Los médicos del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra (HUN)  sentimos el deber ético y profesional de escribir esta carta ante la evidente degradación del  Sistema Público de Salud de Navarra que parece haber entrado en una fase crítica. 

Queremos comenzar manifestando nuestro apoyo firme y solidario a los compañeros del  Servicio de Traumatología, que en las últimas semanas han sido objeto de ataques públicos  por parte del Consejero de Salud. Es profundamente desalentador observar como el  Consejero opta por el señalamiento público a los médicos en lugar de asumir la  responsabilidad de la gestión sanitaria navarra. Las declaraciones del señor Domínguez,  cargadas de medias verdades y ataques directos a la profesionalidad de nuestros  compañeros, son una estrategia fallida que solo busca desviar la atención de los problemas  que su consejería no ha sabido resolver. La gestión basada en la desacreditación mina la  moral de quienes somos un pilar importante del sistema sanitario. 

Nuestra propia realidad es el vivo reflejo de esta crisis. El Servicio de Urgencias del HUN  está dimensionado para atender adecuadamente un volumen determinado de pacientes  diarios; no obstante, con una frecuencia ya alarmante, estamos registrando incrementos de demanda asistencial que superan en un 30% o incluso un 40% nuestra capacidad operativa.  

Esta alta demanda, que antes era excepcional y ligada a epidemias estacionales, se ha convertido en algo muy habitual. Cualquiera que haya tenido que acudir a Urgencias en los  últimos meses ha sido consciente de esta situación de sobrecarga asistencial que produce  largos tiempos de espera en Urgencias. A esto se añade que la frecuente falta de camas  hospitalarias provoca que, pacientes pendientes de ingreso queden atrapados muchas  horas en el área de Urgencias, incluso durante la noche. Es una situación que deshumaniza  por completo la atención que merece el paciente y afecta gravemente a su dignidad en  momentos de especial vulnerabilidad.  

Trabajamos en turnos prolongados, con jornadas de 24 horas, que nos exigen mantener un  nivel de alerta máximo para garantizar la atención de pacientes críticos y de alta  complejidad. Sin embargo, la realidad asistencial está sobrepasando cualquier límite  razonable, obligándonos a trabajar en condiciones de gran fatiga física y mental.  

El sistema está roto. No es una frase retórica, es una realidad diaria. El Gobierno de  Navarra y la Consejería de Salud tienen el poder y la responsabilidad de llevar a cabo las  acciones necesarias que permitan el diálogo y la colaboración con los profesionales  sanitarios de forma que se pueda garantizar una adecuada atención a la sociedad. 

Firmado por Virginia Ruiz de Eguino, Cristina Urdánoz, Nerea Berrade, Angel Hernández, Amaia Arrieta, Elena Álvarez, Maider Igartua, Ruperto Medina, Silvia Martínez, Eduardo Mediavilla, Santiago Serena, Silvia Unanua, Blanca López de Jaime, Pablo García, Jorge Abadia, Naroa Lacunza, William Escamilla, Irune Fernandez, Rebeca Labeaga, Vanessa Suárez, Berta Elorz, Javier Infante, Raquel Sobrado, Fermina Beramendi, Antxon Ojeda, Alfonso Herrero, Miguel Basterra, Ane Erdozain, Andrea Revuelta, Ana García Arellano, Carmen Merino Rubio, Blanca Gorraiz, Ana Utrera Martínez, Andrea Baztán Ubani, Carmen Saiz, Alba Soto, Valle Molina, Bernabe Fernandez, Arantxa Bezunartea, Carmen Calvo, Yolanda Encina, Eider Arbizu, Josu Labandeira, Eugenio Hernández, Hugo Martínez Faya, Elisa Huarte, Miguel Castro Neira, Ana Cabodevilla, Marino Rodrigo, Rosaura Grocin, Guillermo de Ulibarri, Eneko Azcona, Susana Burusco, Jose Romualdo Acevedo, Myriam Martínez-Bayarri, Matilde Juanes, Eugenia García, Anabel Bardon, Carlos Beaumont, Nikole Velilla, y Leyre Urueña.

Carta abierta a mi paciente 

Estimado paciente: 

Soy plenamente consciente de las dificultades que estás encontrando para recibir la  atención médica que necesitas y te mereces. Las listas de espera parecen no tener fin: no  solo para acudir a consulta, sino también para realizar las pruebas complementarias como  una radiografía, ecografía, TAC, etc. Conseguir una cita se ha convertido ya en una odisea,  

en una tarea casi imposible, con colas interminables en la puerta del centro de salud.  Situación que se agrava cuando precisas una atención rápida por un proceso agudo o un  agravamiento de tu estado de salud o un seguimiento continuo y atento de tu enfermedad  crónica.  

Seguramente habrás escuchado en los últimos meses noticias sobre huelgas médicas en  Navarra y en el resto del país, así como declaraciones cruzadas entre responsables  políticos. Puede que no conozcas todos los detalles, pero sí percibes, con razón, que esta  situación no es sostenible, ya que la consecuencia final es el empeoramiento del sistema  sanitario que está ya repercutiendo directamente en tu salud. 

Con este escrito quiero confiarte que estoy sobrepasado, que no puedo más y que no voy  a continuar trabajando en las condiciones actuales. Los médicos llevamos muchos años  advirtiendo a nuestros gestores del déficit de facultativos, de la falta de tiempo y de  recursos necesarios para poder atenderos, y de la repercusión tanto en vuestra salud como  en la nuestra.  

La diferencia esencial de este conflicto con respecto a los demás, es que yo soy médico.  Ello conlleva un compromiso ético contigo por encima de cualquier circunstancia por lo  que es mi obligación - y así lo siento – cumplir con el código deontológico que te protege.  Sí, te protege. 

Por eso, aunque para la Administración seas un número más e intente reducir el tiempo  que puedo dedicarte, limitar los medios disponibles o retrasar intervenciones para  maquillar cifras, para mí, como médico, no eres una cifra, no eres un expediente más ni  un problema que resolver a toda prisa.  

¡Eres mi paciente!, y eso significa que, pase lo que pase, cuentas con mi profesionalidad,  mi preparación, mi criterio médico, mi responsabilidad y mi compromiso firme de situar  tu salud en el centro de cada actuación. Tus preocupaciones son también las mías. 

Te pido comprensión ante el conflicto actual y, además, te pido también tu apoyo.  

Si la Administración mejora nuestras condiciones laborales repercutirá directamente en  la mejora de la atención médica que precisas y mereces.  

Recibe un cordial saludo, 

Tu médico

Estamos en el siglo XXI y todavía hay países democráticos, entre ellos el nuestro, donde persiste la monarquía. El rechazo a esta realidad no es solo un posicionamiento ideológico o una mirada nostálgica hacia un pasado republicano o un rechazo hacia una monarquía que en los orígenes de nuestra democracia llegó de la mano del franquismo. Cierto que todo ello está ahí, pero hay algo más elemental. Se trata de una evidencia: las monarquías son un vestigio de siglos pasados en los que el poder se acumulaba en reyes y nobleza. La monarquía estaría mejor como pieza de museo y motivo de estudio de la historia.

Una democracia debiera negarse por principios a que sean hereditarios nada más y nada menos que el cargo de jefe del Estado y el cargo de jefe de todos los ejércitos. Es una burda contradicción de un sistema de gobierno que tiene al sufragio universal como base principal de su funcionamiento. 

A esos motivos generales, hay que añadirles los particulares de nuestro país. Este año se han desclasificado documentos del 23-F, los que se conservaban, y hay quien concluye que en ellos se demuestra la defensa que el emérito hizo de la democracia ante la intentona golpista. Sin embargo, no son pocos los que afirman que lo hizo porque el tipo de golpe que se pretendía no respondía a su criterio. Lo que parece claro, al decir de diversos analistas, es que fue el propio Juan Carlos quien presionó a Suárez hasta su dimisión y quien tanteó un gobierno de concentración presidido por un militar con participación de los principales partidos políticos a excepción de los nacionalistas, impulsando así en cierto modo la rebelión militar. 

Si ya de por sí una forma de gobierno republicana es más coherente con una democracia que una monárquica de acuerdo con los motivos anteriormente reseñados, hay que tener en cuenta, además, que la constitución española reconoce la inviolabilidad e irresponsabilidad del rey durante su mandato, tanto por los actos que se refieren a su cargo institucional, refrendados por el gobierno, como por los actos personales. Lo que respecta a la inviolabilidad de actos institucionales refrendados es similar a otros gobiernos democráticos monárquicos o republicanos. No así lo que respecta a la inviolabilidad de los actos privados, es decir, al hecho de que el rey, por ser rey, pueda cometer impunemente durante su mandato actos privados que para cualquier persona serían delictivos y juzgados como tales. De esa prerrogativa de inviolabilidad en los actos privados del rey durante su mandato, se derivó en el 2022 el archivo de las investigaciones de la fiscalía sobre la fortuna opaca del emérito en el extranjero. Recordemos que la marcha del emérito fuera de España no fue consecuencia de una sentencia o decreto de ningún tipo, fue una decisión suya, y quizá de su heredero, para no dañar más la institución monárquica después del poco ejemplar comportamiento del monarca emérito. Si ese poco ejemplar comportamiento en cualquier otra persona hubiera sido causa de enjuiciamiento y de su correspondiente penalización, no es de recibo que en el caso de la monarquía no sea así y que el asunto se salde pasando sus prerrogativas a su hijo.

Entre los pasos a dar para que nuestra democracia sea más coherente, uno significativo sería que la ciudadanía eligiera entre monarquía y república. Durante nuestra democracia, nunca se ha preguntado a las y los ciudadanos españoles si prefieren monarquía o república. Ni siquiera en las encuestas en las que se valoran diferentes aspectos sobre la forma de pensar, votar y actuar. Probablemente no sea por casualidad, sino por saber que mucha gente, más allá de sus posicionamientos y diferencias de tipo ideológico, no ve sentido a una institución monárquica, símbolo de privilegios por derecho de sucesión.

También sería preciso, por supuesto, que los libros de texto profundizaran más en lo que supuso la II República, con sus luces y con sus sombras, aprendiendo de errores y poniendo en valor sus aciertos, entre los cuales uno de los más importantes fue colocar a España en lo más alto del escalafón cultural mundial. Unos textos en los que las y los estudiantes observen cómo el golpe de Estado franquista terminó con un gobierno republicano elegido democráticamente y cómo llevó al país a una guerra civil que finalizó con el triunfo de un golpe de Estado que sumió a España en décadas dictatoriales de represión, ostracismo y pobreza económica y cultural. Si todo ello fuese estudiado y debatido a fondo, probablemente no habría jóvenes tentados a buscar la salida a sus problemas votando a quienes no solo no mejorarán su situación, sino que pretenderán llevarla a la oscuridad vivida décadas atrás.

Si a todo ello le sumásemos los pasos necesarios para que la Memoria democrática lograse eliminar de una vez todos los monumentos, placas y alusiones que glorifican a los dictadores franquistas y que aún se mantienen en varias zonas de España, si lográsemos la exhumación de todos los cuerpos de personas fusiladas y desaparecidas por el franquismo, si se revocasen todas las sentencias condenatorias de tribunales militares contra personas cuyo delito era ser republicanas, si se resarciese a las familias de víctimas del franquismo, y si se afrontaran tareas pendientes desde la Transición, como, por ejemplo, mejorar la democratización de instituciones judiciales y cuerpos armados, todavía tendríamos mejores condiciones para afrontar retos democráticos imprescindibles en un tiempo convulso en el que las ideologías populistas ultras acechan lo que hemos ido logrando y construyendo con tanto esfuerzo una vez desaparecido el franquismo.

