¿Cuántos votos hacen falta para instalar placas solares en la azotea? ¿Puede un vecino cerrar su terraza sin consultar a nadie? ¿Qué pasa si alguien deja de pagar las cuotas? La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha publicado una guía para responder a estas y otras preguntas habituales en las comunidades de propietarios, después de atender casi tres mil casos sobre esta materia en el último año.

El aumento más notable en las consultas recientes tiene que ver con la eficiencia energética de los edificios, un terreno donde muchos vecinos desconocen sus derechos y obligaciones antes de votar en junta.

Reformar la envolvente: mayoría simple y pago obligatorio

Las obras para mejorar el aislamiento térmico del edificio, conocidas como reforma de la envolvente, requieren el voto favorable de la mayoría simple de propietarios, siempre que representen también la mayoría de las cuotas de participación. Si se alcanza ese umbral, todos los vecinos están obligados a pagar, salvo que el coste individual supere el equivalente a doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. Si el respaldo llega a los tres quintos, el pago es obligatorio para toda la comunidad sin excepciones.

Paneles solares: un tercio puede aprobarlos, pero solo los pagan quienes votan a favor

La instalación de energía solar comunitaria —o de otras fuentes renovables como la aerotermia o la geotermia— puede aprobarse con el voto de un tercio de los propietarios. En ese caso, solo quienes hayan votado a favor pagarán y se beneficiarán. Si la mayoría lo aprueba, el coste se reparte entre todos, salvo que supere las doce mensualidades por vecino.

Ascensores y rampas: obligatorio si lo pide un mayor de 70 años o una persona con discapacidad

Las obras de accesibilidad tienen un régimen especial. Si las solicita una persona mayor de setenta años o alguien con discapacidad, todos los vecinos deberán costearlas siempre que el gasto anual no supere las doce mensualidades. También son obligatorias cuando las ayudas públicas disponibles cubren al menos el 75% del importe total. Irache recoge además una paradoja que se ha dado en algunos edificios: vecinos de edad avanzada y con movilidad reducida que han tenido que pasar semanas sin ascensor precisamente por obras destinadas a mejorar la accesibilidad.

Toldos, terrazas y aires acondicionados: se necesitan tres quintos

Cerrar una terraza, instalar un toldo o colocar un aparato de aire acondicionado en la fachada no es una decisión individual. Cualquier alteración de elementos comunes o de la estructura del edificio requiere el voto favorable de tres quintas partes de los propietarios, que representen además tres quintas partes de las cuotas. Irache advierte de que algunos vecinos han realizado estas modificaciones sin consultar a nadie, generando conflictos en sus comunidades.

Ruidos, morosos y pisos turísticos

La guía también aborda otros frentes habituales. En materia de ruidos y molestias, la ley permite al presidente de la comunidad requerir el cese inmediato de actividades prohibidas, bajo apercibimiento de acciones judiciales. Ante un vecino moroso, la comunidad puede iniciar un procedimiento monitorio para embargar bienes y privarle del derecho a voto, aunque nunca podrá cortarle el acceso al ascensor o al agua.

Sobre los pisos turísticos, desde abril del año pasado cualquier propietario que quiera destinar su vivienda a este uso necesita el permiso de la comunidad. Para prohibirlos, limitarlos o permitirlos se requiere el respaldo de tres quintas partes de los propietarios.

La guía está disponible a través de la Asociación de Consumidores de Navarra Irache.

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha alertado sobre la proliferación de ofertas de obras de eficiencia energética en viviendas que se presentan como gratuitas o a un coste simbólico, una práctica que está generando dudas entre numerosos consumidores navarros.

Según explica la entidad, varias personas han acudido recientemente a solicitar asesoramiento tras recibir propuestas de empresas que plantean realizar reformas a cambio de la cesión de los llamados Certificados de Ahorro Energético (CAE). Aunque este sistema es completamente legal, Irache advierte de que resulta “difícil” que el valor de estos certificados llegue a cubrir el coste total de las actuaciones, por lo que recomienda analizar con detalle las condiciones antes de firmar cualquier contrato.

Los CAE forman parte de un mecanismo aprobado por el Gobierno hace tres años que permite monetizar el ahorro energético generado tras una reforma. Cada certificado equivale a un kilovatio hora (kWh) de ahorro, y su precio —que en 2025 se situó entre 115 y 140 euros por megavatio hora— depende de lo que estén dispuestas a pagar las compañías energéticas, obligadas a cumplir objetivos anuales de eficiencia.

