El diputado de UPN, Alberto Catalán, ha rechazado hoy “una investidura basada en la impunidad de delincuentes, en el blanqueamiento de los herederos políticos de ETA y en la quiebra del Estado de derecho”.
Para UPN, ha dicho, “la amnistía es una traición a la transición Constitución Española, una humillación al sistema democrático español, de manera especial, a uno de los principios básicos del Estado de derecho, como es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”.
Por ello, ha afirmado que “desde UPN no podemos permanezcamos callados, un partido que es el frente de contención del secesionismo en Navarra, que ha padecido la persecución, la amenaza y la muerte por oponernos a sus objetivos”. “Desde un partido que defiende la Navarra foral y española, decimos no”, ha señalado Catalán para defender el voto contrario a la investidura
El diputado regionalista ha iniciado su intervención exclamando que “basta ya de falsear la realidad”. “Hoy ni estamos hablando de mejorar la convivencia de nuestro país, ni siquiera en Cataluña, no es cuestión de generosidad o de concordia, en ningún caso, es única y exclusivamente ceder al chantaje de los independentistas para conseguir sus votos y mantenerse en el poder a cualquier precio: eso es este proceso de investidura”.
Catalán ha afeado a Sánchez que “sus socios son los que dicen que vienen a acabar con la Constitución de 1978”. “A segar”, ha dicho, en referencia a la expresión utilizada por la portavoz de Bildu en el Parlamento de Navarra, que ha calificado de “expresión macabra”.
Dirigiéndose a Sánchez, ha señalado que “había que blanquear a los herederos políticos de ETA para conseguir sus votos y mantenerse en el poder, tanto en Navarra como en Madrid. Hasta la propia presidenta de Navarra ha sido su alumna aventajada y en dos procesos de investidura a los que se ha sometido ha salido adelante gracias al voto de Bildu”.
Asimismo, ha recordado cómo mientras en el Ayuntamiento de Vitoria Bildu se negaba a condenar el ataque a la tumba de Fernando Buesa, “en Navarra, el PSOE daba sus votos al candidato de Bildu a la presidencia de la Federación Navarra de Municipios y Concejos”.
A este respecto, ha destacado también el rechazo del PSOE a la propuesta de UPN para dar a un socialista dicha presidencia, “un nuevo despreció al principal partido de la Comunidad Foral, que ha llegado a ofrecer – ha recordado- la gobernabilidad de Navarra y la aprobación de los presupuestos siempre que el PSOE aislase a aquellos que siguen sin condenar los atentados de ETA”.
Además, ha criticado que Sánchez haya realizado varios cambios legislativos, pero no para modificar la ley y poder sancionar los actos de enaltecimiento de los terroristas de ETA.
En la misma línea, el diputado de UPN ha denunciado “la falta de sensibilidad de este gobierno” al firmar “incluso” un acuerdo con Bildu para llevar a cabo las transferencias de tráfico a Navarra y poner una fecha a la salida de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. “Un acuerdo que era totalmente injusto e innecesario”, ha aseverado Catalán, que se ha encargado de recordar a Sánchez que se trata de un acuerdo distinto al firmado en 2003 por los ex presidentes Aznar y Sanz.
Y le ha pedido claridad con los pactos con la izquierda radical vasca. “Porque Bildu no da nada gratis. Ha hablado y pasará tarde o temprano su factura. Cuando Bildu habla de territorialidad ya sabemos lo que se pone encima de la mesa, la anexión de Navarra por esa quimera que se denomina Euskal Herria”. “Por cierto, por mucho que se empeñen, Euskal Herría como nación no existe”, ha dirigido a la bancada de la izquierda abertzale.
“Espero que dé respuesta a los acuerdos alcanzados con Bildu, no vaya a ser que esos acuerdos ofendan a la mayoría del pueblo español”, ha incidido.
Finalmente, ha denunciado la “falta de respeto institucional” del PSOE tras haber negociado “con partidos minoritarios en Navarra y que no tienen representación en esta Cámara por la circunscripción de la Comunidad Foral de competencias propias de nuestra Comunidad”, y ha avanzado que UPN exigirá modificar el convenio económico para reclamar 550 millones tras los acuerdos para condonar la deuda en otras Comunidades Autónomas.
