el estudio sobre el impacto demográfico en las ratios de Educación
Se solicita una planificación estratégica a diez años vista para, de acuerdo con la tendencia demográfica, mejorar la calidad del sistema a partir de un análisis riguroso y participado
El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de UPN, EH Bildu, PPN y Vox y las abstenciones de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, una resolución por la que se insta al Departamento de Educación a “presentar antes de terminar el primer trimestre del curso escolar 2023/2024, en sede parlamentaria, el estudio completo con la situación y proyecciones para los próximos años, derivado de la línea presupuestaria (25.000 euros) denominada “Estudios sobre datos demográficos e impacto en el sistema educativo y ratios”, de la Ley Foral 35/2022 de Presupuestos Generales de Navarra”.
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se emplaza a la consejería de Educación a que, “una vez presentado, se abra un periodo de aportaciones de propuestas sobre los datos del estudio, para permitir la participación y el debate entre los diferentes sectores del ámbito educativo de nuestra Comunidad Foral”.
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. UPN da cuenta del descenso operado en la población escolar durante doce años consecutivos para, tras constatar un descenso del 30% del alumnado paralelo a un incremento similar del número de docentes (+ 200), requerir una planificación estratégica que, "respetando el derecho a la libertad de elección", posibilite una mejora de la calidad formativa, entre otros mediante la reducción de las ratios.
A tal objeto, para acometer la tarea de adecuación que, a tenor de la consolidada tendencia demográfica, precisa el sistema educativo, se solicita un análisis informado con base en los datos que arroje el estudio presupuestado en las Cuentas Generales de 2023.
En todo caso y por “complejo” que resulte, la evaluación de la situación deberá tener en cuenta todos los “componentes educativos, sociales y laborales” asociados a un servicio público de primer orden que, precisamente por ello, necesita una “planificación general a diez años vista”.