Entre las actuaciones que pueden generar estos certificados figuran la mejora del aislamiento térmico, el cambio de ventanas, la instalación de sistemas de climatización más eficientes o la sustitución de calderas por bombas de calor. Sin embargo, la asociación advierte de que no todas las intervenciones generan el mismo nivel de ahorro, especialmente en viviendas unifamiliares o actuaciones de pequeño alcance.

Irache pone el foco en posibles prácticas irregulares, como la sobreestimación del ahorro energético por parte de algunas empresas para aumentar el valor de los certificados. Si finalmente los ahorros reales son menores, los CAE concedidos también lo serán, lo que puede traducirse en un perjuicio económico para el consumidor si este ha adelantado dinero bajo la promesa de recuperarlo posteriormente.

Por ello, la entidad insiste en la importancia de que el contrato recoja de forma clara y detallada las obras a realizar, los materiales, los plazos y, especialmente, que el pago se limite exclusivamente a la cesión de los certificados generados. De este modo, cualquier desviación en el valor de los CAE recaería sobre la empresa y no sobre el cliente.

Asimismo, Irache advierte de la “tentación” que suponen las ofertas de reformas gratuitas, que pueden llevar a aceptar intervenciones de escaso impacto energético. En este sentido, recuerda que existen ayudas públicas para este tipo de actuaciones, pero subraya que estas no están vinculadas a la cesión de los certificados, pese a que algunas ofertas puedan sugerir lo contrario.

Ante este escenario, la asociación recomienda a los consumidores informarse adecuadamente y desconfiar de propuestas que prometan coste cero sin una explicación clara de las condiciones, en un contexto en el que la eficiencia energética se ha convertido en un mercado en expansión, pero también en un terreno propicio para prácticas poco transparentes.

La cuenta atrás para la Semana Santa ya se nota en los planes de viaje de los navarros. Un 46% de los ciudadanos de la Comunidad Foral asegura tener ya decidido su destino vacacional para estas fechas, según una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache. La cifra refleja un aumento del interés por viajar, mientras que el porcentaje de quienes optan por quedarse en casa se reduce hasta el 43%, cuatro puntos menos que el año pasado.

Entre quienes ya tienen las maletas en mente, la opción preferida es viajar a otras comunidades autónomas. En concreto, el 61% de los encuestados ha elegido destinos dentro de España, frente al 25% que planea salir al extranjero y el 13% que optará por desplazarse a otra localidad de Navarra. Precisamente los viajes internacionales son los que más crecen respecto al año anterior, con un aumento de ocho puntos.

Sin embargo, junto al entusiasmo por las vacaciones, también se repiten cada año las incidencias que generan reclamaciones. Transporte y alojamiento concentran cerca del 70% de las quejas presentadas por los consumidores durante los periodos vacacionales. Los retrasos en vuelos encabezan la lista de problemas más habituales, especialmente en escapadas cortas como las de Semana Santa, donde cualquier demora puede alterar por completo el plan previsto.

Este año, además, algunos viajeros observan con preocupación la posible repercusión del conflicto en Oriente Medio en el tráfico aéreo. En las últimas semanas, numerosas personas han contactado con Irache para informarse sobre posibles cambios o cancelaciones en sus viajes.

En caso de retrasos importantes, los pasajeros cuentan con derechos específicos. Si un vuelo se retrasa más de tres horas y sale de la Unión Europea —o llega a ella con una aerolínea comunitaria—, el viajero puede reclamar compensaciones económicas que oscilan entre 250 y 600 euros, dependiendo de la distancia del trayecto. Además, si la demora provoca perjuicios adicionales, como la pérdida de una noche de hotel o de otro transporte contratado, el consumidor también puede reclamar esos gastos.

Las cancelaciones de vuelos son otra fuente habitual de conflicto. Si la compañía aérea no avisa con al menos quince días de antelación, el viajero tiene derecho a recuperar el importe del billete. No obstante, en ocasiones los consumidores se ven obligados a pagar precios más elevados para no perder sus vacaciones, como el caso de una pareja que tuvo que asumir un incremento de 220 euros para poder mantener su viaje a Tailandia tras la cancelación de su vuelo inicial.

El equipaje también genera numerosas incidencias, desde pérdidas o retrasos hasta daños en las maletas. En los últimos meses, además, han aumentado las quejas por el cobro inesperado de la maleta de mano en algunas aerolíneas, cuando los pasajeros acudían al aeropuerto convencidos de que podían subirla al avión sin coste adicional.

