La Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Navarra ha aprobado este martes el dictamen en relación con el proyecto de la Ley Foral de atención a las personas con discapacidad en Navarra y garantía de sus derechos.
El texto, según han informado desde el Legislativo en nota de prensa, faculta "un marco normativo propio con perspectiva de género, abierto a los nuevos enfoques de inclusión y accesibilidad, así como a los requerimientos de la sociedad digital, todo ello en un escenario demográfico tendente al envejecimiento de la población".
El proyecto de Ley, que será elevado a Pleno, previsiblemente el día 17 de noviembre, para su definitivo debate y votación, tiene por objeto adaptar la legislación foral a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad para, "superando la dispersión normativa, seguir avanzando en la consecución de una sociedad más inclusiva y accesible, que garantice la autonomía, evite la discriminación y favorezca la igualdad de oportunidades, en particular de las personas mayores, con limitaciones o sujetas a dificultades temporales en su relación con el entorno".
Se propugna la "accesibilidad universal desde una óptica transversal", de modo que la participación "sea un hecho en todos los ámbitos sociales, especialmente en los que atañen a sanidad, derechos y servicios sociales, educación, vivienda, empleo, cultura, turismo, deporte y actividades de ocio".
Para hacer "efectivo" el derecho a la libre toma de decisiones, se promueve el reconocimiento de la capacidad jurídica para, de conformidad con la más reciente normativa internacional, europea y estatal, establecer "un sistema de protección y apoyos que facilite el ejercicio de la capacidad legal indispensable para vivir de forma independiente".
En ese sentido, se alude a la provisión de información y modelos de consentimiento en formatos "adecuados y comprensibles" (especial mención a los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público), así como a un acceso "sin barreras a entornos, procesos, productos, bienes y servicios".
Todo ello desde la constatación de que el número de personas con discapacidad u otras limitaciones "va a aumentar de manera significativa con el envejecimiento de la población y el incremento de la esperanza de vida". A ese respecto y según datos del Observatorio de la Realidad Social, se estima que la tasa de dependencia alcanzará en 2035 el 65,8%.
El texto remitido por el Gobierno se ocupa también de precisar los requerimientos de la educación inclusiva, tanto en el ámbito no universitario como en el universitario.
Entre las aportaciones agregadas al dictamen constan una serie de recomendaciones del Cermin, tales como "asegurar la supresión de barreras en la comunicación, entre otros emitiendo en lectura fácil y otros formatos (accesibles y comprensibles) las resoluciones de reconocimiento de la discapacidad; garantizar la coordinación entre los diferentes niveles de atención sanitaria, previendo también, cuando resulte preciso, las derivaciones a otras CCAA; posibilitar que las personas usuarias (de servicios) puedan estar acompañadas de animales de compañía; o completar el mobiliario urbano con contenedores accesibles".
En el capítulo sanitario, se han introducido precisiones tendentes a "salvaguardar la coordinación con las familias" en los casos de atención temprana a los menores entre 0 y 6 años; a comprometer la integración de las historias social y sanitaria y el acceso a ellas de los profesionales de todos los centros sociosanitarios; y a ampliar recursos y programas en el marco de la estrategia de envejecimiento activo que, teniendo en cuenta las especificidades derivadas de los distintos tipos de discapacidad, establezca el Plan de Salud, donde se incluirán protocolos para la detección de situaciones de maltrato.
Las respuestas a situaciones de emergencia o necesidad social recaerán, además de en la central del servicio de teleasistencia, en servicios públicos como los dependientes del sistema de salud u otros.
También se prevé una "atención educativa personalizada al alumnado con discapacidad que cause baja por motivos de salud (hospitalización o estancia domiciliaria) y se responsabiliza al Departamento de Educación, que contará con un centro de atención y recursos de referencia para toda Navarra, de la elaboración y actualización de un Plan de Atención a la Diversidad".
Por otra parte y en lo concerniente a la participación, se atribuye al Consejo Navarro de Discapacidad las funciones vinculadas al desarrollo y cumplimiento de esta Ley, sin menoscabo del Consejo para la Promoción de la Accesibilidad Universal y de la Igualdad de Oportunidades, que se mantiene centrado en la accesibilidad, en la supresión de barreras materiales e inmateriales.
En cuestión de empleo, se encomienda a la Administración foral la elaboración de un diagnóstico sobre la situación laboral de las personas con discapacidad que, en lo relativo a los Centros Ocupacionales, se traduce en la dotación de plazas "suficientes, diversificadas, bien distribuidas territorialmente y sujetas a los convenios de colaboración precisos con las entidades prestadoras de esos servicios".
A tal fin, el Departamento de Derechos Sociales constituirá un grupo de trabajo encargado de definir perfiles, programas, ratios y tipo de profesionales que se requieren en los centros ocupacionales, donde además se potenciarán los planes de envejecimiento activo, en el marco de la estrategia que establezca el Plan de Salud.
Las entidades locales podrán recabar el apoyo del Departamento competente para elaborar sus propios planes. En ese sentido, se hace constar que, "siempre que sea posible", la atención sanitaria incluirá iniciativas públicas para la rehabilitación domiciliaria, para lo cual habrán de habilitarse los recursos humanos y económicos "suficientes".
Lo dispuesto en el proyecto de Ley alcanza también a la Ley Foral 15/2016, cuya modificación se proyecta para ajustar la legislación foral de la Renta Garantizada a la normativa estatal del Ingreso Mínimo Vital (IMV). A su vez, se reforma la Ley Foral 16/2006 del Juego para adecuarla a la normativa existente en materia de discapacidad, en concreto para excluir de la práctica y acceso a los establecimientos de juegos y apuestas a "quienes por decisión judicial así se haya establecido".
En cuestión de formación, se promoverá la capacitación "precisa" en tema de derechos y prestación de apoyo a personas con discapacidad, tanto entre en el personal de las Administraciones públicas como entre los distintos operadores jurídicos.
En el orden fiscal y a iniciativa de Navarra Suma, se compromete a la Administración a adoptar medidas tributarias para compensar a las personas con discapacidad y sus familias, "con criterios de progresividad", por los sobrecostes que implica su discapacidad".
En cuanto al ámbito de aplicación, se ha acordado dar margen al Departamento de Derechos Sociales para actuar en los supuestos "excepcionales en los que no habiendo empadronamiento, requisito para acceder a los servicios sociales, sí conste arraigo familiar". La enmienda de Navarra Suma que así lo dispone ha prosperado por asentimiento.
Para lograr la plena ejecución de esta Ley, cuyo desarrollo reglamentario habrá de estar concluido en el plazo de un año, se considera "fundamental" contar con la colaboración de las entidades de la discapacidad.
En el transcurso del debate efectuado en comisión se han debatido y votado 77 enmiendas (13 in voce), de las que se han aprobado 40, 12 presentadas por Navarra Suma, 11 por PSN y Geroa Bai, 6 por Geroa Bai, 5 por EH Bildu y otras 6 en diferentes combinaciones.
