El Gobierno Foral deberá pagar más de 33.000 euros al Ayuntamiento de Fustiñana por intereses de demora tras la denegación inicial de una subvención para mejoras en sus calles

La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra  ha impuesto al Gobierno de Navarra el pago de 33.674,67 € al Ayuntamiento de Fustiñana  por intereses de demora en el pago de la subvención del PIL de 2017-2019. 

A través de una resolución el Gobierno de Navarra excluyó a Fustiñana del  plan de inversiones locales 2017-2019. Dicha resolución dejaba al ayuntamiento sin  una ayuda de 821.129,60 € que ya se habían destinado a la mejora de la  pavimentación y redes de abastecimiento y saneamiento de varias calles de la  localidad. 

La subvención fue retirada por el Gobierno de Navarra aduciendo retrasos en  el desarrollo de las obras y posteriormente los tribunales consideraron que no se dio  un incumplimiento de las condiciones por las que se otorgó la subvención, siendo  desproporcionada y excesiva la resolución, que daba por perdida la subvención  debido al retraso en el proyecto, dando la razón al consistorio. 

Sergio Vitas, alcalde de Fustiñana, se mostraba contento “en primer lugar porque se acabe de una vez este asunto y, por supuesto, porque los tribunales nos  han dado la razón en todas las instancias y hemos conseguido no sólo evitar que el  gobierno de María Chivite nos quitara 821.129,60 €, sino que también paguen las  costas del proceso y estos 33.674,67 € de intereses.” 

Vitas quiso dejar claro que “el Ayuntamiento de Fustiñana no ha reclamado  más que lo que en justicia le corresponde” y lamentó que “una gestión partidista de  este expediente por parte del Gobierno de Navarra haya supuesto un gasto extra a  las arcas forales, ya que de ellas saldrán las costas del proceso y los intereses. 

Así mismo recordó que “recientemente un informe de Cámara de Comptos  ponía en tela de juicio la manera de conceder y gestionar subvenciones a dedo a municipios por parte de Gobierno de Navarra” y exigió “un trato igual, justo y legal  para todos los municipios independientemente del partido que lo gobierne” 

 

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