En cuanto al alojamiento, las reclamaciones suelen surgir cuando la realidad no coincide con lo anunciado: hoteles sin servicios prometidos, apartamentos más pequeños de lo esperado o ubicaciones alejadas de los puntos de interés. En los últimos años han crecido especialmente las quejas relacionadas con apartamentos turísticos gestionados a través de plataformas intermediarias.

Ante este tipo de situaciones, desde Irache recomiendan actuar con rapidez y dejar constancia por escrito de cualquier incumplimiento. También aconsejan conservar todos los documentos relacionados con el viaje —reservas, contratos, publicidad o billetes— donde figuren con claridad las condiciones acordadas.

Tener toda esa información detallada, desde horarios de vuelo hasta características concretas del alojamiento, puede resultar clave para defender los derechos del consumidor y facilitar una posible reclamación posterior. Porque, aunque las vacaciones están pensadas para desconectar, una buena planificación y documentación pueden evitar más de un quebradero de cabeza

El 58% de los consumidores no está satisfecho con la atención telefónica que prestan las empresas cuando intentan resolver dudas, quejas o incidencias, según una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache. El estudio evidencia un déficit generalizado en la calidad del servicio, especialmente en sectores como la energía, la telefonía o el transporte aéreo.

Entre los principales motivos de insatisfacción destacan la falta de solución a los problemas planteados y la prolongación innecesaria de las llamadas, ambos señalados por un 21% de los encuestados. A ello se suman la sensación de no ser escuchados (12%) y las dificultades para lograr que alguien atienda la llamada (4%).

Desde Irache constatan que muchas de las personas que acuden a la asociación no solo presentan reclamaciones por el servicio contratado, sino también por el trato recibido al intentar resolverlas. “Existe un malestar creciente por la atención telefónica, que en muchos casos agrava el problema inicial”, señalan.

Uno de los conflictos más habituales se produce al intentar darse de baja de servicios, especialmente en compañías telefónicas o energéticas. Consumidores denuncian obstáculos reiterados para tramitar la cancelación, cargos por permanencias o incluso la continuidad de cobros tras haber solicitado la baja. Situaciones similares se repiten en el ámbito de los seguros, donde algunas solicitudes no quedan registradas.

También son frecuentes las dificultades para entender las facturas de luz o gas, así como la falta de respuestas claras sobre subidas de precios. En el caso del transporte aéreo, las quejas se centran en largas esperas telefónicas y en la ausencia de soluciones definitivas ante cancelaciones o incidencias.

Ante este escenario, la nueva Ley de Atención a la Clientela introduce obligaciones más estrictas para las empresas. Entre ellas, la atención en menos de tres minutos en el 95% de las llamadas, la prohibición de colgar al cliente o de derivar a números de pago, y la obligación de proporcionar un justificante de cada reclamación con fecha y hora.

Además, las compañías deberán responder a las reclamaciones en un plazo máximo de quince días —cinco en casos relacionados con facturación— y no podrán utilizar estos canales para realizar ofertas comerciales.

Pese a estos avances normativos, desde Irache insisten en que el verdadero reto será su cumplimiento efectivo. La asociación considera imprescindible seguir avanzando en la calidad del servicio para garantizar una atención eficaz, ágil y respetuosa con los derechos del consumidor.

El cierre repentino de la empresa de estética Hedonai-que en Pamplona operaba dentro de las instalaciones de El Corte Inglés- ha dejado a decenas de clientes en una situación de incertidumbre, con tratamientos pagados por adelantado que ya no podrán disfrutar. Ante esta situación, la Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha lanzado un mensaje claro: reclamar cuanto antes la devolución del dinero.

La asociación ha recibido en las últimas semanas varios casos de clientes en Pamplona que habían adquirido bonos para tratamientos estéticos —en zonas como axilas, piernas o ingles— y que ahora se encuentran con el establecimiento cerrado y sin posibilidad de utilizar las sesiones restantes. En algunos casos, las cantidades abonadas superan los 600 euros.

Irache insiste en que es fundamental conservar todos los justificantes de pago, contratos y facturas, ya que serán clave para cualquier reclamación. Además, recomienda presentar una solicitud por escrito a la empresa para exigir el reintegro de los importes pendientes, dejando constancia formal de la reclamación.

El problema no se limita a Navarra. Hedonai contaba con presencia en varias ciudades del país, por lo que el número de afectados se extiende a nivel estatal.

