Más de la mitad de las personas que accedieron a la renta básica en 2022 no están disponibles para el empleo, totalizando 2.540 individuos de un total de 4.952. Estos datos, dados a conocer por la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu Villafranca, en una respuesta a una pregunta de la parlamentaria de UPN, Raquel Garbayo Berdonces, reflejan la situación actual, ya que aunque la ley exige que todas las personas receptoras de esta renta, en edad laboral, estén disponibles para el empleo es posible que se determinen circunstancias excepcionales por parte de los servicios públicos.
Entre los motivos que más destacan como impedimentos para acceder al empleo, aseguran desde Derechos Sociales, se encuentran la situación administrativa irregular, la falta de formación en jóvenes (de 16 a 18 años) y las dificultades para conciliar la vida familiar y laboral debido a la carencia de redes de apoyo.
Además, en otra respuesta el Gobierno concreta la distribución por nacionalidad de origen de las personas beneficiarias de la renta garantizada. Entre las principales nacionalidades se encuentra Marruecos, con 700 personas, seguido de nacionales españoles con 426 personas, de Colombia con 366. Le siguen en número Perú con 202 personas, Nicaragua con 97, Honduras con 77, Nigeria con 51 y Venezuela, con 42. También se encuentran significativas cifras de beneficiarios procedentes de Rumanía con 37personas, Ecuador con 27, y Brasil con 26. Entre las nacionalidades con menor número de beneficiarios se encuentran El Salvador, Cuba, y Guatemala, con cifras menores.
Estos datos resaltan la diversidad y complejidad de la población que recibe esta prestación, así como la necesidad de abordar los diversos desafíos que enfrentan para lograr una inclusión efectiva en el mercado laboral y en la sociedad en general.
