El Gobierno de Navarra sigue trabajando para la reapertura de varias de las mugas entre Navarra y Francia, que el país galo mantiene cerradas desde 2021 argumentando cuestiones relacionadas con la lucha antiterrorista y la inmigración ilegal. La situación no afecta sólo a Navarra, ya que hay pasos similares en Aragón y en Cataluña también cerrados por similares motivos, y la queja ya fue planteada, tampoco con mucho éxito, por el Gobierno de España a través del ministro de Exteriores José Manuel Albares, a su homólogo francés.
En concreto, en una respuesta parlamentaria de la consejera Ollo, titular de Relaciones Institucionales del Gobierno de Navarra a petición del parlamentario de EH Bildu Maiorga Ramírez, los puertos afectados por el cierre son el puerto de Izpegi (de Erratzu a Saint Etienne de Baigorry), el puerto de Urkiaga (de Eugi a Aldudes, por Quinto Real), puerto de Larrau (del valle de Salazar a Larrau) . Habría un cuarto, cerrado más recientemente que afecta a la muga entre la Comunidad Foral de Navarra y Zuberoa, a la altura de Iturzaeta.
En su prolija respuesta, la consejera recuerda que hubo un primer cierre total en plena crisis pandémica (mayo de 2020), que "llevó a los Estados español y francés –y a otros estados europeos- a cerrar las fronteras, ocasionando graves perjuicios a la ciudadanía transfronteriza en particular y a la cooperación transfronteriza en general. La situación actual es diferente, pero sigue habiendo problemas derivados de decisiones estatales que afectan negativamente a la ciudadanía transfronteriza, como veremos más adelante".
"Desde el primer cierre de fronteras, dentro de aquel contexto de 2020, el Departamento de Relaciones Ciudadanas reclamó la apertura de las mismas en todos los foros que son de su competencia: Lo reclamamos a ambos estados a través de la Eurorregión Nouvelle Aquitaine, Euskadi, Navarra, y a través de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos y se lo expuse yo directamente también al Estado español en La Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea, la CARUE, que es el órgano de cooperación multilateral entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para el tratamiento de los asuntos de la Unión Europea. Finalmente, como ya se ha señalado, las fronteras se abrieron el 21 de junio de 2020. Pero algo más de medio año más tarde, volvieron a cerrarse parcialmente, por otros motivos", asegura Ollo que insiste en que en enero de 2021 "el Estado francés decretó de manera unilateral el cierre de siete de los diez pasos fronterizos con Navarra alegando motivos de riesgo terrorista. Solo quedaron abiertos Ibardin (Bera), Dantxarinea (Urdax) y Valcarlos-Arnegi. Esta decisión volvió a repercutir muy negativamente en la vida diaria de la ciudadanía transfronteriza".
De los siete pasos cerrados en origen, tres fueron reabiertos en marzo: el puerto de Lizuniaga (de Bera a Sara), el puerto de Lizaieta (palomeras de Etxalar) y el camino de Zugarramurdi a Sara (por Venta Berrouet), permaneciendo cerrados cuatro: puerto de Izpegi (de Erratzu a Saint Etienne de Baigorry), puerto de Urkiaga (de Eugi a Aldudes, por Quinto Real), puerto de Larrau (del valle de Salazar a Larrau) y puerto de Belagua (de Isaba a Arette, Piedra de San Martín), este finalmente abierto a finales de diciembre de 2021.
Olo recuerda que seguimos con tres pasos cerrados: Larrau, Urkiaga e Izpegi. Y esta situación sigue generando problemas a la ciudadanía que vive en torno a la frontera".
Ollo añade que el pasado "4 de octubre, en Bayona, hubo una protesta por el cierre de fronteras a cargo de Mathieu Berger, presidente delegado de la Eurorregión, ante la Mission Opérationnelle Transfrontalière (MOT), que es el organismo del Estado francés para cuestiones transfronterizas" y que "por su parte, Alain Rousset, presidente de la Eurorregión, de la que forma parte la Comunidad Foral de Navarra, ha dirigido una carta a la primera ministra de Francia, Elisabeth Borne, para reclamar la reapertura de los pasos fronterizos".
Finalmente Ollo insiste en la posible ilegalidad de la medida al asegurar que "en abril de este año, el Tribunal de Justicia de la UE concluyó que la introducción de controles en las fronteras interiores por parte de los Estados miembros debido a amenazas para el orden público o la seguridad interior no puede superar los seis meses y no puede volver a introducirse a menos que haya una nueva amenaza".