Con esa base y unos sólidos valores cívicos que apuesten por la paz, por la convivencia solidaria entre diferentes, por la igualdad de derechos de los seres humanos, por la biodiversidad y cuidado del planeta, no prosperarán peligrosos salvadores invasores de países como sucedió con Ucrania o Irán y otros. Porque la República que queremos no es la de Trump ni la de Putin ni la de ningún dictador. La República a la que aspiramos es la de la hermandad, la diversidad en igualdad de derechos y obligaciones, la que se enfrenta al patriarcado y a las exclusiones por razón de identidad sexual, la que apuesta por la cultura, el juicio crítico, el respeto a la naturaleza, la oposición a guerras y terrorismos, y siempre trabaja por la paz. 

Para acercarnos a tales premisas, hay que ir construyendo ya lo que deseamos, porque, como dijo Antonio Machado, no hay camino, se hace camino al andar. Hoy, trabajar por la igualdad y la convivencia en diversidad significa pedir derechos para todas las personas, rechazar discriminaciones por identidad sexual, género, procedencia o religión. Trabajar por la paz significa educar en esos valores y apostar por soluciones diplomáticas a conflictos de todo tipo, rechazando atajos que conlleven guerras y violaciones de derechos humanos. Si una monarquía no pinta nada en nuestras vidas, tampoco queremos cualquier república.  Somos caminantes haciendo camino al andar hacia una República de esperanza, que apueste por la dignidad humana en todas sus vertientes.

Por Milagros Rubio, Txema Mauleón, y Olga Risueño,  de Batzarre
 

A lo largo de las últimas semanas, y al calor del debate suscitado por una iniciativa parlamentaria y una convocatoria de huelga general, mucho se está discutiendo sobre la posibilidad de legislar Salarios Mínimos Interprofesionales en las Comunidades Autónomas. La cuestión de los SMI autonómicos es una cuestión que, para su estudio político, requiere de un análisis materialista de la dinámica capitalista española.

En el Estado español existen grandes brechas estructurales a nivel socioeconómico e industrial, perpetuadas a lo largo de las últimas décadas. Territorios como Navarra, la CAV o Cataluña  cuentan con una situación privilegiada en comparación con otras regiones como Andalucía, Extremadura o las dos Castillas. Ello no es fruto de la casualidad. La dinámica capitalista española, de la mano de los intereses de las burguesías vasca, catalana o castellana a lo largo del último siglo o siglo y medio, generó un desarrollo asimétrico de nuestro país. Un proceso que, asumido y normalizado por el régimen autonómico desplegado por la Constitución de 1978 y las políticas neoliberales implementadas por el PP, el PSOE y la Unión Europea, ha dado lugar a grandes desigualdades entre las familias trabajadoras españolas. Grandes desigualdades sociales y económicas -dependiendo del código postal de residencia- que no se pueden ni obviar ni tampoco negar.

El fortalecimiento económico e industrial de las antes mencionadas Navarra, la CAV o Cataluña se edificó y se sigue edificando sobre el sacrificio de territorios como Andalucía, Extremadura o las Castillas. Sin ir más lejos, en nuestra tierra, esta cuestión se evidenció de manera notable a partir de la segunda mitad del siglo XX. El potente desarrollo industrial que vivió la Comunidad Foral esas décadas lo sustentaron los miles y miles de trabajadores andaluces, extremeños y castellanos que vinieron a trabajar a la incipiente industria aquí levantada. De hecho, a nadie se le escapa que buena parte de los navarros y navarras de hoy somos hijos o nietas de esa migración interna española. 

Para la izquierda alternativa y transformadora, el garantizar la igualdad de oportunidades y objetivos a las familias trabajadoras de nuestro país es una demanda irrenunciable, más si cabe, en el contexto de esas grandes brechas estructurales y desigualdades que existen en el Estado español. Es en este marco y en esta lucha donde toma una importancia vital el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que dicta que es el Gobierno central quien fija anualmente el Salario Mínimo Interprofesional que afectará a todos los españoles y a todas las españolas.

La propuesta de reforma de ese apartado para permitir establecer SMI autonómicos, aunque aparentemente busca ampliar retribuciones salariales de manera asimétrica, sin lugar a dudas generaría evidentes dualidades en el mercado laboral español y, a su vez, en las condiciones laborales de la clase obrera. Una consecuencia directa que, a pesar no estar entre los objetivos de quienes reivindican un SMI autonómico, supone mucho más que un simple daño colateral para miles de familias trabajadores de nuestro país.

Hagamos una serie de reflexiones. ¿En qué territorios se estaría en mejor disposición para negociar y acordar esos SMI autonómicos? Evidentemente en aquellos históricamente privilegiados: donde existe un sector industrial más potente o en aquellos donde, como la Comunidad de Madrid, el capital financiero tiene una mayor concentración. Es en estas autonomías, además, donde existe un mayor índice de sindicación y donde los sindicatos de clase tienen un músculo organizativo adecuado para negociar con la patronal y con la Administración pública.  

Por contra, ¿en qué territorios se estaría en peor disposición para negociar y acordar esos SMI autonómicos? Evidentemente en los históricamente sacrificados: los ya citados Andalucía, Extremadura o las dos Castillas, porque son las regiones donde existe un menor y más débil sector industrial, donde existe un menor índice de sindicación y, por tanto, donde tienen menor capacidad para hacer frente al gran empresariado.

La conclusión es obvia: esta propuesta lejos de ser beneficiosa para el conjunto de la clase obrera, podría ahondar en las desigualdades que ya existen entre las familias trabajadoras de nuestro país. 

Esta iniciativa, además, se integra dentro de esa filosofía económica que, huyendo de la redistribución de la riqueza entre autonomías, apuesta por lo que se ha denominado  ordinalidad: un principio de financiación que establece que quien mayor capacidad fiscal tenga deba recibir también más financiación, haciendo desaparecer esa solidaridad interterritorial que mitiga en parte esa malévola dinámica capitalista española a la que ya nos hemos referido.

Pues bien, desde la izquierda transformadora rechazamos esa ordinalidad dentro del marco del sistema de financiación autonómica y volvemos a hacerlo ahora, a cuenta del debate sobre el SMI. Lo repetimos una y mil veces: es un modelo injusto que perpetua las desigualdades y que fulmina la igualdad ya no entre territorios, sino entre las personas. 

Otro de los argumentos esgrimidos por los defensores de la implantación de los marcos salariales propios es el que habla de una mayor carestía de la vida en zonas como Navarra o la CAV, obviando que en estos dos territorios, junto otra vez a Cataluña y la Comunidad de Madrid, residen los niveles salariales más altos de este país. Nuevamente, se agranda la brecha territorial: los salarios más elevados coinciden con esas zonas de alta densidad industrial o financiera. La vieja dinámica capitalista, más viva que nunca en el territorio español. 

Para las trabajadoras y trabajadores que cobran el Salario Mínimo Interprofesional, que son las más precarizadas de la cadena laboral, las que no cuentan con la protección de un convenio colectivo -unas 80.000 en Navarra-, se deben articular medidas de protección social asimétrica desde los marcos autonómicos y estatal, sin ahondar en las desigualdades estructurales. 

Actualmente, el artículo 84.4 del Estatuto de los Trabajadores ya posibilita la negociación y la firma de convenios interprofesionales e intersectoriales. En ese ámbito de la negociación colectiva es donde se pueden conseguir salarios mínimos intersectoriales que lancen hacia arriba los suelos recogidos en los convenios. Ésta sí es una lucha clave, una herramienta útil para la case trabajadora que debería suscitar consenso sindical.

Los trabajadores y trabajadoras de nuestro país necesitan marcos de protección fuertes y potentes. Y para defender esos marcos la mejor herramienta es la unidad sindical, social y política de las organizaciones de izquierda.

Hoy, en nuestro país, contamos con un SMI de 1.221 euros en 14 pagas. Una cuantía, vale la pena recordarlo, que desde que existe el Gobierno de coalición progresista se ha visto disparado desde aquellos exiguos 736 euros del año 2018. Aun y todo, es obvio que este incremento resulta absolutamente insuficiente. El conjunto de la sociedad tiene que hacer suya la reivindicación de la Carta Social Europea que contempla que el SMI debe ser, como mínimo, el 60% del salario medio neto del país. 

Para conseguir este objetivo, el fortalecimiento de la movilización es fundamental, pero sin parcializar los marcos de lucha o de reivindicación en los territorios. 

La mejora de las condiciones materiales de vida que se merece la mayoría social trabajadora de todo el país pasa por una mayor amplitud de miras. Actuar localmente, sí, pero dentro de una estrategia diseñada a nivel global. El capitalismo hace décadas que se globalizó, no caigamos en localismos quienes hoy nos llamamos anticapitalistas. 

Más aún, en el contexto actual resulta más interesante que nunca recuperar una demanda histórica de la izquierda política y sindical continental: fijar un SMI europeo. Una propuesta transformadora y antagónica a lo defienden hoy algunos sectores sindicales navarros. Un Salario Mínimo Interprofesional comunitario que garantizaría la igualdad de oportunidades y de objetivos de la mayoría social europea, evitaría dumpings y competencias territoriales dentro de un marco socioeconómico que teóricamente aspira a ser similar, sin olvidar el fortaleciendo que supondría para los sindicatos de clase europeos frente a los grandes poderes neoliberales de la Unión. 

Carlos Guzmán Pérez, Coordinador General de Izquierda Unida de Navarra y Portavoz Parlamentario de Contigo Navarra – Zurekin Nafarroa

El régimen que gobierna Estados Unidos ha decidido, en los últimos meses, intensificar el brutal bloqueo económico, comercial y financiero que lleva imponiendo a Cuba desde hace más de seis décadas. Un cerco que, no solo contraviene los principios fundamentales del derecho internacional, sino que constituye una agresión prolongada contra la soberanía de un Estado y la dignidad de su población.

Lejos de levantarse, como exigen las resoluciones de las Naciones Unidas, este bloqueo ha sido reforzado mediante medidas coercitivas unilaterales que buscan impedir el acceso de la isla a recursos esenciales, como el suministro de petróleo procedente de países que desean comerciar legítimamente con Cuba. Entre otras cosas, Estados Unidos prohíbe a navieras de otros países tocar sus puertos en seis meses si anteriormente atracaron en tierra cubana.

Acciones como ésta, que pretenden asfixiar la vida económica y social del país, tienen consecuencias directas sobre millones de personas, afectando al sistema energético, limitando la producción, dificultando el funcionamiento de servicios básicos y erosionando la capacidad de desarrollo de una nación que ha demostrado, durante décadas, un compromiso ejemplar con la cooperación médica, educativa y humanitaria en numerosos rincones del mundo.

El objetivo es claro: causar dificultades materiales y malestar económico para restarle apoyo interno al gobierno. El daño humanitario no es un efecto colateral, es el objetivo del ataque.

Porque el bloqueo no es una medida abstracta, sino la imposibilidad de mantener unas condiciones de vida mínimamente dignas. A la prohibición de recibir petróleo se unen medidas como el sistema de multas para perseguir las transacciones con Cuba desde terceros países, tratando de aislar financieramente a la isla. ¿Alguien se imagina lo que pasaría en España con medidas similares?

