Varios colectivos consideran "inaceptable" la actuación municipal en el desalojo de Jaurata 19

Varios colectivos han levantado su voz para denunciar la actuación de la empresa municipal Pamplona Centro Histórico en relación con la ocupación de viviendas en la calle Jarauta. 

Critican que ante la ocupación del domingo, la respuesta de las autoridades fue "establecer un control de acceso, impidiendo el retorno a los pisos y generando temor en la comunidad". Una familia se vio especialmente afectada al no poder regresar a su hogar, mientras que otras resistieron hasta el último momento. En algunos casos, las cerraduras fueron cambiadas en viviendas que fueron vaciadas con el tiempo y a la fuerza.

Denuncian que el jueves "un extenso despliegue policial desalojó las últimas dos viviendas bajo la excusa de una supuesta medida cautelar, ejecutando los desahucios sin previo aviso ni oportunidad de defensa para los afectados" lo que consideran un "asedio ilegal" y la "vulneración de derechos básicos, como la inviolabilidad del domicilio y el libre tránsito".

Estos colectivos han criticado la actuación de varios organismos como la Policía Municipal de Pamplona hasta la empresa municipal Pamplona Centro Histórico, pasando por la concejala Delegada de Urbanismo y Vivienda, Izaskun Zozaya y aseguran que "en lugar de recurrir a los cauces establecidos por la ley, se optó por sitiar a los habitantes del bloque, forzándolos a abandonar sus viviendas".

Para estos colectivos es "crucial resaltar la discrepancia entre la versión oficial y la realidad de los hechos" y apuntan que el "consistorio mintió al afirmar que solo una familia con menores estaba presente y que se le ofreció una alternativa". "La verdad es que, tras un asedio de tres días y tras desalojar dos viviendas, solo resistía una familia con menores hasta el miércoles. Bajo la amenaza de allanar su casa y retirarles la custodia de sus hijos, se les ofreció un alquiler temporal", han recordado. 

Los colectivos firmantes califican estas actuaciones como "inaceptables, constituyendo una vulneración flagrante de derechos fundamentales". Consideran que además, este incidente "agravará la problemática de la vivienda y contribuirá a la indefensión de las personas más vulnerables" y han exigido "la depuración de responsabilidades pertinentes" y abogan por "un acceso universal a la vivienda, denunciando los desahucios ilegales".

Asociaciones firmantes

Sindicato de Vivienda - Kontseilu Sozialista Iruñerria