Los juzgados y tribunales navarros recibieron el pasado año 75.368 nuevos procedimientos, un 12,1% más que en 2021, cuando se registraron 67.226, según recoge el informe estadístico sobre la Situación de los órganos judiciales en el cuarto trimestre de 2022, difundido este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial.
En el mismo periodo, se resolvieron un total de 71.013 procedimientos, un 3,3% más que en 2021, cuando se concluyeron 68.732; y quedaron en trámite 24.945, lo que representa un incremento del 21,8% respecto al final del año anterior, en el que los asuntos pendientes ascendieron a 20.470.
Por jurisdicciones, en civil, el número de demandas ingresadas en 2022 se situó en 27.167 (24.967 en el año anterior), un aumento del 8,8%. En esta materia se resolvieron 24.790 procesos (26.040 en 2021), un descenso del 4,8%; y quedaron en trámite 12.501 (10.141 un año antes), un incremento del 23,2%.
En penal, el año pasado se incoaron 40.926 procedimientos (35.391 en 2021), un ascenso del 15,6%; se resolvieron 39.551 (35.457 el año anterior), un aumento del 11,5%; y quedaron en tramitación 8.224 (6.767), un incremento del 21,5%.
Asimismo, en la jurisdicción contencioso-administrativa en 2022 se registraron 1.875 nuevos pleitos (2.070 en 2021), lo que supone una disminución del 9,4%; se finalizaron 1.863 (2.564), una reducción del 27,3%; y quedaron pendientes 913 (828 en 2021), lo que arroja un ascenso del 10,2%.
Por último, en 2022 los litigios ingresados ascendieron a 5.400 (4.798 en 2021), un aumento del 12,5%; se concluyeron 4.809 (4.671), un incremento del 2,9%; y quedaron en trámite 3.307 (2.734 un año antes), un ascenso del 20,9%.
Navarra se sitúa como una de las comunidades con menor tasa de litigiosidad con 113,5 asuntos por cada 1.000 habitante, por debajo de la media del conjunto de España con 140,8 asuntos por cada 1.000 habitantes.
Las comunidades autónomas que han mostrado una tasa de litigiosidad superior a la nacional han sido Canarias (181), Andalucía (149,6), Asturias (145,4), Madrid (145,2), Murcia (144,8), Cataluña (144,6), Baleares (142,3) y Comunidad Valenciana (141,3). Los territorios con la tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (101,7), País Vasco (105,3) y Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra (113,5).