Mientras tanto, la empresa ha comunicado que ha solicitado el concurso de acreedores y remite cualquier actuación a la futura administración concursal. Este escenario complica y alarga los procesos de recuperación del dinero, pero desde Irache subrayan que reclamar cuanto antes puede ser determinante para ser reconocido como acreedor.

Otro aspecto clave afecta a quienes financiaron los tratamientos. En estos casos, la asociación aconseja revisar el contrato para comprobar si se trata de un crédito vinculado, lo que podría permitir reclamar directamente a la entidad financiera la parte del servicio no prestado.

Además del perjuicio económico, Irache no descarta que los afectados puedan reclamar compensaciones adicionales si acreditan daños derivados del cierre, lo que añade una nueva dimensión a un problema que ya ha generado malestar entre los consumidores.

Por ahora, la incertidumbre sigue marcando el futuro de los clientes, a la espera de que se designe la administración concursal que deberá ordenar el proceso y establecer los pasos para canalizar las reclamaciones.

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha recomendado a los viajeros que tengan previsto desplazarse a zonas en conflicto que revisen detenidamente las condiciones de sus vuelos o paquetes turísticos antes de tomar decisiones, después de haber recibido en la última semana decenas de consultas relacionadas con viajes programados a distintos países de Oriente Medio.

Según ha explicado la organización, muchas de las dudas de los consumidores se centran en la posibilidad de cancelar o modificar sus viajes ante la creciente inestabilidad en la región. Desde Irache aconsejan mantenerse en contacto permanente con la aerolínea o la agencia de viajes y consultar las recomendaciones oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores de España sobre el destino previsto.

Las autoridades advierten de que incluso países que no están directamente implicados en conflictos bélicos pueden registrar interrupciones en las rutas aéreas o cancelaciones de vuelos. En algunos casos se han establecido prohibiciones totales de desplazamiento y en otros se recomienda viajar únicamente por motivos esenciales.

Cancelaciones y seguros de viaje

Ante la posibilidad de anular un viaje, Irache recuerda que lo primero es revisar las condiciones contratadas en el billete o el paquete turístico. En algunos casos puede existir la opción de cancelar sin penalización, especialmente si se ha contratado un seguro de viaje que cubra la anulación en situaciones excepcionales.

En ese supuesto, los consumidores deberán comprobar las coberturas de la póliza y, si procede, solicitar por escrito la devolución del dinero adelantado.

Circunstancias extraordinarias

No obstante, la asociación advierte de que el simple temor a viajar a una zona conflictiva no siempre es suficiente para cancelar un vuelo sin coste. En el caso de los viajes combinados —que incluyen transporte y alojamiento— sí podría justificarse la cancelación sin penalización si se producen circunstancias extraordinarias e inevitables que afecten de manera sustancial al desarrollo del viaje.

Uno de los criterios clave para valorar esa situación es si el Ministerio de Asuntos Exteriores ha desaconsejado viajar al país de destino. Actualmente existen cerca de una treintena de países para los que el Gobierno español recomienda no viajar, muchos de ellos situados en Oriente Medio.

Posibilidad de cambiar el destino

Si la cancelación sin penalización no es posible, Irache señala que los consumidores pueden intentar negociar con la agencia de viajes o la aerolínea un cambio de fechas o de destino. En este contexto, la asociación considera deseable que las empresas adopten una actitud flexible y ofrezcan alternativas a los clientes afectados.

En el caso de reservas independientes de hoteles o apartamentos en zonas afectadas por conflictos, el derecho al reembolso dependerá de las condiciones del contrato o de si el alojamiento puede prestarse en las condiciones acordadas.

Por último, si es la aerolínea la que decide cancelar el vuelo, el pasajero tendrá derecho a elegir entre el reembolso del billete o un transporte alternativo. Sin embargo, si la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias, no correspondería una indemnización adicional.

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha alertado de un notable incremento en los últimos meses de reclamaciones relacionadas con la entrega de paquetes a domicilio procedentes de compras realizadas por internet. Los problemas más frecuentes son el extravío de los envíos, retrasos en la entrega o la recepción de productos defectuosos o diferentes a los solicitados.

Ante estas situaciones, la organización recuerda que el consumidor tiene derecho a exigir responsabilidades a la empresa vendedora del producto, ya que es quien debe garantizar que la compra llegue en plazo y en perfectas condiciones.

Paquetes que nunca llegan

Según una encuesta encargada a Cíes, el 36% de los problemas detectados en compras por internet se deben al extravío del producto o a retrasos en la entrega. En estos casos, algunos consumidores esperan semanas o incluso meses para recibir artículos como ordenadores u otros dispositivos que nunca llegan.

