Este martes el Observatorio de Derechos Lingüísticos (Hizkuntz Eskubideen Behatokia) ha presentado el informe Situación de los Derechos Lingüísticos 2023 en el Palacio del Condestable de Pamplona, que analiza los acontecimientos y deficiencias que se han dado a lo largo del año pasado en Euskal Herria. En la presentación del informe han estado presentes la directora de Behatokia, Agurne Gaubeka, y la técnica Garbiñe Petriati.
En los últimos 10 años no ha habido ningún salto cualitativo en el reconocimiento de los derechos lingüísticos
«En este momento en el que se piden avances a las instituciones a través de la KORRIKA que está atravesando el territorio del euskara, las y los ciudadanos denuncian que cada año siguen luchando contra el mismo muro, los mismos obstáculos. Seguimos con las mismas vulneraciones y limitaciones que se repiten en los últimos 10 años y, en lugar de darles solución, los derechos lingüísticos de los vascoparlantes se siguen situando los mismos parámetros: el carácter secundario del euskara y la desigualdad de los derechos lingüísticos y de las lenguas minorizadas», ha valorado la directora de Behatokia, Agurne Gaubeka. De hecho, algunos de los casos recogidos en 2023 demuestran cómo se condiciona el uso del euskara en los servicios y actividades básicas que recibe la ciudadanía.
Más allá de considerar como simples quejas o protestas los análisis, denuncias y reflexiones del informe presentado hoy, Behatokia considera que deben servir para construir una sociedad más igualitaria y justa en los espacios y servicios tanto públicos como privados.
Es sabido que el estatus y el reconocimiento del euskara en Zuberoa, Baja Navarra, Lapurdi, sur de Navarra y Treviño y Villaverde-Turtzioz dificultan la adopción de decisiones o medidas correctoras en la política lingüística, por lo que se abandona a la mera voluntad de particulares y empresas desarrollar en euskara la prestación de servicios, aprender el idioma, o trabajar y consumir en euskara.
Sin embargo, en el resto de ámbitos en los que el euskara tiene cierto estatus, las incidencias recibidas en 2023 demuestran una falta de medidas efectivas en relación con la garantía de los derechos lingüísticos. Aunque el euskara tiene un estatus oficial en algunos territorios y la ciudadanía debería tener garantizado el derecho a utilizar el euskara, los que no conocen el euskara marcan el alcance de esa garantía.
Una muestra de las vulneraciones de derechos
Garbiñe Petriati, técnica de Behatokia, ha ofrecido los datos recogidos por la entidad. En 2023 se recibieron un total de 987 incidencias a través de las llamadas y servicios telemáticos del Teléfono del Euskara que ofrece el observatorio. Del total de incidencias, 909 son quejas, 49 felicitaciones y 29 consultas, sugerencias u otros.
A pesar de un ligero descenso de quejas recibidas el año anterior, Petriati ha puesto el énfasis en la brecha entre los datos y la realidad: «Hay que tener en cuenta que esta cifra no es más que una muestra de la realidad. De hecho, sabemos que muchos ciudadanos han tenido el reparo de solicitar sus servicios en euskara por miedo a retrasos u otros daños colaterales, sin identificarlos como una vulneración de derechos». En palabras de la técnica del observatorio, esto es un indicador de las carencias de todo el sistema: «Aunque el ciudadano o ciudadana tenga conciencia de sus derechos lingüísticos, si quiere recibir el servicio sin obstáculos, a menudo le hace renunciar a utilizar el euskara».
A continuación, se resumen las vulneraciones de derechos y retrocesos más significativos recogidos en los apartados temáticos del informe Situación de los Derechos Lingüísticos 2023. El informe completo (en euskara) se puede consultar en la web www.behatokia.eus.
Situación de derechos lingüísticos por ámbitos
En cuanto a la sanidad, en la atención primaria o en los centros administrativos los servicios en euskara no se garantizan correctamente y todavía hay limitaciones o condiciones para trabajar en euskara. En la Comunidad Autónoma Vasca, aunque en los servicios de Osakidetza se de la opción de elegir la lengua, no ofrece garantías en algunos centros de salud o especialidades y se condiciona la decisión del o de la paciente. En Osasunbidea, en toda Navarra sólo se puede solicitar relacionarse en euskara por escrito, pero no se adoptan las medidas necesarias para garantizar la atención sanitaria en euskara. En general, la situación en los servicios de los médicos de especialidad es aún peor.