Por desgracia, no solo el sector energético se ve afectado. El cerco también dificulta la adquisición de medicamentos, material médico y equipos especializados, afectando a todas las intervenciones, desde las más pequeñas hasta las que salvan vidas en enfermos de cáncer. Tampoco se escapan otro sectores como el alimentario, educativo, industrial, los transportes o el turismo, de suma importancia económica para Cuba. 

Un bloqueo que hubiera acabado hace décadas con la economía de cualquier país del mundo, más si se trata de una isla en un marco geográfico de clara influencia estadounidense. 

Quienes diseñan y apoyan este genocidio encubierto ponen sus ideas por encima de las vidas humanas. Todo vale con tal de hacer caer la Revolución cubana. Y es así porque la Cuba que el pueblo empezó a construir en 1959 se ha ido convirtiendo en un ejemplo a seguir, poniendo siempre en primera línea la paz, la solidaridad con los más necesitados, el acceso universal y gratuito a la Sanidad, la Educación, la vivienda… Estados Unidos y sus aliados no pueden permitir que Cuba siga viva mostrando al mundo que hay alternativas a sus guerras y saqueos. Por eso y no por otras causas siguen atacando a Cuba. Si una única cosa buena tiene el actual régimen trumpista es que se ha quitado la careta y ya no habla de ‘libertad’ o ‘democracia’ para justificar sus atrocidades. 

Aunque pueda sonar ridículo recordarlo ante la nueva estrategia del régimen de Trump y sus aliados -entre ellos la Comisión Europea-, hay que subrayar que ninguna nación puede ser castigada por ejercer su soberanía y que ningún Estado tiene derecho a imponer, mediante la fuerza económica, condiciones que vulneren la igualdad jurídica entre países. 

A nivel global, esta política de presión constituye una violación flagrante de estos principios y un obstáculo para la estabilidad regional, la cooperación internacional y la construcción de un orden mundial basado en la justicia y el respeto mutuo.

Frente a esta realidad, es urgente reforzar la solidaridad con el pueblo cubano y con todas las organizaciones que, dentro y fuera de la isla, trabajan para mitigar los efectos del bloqueo y defender el derecho de Cuba a decidir su propio camino. Con este espíritu, cabe destacar la puesta en marcha de la Caravana Internacional de Solidaridad, una iniciativa que estos días ha encarnado el internacionalismo activo y la voluntad de miles de personas de denunciar el cerco y acompañar al pueblo cubano en su resistencia.

La única salida digna pasa por el levantamiento inmediato del bloqueo y de todas las medidas que impiden a Cuba comerciar libremente, acceder a recursos energéticos y mantener relaciones económicas normales con los países que así lo deseen. Urge que la Unión Europea y el conjunto de la comunidad internacional digan basta y adopten una posición firme y coherente con el derecho internacional, garantizando que el pueblo cubano pueda recibir petróleo y otros suministros esenciales sin amenazas ni represalias.

Defender Cuba y defender el derecho que tiene su pueblo a elegir su camino libremente es defender la paz, la libertad, la cooperación entre los pueblos y la soberanía nacional como fundamento indispensable de cualquier proyecto democrático. 

Y que nadie lo dude, en esta defensa por la dignidad que representa el pueblo cubano hacemos falta todos y todas. Todas las manos, todos los puños y todas las voces. Todas las manifestaciones, todas las campañas de solidaridad, todas las aportaciones económicas personales o de gobiernos como el Navarro o ayuntamientos como los nuestros, todas las guitarras y todos los fusiles -aunque sean viejos- como el que pidió el cantautor Silvio Rodríguez. Por él, por el pueblo cubano, por el resto de la humanidad libre, hay que acabar con el bloqueo y construir otro mundo. Y claro que es posible.

Maite Mola, militante del PCE-EPK de Navarra

Parecerá extraño, aunque el título ya lo es, pero empezaré este artículo con una instrucción dirigida al lector o a la lectora: 

Por favor, NO PIENSE EN ELEFANTES ROSAS.

Seguro que, al leer esa instrucción, elefantes rosas de diferentes formas y tamaños han aparecido en su imaginación. La instrucción era la contraria, pero esa frase ha colocado en su cerebro el concepto de elefante rosa. 

Algo similar aparece en la intencionalidad final de una proposición de ley defendida por UPN en el pleno que el Parlamento de Navarra celebró el pasado 13 de marzo. En ella se propone elaborar y difundir informes trimestrales en los que aparezca el origen nacional de las personas detenidas. Esta proposición de ley fue rechazada, aunque contó con el apoyo del conjunto de grupos de las derechas: UPN, PP y VOX. 

En el espíritu y el discurso de esa proposición de ley, está presente la siguiente instrucción a la ciudadanía: 

NO ESTIGMATICES, aunque te ofrezcamos periódicamente información en la que se vincula origen nacional y delincuencia, NO ESTIGMATICES. 

¿Qué impacto puede tener esa instrucción? Pues que, al igual que ocurre con el elefante rosa, el concepto de causa-efecto entre origen nacional y delito se instale o se refuerce en el cerebro de la ciudadanía. Además, en la proposición de ley se plantea la modificación de la ley contra el racismo de Navarra, para que esto pueda ser posible. Así, en la ley se mantendría que no pueden ser realizados perfiles por raza, etnia o religión, mientras que se propone eliminar la prohibición de los perfiles por origen nacional. Un buen ejemplo de lo que, desde la antropología, se denomina “racismo sin razas”. No obstante, aún estamos esperando que UPN nos explique por qué unos perfiles deben ser evitados y el otro es necesario.

Esta propuesta encaja perfectamente en el proyecto de la ultraderecha. Un proyecto que utiliza como chivo expiatorio a las personas migrantes, que son presentadas como una amenaza. Un proyecto en el que se muestra la convivencia intercultural como una tarea imposible y en el que se refuerza el nosotros frente a los otros. 

La pregunta sería, si este es el proyecto de la ultraderecha, ¿por qué las otras derechas contribuyen al mismo, tanto en este tema como en otros? ¿Será por miedo a perder electorado? ¿Será porque, ingenuamente, piensen que liderando las propuestas que surgen de la ultraderecha pueden moderarlas? ¿Será porque en realidad comparten su proyecto racista y autoritario? Sea cual sea la respuesta, el peligro de esta estrategia es enorme. En primer lugar, para las propias derechas, porque el electorado finalmente opta por el original. Además, porque de tanto copiar al otro, te conviertes en el otro. Y finalmente, porque le hacen el juego a la ultraderecha, contribuyendo a hacer pasar sus propuestas, pero camufladas, con apariencia de sensatez, de sentido común. 

Esta proposición de ley es un buen ejemplo de esa estrategia del camuflaje. Trataré de explicarla analizando los cuatro argumentos que UPN utiliza en su defensa. El primer argumento consiste en que va a servir para prevenir conductas delictivas y reducir la criminalidad. Sin embargo, no explican de qué manera, publicar trimestralmente el porcentaje de detenidos de determinado país, podría servir a tal fin. Es más, la ciencia criminológica ya cuenta con evidencia suficiente respecto a que la nacionalidad apenas explica la delincuencia, que lo determinante son los factores sociales, no los identitarios. 

El segundo argumento se refiere a que la difusión de estos datos supone un ejercicio de transparencia. Sin embargo, transparencia ya existe, puesto que esos datos sobre origen nacional ya pueden ser consultados, por ejemplo, en el portal de estadísticas de criminalidad del Ministerio del Interior. Al proponer la difusión trimestral de estos datos y la modificación de la ley contra el racismo, la intencionalidad de esta propuesta es otra. Su objetivo es colocar o reforzar el elefante rosa en el cerebro de la ciudadanía. 

El tercer argumento consiste en que difundir esta información puede servir para evitar y desactivar bulos. Este tercer argumento supone obviar el contexto en el que esos informes trimestrales serían difundidos. Un contexto social de racismo estructural y en el que los agentes impulsores de ese racismo son cada vez más fuertes. Son esos agentes los que reclaman este cambio en la ley y son los que principalmente utilizarían esa información. 

El cuarto argumento afirma que esta información, puesta en contexto, no tiene por qué estigmatizar a nadie. ¿De verdad creen, o nos quieren hacer creer, que esta información va a ser puesta en contexto por todos esos medios y seudomedios de comunicación y, en general, por los cada vez más numerosos agentes impulsores del racismo? Ya estamos viendo lo que se está haciendo con los primeros datos ofrecidos, por ejemplo, por la Ertzaintza, a los que poco contexto se le está poniendo. Además, la propia redacción de la proposición de ley anticipa que la información ofrecida estaría descontextualizada. Dice que se aportarían datos sobre personas detenidas, y eso supone un importante sesgo. La sociología ha estudiado ampliamente cómo las personas migrantes y/o racializadas son detenidas en mayor proporción, pero porque las policías utilizan perfiles raciales para realizar sus labores de control policial. Sin embargo, si el dato es sobre personas condenadas o encarceladas, el porcentaje se reduce ostensiblemente. 

Finalmente, quiero terminar este artículo haciendo referencia a un reciente informe de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI). En él se manifiesta una seria preocupación por el discurso de los partidos de derecha y extrema derecha del Estado español. Desde luego que las conclusiones de ese informe también son aplicables al caso de Nafarroa.

Jabier Arza. Parlamentario en el Parlamento de Navarra por EH Bildu.  

Menudos reportajes han hecho recientemente en la prensa escrita mostrando la falta de movimiento político en el tema de Ripagaña. Los de Ripagaña no solo es que estén en cuatro ayuntamientos distintos, sino que encima están en dos partidos judiciales distintos.

Esta semana se llegaba a lo más acertado que han afirmado los políticos en la historia de Ripagaña, que es que las cuatro divisiones administrativas en las que se divide el barrio se tienen que repartir entre Burlada y Pamplona. No me consta una afirmación más acertada de parte de los políticos, pero se queda corta porque los ripagañeses y las ripagañesas merecen ser todos de un ayuntamiento y es lo que prefieren. Y la conclusión se queda corta porque lo realmente necesario es que Pamplona absorba la Cuenca entera para tener abundante suelo finalista en vez de la escasez latifundista actual que por su troceamiento entre municipios crea una escasez de suelo que lo vuelve en recurso de lujo encareciendo la vivienda sobremanera.

No hace mucho tiempo que un servidor comentaba estos temas en este medio. De hecho el tema de la fusión municipal lo he mencionado previamente con reiteración porque fusionar múltiples ayuntamientos es clave para que la vivienda se abarate al conseguir un bien actualmente escaso: el suelo finalista. Lo triste es que en todos los medios se creen que el problema de la escasez de suelo finalista en casi toda España es un problema sin solución, cuando la solución es tan fácil como que las ciudades principales absorban sus áreas metropolitanas, pero de forma generosa, no a medias. Vamos, hacer que la realidad física de que una ciudad en la práctica, no en la legalidad vigente, no termina donde lo indica un cartel, sino donde llega el último edificio.

Además he comentado otro punto necesario que es que los ayuntamientos de la Cuenca de Pamplona deben dejar las merindades/partidos judiciales de Estella (Valle de Goñi) y Aoiz (de Esteríbar a Tiebas) para pasar a ser del de su comarca histórica que es la Cuenca de Pamplona. Y es que históricamente por siglos la pertenencia a la Cuenca de Pamplona ha trascendido, incluso legalmente, a su merindad.