Desde Irache señalan que, en ocasiones, tras contactar con el vendedor, este termina enviando finalmente el producto, que llega días después. En otros casos, la empresa reconoce desconocer qué ha ocurrido y opta por devolver el importe abonado.

Sin embargo, también se dan situaciones en las que el consumidor intenta contactar por su cuenta con la empresa vendedora sin éxito. Cuando lo consigue, no es raro que el vendedor afirme que el paquete fue entregado y derive la responsabilidad a la empresa de transporte, que a su vez puede no responder a las reclamaciones del afectado. En otras ocasiones, la mensajería asegura que su relación comercial es únicamente con el proveedor. El resultado es que el consumidor se queda sin el producto por el que ha pagado.

Problemas con la entrega

Un número significativo de personas también acude a Irache para denunciar que, pese a permanecer en casa durante el tramo horario indicado para la entrega, el paquete nunca llegó. Al contactar con la empresa transportista, esta asegura que no pudo realizar la entrega porque no había nadie en el domicilio.

En otros casos, el transportista acude fuera del horario previsto, por ejemplo por la tarde cuando se había indicado la mañana, lo que provoca que el consumidor no pueda recibir el envío.

También se registran incidencias cuando el repartidor afirma haber entregado el paquete a un vecino o haberlo dejado en el felpudo del domicilio, aunque posteriormente no aparece. En este sentido, Irache recuerda que el transportista solo puede dejar el paquete en otro domicilio o en zonas comunes del edificio si cuenta con el permiso expreso del destinatario.

Retrasos de semanas o meses

Hay ocasiones en las que el producto finalmente llega, pero con semanas o incluso meses de retraso. Desde la asociación señalan que, en algunos casos, el envío solo se produce tras presentar una reclamación por escrito.

No obstante, advierten de que suele ser complicado obtener compensaciones económicas por estos retrasos. Para poder reclamarlas, es fundamental que en la compra quede reflejada la fecha o el plazo de entrega del producto, algo que no siempre se especifica.

Productos diferentes o defectuosos

Casi uno de cada cuatro problemas en las compras online —un 24%— se debe a que el producto recibido es diferente al solicitado o presenta defectos. Irache recibe con frecuencia consultas de consumidores que, al abrir el paquete, comprueban que el móvil es de otro modelo o que la prenda adquirida tiene una talla o color distintos a los elegidos.

En estos casos, la asociación recomienda comunicar cuanto antes la incidencia al vendedor para tramitar la devolución y exigir la entrega de un producto en perfecto estado.

Revisar el paquete al recibirlo

Irache aconseja examinar el producto en cuanto se recibe el paquete y firmar el albarán únicamente después de comprobar que todo está correcto. Este documento es la prueba de que el producto ha sido enviado y entregado.

En algunos casos gestionados por la asociación, se han detectado albaranes con nombres incorrectos, números de identidad erróneos e incluso firmas falsificadas.

Garantías y derecho de desistimiento

La normativa europea establece que los consumidores tienen los mismos derechos en las compras por internet que en las realizadas en establecimientos físicos. En la Unión Europea, los productos nuevos cuentan con una garantía mínima de dos años, que en España se amplía a tres.

Además, el consumidor dispone de un plazo de catorce días desde la recepción del producto para devolverlo sin necesidad de justificar el motivo, asumiendo únicamente los gastos de devolución, salvo algunas excepciones como los productos personalizados o los relacionados con la higiene.

No obstante, Irache advierte de que hacer valer la garantía o gestionar devoluciones con vendedores fuera de la Unión Europea puede resultar mucho más complicado, ya que algunas empresas extranjeras no responden adecuadamente a las reclamaciones.

Reclamar al vendedor

Por todo ello, la asociación recuerda que el consumidor debe dirigir sus reclamaciones al vendedor, que es el responsable de que el producto llegue en las condiciones acordadas y dentro del plazo previsto. Si el problema se debe al transporte, será el propio vendedor quien deba reclamar posteriormente a la empresa de mensajería.

Irache también recomienda verificar siempre la identidad del vendedor antes de realizar una compra en internet, ya que en muchas ocasiones los productos se adquieren a través de plataformas intermediarias que no son quienes venden realmente el artículo.

