El Instituto Navarro para la Igualdad, junto a Juezas y Jueces para la Democracia, ha reunido este jueves en torno a un centenar de personas que trabajan en la Administración de Justicia y profesionales que atienden a víctimas o autores de actos de violencia contra las mujeres en la jornada de formación \'Perspectiva de Género y Justicia Penal\'.
Durante la misma, las ponentes de la jornada, expertas del ámbito judicial, han apostado por la formación en perspectiva de género de las y los profesionales que trabajan en este ámbito, como una parte esencial para erradicar la violencia contra las mujeres. Así, a través de dos mesas redondas, se han puesto en común ejemplos de buenas prácticas que se desarrollan dentro de cada cuerpo o servicio profesional en otros territorios que pueden servir de referencia para mejorar el servicio prestado desde la Administración de Justicia a la ciudadanía navarra.
El vicepresidente y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, ha realizado la apertura de la jornada, durante la cual ha agradecido la “implicación” de las personas asistentes, “la numerosa respuesta a esta convocatoria es un reflejo de la necesidad de formación especializada que se demanda y requiere por los diversos colectivos profesionales que realizan su labor en este ámbito”, ha dicho.
“La formación permanente y adecuada de las y los profesionales que atienden a víctimas o autores de todos los actos de violencia contra las mujeres en el ámbito judicial resulta necesaria y da cumplimiento a toda la normativa europea, estatal y autonómica”, ha asegurado.
“El compromiso del Gobierno de Navarra para hacer frente a esta materia es firme. Entre otras acciones, en Navarra se está trabajando en la implantación del Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual, que abrirá sus puertas a finales de año, cumpliendo los criterios de atención permanente y atención urgente y facilitando atención psicológica, jurídica y social para para víctimas de violencias sexuales y su entorno”, ha recordado.
Asimismo, el consejero Remírez ha puesto de relieve la necesaria colaboración entre instituciones y entidades profesionales para profundizar en la formación especializada en materia de violencia contra las mujeres. Algo en lo que también ha incidido la Magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Esther Erice, quien ha señalado la coordinación y formación de los distintos profesionales que intervienen en este ámbito como “una materia relevante”.
“Mientras que las medidas de prevención primaria avancen y sean eficaces a lo largo del tiempo, la correcta investigación y enjuiciamiento de estos delitos resulta imprescindible tanto para la seguridad, resarcimiento y recuperación de las víctimas y como para la sanción y tratamiento de los victimarios”, ha asegurado.
Por su parte, la directora gerente Istúriz ha puesto en valor las políticas de igualdad como “herramienta imprescindible” para acabar con las violencias contra las mujeres, así como el empuje del feminismo y el rechazo de la ciudadanía navarra a este tipo de violencia. “Todo ello nos ha permitido tener un marco normativo avanzado que pone en el centro a las mujeres víctimas y supervivientes, a la vez que facilita la coordinación y capacitación de todos los agentes implicados y de todas las administraciones: estatal, foral y local”, ha subrayado Istúriz.
Perspectiva de género en procesos penales
La formación, que ha tenido lugar esta tarde en el Planetario de Pamplona / Iruña, ha contado con dos mesas redondas en las que han participado ponentes especializadas en el enjuiciamiento con perspectiva de género. En la primera mesa, en concreto, han participado la magistrada de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, Ana Ferrer; y la fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato. La mesa ha estado moderada por la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Esther Erice.
En su intervención, la magistrada de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, Ana Ferrer, ha explicado que aplicar la perspectiva de género en el ámbito de la justicia consiste en “detectar dónde se da un foco de discriminación basado en los roles que histórica y socialmente se dan a hombres y mujeres y defender la lucha contra la violencia contra las mujeres con instrumentos jurídicos”.
Asimismo, ha insistido en que la aplicación de esta perspectiva tiene soporte normativo y es “obligatoria”, en tanto que se sustenta en el principio de igualdad, y que es posible “aplicar medidas positivas que traten de evitar la discriminación de género en el proceso penal, velando siempre por la presunción de inocencia”. En su exposición, Ferrer también ha citado ejemplos de las últimas interpretaciones jurisprudenciales aplicadas en delitos cometidos hacia las mujeres para ilustrar la aplicación de esta perspectiva.
En esa misma línea ha continuado la fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, quien ha señalado que “la perspectiva de género debiera aplicarse, en primer lugar, por parte del legislador y, posteriormente, por parte de jueces, juezas, magistrados y magistradas a la hora de dictar sentencias”. Además, se ha referido a los principales cambios introducidos en la Ley Orgánica 10/2022 y la Ley Orgánica 4/2023 y ha realizado una comparativa con los modelos normativos vigentes en otros países respecto a esta cuestión.
En la segunda mesa, entre otras cuestiones, han abordado el tema del consentimiento sexual afirmativo y han compartido la experiencia del Centro de Crisis para víctimas de agresiones sexuales de Asturias. Este tramo de la formación ha estado moderado por el INAI y ha contado con la participación de la profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Silvina Álvarez, y de la coordinadora del Centro de Crisis para Víctimas de agresiones sexuales de Asturias, Victoria Carbajal.