No sé si es por dejadez o por nostalgia de mantener las instituciones medievales de las merindades. Si es por nostalgia, debido a la antigüedad que tienen las merindades, el argumento es un sinsentido porque, como ya he mencionado en otras ocasiones, los habitantes cuencos de Pamplona se sentían pamploneses, pues consideraban a sus localidades como barrios de Pamplona. Y a la vista están los escritos que ya aporté y otros.

Pero es que esos textos antiguos también documentan que la Cuenca de Pamplona estaba unida a Pamplona incluso jurídicamente, no solo sentimentalmente.

En Pamplona se trazó un plano de su cocinado (periferia) con forma de circunferencia, al parecer por un contencioso de delimitación entre Sarriguren y Mutilva que se creó tras la expansión demográfica y territorial que motivaron la creación del Burgo de San Cernin y la Población de San Nicolás. La destrucción de la Navarrería en 1276, hizo que la Corona ordenara inventariar tierras que habían sido confiscadas fuera de la jurisdicción de la Merindad de Pamplona: Ayeca, Ilarrea, Mutilva Alta….

Así que los de la Navarrería poseían bienes y tierras en concejos próximos que recibían un "status" jurídico especial del que surgían varios asuntos, como el derecho de importación, exenta de pagar portazgo, frutos producidos, para vender o consumir; designar y mantener guardas y costieros para vigilar las propiedades, y pagar diezmos a las parroquias del predio y el dueño.

Los monarcas navarros y las cortes regularon la importación y el transporte de vino con la intención de fomentar el cultivo propio de uva en viñas que poseían o alquilaban los pamploneses fuera de Pamplona propiamente dicha, en la Cuenca, un cultivo que ya había llegado a la Cuenca con los “fundis” romanos. Y es que la Cuenca de Pamplona históricamente ha tenido una importante cultura de cultivo vinícola.

Carlos II en 1365 decidió que solo permitiría comprar uva y vino de los vecinos que los producían de viñas en los términos de Pamplona, Arazuri, Villava, Sarriguren, Mendillorri, Mutilva, Acella, Cizur, Berriozar, Artica, Ansoáin, Burlada, Echavacoiz, Orcoyen y Barañáin suponiendo esta la primera vez que se mencionaban los pueblos de la periferia pamplonesa. La norma real permaneció por siglos, siendo ratificada por la infanta Leonor en 1468 por ordenanzas que prohibían importaciones de uva y vino "salvo de las heredades et terminos que se sirven del cocinado o manutención del cuerpo de dicha Ciudad".

El Regimiento de la Ciudad (1692) nombraba guardas rurales (costieros en romance navarro) para vigilar y custodiar los términos y propiedades "para las viñas del territorio y coçinado desta Ciudad" durante la temporada de maduración de la uva hasta la vendimia. Estos guardas tenían la potestad de vigilar y denunciar la entrada de animales "en heredades del término y cocinado de la Ciudad". Vamos, que jurídicamente las autoridades pamplonesas también tenían potestad en la Cuenca.

Para designar a los veedores del campo que supervisaban “los términos y cocinado de esta Ciudad", así como las plantaciones de viñas, las autoridades solían consultar a los concejos interesados.

El diezmario (dezmería) era la jurisdicción territorial de la parroquia, a la que los propietarios de las tierras de dicha jurisdicción en la Cuenca debían pagar diezmos de sus frutos anuales.

Como acabamos de ver o lo hemos visto en otros textos, los pueblos de la Cuenca de Pamplona han tenido históricamente, tanto jurídica como sentimentalmente, un gran apego, incluso superior hacia la Cuenca de Pamplona que a sus respectivas merindades de Estella y Aoiz, hasta el punto de que se han considerado y han legislado como barrios de Pamplona siendo reconocidos por las autoridades del reino.

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona gestiona el sistema de recogida neumática de residuos en la ciudad. Este servicio se concentra en el Casco Antiguo y en los barrios de Lezkairu, Entremutilvas y Erripagaina. Asimismo, está prevista su ampliación al Paseo Sarasate dentro de las obras de renovación de este espacio.

La gestión de los residuos urbanos supone un coste cada vez mayor para la ciudadanía. La elección entre uno u otro sistema tiene consecuencias directas, tanto en el coste que asumimos los vecinos en un contexto de crisis social y de aumento de los precios de la energía, como en el impacto ambiental del servicio. Según los datos de un análisis comparativo incluido en un estudio de viabilidad de ambos sistemas, realizado en una ciudad cercana y de características similares a Iruñea, se desprenden las siguientes conclusiones:

Consumo energético

En este apartado se analizan los kilovatios hora (kWh), así como los litros de gasóleo o gasolina y los metros cúbicos (m³) de gas natural consumidos por cada sistema de recogida. Los resultados del estudio muestran que el consumo energético por tonelada de residuo recogido es 2,95 veces mayor en el sistema de recogida neumática que en el sistema basado en contenedores.

Emisiones de gases de efecto invernadero

Para evaluar este aspecto se calcularon las toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera por cada tonelada de residuo urbano recogido. En el cálculo se tuvieron en cuenta tanto el consumo de carburantes de los camiones de recogida, como las emisiones derivadas de la producción de la electricidad utilizada por el sistema. El resultado indicaba que las emisiones son 5,2 veces superiores en la recogida neumática, en comparación con el sistema de contenedores.

Costes de inversión en infraestructura

El análisis de los valores absolutos revela que la inversión necesaria para implantar el sistema de recogida neumática es 11 veces mayor que la requerida para el sistema de recogida mediante contenedores. Esta diferencia se debe principalmente a la construcción de la red subterránea de tuberías, las centrales de aspiración y el resto de infraestructuras técnicas necesarias para su funcionamiento.

Un estudio de 2017 realizado en la Universidad Politécnica de Madrid - Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales afirmaba que: “Los resultados indican que reemplazar el sistema contenerizado por la recogida neumática aumenta los impactos ambientales, siendo especialmente relevante el incremento respecto al Cambio Climático (29%) debido al gran consumo eléctrico de este sistema".

En otro estudio comparativo realizado por la Compañía de las Tres Erres en 2016, centrado en el Casco Antiguo de Iruñea, se obtuvieron los siguientes resultados: el coste global del servicio en la Comarca es de 224,56 €/tonelada, mientras que el coste de la recogida neumática en el Casco Antiguo asciende a 475,55 €/tonelada. Es decir, el coste resultaba más del doble que el coste medio del servicio en el conjunto de la Comarca.

Ventajas e inconvenientes del modelo

El sistema de recogida neumática presenta algunas ventajas desde el punto de vista urbano: resulta más integrado en el paisaje de la ciudad, genera menos olores y ruidos, facilita el acceso de los usuarios a los puntos de vertido, ocupa menos espacio en la vía pública y provoca menores afecciones al tráfico.

Sin embargo, también presenta algunos inconvenientes relevantes. Se trata de un sistema muy dependiente de tecnologías complejas, con necesidades de mantenimiento que pueden afectar al funcionamiento de toda la red. Además, pueden producirse atascos, problemas asociados a la erosión y corrosión de las tuberías y no permite recoger residuos de gran volumen.

Flexibilidad y fiscalidad verde

Por el contrario, el sistema de recogida mediante contenedores se caracteriza por ser más sencillo y flexible. Un ejemplo de ello es la próxima implantación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), que previsiblemente reducirá el volumen de determinados envases, disminuyendo el uso del sistema neumático mientras sus costes fijos de mantenimiento seguirían siendo elevados.

Otro aspecto a considerar es la futura implantación del pago por generación de residuos. En varios países, la recogida mediante contenedores ya utiliza tarjetas digitales para registrar los residuos depositados por cada usuario y ajustar la tasa. En cambio, en el sistema de recogida neumática, por el momento no es posible aplicar este modelo, lo que provoca que no se pueda bonificar a las personas que depositan regularmente sus residuos, una medida indispensable para avanzar en fiscalidad verde.

La elección del sistema de recogida de residuos no es solo una decisión técnica, sino también económica, ambiental y social. Por ello, la MCP debería explicar con claridad los criterios utilizados para implantar cada modelo. Antes de extender la recogida neumática a nuevas zonas, parece razonable analizar con rigor sus costes, consumo energético, emisiones de CO2 y capacidad de adaptación a futuras normativas, para garantizar decisiones acordes con el interés general y la sostenibilidad.

Juan del Barrio

En la antigua Roma, era costumbre que el público que acudía al circo durante los juegos tomara partido en el espectáculo de muerte. Desde las gradas, muchos increpaban, insultaban y se burlaban de los condenados que iban a ser devorados por las bestias. Entre todos ellos destacaba un grupo especialmente furibundo: no se conformaban con gritar desde lo alto, sino que descendían a los fosos y acompañaban a los criminales, a los cristianos o a cualquiera que aquel día estuviera destinado a ser pasto de los leones. Les daba igual quién fuera. Desde el barro, seguían a los prisioneros por los corredores del circo mientras los escupían, los empujaban, los difamaban y se reían de su desgracia.

En una ocasión, aquellos condenados habían sido retratados por la propaganda romana como enemigos especialmente peligrosos. Y los insultadores, enardecidos por su propio fervor, se entregaron tanto a su labor de odio que no advirtieron que habían cruzado el umbral de la arena. Solo cuando quisieron retroceder descubrieron que las puertas estaban cerradas y que los soldados, obedeciendo órdenes, no pensaban abrirlas.

Alzaron entonces la vista hacia el palio donde se encontraba el emperador, suplicando que los dejara salir. Él les devolvió primero una mirada de desprecio y luego otra, aún más fría, de indiferencia.

¿Y por qué nos cuentas esto Guiller?, preguntaréis.  

Porque, al volver la mirada a la actualidad de nuestro país, resulta difícil no ver ecos inquietantes de aquella escena antigua. Durante años, los discursos de la derecha han alimentado un clima en el que se invita a desconfiar, a señalar, a despreciar a quienes piensan distinto, viven y aman distinto o proceden de otras culturas. Y muchos, envueltos en banderas que no abrigan y en una idea de patria que no acoge, han terminado dirigiendo su furia hacia quienes consideran adversarios, mientras se inclinan ante quienes ejercen la fuerza y la coacción desde fuera.

Si retomamos el símil romano, no es complicado reconocer los paralelismos. La historia, cuando se repite, rara vez lo hace con sutileza. Y quienes se dejan arrastrar por el odio suelen descubrir demasiado tarde que la arena no distingue entre víctimas y verdugos.

Por eso esta historia importa. Porque hoy, en nuestro propio país, asistimos a un espectáculo inquietantemente parecido. La derecha y la ultraderecha política ha asumido como doctrina el servilismo hacia intereses ajenos, incluso cuando esos intereses chocan con la soberanía y la dignidad de la nación. Y mientras tanto, alimentan un clima de polarización que ha fracturado la convivencia, señalando como enemigos a quienes no piensan, viven o aman como ellos.

En este ambiente envenenado, han acabado repitiendo los gestos de aquellos insultadores romanos: gritan, acusan, difaman y celebran la destrucción del otro sin darse cuenta de que avanzan, paso a paso, hacia la misma arena que han ayudado a rastrillar. Y cuando la puerta se cierre —porque siempre se cierra— descubrirán que quienes hoy aplauden su furia no moverán un dedo por ellos mañana.

La historia de Roma es un espejo.  

Y en él se ve con claridad que quienes se arrodillan ante el poder extranjero y siembran odio dentro de su propio pueblo se traicionan a sí mismos.  

