El Gobierno de Navarra ha evitado la suspensión de tres artículos de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos tras un proceso de diálogo y negociación con el Ejecutivo central.
La solicitud de suspensión, que es automática si se invoca, le corresponde al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. La buena sintonía de ambos gobiernos en la negociación ha hecho que se evite la suspensión de la norma navarra en tanto en cuanto no resuelva el recurso el Tribunal Constitucional.
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, ha puesto en valor este acuerdo parcial alcanzado entre ambas administraciones en relación a la norma navarra, que posibilitará que esta mantenga, de momento, su vigencia, tal y como se aprobó por el Parlamento de Navarra. De igual modo, ha reconocido el trabajo desarrollado en el seno de la Junta de Cooperación entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España.
En relación a la interposición del recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado contra tres artículos de la citada norma como consecuencia de la modificación realizada en la Ley Foral de Presupuestos de Navarra para 2023, Félix Taberna se ha comprometido a “defender firmemente el autogobierno y los intereses de Navarra”. De igual modo, ha insistido en la importancia de “mantener abierto el cauce del diálogo con el Gobierno central”.
La impugnación del Gobierno de España se centra únicamente en tres preceptos de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. Se trata de aspectos puntuales en relación con las entidades a las que se les pueden reservar contratos, a la exclusión de la norma de algunos contratos artísticos, así como a lo relativo al sistema especial de compra de algunos medicamentos por parte del Servicio Navarro de Salud – Osasunbidea. Cabe recordar que en 2022 esta última cuestión ya originó un recurso de inconstitucionalidad.
Más de una decena de acuerdos en los últimos cuatro años
Desde que en agosto de 2019 María Chivite tomara posesión de su cargo como nueva Presidenta de Navarra, las administraciones de la Comunidad Foral y del Estado han alcanzado más de una decena de acuerdos en el seno de la Junta de Cooperación, lo que ha evitado otros tantos posibles recursos por parte del Estado ante el Tribunal Constitucional.
Cabe recordar que la Junta de Cooperación, o Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra en la normativa estatal, es el órgano bilateral que se encarga de plantear y, en su caso, resolver todas las discrepancias que se susciten entre la Administración del Estado y la Comunidad Foral de Navarra sobre los respectivos ámbitos competenciales.
Está integrada por igual número de representantes, tres en concreto, nombrados por el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España, quienes se remiten a sus equipos técnico y jurídico de manera previa a llegar a un consenso.
Se prevé que, en breve, el Gobierno de Navarra designe a sus nuevos integrantes en la citada Junta de Cooperación.