En educación, la oferta en euskara es menor y muchos materiales aún no están disponibles en euskara. Se perpetúan los mismos obstáculos que en los últimos años para difundir el modelo de enseñanza en euskara en Iparralde y en la Comunidad Foral de Navarra, vulnerando el derecho a aprender euskara a miles de niños, niñas y jóvenes.
Si se mira a las administraciones públicas, a pesar de que en las administraciones generales y en los ayuntamientos se demande recibir el servicio en euskara, en ocasiones se exige a la persona que cambie de idioma (al castellano o al fracés), o se condiciona la elección de la lengua provocando retrasos y esperas significativas, entre otros perjuicios. Cuesta que la propia administración realice una oferta activa en euskara, y en los servicios subcontratados no se establecen y garantizan adecuadamente los criterios lingüísticos.
En cuanto al ocio, la cultura y el deporte, la oferta en euskara es mucho menor. Es preocupante que, a partir de una edad, se anima a consumir o a realizar actividades de ocio en castellano o francés a los y las jóvenes que hablan euskara. Por otra parte, hay falta de recursos e inversiones y no se trabaja en la obligación de los cines y de las grandes plataformas de streaming para hacer oferta en euskara.
En cuanto a las policías, la falta de garantía inmediata del servicio y atención en euskara sigue causando daños colaterales a la ciudadanía. Además, aunque la vulneración de los derechos lingüísticos puede poner en riesgo la integridad, la seguridad o la protección de los y las ciudadanas, este último año no se ha avanzado en este ámbito.
En la Justicia las vulneraciones de los derechos lingüísticos son sistemáticas. La falta de protección y de mecanismos, las incertidumbres y la prolongación de los plazos por el uso del euskara condicionan o limitan significativamente la decisión de la ciudadanía.
En cuanto a los servicios privados, se deja en manos de la voluntad que las empresas y establecimientos puedan ofrecer sus servicios en euskara, lo que hace que la ciudadanía tenga que consumir en castellano o francés. En el ámbito laboral tampoco se garantiza el derecho a trabajar en euskara. Faltan herramientas, capacitación y costumbre para trabajar en euskara.
En cuanto al paisaje lingüístico del ámbito público y privado (señales de calle, carteles informativos, publicidad...), en muchos lugares se sigue priorizando el castellano y el francés, y en ocasiones no hay presencia del euskara o la presencia es menor o secundaria.
Por otro lado, se están estabilizando las medidas para superar las vulneraciones que debían ser transitorias, y en lugar de avanzar con ambición y determinación, se sigue perpetuando y limitando la elección lingüística de las personas que quieren vivir en euskara. En ocasiones, las leyes, decretos, planes de euskara, ordenanzas y otras normas no establecen medidas correctoras.
Actitudes y decisiones contrarias a las medidas para garantizar los derechos lingüísticos
Por último, Behatokia ha destacado la persistencia en 2023 de las decisiones y actitudes contrarias a las medidas para garantizar los derechos lingüísticos. Más allá de las sentencias derivadas de los tribunales –las contrarias a la Ley Municipal y a su decreto de desarrollo, la anulación de perfiles lingüísticos, etc.–, las medidas no adoptadas en política lingüística y los retrocesos aprobados –la Ley del Consumidor de la CAV, los recortes en varias ordenanzas municipales de Navarra...– dejan sin protección legal suficiente los derechos de las y los ciudadanos y la elección de vivir en euskara.
Y es que, aunque poder vivir en euskara debería ser uno de los pilares de una sociedad más igualitaria y justa, lo que es un derecho se traslada a parámetros del mercado de oferta y demanda. Por lo tanto, en 2023, en lugar de aplicar los principios de equidad a una lengua en situación de vulnerabilidad, se han seguido haciendo planteamientos para perpetuar la minorización.
