NA+ pide que el Consejo de Navarra dictamine sobre la continuidad de los contratos en la planta de residuos de Imárcoain
La solicitud se hace después de que tanto el consejero Aierdi como el presidente de la MCP expresasen que los trabajos de construcción continuarán
Navarra Suma ha solicitado al Consejo de Navarra que elabore un dictamen sobre si es legal destinar dinero público a la ejecución de unos contratos que tienen por objeto construir la planta de basuras en la parcela de Imarcoáin, “a pesar de que dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra hacen incompatible tal construcción al declarar la nulidad de pleno derecho del plan urbanístico aprobado por el Gobierno de Navarra”.
Como se recordará, las referidas sentencias declaran nulo el PSIS aprobado por el Gobierno de Navarra y promovido por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP). La modificación urbanística pretendía dar cobertura al acuerdo de compraventa suscrito entre el entonces gerente de NASUVINSA y el presidente de la Mancomunidad para construir en la ampliación de la Ciudad del Transporte la planta de residuos.
Para NA+, de acuerdo con los pronunciamientos judiciales, “la parcela no dispone de uso autorizado para la construcción” y considera “incomprensible” que “tanto el consejero Aierdi como el presidente de la MCP, David Campión, expresasen que no existe problema para la continuidad de los trabajos de construcción y que las sentencias sólo supondrán un retraso”.
En concreto, existen dos contratos suscritos por la empresa pública Servicios de la Comarca de Pamplona SCPSA, uno de ello el proyecto de construcción y puesta en marcha de la planta sobre la parcela en cuestión, y el otro referido a diversos trabajos de asistencia técnica.
Cabe recordar que Navarra Suma registró ante la Mancomunidad un requerimiento de suspensión de estos contratos “advirtiendo de las correspondientes responsabilidades personales en caso de proseguir a sabiendas con la ejecución de una obra que es incompatible con la legalidad”.
“En este asunto, resulta temeraria y contraria al interés público la actitud tanto del consejero Aierdi como Campión, pues implica un despilfarro consciente de recursos públicos al destinarlos a una finalidad que hoy está expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico y que no existe tampoco certeza alguna que en futuro pueda ser viable”, concluyen.
