La Administración se enfrenta a una situación sin precedentes debido al elevado volumen de partidas que se quedan paralizadas: las licitaciones desiertas se disparan un 559% en los dos últimos años al no encontrar ninguna compañía dispuesta a presentar una oferta. En 2022, según los datos de la firma tecnológica de soluciones analíticas DoubleTrade, se registraron 7.463 concursos públicos desiertos; lo que supone la paralización de 5.303 millones de euros provenientes de las arcas públicas, un 146% más que en 2021.
Esta tendencia se voltea en Navarra, donde tan solo hubo 24 licitaciones que no encontraron ninguna empresa interesada en ejecutar el trabajo, siendo la comunidad autónoma española con menos casos. En términos económicos, esto supone la paralización de únicamente 3 millones de euros; dato muy alejado de la realidad a escala nacional y que pone en valor la buena gestión de las administraciones licitadoras navarras.
La negativa de compañías de diversos sectores, que van desde construcción y suministros hasta servicios, a embarcarse en contratos públicos ha hecho saltar las alarmas de la Administración. Las empresas privadas denuncian un desajuste económico en el que los presupuestos ofertados son insuficientes y les impide recuperar la inversión debido al notable incremento de costes operativos producto de la crisis de los suministros.
El impacto de la crisis de los suministros que siguió a la pandemia fue agravado por una crisis energética provocada por la guerra de Ucrania en la que los precios de la energía subieron un 84%. Esto ha producido un mayor encarecido de los costes que se refleja en un aumento del 30% del precio de los materiales y se agudiza en casos como el aluminio (+55%) o el acero (+46%). Todo ello con una inflación anual desbocada en diciembre del 5,8%. Este incremento de costes no se replica en las ofertas públicas, lo que ha propiciado que se multipliquen las licitaciones desiertas y, por consecuencia, se paralice la ejecución de miles de obras y servicios.
Este contexto, heredado del año pasado, amenaza con empañar un 2023 con altas expectativas de inversión pública al coincidir un año electoral con comicios generales, autonómicos y municipales, junto al desembarco de gran parte de los fondos europeos Next Generation.
