Consumidores Irache considera necesario impulsar un mayor número de viviendas en compra o alquiler en Navarra

Foto: Archivo - Viviendas - EUROPA PRESS - Archivo
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Ve aspectos positivos en la nueva ley foral, como eliminar la descalificación de la vivienda protegida, y otros dudosos, como el registro de alquiler
Consumidores Irache considera necesario impulsar un mayor número de viviendas en compra o alquiler en Navarra

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache considera necesario impulsar la creación de un mayor número de viviendas tanto de compra como de alquiler en la Comunidad. Es necesario poner en el mercado un número de inmuebles que responda a las necesidades de vivienda y posibilidades económicas de la población, ya sea en régimen protegido o libre. 

Hay que tener en cuenta que, según una encuesta encargada por esta Asociación, al 83% de los navarros le preocupa el acceso a la vivienda  y casi uno de cada cinco -19%- tiene pensado comprar o alquilar una vivienda en los próximos años. En este sentido, se considera que algunas de las medidas incluidas en la proposición de Ley para el fomento de un parque de vivienda protegida y asequible en la Comunidad Foral de Navarra, actualmente en trámite, para promover un mayor acceso de los ciudadanos a pisos en condiciones razonables pueden ser positivas. 

Más viviendas en alquiler asequible

Entre otras medidas, la proposición de ley determina una reserva del 50% para vivienda protegida en los nuevos desarrollos y exige que la vivienda libre y la protegida vayan de la mano. Además, una tercera parte de las viviendas protegidas deberán ser de alquiler asequible. Esto puede servir para que los jóvenes con escasos recursos económicos puedan acceder a su primera vivienda e independizarse de sus familias. Consideramos que sería positivo facilitar de alguna manera a estas personas que posteriormente puedan acceder, si lo desean, a una vivienda en propiedad.

Es positivo que no se descalifiquen para evitar el negocio

Irache considera positivo que con la nueva ley las nuevas viviendas protegidas tengan una duración indefinida y no se puedan descalificar. Al fin y al cabo, la protección de estas viviendas se costea con el dinero de todos los ciudadanos, de forma más o menos directa, bien con la subvención que reciben o con el dinero que ha necesitado la administración para promoverlas. 

Este dinero público debe ir dirigido a que todo el que necesite una vivienda, ya sea en alquiler o propiedad, pueda disponer de ella. Pero se debe cerrar la puerta a cualquier especulación o beneficio derivado de este acceso. Por ello, entendemos que prohibir la descalificación y la posterior venta a un precio libre evita cualquier práctica de este tipo. Se trata de que quien necesite un piso acceda a él, pero que nadie -ni particular ni empresa- pueda hacer de esta circunstancia un negocio. 

Es necesario calibrar los pros y contras del registro de alquiler

La Asociación de Consumidores ha valorado que "antes de crear un registro de alquileres, hay que calibrar con rigor los beneficios que puede aportar.  No hay que olvidar que supone un trámite más para los propietarios, que puede resultar disuasorio. Creemos que el registro puede ser contraproducente y desincentivar el alquiler o hacerlo más opaco en lugar de potenciarlo. Consideramos que las medidas deben dirigirse a facilitar y apoyar el alquiler; todavía hay muchos propietarios reticentes a alquilar sus viviendas y prefieren tenerlas vacías, por temor a que los inquilinos no les paguen o causen daños en el piso. Además de trabajar en incluir alguna ventaja fiscal para los pequeños propietarios, habría que buscar la forma de darles confianza y seguridad a la hora de alquilar. En esta línea, convendría ofrecerles una mejor información sobre sus derechos como arrendadores". 

Es necesario priorizar a los más vulnerables

A la hora de la puntuación para acceder a viviendas protegidas, tener en cuenta criterios como el empadronamiento, la discapacidad, las familias monoparentales o las víctimas de violencia o situaciones de realojo parecen necesarias. También valorar los que se encuentran como inquilinos en régimen de alquiler, en condiciones de igualdad.

La propuesta de ley contempla también la posible expropiación de viviendas vacías que sean propiedad de “grandes tenedores y personas jurídicas”. De hecho, reduce de dos a un año el tiempo para poder considerar estas viviendas como deshabitadas.