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache tramitó el pasado año un total de 48.008 consultas y reclamaciones en sus oficinas de Pamplona, Tudela, Estella y Tafalla, así como en las 76 localidades donde gestiona servicios de atención al consumidor. Los datos reflejan un aumento significativo de las consultas y dibujan un perfil de consumidor cada vez más proactivo, que busca asesoramiento antes de contratar o cuando detecta un problema.

Del total de casos, el 35% requirió gestiones por parte de los técnicos de la asociación, mientras que el 65% fueron consultas informativas. Cuando la intervención fue necesaria, el 84% de los conflictos se resolvió mediante mediación con las empresas implicadas, ya fuera por vía telefónica, reclamaciones escritas con argumentación jurídica, reuniones con profesionales o denuncias administrativas.

Durante 2025 se presentaron 60 denuncias ante organismos como el Banco de España o la Secretaría General de Telecomunicaciones. Además, unas 1.300 personas están actualmente representadas en procedimientos judiciales por asuntos como el cártel de coches, gastos hipotecarios, fallos de serie en vehículos o problemas con viajes.

La energía vuelve al primer puesto

El sector de la luz y el gas volvió a situarse como el más reclamado, con el 20% de los casos, tras haber sido superado el año anterior por la banca. La mayoría de consultas se deben a facturas consideradas elevadas y a dudas sobre eficiencia energética y autoconsumo.

Según la asociación, muchos encarecimientos se producen tras la prórroga del contrato al cumplirse el primer año, cuando algunas compañías aplican subidas de precio que, aunque deben comunicarse con un mes de antelación, pasan desapercibidas para numerosos usuarios. También se detectan contrataciones telefónicas poco claras —pese a la reciente prohibición de llamadas comerciales para contratar luz sin consentimiento previo— y problemas por servicios vinculados que encarecen la factura.

En gas, han aumentado los casos de facturas con lecturas estimadas reiteradas que no reflejan el consumo real.

Banca y telecomunicaciones, en segundo y tercer lugar

El sector bancario concentró el 17% de las consultas. Aunque han disminuido las reclamaciones por gastos hipotecarios, siguen llegando casos por tarjetas revolving, créditos y fraudes bancarios, algunos con endeudamientos de miles de euros. También se registran quejas por comisiones.

La telefonía e internet sumaron el 16% de los expedientes, principalmente por problemas al cambiar de compañía. Son habituales las penalizaciones de entre 200 y 300 euros de la operadora anterior, cargos por routers o prórrogas automáticas de servicios televisivos o musicales que el cliente desconocía.

Suben los seguros y se mantienen vivienda y vehículos

Los seguros escalaron al cuarto puesto (10%), con numerosas quejas por subidas de primas y desacuerdos tras siniestros en el hogar o accidentes de tráfico.

En vivienda (9%), destacan las consultas sobre rehabilitación energética, alquileres en zonas tensionadas, devoluciones de fianzas o defectos constructivos. En vehículos (8%), sobresalen las reclamaciones por el cártel de coches —cuyo plazo para reclamar vence este año en muchos casos— y por fallos de serie como los relacionados con el sistema AdBlue.

El resto de sectores se reparte entre comercios (7%), transporte y viajes (5%), servicios técnicos (4%), administración (3%) y otros ámbitos (1%).

Llamamiento a reforzar la protección

Desde Irache se insiste en que muchas reclamaciones tienen su origen en prácticas con falta de transparencia y en el insuficiente cumplimiento de la normativa. La asociación pide mayor vigilancia, especialmente sobre la prohibición de contratar luz mediante llamadas comerciales.

Asimismo, recuerda a los consumidores la importancia de solicitar siempre las condiciones por escrito, asesorarse antes de contratar y no aceptar ofertas sin comprender completamente sus términos.

Amplia implantación en Navarra

La asociación cuenta actualmente con 55.500 familias asociadas y gestiona 80 oficinas en Navarra —cuatro propias y 76 en colaboración con ayuntamientos—. Durante el último año participó en 660 programas de radio y 48 de televisión, impartió decenas de charlas formativas y distribuyó cerca de 150.000 folletos informativos sobre consumo responsable.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta alimentaria tras ser informada por la Comunidad Foral de Navarra de la posible presencia de cuerpos extraños —concretamente astillas de madera— en varios lotes de queso rallado comercializados en España.

La notificación, fechada este 23 de febrero de 2026 a las 16:00 horas ha sido canalizada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), el mecanismo que permite comunicar con rapidez incidencias de seguridad alimentaria entre comunidades autónomas.

