Navarra Suma ha mostrado su oposición al proyecto de Decreto Foral por el que se aprueba el “Plan de recuperación y conservación de las aves esteparias de Navarra” y ha criticado sus “impactos negativos”.
Así, el portavoz de Desarrollo Rural de la coalición, Miguel Bujanda, lo considera “una iniciativa absolutamente desproporcionada y negativa tanto por el elevado número de hectáreas y entidades a las que va a afectar como porque ataca de manera directa a todo uso de suelos privados y municipales y por las repercusiones que va a tener en la competitividad de la Comunidad Foral”.
“El Departamento de Medio Ambiente, con la consejera Itziar Gómez y el director general Pablo Muñoz, será el que decida y controle el uso de nada menos que veintitrés nuevas zonas ZEPA y ZEC equivalentes a 98.177 ha. de terreno que incluyen a más de 50 entidades locales”, ha alertado.
Miguel Bujanda ha destacado “los impactos negativos que, de aprobarse tal y como está redactada, tendrá la iniciativa del Gobierno de María Chivite en el Canal de Navarra, la agricultura y ganadería de Navarra, la caza, el sector de energías renovables y el desarrollo de actividades económicas en general. Ello va a suponer una pérdida competitiva para la Comunidad Foral debido al aumento de los costes y limitaciones que supondría el establecimiento de dicha protección ambiental (informes de impacto ambiental, limitación en el tamaño de las actividades, prohibiciones de instalaciones de telefonía móvil e internet, infraestructuras, etc.)”.
“El Gobierno de María Chivite va a añadir más trabas a las actuales para ser un lugar atractivo económicamente”, ha añadido.
En relación con el Canal de Navarra, “además de suponer limitaciones para el establecimiento de regadíos, la nueva normativa es un ataque directo a las áreas de desarrollo de la ampliación de la primera fase y a la segunda, unido al impacto que pueda tener en las empresas agroalimentarias que se quieran instalar”, ha explicado el portavoz de Desarrollo Rural.
“Asimismo, obligará a trasladar los proyectos de energías renovables de suelo de bajísima productividad agrícola hacia lugares de alto rendimiento sin limitaciones, con lo que esto conlleva para la producción de alimentos”, ha agregado.
En definitiva, para Bujanda, “esta normativa va en contra de unas políticas de fomento de la convivencia sostenible de las iniciativas y actividades económicas con la protección del medio ambiente a través del desarrollo de medidas modernas, adecuadas y consensuadas con el medio rural navarro”.
“Este decreto foral será la puntilla para muchas zonas de Navarra al ver limitadas sus posibilidades de desarrollo por un falso ecologismo apoyado en informes totalmente desfasados y cuestionables como excusa”, ha advertido.
Por otro lado, desde la coalición de UPN, Ciudadanos y PP también han cuestionado que la aprobación de un decreto foral sea el instrumento más adecuado, “ya que encierra enormes limitaciones, restricciones y prohibiciones sobre terrenos de propiedad privada y municipal sin ningún tipo de compensación”. “Esta situación no es admisible en nuestro ordenamiento jurídico, pero tampoco lo es conforme a la normativa europea”, afirman.
A ello se suma, agregan, que “además de utilizar el Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra, que se encuentra derogado por los tribunales, no informaron de este decreto en el consejo consultivo de medio ambiente, no han contado ni informado a los agentes económicos ni los municipios afectados y han hecho coincidir el periodo de alegaciones con el verano”.
Por todo ello, en caso de que se apruebe el texto actual, Navarra Suma ha anunciado que las entidades locales gobernadas por la coalición afectadas recurrirán el decreto y pedirán su suspensión.