Porque la arena, al final, no distingue entre verdugos y víctimas.  Y los leones nunca preguntan a quién venías a insultar.

Guillermo Rojo.

Domingo por la noche. Mañana toca volver a la consulta tras unos días de vacaciones.  Han sido las primeras semanas, en muchos años, en las que de verdad he  desconectado: sin abrir el correo corporativo, sin entrar en la historia clínica, sin llamar  a compañeros para coordinar el seguimiento de algún paciente complicado ni adelantar  informes urgentes desde casa. Sentía que era una necesidad ineludible parar. Y, sin  embargo, lejos de la calma, ahora siento nervios y cierta ansiedad. Me da pavor abrir  mañana el correo y encontrarme con decenas —quizá cientos— de avisos pendientes  con etiqueta de urgente, y con algunos pacientes que pueden sentirse molestos, si no  enfadados, por la demora en la respuesta. 

Hace unos años —cuando se cubrían bajas y vacaciones— esto no ocurría, o al menos  no con tanta frecuencia. Pero desde que la precariedad se ha instalado en la sanidad, y  especialmente en el estamento médico, como algo estructural, lo excepcional se ha  convertido en rutina. No solo tras los descansos: también después de una baja médica,  incluso larga, uno regresa sabiendo que un compañero ha tenido que lidiar como ha  podido con su agenda y con otras dos o tres más. El resultado es previsible: revisiones  atrasadas, malestar lógico de los pacientes y el temor a que algún proceso se haya  complicado por no intervenir a tiempo. Siempre la misma explicación, repetida como un  mantra: “no hay médicos”. ¿Pero cuál es el motivo? 

El debate sobre las condiciones de los facultativos suele centrarse en el sueldo, y  enseguida aparecen comparaciones con otros países para explicar la falta de galenos.  Pero quizá esa no sea la cuestión, o al menos no la única. No se trata únicamente de  medir nuestro sueldo con Estados Unidos o Australia, sino de preguntarnos cómo valora  nuestra sociedad a quienes ejercen esta profesión, y cómo retribuye y respeta un trabajo  que exige más de una década de formación, una responsabilidad extrema y una  dedicación constante. 

No es una crítica hacia otros profesionales, cuyo trabajo también es necesario y digno.  Pero resulta difícil entender que, en muchos casos, médicos con un nivel de cualificación  y responsabilidad extraordinarios perciban remuneraciones inferiores a las de  ocupaciones que implican menor exigencia formativa o menor carga decisoria. La  incoherencia no es solo laboral: es social. 

Porque el trabajo de un médico no se limita a diagnosticar y tratar enfermedades.  Tomamos decisiones que afectan a la vida y la muerte cada día. Firmamos informes  que condicionan incapacidades laborales, participamos en evaluaciones para eutanasia,  intervenimos en decisiones como la retirada de patria potestad, elaboramos informes  que influyen en la imputabilidad ante hechos graves o en la concesión de licencias para  el uso de armas. Cada firma tiene consecuencias profundas y, a menudo, irreversibles.  Para asumirlas con rigor necesitamos tiempo para reflexionar, así como una mente  descansada para poder hacerlo. 

Y, sin embargo, las condiciones laborales no siempre reflejan esa responsabilidad ni  permiten ejercerla de forma adecuada. Jornadas extensas, descansos insuficientes,  sobrecarga asistencial y una burocracia creciente dibujan un escenario difícilmente  compatible con la excelencia que se nos exige. 

No se trata de reclamar privilegios ni de menospreciar a otros colectivos, sino de señalar  una evidencia incómoda: en España, la exigencia y la responsabilidad médicas conviven  con condiciones laborales precarias, objetivamente peores que las de otros ámbitos  sanitarios y profesionales.

Lo que está en juego va más allá de la situación de los médicos: tiene que ver con el  modelo de sociedad que queremos ser. Cuando una comunidad deja de reconocer el  esfuerzo, la formación, la dedicación y la responsabilidad, envía un mensaje peligroso:  que esforzarse no merece la pena. Y ese mensaje cala, especialmente entre quienes  serán mañana su futuro. 

Si dejamos de valorar el mérito, la formación, la asunción de responsabilidades y el  compromiso, abrimos la puerta a la mediocridad. Y ningún sistema sanitario —ni  ninguna sociedad— puede sostenerse mucho tiempo instalada en ella. Cuidar la  sanidad pública implica, necesariamente, cuidar a quienes la sostienen y tienen el deber  de ser punta de lanza de la misma. Atender la singularidad de su trabajo —lo que, en el  fondo, subyace en la reivindicación de un estatuto médico propio— debería ser una  obligación. No por corporativismo, sino por pura responsabilidad colectiva. 

Dra. Camino Núñez Melón. Facultativa especialista del SNS-O

El pueblo en armas, el silencio del crimen, la sangre sin delito, la muerte impune, la libertad truncada, una viuda y cuatro hijos. Estos y otros horrores vieron su triste estreno hace hoy 90 años en la localidad navarra del balneario y las aguas salubres. El lavadero de la localidad fue escenario de la peor de las metáforas y vio cómo un cadáver manchó de sangre el suelo para desaparecer después de las manos de los culpables de su muerte. La guerra civil comenzaría meses después y José Calvo Sotelo se llevaría a la historia ser considerado el primer cadáver detonante un 13 de julio, pero aquí en Navarra un joven de Andosilla de 37 años tristemente se le adelantaba en el invierno

El 16 de febrero de 1936, Félix Esparza García, militante de Izquierda Republicana, fue asesinado en Belaskoain. Localidad a donde acudió a socorrer a un amigo que realizaba labores de interventor electoral y debido al ambiente hostil que encontró, llamó a la sede del partido reclamando ayuda. Otros incidentes también se dieron en Arraiza y Aós. Y en los mismos fueron apaleados los interventores del Frente Popular navarro. En estas localidades los curas jugaron un papel destacado animando a sus feligreses.

Aquel día se celebraron las Elecciones Generales al Parlamento español y el Frente Popular que unía a todas las izquierdas ganó por mayoría. Se formó un nuevo Gobierno que duró poco. Cinco meses después, tras el Golpe de Estado del 18 de julio protagonizado por militares y fascistas, derivó en una guerra civil de tres años y 40 años de Dictadura franquista que trajo la misma. 

Al llegar a Belaskoain, Esparza y su acompañante fueron atacados. Recibió dos disparos a quemarropa y murió, en lo que su nieto describe como un "linchamiento" similar al del Oeste americano. El primer acusado que entró al calabozo fue el vecino F. E. E., de 23 años, a quien varios testigos aseguraron haber visto activamente en la turba exaltada y armado de su escopeta. Poco tiempo después, él mismo, declarándose harto de recibir amenazas y difamaciones, acusaba a otro vecino A. L., de 25 años, de ser el autor responsable de los disparos mortales. Ni uno ni otro pasaron un mes escaso encerrados. Tras la aprobación de un Decreto de Amnistía una semana después, ambos fueron liberados y el caso fue cerrado.

El asesinato como crimen político fue un “prólogo” de lo que vino después: la brutal represión y limpieza ideológica dirigida contra las personas de izquierdas. En total, sólo en Navarra, fueron 3.500 muertes violentas, entre ellas, Víctor Pascual (el interventor al que fue a ayudar Esparza) asesinado en agosto de 1936, además de miles de encarcelados y miles de exiliados. 

El funeral de Esparza en Iruñea fue multitudinario. Félix había nacido en Andosilla, se trasladó a Iruñea, donde emprendió con su esposa, Ricarda Goñi, el primer cabaret de la ciudad, "La Florida", y un Bar-Restaurante en la Calle Santo Andía 21. Su compromiso político con la República y la izquierda fue claro. Su vida y proyectos fueron truncados por la violencia que precedió a la guerra civil. Años después, a su esposa y cuatro hijos/as, les quitaron bienes y ella fue encarcelada durante 14 meses acusada de pertenecer al Auxilio Rojo. 

Origen de las fotos. Las fotos de Zaragüeta (Museo de Navarra) lo cuentan todo: la cabeza afeitada por el forense deja ver la huella del crimen en toda su crueldad, el cráneo resquebrajado a bocajarro, como en el remate de un jabalí. Esa fue sin duda la más triste noticia: la caza sumaba una nueva presa. Los tiradores ya no tendrían fin. 

La secuencia de fotos sigue un orden cronológico. Una en la que aparece Félix con su perro, En otra, Ramón Bengaray homenajeado por el Orfeón Pamplonés el sábado. El público en el campo de San Juan, partido entre Osasuna y Espanyol de aquel domingo. Una hilera de personas esperan entrar en un colegio electoral de Pamplona. Arturo Campión, personalidad navarra más destacada, deposita su voto. Presos liberados del Fuerte de Ezkaba. En dos el cadáver de Félix en la autopsia. La conducción del féretro, el coche fúnebre que precede a la multitud, camino del cementerio. Participantes en el concurso de tiro pichón del Tennis Lawn Club. Un grupo de personas disfrazadas, era carnaval, y Félix llevaba zapatos rojos. 

90 años después…

Hoy se cumple el aniversario del asesinato de mi abuelo Félix Esparza García a la salida del pueblo de Belascoaín, un día de elecciones, cuando iba a recoger al interventor de Izquierda Republicana. Cinco meses después vendría el golpe de estado.

¿Qué lleva a la gente común con un trabajo, familia e hijos a perseguir y asesinar a un representante político en un día de elecciones y a guardar silencio después?

¿Cómo se consigue que la gente común active ese nivel de odio hacia otro ser humano?

Supongo que estas preguntas se las harán también los ideólogos y medios de comunicación que buscan repetir el mismo resultado.

Me resulta pertinente recordar hasta dónde es capaz de llegar el ser humano imbuido por ideologías que presentan al “otro” como alguien a eliminar. Quiero traer hoy este ejemplo familiar, en estos tiempos convulsos, donde el respeto a los Derechos Humanos, la Libertad, la Solidaridad y el Bien común están en entredicho.

Frente a la Dictadura del Gobierno de unos pocos, la Democracia de todos. De ti depende que los nostálgicos del pasado genocida no vuelvan a dirigir tu vida.

Pamplona a 12 de febrero de 2026

Félix Esparza Fernández

El 17 de febrero, Día del Juego Responsable, nos brinda la oportunidad de reflexionar de verdad sobre los riesgos de los juegos de azar. Mientras las campañas institucionales repiten consignas como “juega con responsabilidad”, la realidad de la ludopatía sigue siendo invisible para la mayoría hasta que toca a la puerta —o más bien, la aporrea—.

El Gobierno ha decidido dar un paso más allá -por fin-  y obligar a los operadores de juego online a sustituir los mensajes genéricos por advertencias claras y basadas en evidencias. Ahora se mencionarán directamente riesgos como la ludopatía o la probabilidad de sufrir pérdidas económicas. Este cambio es esencial. Hablar de “responsabilidad”, depositándola únicamente en la persona y sin advertir de los peligros, puede sonar bien, pero no previene daños. Es como alertar sobre una carretera peligrosa diciendo “conduce con cuidado” sin mencionar las curvas y los baches.

Admitir que la ludopatía es un riesgo real es, simplemente, decir la verdad. El juego de azar no es inocuo. En Aralar lo vemos a diario, muchas personas enfrentan consecuencias graves para su salud mental, sus relaciones y su economía. Pero las políticas efectivas no deben quedarse únicamente en eslóganes. Es fundamental una normativa que dé pasos concretos para restringir el acceso al juego presencial.

