El Gobierno central declara Navarra zona 'catastrófica' tras los últimos incendios

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes la declaración como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil las áreas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Navarra, Comunidad Valenciana y Murcia afectadas por los incendios de las últimas semanas, la mayoría provocados por la ola de calor que afectó a casi toda la península.

En concreto en Navarra, la declaración ZAEPC ha sido aprobada respecto a los incendios de Tafalla, Legarda, Arguedas y San Martín de Unx.

Así, a petición del Ministerio del Interior, se entregarán ayudas a estas comunidades autónomas para paliar los daños y recuperar las zonas afectadas por los incendios forestales sufridos este mes de junio.

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha anunciado el acuerdo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha señalado que estas catástrofes han afectado a una superficie de unas 52.000 hectáreas con "incendios de nueva generación" de las que 31.000 hectáreas quemadas se concentran en la provincia de Zamora.

Rodríguez ha precisado que en apoyo a las comunidades autónomas, que ostentan las competencias en materia de incendios forestales, el Gobierno ha aportado más de 1.800 efectivos, 600 vehículos, 24 aviones, 3 helicópteros, 4 aviones de coordinación y 14 Brigadas de Lucha contra Incendios Forestales (BRIFS).

La ministra portavoz ha añadido en relación con este acuerdo que la última Conferencia de Presidentes se abordó "este asunto" de modo que el Ejecutivo está trabajando en un "plan horizonte" para la mejora de los sistemas de Protección Civil que "ha presentado fortalezas" en los últimos meses.

En todos los casos, estos incendios alcanzaron tal gravedad que las comunidades autónomas afectadas se vieron obligadas a activar sus respectivos planes de protección en una situación operativa de niveles 1 o 2, tal y como establece el Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM).

En concreto, la declaración ZAEPC ha sido aprobada respecto a los siguientes incendios: Sierra Bermeja (Málaga), Tafalla (Navarra), Artesa de Segre (Lleida), Riofrío de Aliste (Zamora), Nonaspe (Zaragoza), Castellar de la Ribera (Lleida), Caudiel (Castellón de la Llana), Ayoó de Vidriales (Zamora), Mazarrón (Murcia), Legarda (Navarra), Arguedas (Navarra), Barbastro (Huesca), Castejón de Tornos (Teruel) y San Martín de Unx (Navarra).

Además del daño medioambiental, estos incendios han requerido la evacuación preventiva de casi 4.000 personas y provocado graves desperfectos en infraestructuras y en bienes públicos y privados, así como en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas, si bien en este momento no han podido ser plenamente cuantificados.

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, prevé que cuando se produzca una emergencia cuya magnitud requiera para su recuperación la intervención de la Administración General del Estado, se aplicarán las medidas recogidas en su Capítulo V del Título II, previa declaración de la ZAEPC por acuerdo del Consejo de Ministros.

Las medidas de recuperación previstas en este acuerdo, cuya ejecución corresponden al Ministerio del Interior incluyen ayudas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente, hasta 18.000 euros; ayudas por destrucción o daños en enseres de primera necesidad: el coste con un límite de 2.580 euros; ayudas por destrucción total de la vivienda habitual: el coste de los daños, con un máximo de 15.120 euros; ayudas por daños a la estructura de la vivienda habitual: el 50% de los daños, con un máximo de 10.320 euros.

Por otro lado, se incluyen otras ayudas por otros daños en la vivienda habitual: el 50% de los daños, con un máximo de 5.160 euros; por daños a elementos comunes de una comunidad de propietarios: el 50% de los daños, con un máximo de 9.224 euros; a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestaciones personales y de bienes: el importe total de los gastos; a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos: hasta 9.224 euros.

Asimismo, las ayudas también podrán beneficiar a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables: entre el 50% y el 100%, según los casos.

El acuerdo también prevé la posibilidad de que se apruebe una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados.

Por otro lado, el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros prevé la adopción de otras medidas de ayuda, aunque deberán ser dictadas por orden ministerial de cada departamento competente tales como beneficios fiscales; medidas laborales y de Seguridad Social; ayudas a corporaciones locales, y daños en infraestructuras públicas y dominio público.

En cuanto a los beneficios fiscales, será el Ministerio de Hacienda y Función Pública concretará la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas que corresponden a los receptores de estas ayudas, que como es habitual estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales.

Mientras, los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán desarrollar medidas laborales y de Seguridad Social como bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social.

En cuanto a las ayudas a las corporaciones locales: el Ministerio de Política Territorial concederá ayudas, por un importe de hasta el 50%, a los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.

Por último, los daños en infraestructuras públicas y el dominio público, los restantes ministerios, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial, así como la emergencia de las obras, para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública o en el dominio público.