La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Mari Carmen Maeztu, ha valorado de manera "muy positiva" el acuerdo del Estado sobre requisitos mínimos que deben de cumplir los centros y servicios de dependencia y ha considerado que "no invade nuestras competencias exclusivas". Ha destacado, además, el "amplio respaldo de entidades de la discapacidad y plataformas de personas mayores".
Así lo ha afirmado en una comparecencia parlamentaria solicitada por Navarra Suma, que ha considerado que este acuerdo "es una invasión" de las competencias de la Comunidad foral. Maeztu ha replicado que este acuerdo "no supone un retroceso en las competencias ni en la capacidad de Navarra para seguir desarrollando medidas en este ámbito". "No entiendo esa visión insolidaria por el hecho de que se establezca un mínimo garantizado en nuestro país", ha criticado Maeztu, que ha considerado que "es incomprensible que, tras la que ha caído con la pandemia y las evidencias de la necesidad de un cambio ambicioso en el modelo residencial, se opongan al avance y a mejorar la atención".
Según ha explicado, este acuerdo tiene su base en la Ley de Dependencia, que otorga al Consejo Territorial "la fijación de criterios comunes de acreditación". "Todo ello sin perjuicio de la competencia que tienen las comunidades autónomas para acreditar centros, servicios y entidades; establecer un registro de estos recursos e inspeccionarlos", ha recalcado Maeztu, que ha asegurado que "está plenamente alineado con el Decreto Foral 92/2020".
Ha destacado que este acuerdo supone "una transición necesaria para transformar el sistema de cuidados de larga duración y una mejora sustancial en la atención para nuestro país" con el objetivo de "superar el modelo actual, avanzando hacia otro no tan asistencialista".
Un nuevo modelo de atención "centrado en la persona", con una "mejora sustancial de los ratios de personal mínimo exigible" y que apuesta por "unidades de convivencia de pequeño tamaño" para que los centros residenciales "sean más parecidos a los hogares". En especial, ha resaltado que representa "una apuesta y mejora histórica en la financiación" de la dependencia al pasar de "poco más de 1.100 millones" invertidos por el Estado en 2014, "el año más duro de los recortes", a 3.700 en 2022. En el caso de Navarra, Maeztu ha destacado que, en lo que va de legislatura, el incremento presupuestario de la Agencia para la Autonomía y Desarrollo de las personas "ha sido de casi un 30%, alcanzando el 67,3% si tomamos como referencia el 2014".
Este acuerdo "asegura el acceso a unos servicios definidos, personalizados, adaptables a cada persona a lo largo del ciclo vital y que aseguren el pleno respeto a su dignidad, autonomía y participación social", ha afirmado Maeztu.
En cuanto a contratación, el acuerdo establece un 80% de contratos indefinidos sobre el total de contratación laboral de los centros y servicios del SAAD. Al menos un 66% sobre el total de horas contratadas por la entidad serán a jornada completa, el 50% en el servicio de ayuda a domicilio. El salario "se remite al convenio colectivo de aplicación autonómico". Por otro lado, establece una "mejora" de los ratios desde 2023 a 2029.
Mari Carmen Maeztu ha explicado que en Navarra ya se ha iniciado el proceso para adecuar el Decreto Foral 92/2020 al acuerdo. Ya se ha dictado la orden foral de inicio y se ha constituido el grupo de trabajo que abordará este cambio. Al grupo se han incorporado las dos asociaciones que representan al sector residencial -Lares y ANEA-, además de sindicatos, CERMIN, Unicef y Magale, y técnicos del Departamento de Derechos Sociales y Salud.
En cuanto a los criterios de calidad y de evaluación, el auerdo encomienda a una ponencia del Consejo, pero, entre tanto, Navarra trabajará con "los criterios establecidos y los compromisos que adquirimos" en el cuestionario que aprobó la Comisión de Apoyo a la Red de ACP, constituida conforme al DF 92/2020.
NA+ VE "INVASIÓN" COMPETENCIAL Y GEROA BAI UNA POSICIÓN "CENTRALISTA"
La portavoz de Navarra Suma, Marta Álvarez, ha considerado que este acuerdo "es una invasión de nuestras competencias en toda regla, que son exclusivas de Navarra". El acuerdo "entra en todo y deja en papel mojado nuestra capacidad normativa y uniformiza", ha criticado Álvarez, que ha reprochado que "ponen por delante los intereses de su partido a nivel nacional por encima de los interese de Navarra, nuestro fuero y nuestro autogobierno". Y ha destacado que "buscaremos la forma de ir a las instancias oportunas".
Por su parte, la socialista Nuria Medina ha celebrado este acuerdo y ha lamentado la "deriva política" de NA+ a la que ha acusado de "manosear nuestro autogobierno" para "atacar a los gobiernos de Navarra y España, aunque suponga oponerse a avances tan importantes como los que propone este acuerdo". Medina ha destacado que el acuerdo está "plenamente alineado" con el decreto foral navarro y ha compartido la apuesta de Navarra y el Estado por "trabajar por una reforma estructural de la atención a la dependencia". "Nadie entendería que después de lo vivido con la Covid nos cruzásemos de brazos y todo siguiera igual", ha concluido.
Isabel Aramburu, de Geroa Bai, ha opinado que este es un acuerdo "muy cuestionado" que fue aprobado "por la mínima" que "no es muy dispar" de lo que plantea el decreto foral navarro. Así, ha criticado que quienes han firmado este acuerdo "han hecho una interpretación cicatera de nuestras competencias y se han colocado en una posición centralista y recentralizadora". Ha mostrado su discrepancia con este acuerdo, "no tanto por su contenido" sino porque ha considerado que Navarra "debe tener su propio modelo de servicios" porque es competencia de Navarra y porque "es lo mejor para que la calidad de estos servicios sea óptima".
La representante de EH Bildu, Patricia Perales, ha abogado por "aprovechar al máximo todas nuestras competencias" y por que, desde el Parlamento foral, se trabaje para "asumir más competencias de las que tenemos" porque "es nuestro derecho y ganamos en eficacia". "Son cuestiones en el ámbito social que nos corresponde y que tenemos que trabajar aquí", ha defendido Perales que, no obstante, ha reconocido que el acuerdo hace "avances en derechos sociales". A NA+ le ha acusado de usar el autogobierno para "defender los intereses de las empresas privadas" frente a los de las personas mayores.