Productos afectados

Los productos implicados pertenecen al mismo número de lote, 2426026, con fecha de caducidad 05.06.2026, y se comercializan en formato refrigerado: concretamente se trata de queso rallado gouda (200 g) de la marca Alteza; queso rallado gouda (1 kg) de la marca Albéniz y queso rallado mozzarella y provolone (200 g) de la marca Froiz.

Según la información disponible, la distribución inicial se ha realizado en Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra, aunque no se descarta que los productos hayan podido redistribuirse a otras comunidades autónomas.

Recomendación a los consumidores

AESAN recomienda a las personas que tengan en su domicilio alguno de los productos correspondientes al lote afectado que se abstengan de consumirlos. Paralelamente, la información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las distintas comunidades autónomas para verificar la retirada de los artículos de los canales de comercialización.

La posible presencia de astillas de madera supone un riesgo físico para el consumidor, al tratarse de un cuerpo extraño que podría provocar lesiones en la cavidad bucal o en el aparato digestivo.

Las autoridades sanitarias mantienen activo el seguimiento del incidente mientras se confirma la completa retirada del producto y se investigan las causas del incidente en la cadena de producción.

La Asociación de Consumidores de Navarra, Irache, ha alertado sobre un incremento en los últimos meses de las reclamaciones contra compañías aseguradoras, especialmente en casos de siniestros en el hogar. Según la organización, los consumidores se enfrentan a problemas relacionados con la falta de cobertura o a la obligación de reparar los daños por su cuenta, debido a la demora o la inacción de las aseguradoras.

Las reclamaciones suelen surgir tras incidentes domésticos como fugas de agua, incendios o accidentes que afectan tanto a la vivienda como a su mobiliario. Varios consumidores han denunciado que, tras comunicar el siniestro, la compañía asegura que no tiene obligación de cubrir los daños. Entre las razones alegadas se incluyen la supuesta responsabilidad del propietario, deficiencias en el mantenimiento o la necesidad de recurrir a la comunidad de vecinos.

En muchos casos, estas afirmaciones se realizan sin que un perito de la aseguradora haya visitado la vivienda para evaluar el daño o determinar su origen, según Irache.

Indemnización, sí; reparación, no

Otra práctica creciente es la entrega de indemnizaciones económicas en lugar de hacerse cargo directamente de las reparaciones. Aunque el seguro reconoce su responsabilidad, los consumidores se ven obligados a contratar por su cuenta empresas de fontanería, carpintería u otros servicios, mientras esperan que la aseguradora envíe técnicos, un proceso que puede prolongarse semanas o incluso meses.

Durante este tiempo, muchas familias conviven con humedades, paredes y techos dañados, muebles inservibles o electrodomésticos rotos, con un impacto significativo en la vida diaria.

Derechos del consumidor

La normativa establece que la aseguradora debe pagar la indemnización una vez realizadas las peritaciones pertinentes. Si transcurren más de 40 días desde que la compañía tuvo conocimiento del siniestro, está obligada a abonar “el importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber”. De no hacerlo o de retrasar el pago más de tres meses sin justificación, la aseguradora incurre en mora, aumentando la cantidad que debe abonar.

Desigualdad frente a las aseguradoras

Los consumidores que contratan reparaciones por su cuenta se enfrentan a nuevas dificultades: la aseguradora puede objetar el costo de los trabajos y ofrecer una indemnización menor, dejando al afectado con gastos adicionales. Para discutir estas situaciones, es necesario un informe pericial, que resulta costoso y complejo, mientras que las compañías cuentan con equipos de expertos que realizan los informes de forma inmediata.

Reclamar judicialmente por retrasos en las reparaciones también es complicado, requiriendo cuantificar y demostrar los daños, un proceso que genera molestias y estrés para los consumidores.

Consumidores desamparados

Irache advierte que estas situaciones dejan a los consumidores en condiciones de desamparo y desorientación, viviendo durante semanas o meses en viviendas dañadas sin saber cómo actuar. Los perjuicios adicionales derivados de la espera rara vez son compensados.

Desde la asociación se insiste en la necesidad de establecer mecanismos de control que garanticen que las aseguradoras cumplan con sus obligaciones y no abandonen a los consumidores que han pagado su póliza.

Recomendaciones para los afectados

Irache aconseja a los ciudadanos que sufran un siniestro en su hogar: dar parte al seguro cuanto antes (preferiblemente por escrito), revisar la póliza y sus coberturas, y buscar asesoramiento profesional si surge cualquier problema con la cobertura, la indemnización o la atención del seguro.