Por eso aplaudimos que en Navarra, el próximo 26 de marzo entre en vigor una de las medidas de mayor impacto en años y largamente reclamada por Aralar: todos los locales de juego —salones, bingos y apuestas deportivas— deberán contar con un sistema de control de acceso operativo. Desde esa fecha, nadie podrá entrar en estos establecimientos sin una identificación previa que verifique su mayoría de edad y que no figura en el registro de personas autoprohibidas. Estos sistemas deberán estar conectados a la base de datos del Gobierno foral y situados de forma que nadie pueda eludirlos al entrar. Además, las máquinas de apuestas en bares y otros establecimientos también exigirán la identificación antes de permitir el juego. Si alguien presencia en algún momento una situación en la que no se están cumpliendo estas normas, apelamos a la colaboración ciudadana para que lo ponga en conocimiento de Policía Foral a través del 112.

Es comprensible que el sector privado cuestione estas restricciones y las califique de “medidas excesivas”, pero la función del Estado no es hacer cómodo el mercado, sino proteger la salud de la ciudadanía, más si cabe en el caso de los menores. Hace unos días hemos conocido el último informe estatal sobre adicciones comportamentales, que confirma la tendencia de los últimos años: un aumento del juego presencial entre los chicos y también el de adolescentes que presentan adicción al juego de azar,  el 8,4 %. 

Las advertencias basadas en evidencias y los mecanismos de control forman parte de un enfoque coherente con otras áreas de salud pública. El objetivo es poner barreras reales ante comportamientos que pueden terminar desarrollando una patología. 

Desde Aralar proponemos que este día sirva para recordar que, cuando el juego genera adicción, endeudamiento y sufrimiento, la responsabilidad no puede recaer solo en quien juega. También es de quien regula, de quien se beneficia y de quien decide mirar hacia otro lado.

Por Teresa Burgui, coordinadora de la Asociación Aralar de Ayuda y Prevención de la ludopatía en Navarra

Hay formas muy distintas de expresar una idea o pensamiento político. Unas enriquecen la convivencia. Otras, la destrozan.

Las pintadas que inundan Sarriguren no son simples garabatos ni expresiones artísticas espontáneas. Son actos deliberados de propaganda ideológica que utilizan el espacio público como soporte de imposición y señalación a quien piensa diferente. Quienes creemos y vivimos en democracia asumimos que las ideas se defienden con palabras, argumentos y votos, no con eslóganes trazados a spray sobre muros ajenos y comunes. Está claro que hay quien no vive, ni cree, en estos ideales.

Sarriguren está lleno de pintadas que atacan directamente a la libertad democrática sustituyendo el debate por el señalamiento. Convertir paredes y fachadas en altavoces de una sola visión política no es participación ciudadana, como algunos defienden. Es ocupación simbólica y partidista del espacio común.

Cada pintada supone un desprecio al esfuerzo colectivo y social de quienes trabajan y apuestan por mantener Sarriguren y el Valle de Egüés, cuidado y habitable. Además supone, una falta de respeto a vecinos y comerciantes que ven cómo sus fachadas se convierten en tablones de propaganda sin haber dado jamás su consentimiento.

Especialmente me preocupa el trasfondo que revelan muchas de estas acciones. Se trata de una estrategia de agitación que instrumentaliza a la juventud como brazo ejecutor de una confrontación ideológica permanente. En lugar de promover pensamiento crítico, diálogo y respeto, se empuja a jóvenes a reproducir consignas y a participar en dinámicas de tensión que poco tienen que ver con una sociedad abierta y plural.

Por eso es imprescindible una condena clara y sin matices de estas prácticas. Porque normalizar el vandalismo político es abrir la puerta a que la imposición sustituya al diálogo.

Una democracia madura no necesita paredes que griten consignas. Necesita ciudadanos que piensen, hablen, discrepen y convivan. Pero para ello, está claro que, hay que tener un nivel de educación.

Quiero agradecer y felicitar a los autores que han tenido la irresistible necesidad de pintarrajear los bajos de mi vivienda familiar. Una expresión artística de dudosa calidad y mal gusto. Una especie de ritual trasnochado, de quien se ha quedado superado por la historia y la realidad, y trata de mirar al pasado consciente que cada día pasa, se hunde sin solución de continuidad en la marginación social.

Pintadas como estas, expresan el fracaso del sistema educativo, que es incapaz de encauzar y recuperar para la sociedad a estos grupos marginales reducidos de jóvenes y no tan jóvenes.

Javier Villanueva Aldave Concejal de Juventud por UPN en el Ayuntamiento del Valle de Egüés

Durante más de treinta años, el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha sostenido los centros públicos de enseñanzas artísticas sobre una práctica tan persistente como injusta: la contratación temporal masiva y continuada de profesorado para cubrir puestos estructurales. No hablamos de una situación excepcional ni de una respuesta puntual, sino de un modelo de gestión mantenido durante décadas con pleno conocimiento de sus consecuencias. 

Las Escuelas Superiores de Arte y Diseño de Pamplona y Corella, la Escuela de Danza de Navarra, el Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate y el Conservatorio Superior de Música de Navarra han funcionado durante años con tasas de interinidad que alcanzan entre el 70 y el 80 % de sus plantillas docentes. Detrás de estos porcentajes hay profesionales que llevan diez, veinte o incluso treinta años ocupando la misma plaza, impartiendo las mismas materias y asumiendo idénticas responsabilidades que el personal funcionario, pero sin estabilidad ni derechos equivalentes. 

Hoy, una parte importante de este profesorado supera los cincuenta o los sesenta años, y la mayoría son mujeres. Tras décadas de servicio público, se les exige ahora que se jueguen su futuro laboral en una oposición en la que la experiencia docente apenas tiene peso en el baremo, limitada a unos pocos años, mientras el resultado depende en gran medida de pruebas desligadas del desempeño real del puesto. A ello se suma un elemento especialmente grave: parte del profesorado queda directamente excluida del proceso por no disponer de titulaciones que no eran exigibles cuando accedieron a sus plazas y que la propia Administración consideró suficientes durante años. Para estas personas, el mensaje es claro: su experiencia ya no cuenta. 

Conviene decirlo sin rodeos: no estamos ante un problema de mérito, capacidad o acceso irregular. Todo este personal fue contratado conforme a los requisitos establecidos en cada momento. El problema es el abuso de la contratación temporal por parte de la Administración, derivado de no haber convocado oposiciones con la periodicidad legal y de haber utilizado contratos temporales para cubrir necesidades permanentes. El resultado es una interinidad estructural que no se da en ningún otro cuerpo docente de la Comunidad Foral. 

Europa lleva más de veinticinco años advirtiendo de esta situación. La Directiva 1999/70/CE prohíbe la duración excesiva de la contratación temporal y obliga a sancionar y reparar el abuso cuando se produce. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido claro: convocar oposiciones no sanciona el abuso ni repara a las personas afectadas. Sin embargo, en Navarra esta normativa se aplica con rigor en el sector privado y se elude sistemáticamente en el ámbito público.

La aplicación de la Ley 20/2021 tampoco resolvió el problema. Plazas que debían haberse estabilizado quedaron fuera del proceso, mientras otras se incluyeron sin criterios transparentes. La temporalidad persiste y el coste del fraude se traslada ahora a quienes lo han sufrido durante años. 

Pero este problema no es solo laboral o educativo. Tiene un impacto económico directo que acaba pagando toda la ciudadanía. La mala gestión de la temporalidad ha generado un goteo constante de litigios e indemnizaciones por ceses abusivos, con un coste creciente para las arcas públicas. Navarra ya ha tenido que abonar indemnizaciones que superan los 80.000 euros por un solo cese tras décadas de servicio. Multipliquen esa cifra por los numerosos ceses que puede provocar una oferta de empleo público que no repara el abuso previo, y el resultado es una factura millonaria sufragada con dinero público. 

Resolver esta situación no implica funcionarizar automáticamente a nadie. Europa exige estabilidad laboral como sanción al abuso, no precariedad renovada. Existen soluciones legales, constitucionales y mucho menos costosas que seguir acumulando indemnizaciones, litigios y deterioro del servicio público. 

Tras treinta años, este no es un problema coyuntural, sino una injusticia estructural. La responsabilidad es política y administrativa, pero las consecuencias son colectivas. Navarra debe decidir si sigue pagando los errores del pasado o si, de una vez, afronta el problema con justicia, legalidad y sentido común. 

Juan Rubio Gisbert y Javier Escaray Lozano en representación de los docentes afectados por el abuso de temporalidad de los centros de Enseñanzas Artísticas de Navarra.

La Junta del Club de Jubilados Entrevientos / Haize-Artean, denunciamos públicamente el abandono que sufrimos por parte del Ayuntamiento de Barañáin. Con 2.100 socios y una afluencia semanal de 350 personas solamente a los cursos organizados, nuestras instalaciones son hoy un local obsoleto, sucio y peligroso.

Llevamos cuatro años reclamando mejoras básicas: pintar unas paredes que dan aspecto de insalubridad, cambiar ventanas por las que entra el aire y renovar cortinas rotas. A esto se suma una limpieza deficiente por parte de la concesión municipal (falta de papel, olores, alumnos pasando la mopa) y un horario de apertura insuficiente.

Lo más alarmante es la falta de un Plan de Seguridad y Evacuación. Con salidas obstruidas y sin protocolo de emergencia, tememos que el local se convierta en una ratonera si ocurre un incendio. Ante nuestras quejas, la alcaldía responde con un "tomo nota" o "no hay presupuesto", mientras otros locales municipales lucen impecables.

¿Es por ser viejos? El retraso del Centro de Día y la falta de residencias en un pueblo de 20.000 habitantes confirman que los mayores no somos prioridad. Invitamos a cualquier vecino a la Plaza de la Paz para que juzgue por sí mismo este olvido institucional.

Junta del Club Entrevientos.

Los abruptos cambios en la Gobernanza Mundial están provocando un desbarajuste en las posiciones geopolíticas en Europa y el Mundo. En el caso de la Unión Europea, manteniendo la guerra a ultranza, afectando a las libertades, censurando medios informativos y grupos sociales y tomando decisiones que no le competen en materia armamentistica e interviniendo en las elecciones en Rumanía, Georgia, Moldavia, Polonia sin ningún reparo. 

Tres conflictos bélicos, en Europa (Rusia y Ucrania-OTAN), en Oriente Medio con Israel-USA contra todos y en África las inacabables guerras de Sudan, Somalia, Congo y Sahel, acaparan la mayoría de las informaciones, pero otras 50 guerras de mayor o menor intensidad continúan a lo largo del mundo. Los USA ya sin careta, agreden militarmente a Venezuela, Nigeria o en apoyo de Israel a Irán y Siria, amenazan a Groenlandia, Cuba, México, Colombia. 

Los ciudadanos y ciudadanas vamos de sorpresa en sorpresa y queda clara la sumisión de las decisiones de nuestros gobernantes electos, a los intereses de las Corporaciones Multinacionales representadas por los Estados que controlan. 

