Instan al Gobierno de Navarra a diseñar un plan estratégico para el cumplimiento de los fines de la Fundación Pública para la Provisión de Apoyos a la Discapacidad

Foto: Parlamento de Navarra
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Se apela a las dificultades añadidas derivadas de la entrada en vigor de la Ley 8/2021, que mediatiza todavía más la gestión de los casos, cada vez más numerosos y complejos
Instan al Gobierno de Navarra a diseñar un plan estratégico para el cumplimiento de los fines de la Fundación Pública para la Provisión de Apoyos a la Discapacidad

El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin y las abstenciones de UPN y Vox, una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “realizar un Plan Estratégico de la Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad, que diseñe y defina la organización y las estrategias más adecuadas para propiciar el mejor cumplimiento de los fines y objetivos que esta entidad tiene encomendados”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. Geroa Bai justifica su iniciativa en las “dificultades de funcionamiento” derivadas de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, cuya entrada en vigor obligó a “modificar los estatutos, la denominación y los fines de la Fundación, desde entonces dedicada a ejercer las medidas de apoyo judicialmente acordadas”.

A ese respecto, se precisa que la actividad de la Fundación Navarra para la Tutela de las Personas Adultas venía ya mediatizada por el incremento de la actividad y la mayor complejidad de los casos atendidos, en buena medida centrados en “personas mayores de 65 años con enfermedad mental grave” y, en ocasiones, afectadas por “dificultades socioeconómicas o procesos de exclusión social”.

La proponente concluye llamando a actuar para facilitar la operatividad de la Fundación, con el fin de posibilitar el desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad de aquellas personas adultas que, por resolución judicial, se le encomienden a la Administración Foral.