En un escrito firmado conjuntamente por Geroa Bai, EH Bildu y PSN y dirigido a Alcaldía, los tres grupos que conforman la mayoría del Ayuntamiento exigen la apertura de un expediente disciplinario por el continuo e injustificado retraso en la tramitación del cambio reglamentario para crear comisiones de investigación. El escrito recuerda que, desde el área de Gobierno Estratégico, responsable de esta tramitación, se están vulnerando de forma sistemática los principios legales que ordenan la celeridad en la tramitación de un expediente y que se está haciendo, además, en contra del dictamen jurídico y de las advertencias de la secretaría del Pleno.
En concreto, la petición de Geroa Bai, EH Bildu y PSN plantea incoar el expediente disciplinario a quien ocupa la Secretaría Técnica del Área de Gobierno Estratégico por ser “salvo que se determine otra persona como responsable, la persona al servicio de esta Administración Pública que tiene a su cargo la resolución de este expediente y, por consiguiente, responsable directa de su tramitación”. Los tres grupos recuerdan que éste es un cargo de libre designación nombrado por Ana Elizalde, concejala del área y primera Teniente de Alcalde, y que su inacción para remover los obstáculos del expediente vulnera “el ejercicio pleno de los derechos de los y las concejalas” como representantes de la ciudadanía.
Reproduciendo el contenido de los informes emitidos al respecto por la Secretaría del Pleno, el escrito presentado ante Alcaldía recuerda que “la conclusión no puede ser más clara y taxativa: las dilaciones en la tramitación de esta proposición normativa no estaban justificadas y eran arbitrarias y al momento de emitirse el informe no existía ningún impedimento para seguir con la tramitación”. El último informe del secretario se emitió con fecha 22 de septiembre (hubo dos previos fechados el 21 de junio y el 22 de julio) y a día de hoy ni siquiera se han sustanciado en la página web municipal “los trámites de consulta, audiencia e información públicas”, exigidos por la Ley, denuncian los grupos.
Repasando el articulado de la Ley de Procedimiento Administrativo y la jurisprudencia al respecto, el escrito sentencia que “no queda rastro de duda de que la demora en la resolución de los expedientes puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria”. En este caso concreto, las dilaciones se califican
como “muy grandes y continuas, incluso después del informe al secretario municipal”, lo que, a juicio de los tres grupos firmantes, supone una “actuación obstruccionista” que deriva en “una mala práctica administrativa o de mala fe”. “El silencio y las resoluciones tardías de la Administración no pueden tomarse como algo normal en el quehacer administrativo. Por el contrario, se trata de un flagrante incumplimiento de su obligación de responder y de una censurable y perniciosa praxis”, concluye el escrito.