La mayoría de los países representados en la ONU, se posicionan continuamente contra las guerras y las agresiones, el Consejo de Seguridad con sus vetos impide las actuaciones para la Paz. En el “jardín europeo” escenario privilegiado de las más feroces carnicerías del siglo pasado, no hay manera de poner en marcha un Plan de Paz y Seguridad para Europa. Los Antiguos Imperios, no renuncian a sus políticas belicistas. Ni la OTAN ni el Pacto de Varsovia lograron esa estabilidad, la desaparición de ambos es indispensable para que una nueva política, garantice la estabilidad desde Kazajistán a Irlanda y desde Finlandia a Chipre, respetando la libre elección de cada pueblo y favoreciendo la cooperación económica, social y cultural.

Algunos hechos

La cabezonería de la UE y la OTAN en seguir la guerra desangra Ucrania y empobrece a todo el continente, fantasea con un ataque de Rusia y una IIIª Guerra Mundial Nuclear y aplica unas políticas distintas en función de quién sea el agresor o el agredido para mantener la Legalidad Internacional. 

A los europeos se nos ha aplicado la doctrina del Shock, la guerra es ineludible y por tanto hay que aceptar todo tipo de restricciones; la vuelta al servicio militar obligatorio, la censura informativa (prohibición de medios) inflación y costos de producción disparados, deslocalización de empresas junto con unas políticas erráticas en materia industrial, agraria y medio ambiental. 

Los recursos económicos necesarios para esos planes se detraen de la lucha contra la Emergencia Climática, la Agenda Verde y todo tipo de programas sociales (igualdad y no discriminación, seguridad social, vivienda, migración, salud y educación). 

Los estados actuales en las zonas de conflicto, en su mayoría son consecuencia de repartos coloniales o post guerras del siglo XX muchos no existían o no tenían la configuración actual, aunque ya estaban habitados. Ucrania y la mayoría de las repúblicas exsoviéticas han sido históricamente deseadas por sus recursos, con estrategias coloniales o guerras. 

Detrás de toda la retórica sobre libertad, democracia, etc. está la batalla por los recursos, entre las antiguas potencias coloniales y USA, los nuevos actores (BRICS) y sus dueños.

El aumento del gasto bélico en Europa

Sobre la decisión de la UE de gastar 800.000.000.000 € en armas, la mayoría de los gobiernos y los grandes medios de comunicación la dan por buena, pues Rusia nos va a atacar en 5 años, no se explica qué criterios de cálculo han servido para esa cifra a la que hay que sumar el 5% del PIB para la OTAN, desde donde se incita a los países para que reduzcan gasto social para afrontar los gastos en armas. 

¿Si ya gastamos entre UE y Reino Unido, más del doble que Rusia donde ha ido el dinero?

Se quieren reconvertir las compañías europeas del metal y vehículos a industria bélica con esa financiación y promover compañías tecnológicas en fabricación de productos y tecnologías de doble uso. Una parte de esa cifra es el pago de los beneficios a los dueños de las empresas armamentísticas y la banca que las financia. Serán 80.000, 160.000 millones de € o más, que alguien, que ahora está haciendo lobby y azuzando la opinión pública a su favor, se embolsará. 

Si todo esto es crítico y existencial, se debieran nacionalizar todas las empresas del metal, vehículos, energía, minería y tecnología y la banca que financia.

La posición de España, OTAN vs democracia

La mayoría aquí ni ve el riesgo, ni olvidan que la única ayuda tras el golpe militar de 1936 fue de la URSS, nuestros aliados actuales en la OTAN o lucharon con los golpistas como Italia y Alemania o miraron para otro lado USA, Francia y Reino Unido incluidos. 

La OTAN fundada en 1949, no es garantía de democracia tampoco los USA que montaron aquí sus bases en 1960, que no hicieron nada contra las dictaduras en España, Portugal o Grecia, aunque si hicieron negocios aquí e instigaron la mayor parte de las guerras en el mundo. 

No sabemos cuánto gasta España en armas, oficialmente menos del 2% del PIB,, aunque el grupo antimilitarista “Tortuga” ha calculado, agregando todas y cada una de las partidas camufladas, en casi todos los Ministerios, que va del 5 al 6%. 

Sánchez compromete miles de millones en ayuda a Ucrania, con soldados españoles incluidos, sin contar con el Parlamento, adoptando en las innumerables reuniones, las posiciones de los países más beligerantes y haciendo lo imposible por evitar cualquier acuerdo de paz. 

Morituri te salutant o hasta el último ucraniano o ucraniana

La población que sí se ha movilizado activamente por Palestina, ha pasado en el caso de la guerra en Europa, sin exigir su final. 

Después de 4 años de guerra desconocemos el número de bajas, personas heridas, mutilados y vidas arruinadas en ambos bandos, sus efectos se sufrirán durante generaciones. Pero la guerra y la reconstrucción posterior son un gran negocio, se rebajan los límites legales para contratar y siempre hay quien aprovecha la situación para enriquecerse. 

Cada vez que se lanza uno de esos drones de última generación, un misil, se ponen aviones en vuelo o atacan los tanques o la infantería, se hace con la intención de causar bajas al enemigo, destruir infraestructuras y/o sembrar el pánico entre la población. 

El lema “hasta el último ucraniano” que se jaleaba al comienzo de la guerra, nos tiene que preocupar, después de ellos vamos los y las  demás. 

Una paz justa y duradera, ¿qué es eso? 

El final de las hostilidades solamente puede conseguirse mediante negociación o por destrucción total del enemigo, nosotros optamos por la primera opción, dando a las partes seguridad y solucionando los conflictos que dieron lugar a la guerra.

El este de Europa es históricamente una mezcla de pueblos, que cambiaban cada poco a diferentes imperios o estados. El respeto a los derechos de las minorías y el reconocimiento y la protección del Derecho de Autodeterminación hubiera permitido evitar muchos conflictos. Lo mismo ocurre en Oriente Próximo y África. 

La inestabilidad permanente merma la calidad democrática, favoreciendo la corrupción y enajenación de los medios de producción por oligarquías locales y fondos occidentales. Dos modelos se enfrentan sobre el terreno, los antiguos dueños coloniales y las potencias emergentes (los BRICS). En vez de reconocerse y replantear la nueva situación, se mantiene un órdago cada vez con menos cartas. Hay tomar conciencia y movilizarse para acabar con el poder de los grupos económicos que gobiernan los estados y la UE, llevándonos a una situación extrema. 

Abolir estas dinámicas belicistas permitiría de una vez por todas, centrarse en los verdaderos problemas mundiales, como un desarrollo equilibrado, la solución de los problemas migratorios y de desplazados y la Emergencia Climática, todos ellos necesitan la cooperación de todos y ahí sí que nos jugamos el futuro de la humanidad.

Gerrarik ez- Plataforma contra las guerras 

Persiste un “desacuerdo fundamental”. Este fue el único resultado concreto de la reunión celebrada en la Casa Blanca entre representantes estadounidenses, daneses y groenlandeses el 14 de enero, ya que cada parte mantuvo su posición original sobre la soberanía de Groenlandia. La Administración Trump argumentó que Estados Unidos debe asumir el control directo de la isla, mientras que los dirigentes daneses y groenlandeses rechazaron firmemente la idea.

Quizás esto era de esperar. La recientemente publicada Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU. dejó una cosa muy clara: la política exterior estadounidense se define ahora por un enfoque asertivo hacia todo el hemisferio occidental. Washington reclama el derecho a intervenir en los asuntos internos de otros países, incluso militarmente si es necesario, con el fin de garantizar los intereses estratégicos y corporativos de Estados Unidos.

Esta nueva “doctrina Donroe” es una versión renovada de la diplomacia de las cañoneras que configuró la política exterior estadounidense hacia América Latina (y la región Asia-Pacífico) a principios del siglo XX.

Trump quiere Groenlandia

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que Estados Unidos necesita asumir el control directo de Groenlandia por razones de “seguridad nacional”. Las redes sociales de la Casa Blanca ahora publican regularmente mensajes sobre el control de la isla por parte de Estados Unidos, pero Trump lleva tiempo haciendo alarde de su poderío militar: “La conseguiremos, de una forma u otra”, afirmó en un discurso ante el Congreso en febrero de 2025. Su nombramiento del actual gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial para Groenlandia en diciembre de 2025 confirmó esta línea de actuación.

Para Trump, Groenlandia es estratégicamente vital. Aunque escasamente poblada, la isla es potencialmente rica en materias primas, incluidos minerales críticos de tierras raras. Esto la convierte en un objetivo para los gigantes tecnológicos estadounidenses.

También encaja perfectamente en su idea de unos Estados Unidos imperiales, junto con la extraña propuesta de convertir a Canadá en el 51.º estado de EE. UU. y el controvertido cambio de nombre del golfo de México por el de “golfo de América”.

Como parte de su retórica sobre seguridad nacional, Trump ha afirmado que los barcos chinos y rusos están “por todas partes” en Groenlandia. Sin embargo, altos funcionarios nórdicos con acceso a la inteligencia de la OTAN han declarado pública y explícitamente que no hay registros de ello en los últimos años.

Geográficamente, Groenlandia es la puerta de entrada de América del Norte al Ártico. El cambio climático ha hecho que la región sea cada vez más fácil de navegar, y se espera que se convierta en un escenario de fuerte competencia entre las mayores potencias mundiales.

Respuesta danesa y europea

Los responsables políticos europeos han empezado a tomarse en serio las palabras de Trump, y con razón: en este segundo mandato está demostrando que quiere –y, en ocasiones, es capaz– de alinear sus palabras (incluso las más radicales y extremas) con la acción política. A pesar de formar parte de Dinamarca, que es aliada de la OTAN y miembro de la Unión Europea, Groenlandia parece una presa fácil.

El Gobierno autónomo de Groenlandia ha declarado en repetidas ocasiones, tanto antes como después de la reunión del 14 de enero, que no quiere ser anexionado por Estados Unidos.

Tras un largo periodo de mediación y un enfoque discreto, el primer ministro danés también ha adoptado una postura firme, ahora respaldada por otros socios europeos y el Reino Unido.

Por su parte, la Comisión Europea se ha mostrado indecisa, expresando su solidaridad con Dinamarca y Groenlandia, pero siendo decepcionantemente ambigua en lo que respecta a compromisos concretos en materia de seguridad. Por el contrario, el Gobierno danés ha optado por ampliar su presencia militar en la región. Ha puesto en marcha la Operación Resistencia Ártica en estrecha colaboración con aliados como Francia, Alemania, Noruega y Suecia. Finlandia y los Países Bajos aún están evaluando la propuesta danesa.

Desde una perspectiva militar, se trata en gran medida de una medida simbólica, pero políticamente tiene una enorme relevancia, ya que supone un nuevo mínimo histórico en las relaciones transatlánticas. Las tropas europeas están ahora desembarcando en Groenlandia para defenderla de una amenaza real que no proviene de Rusia ni de China, sino de Estados Unidos, su socio en materia de seguridad desde hace décadas.

Tres posibles resultados

Dadas las circunstancias actuales, parece que hay tres posibles formas de superar este punto muerto.

La primera es que Trump dé marcha atrás, renuncie a su plan de “conseguir Groenlandia” y respete el statu quo. Esto es muy improbable: la escalada verbal del presidente ya ha llegado a un punto sin retorno, y ahora se encuentra en la posición de tener que vender la cuestión de Groenlandia a su electorado como una victoria histórica.

La segunda opción es, por lo tanto, la ocupación militar. Esto se rige por la lógica de la teoría de juegos del “juego del gallina”. Las fuerzas armadas estadounidenses son más numerosas, están mucho más preparadas para luchar y cuentan con el apoyo de una Administración que ya ha demostrado que puede utilizar la fuerza de forma deliberada y unilateral, con o sin la aprobación del Congreso, tal y como prescribe la Constitución de los Estados Unidos. En el momento de la verdad, Trump puede pensar que los europeos se asustarán y se retirarán.

Este es el peor de los escenarios, que podría conducir al fin de la OTAN. También podría desencadenar un efecto dominó de deterioro de las relaciones, lo que podría amenazar la unidad de la UE.

Es cierto que Trump puede verse tentado a continuar con su enfoque errático de “la fuerza hace el derecho” (que algunos analistas han bautizado de forma pintoresca como la estrategia “Fuck Around and Find Out” (“juega y descúbrelo”). Sin embargo, también podría verse frenado por las crecientes preocupaciones dentro de su propio partido, como las expresadas recientemente por el poderoso senador republicano Mitch McConnell.

La tercera posibilidad es negociar un compromiso que beneficie a ambas partes. Estados Unidos y Dinamarca podrían revisar su acuerdo bilateral de 1951 y, de esta manera, proporcionar a Washington una mayor presencia militar en la isla (como, por ejemplo, el permiso para construir una base para submarinos nucleares estadounidenses) junto con una concesión especial para los derechos mineros. Al mismo tiempo, Dinamarca y otros aliados de la OTAN se comprometerían a aumentar su presencia militar en Groenlandia y en todo el Ártico.

Se dice que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, está trabajando activamente para lograr este resultado. Sería una solución beneficiosa para todas las partes y muy bienvenida.

Michele Testoni, Professor of International Relations, IE University

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

En Policía Municipal de Pamplona se ha implantado recientemente un nuevo modelo organizativo que ha supuesto la eliminación de las tradicionales Lecturas de Servicio o briefings. 

La medida no es fruto de la casualidad ni de la improvisación, sino de una planificación fría, calculada y profundamente deshumanizadora, diseñada desde despachos alejados de la realidad policial diaria. 

Bajo argumentos como la mejora del servicio al ciudadano, la conciliación familiar de los agentes, la reducción de horas extraordinarias o la optimización de recursos, se ha impuesto un sistema que, lejos de modernizar la Policía, la vacía de contenido humano.

Hoy, los agentes llegan a su puesto de trabajo en tandas horarias (no vaya a ser que se reúnan en grupo y opinen sobre la cada vez más desgastada estructura de Polícia Municipal de Pamplona), fichan, entran en la sala de briefing y en vez de compañeros reunidos en grupo a la espera de la Lectura del Servicio por parte del Jefe de Sala, se encuentran únicamente con una pantalla. En ella aparece su indicativo y su sector asignado. Un clic de ratón y salida inmediata al servicio. Sin información. Sin palabras. Sin miradas. Sin personas.

Las lecturas de servicio han sido históricamente mucho más que una transmisión de órdenes e información. Eran un espacio de contacto humano imprescindible en un trabajo especialmente duro. En ellas no sólo se dictaban instrucciones, en ocasiones se producían broncas colectivas cuando tocaba y, algo no menos importante, reconocimiento público por un trabajo bien hecho. Esa broma improvisada, ese "quizás hoy toque ver algo que me va a cambiar la vida, pero tengo a estos hombres y mujeres a mi lado", ese reconocimiento grupal es una herramienta básica de cohesión y motivación en cualquier organización, y especialmente en una Policía. 

La psicología social lleva décadas señalando que el contacto humano y el sentimiento de pertenencia a un grupo son necesidades básicas. Estudios clásicos y actuales coinciden en que la falta de interacción personal en el trabajo incrementa el estrés, reduce la implicación profesional y deteriora la salud mental. 

En colectivos como el policial, donde la presión emocional es constante, estos espacios compartidos actúan como un auténtico factor de protección.

La Policía no es una cadena de montaje. Es un grupo humano que gestiona conflictos, violencia, sufrimiento y situaciones límite que la mayoría de la sociedad no presencia. El apoyo entre compañeros, el reconocimiento colectivo y la comunicación directa son elementos esenciales para sostener emocionalmente a quienes sostienen la seguridad ciudadana.

Mecanizar a un colectivo con un trabajo tan duro y, en muchas ocasiones, tan triste, como el policial no es una mejora del servicio público, es una decisión que puede tener consecuencias graves sobre la salud mental del personal y sobre la propia calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

La eficiencia no puede lograrse a costa de borrar a las personas. Una Policía sin contacto humano interno es una Policía más sola, más desgastada y, a medio plazo, menos eficaz.

Policía Municipal de Pamplona:
Canción triste de Hill Street, nunca tan triste*

*Canción Triste de Hill Street: serie de los 80

Por Maite González Gabari, Delegada sindical del Sindicato Independiente de Policías de Navarra SIPNA

El Gobierno de Navarra acaba de publicar el borrador de su nueva estrategia de energía y clima ENERKLINA2050. Celebramos que se actualicen dos estrategias en una hasta ahora paralelas, ya que son indisociables. Es una estrategia estructurada y coherente y que establece presupuestos desglosados y mecanismos de seguimiento, lo que supone un notable avance frente a las anteriores estrategias KLINA (Hoja de Ruta de Cambio climático de Navarra) y PEN2030 (Plan Energético de Navarra horizonte 2030).

Sin embargo encontramos numerosas carencias y grandes desacuerdos en la orientación de la misma.

No hace evaluación. Resulta extraño que ENERKLINA2050, siendo una continuación de KLINA y el PEN 2050, no realice una evaluación de la aplicación de KLINA. No se entiende que se pase de una estrategia a otra, sin evaluación de este proceso. En el mismo sentido se hacen numerosas referencias a la LFCCTE (Ley foral de Cambio Climático y Tansición Energética) y en ningún momento se realiza un comentario sobre la no aplicación de la normativa, ausencia de planes de inspección, cumplimiento de sus plazos, etc.

Participación ciudadana. ENERKLIN2050 hace numerosas referencias a la participación ciudadana. Incluso reconoce “Aunque el marco normativo, como la Ley Foral 4/2022, promueve la equidad y la participación ciudadana, su aplicación efectiva sigue siendo limitada”  ¿Qué mejor oportunidad que ENERKLINA2050, haga efectiva la participación ciudadana, incorporando, o al menos ponderando, las propuestas de la Asamblea ciudadana navarra del cambio climático?A pesar de haberse hecho un gran esfuerzo en 2025 para el desarrollo de dicho proceso deliberativo, con las propuestas aún calientes, en todo el documento ENERKLINA2050, no se hace ni una referencia a las conclusiones y propuestas del informe presentado por dicha Asamblea, lo que supone una gran duda en torno a las declaraciones de gobernanza participativa de ENERKLINA2050.

Es una estrategia “tecnoptimista” que apuesta claramente por un desarrollismo, basado en una expansión desmesurada de instalación de energías renovables y una fe ciega en el escalado de la electrificación de usos energéticos, lo que hoy en día suscita numerosas dudas razonables que deberían ser debatidas en el marco de este borrador.

Propone una huida hacia adelante, cuando debería considerar un escenario de ordenado decrecimiento. Entendiendo que es extremadamente difícil en un mundo globalizado, debería dar pasos que investigue modelos de desarrollo hacia lo local, la contención, que pusiera el foco en la gestión de la demanda más que en la gestión de la oferta (energía y consumo).

Proyecciones excesivamente optimistas en cuanto a absorciones de CO2por parte de los bosques ya que de acuerdo a las previsiones de ENERKLINA2050 se consideran críticas para cumplir los objetivos de neutralidad climática en 2050. Las proyecciones de la capacidad de acumulación de carbono por parte de los bosques son cada vez más pesimistas y, de hecho, diversos estudios apuntan que el cambio climático podría convertir muchos bosques, especialmente aquellosubicados en zonas secas, en emisores netos de CO2.

Datos sin actualizar. El apartado"Tendencias climáticas observadas” obvia el comportamiento observado de la temperatura y precipitación en los 5 años de la presente década, donde se evidencia el agravamiento de la crisis climática a nivel global, y también, en este caso, a nivel regional en Navarra. De hecho los años 2022, 2023, 2024 y 2025 son los 4 más cálidos desde 1961. 9 de los 12 días de temperatura más extrema sobre el conjunto de Navarra se han producido en los veranos de 2022, 2023 y 2025. El año 2021 registró las peores inundaciones en Navarra en 50 años,  2022 fue el más seco desde que hay datos y 2023 es el año con más registros de precipitación muy fuerte en escalas cortas de tiempo

Minusvalora la adaptación. Tras 8 años de proyecto NADAPTA investigando y haciendo experiencias piloto en diversos sectores, sus conclusiones no quedan suficientemente reflejadas en la estrategia, quedan indefinidas.  La prioridad que se da a la mitigación (93% de la Inversión presupuestada para hacer frente a la crisis climática.) frente a la adaptación (6,7% del presupuesto) demuestra que es una estrategia de mucha energía y poco de clima. Dados los escenarios nada halagüeños, debería hacerse un mayor esfuerzo en adaptación. Las cifras destinadas a cada partida demuestran dónde están los verdaderos intereses. El 29% del presupuesto total (2.609.000.000€) está destinado a la“Consolidación de la interconexión eléctrica transfronteriza con Francia”. A Salud humana el 2,5% del presupuesto, a Patrimonio natural, biodiversidad y áreas protegidas el 0,3% .Aunque sea necesaria una estimación económica de las medidas de adaptación, consideramos deshumanizante la valoración económica que realiza de los sectores salud y biodiversidad.

Igualmente consideramos que es absolutamente prioritario trabajar la implantación de todos los planes y herramientas relativas a la protección frente a desastres naturales, cuya frecuencia e intensidad son amplificadas por el cambio climático. La primera medida debería pasar por concienciar, involucrar activamente y trabajar con la población local.  

Perspectiva de género. La perspectiva de género está totalmente ausente de ENERKLINA2050, pese a que la LFCCTE insiste reiteradamente en que debe ser considerada en toda acción climática. Hay suficientes estudios que demuestran las diferentes actitudes de mujeres y hombres hacia el consumo, la movilidad y la gestión de la energía, los diferentes impactos y respuestas ante los impactos del cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos para que sean considerados en la estrategia. Además hay un interesante y olvidado antecedente en Navarra en la iniciativa “Activas por el clima” de 2018.

Sectores ausentes. Apenas se aborda la alimentación, un asunto clave en lo que respecta a mitigación (aunque no incida directamente en el inventario de Navarra) y la justicia climática. Tampoco se menciona las migraciones climáticas, fenómeno sobre el que alerta NNUU y ante el que Navarra, como comunidad solidaria, debería ir preparándose.

Transparencia vs conveniencia.ENERKLINA2050 establece objetivos en referencia al año 2005, año de máximo consumo energético y emisiones, lo que permite dar impresión de grandes reducciones y hacerse trampas al solitario.Deberían mostrarse siempre objetivos y datos de emisiones también en referencia a 1990, año de referencia del Acuerdo de París y del IPPC.

Confiamos en que el documento sea mejorado en su proceso de participación pública, pero sobre todo, deseamos que tanto la LFCCTE y la estrategia ENERKLINA2050 se ejecuten con los criterios de ambición y justicia social que se declaran.

Por  Peio Oria (Fundación Clima/Klima Fundazioa), Julen Rekondo (Premio Nacional de Medio Ambiente) y Rafa Alday (Ekologistak Martxan)