Las rebajas de invierno en la Comunidad Foral arrancan con una previsión de gasto moderada. Según una encuesta de la Asociación de Consumidores de Navarra Irache, cada navarro invertirá una media de 98 euros en estas promociones, lo que supone un descenso de diez euros frente al sondeo anterior. Pese a esta bajada en el presupuesto, el interés se mantiene alto: el 75% de los consumidores afirma que comprará algún producto rebajado.

Perfil del consumidor y hábitos de compra

El estudio revela que el 63% de los ciudadanos espera estratégicamente a este periodo para realizar sus compras. Por edades, el grupo que más dinero destinará a las rebajas es el comprendido entre los 46 y 65 años, con un desembolso medio de 112 euros. En el extremo opuesto se encuentran los mayores de 65 y los adultos de entre 30 y 45 años, cuyo gasto se sitúa en los 87 euros.

Derechos del consumidor: garantías y devoluciones

Desde Irache recuerdan que los productos rebajados deben mantener los mismos estándares de calidad que tenían a precio ordinario. "Las rebajas no significan ningún menoscabo en los derechos", subrayan desde la asociación. Es fundamental que en el etiquetado conste tanto el precio anterior como el rebajado.

Uno de los puntos que genera más dudas son las devoluciones. Aunque muchos establecimientos las permiten por política comercial, legalmente no están obligados si el producto está en perfecto estado, a menos que así lo anuncien expresamente. En caso de que se entregue un vale de devolución, el consumidor debe revisar cuidadosamente su plazo de validez.

Recomendaciones para una compra segura

Para evitar las 362 reclamaciones registradas en el periodo anterior, la asociación ofrece varios consejos clave para los ciudadanos:

• Hacer una lista y marcarse un presupuesto para evitar compras impulsivas.

• Conservar el ticket o factura, ya que es el documento imprescindible para cualquier reclamación.

• Revisar el estado de las prendas y el etiquetado de lavado antes de pasar por caja.

• Compras online: En la Unión Europea, el consumidor dispone de 14 días de derecho de desistimiento para devolver el producto sin necesidad de justificación.

Finalmente, es importante distinguir entre rebajas, donde el producto es el mismo pero más barato; saldos, que ofrecen artículos con taras o deterioros; y liquidaciones, que buscan agotar existencias por cierre o traslado del negocio.

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha logrado que una conductora recupere 14.176 euros tras sufrir una grave avería en el motor de su vehículo provocada por un defecto de fabricación en el árbol de levas. La sentencia obliga al fabricante a abonar 11.538 euros por la reparación y 2.637 euros en concepto de daños y perjuicios, después de que el coche permaneciera más de siete meses inutilizado.

El caso no es aislado. Cientos de miles de vehículos de marcas como Citroën, Opel, Peugeot, DS, Fiat o Toyota, equipados con motores diésel 1.5 BlueHDi fabricados entre octubre de 2017 y enero de 2023, pueden verse afectados por una anomalía en la cadena del árbol de levas que provoca roturas prematuras y daños severos en el motor.

Una avería repentina y sin avisos previos

La afectada había adquirido un Peugeot de segunda mano, con unos 100.000 kilómetros, por el que pagó 18.100 euros. Dos años después de la compra, el vehículo dejó de arrancar de forma repentina, sin que se hubiera encendido ningún testigo de advertencia en el cuadro de mandos.

Tras ser trasladado a un taller, se le comunicó que la avería estaba relacionada con la cadena de transmisión de los árboles de levas. Finalmente, el coche fue llevado al servicio oficial del vendedor, donde, tras varias valoraciones, se concluyó que era necesario sustituir completamente el motor debido a los “graves daños internos” provocados por la rotura de la cadena.

El coste de la reparación ascendió a 11.538,97 euros, cantidad que la propietaria tuvo que abonar para poder retirar el vehículo del taller.

Fallo de diseño, no de mantenimiento

El fabricante rechazó inicialmente hacerse cargo de la reparación alegando la falta de garantía del vehículo. Ante esta negativa, la afectada, asesorada por Irache, decidió acudir a los tribunales.

El informe pericial fue contundente: los elementos que sincronizan los árboles de levas no son piezas de desgaste y no está prevista su sustitución periódica. Además, el vehículo había pasado todas las revisiones oficiales en tiempo y forma. El perito concluyó que la “única causa posible” de los daños era un fallo de diseño del motor, concretamente en el conjunto del árbol de levas, su tensor y la cadena sincronizadora.

La rotura de este componente provocó daños de tal magnitud que obligaron a sustituir el motor completo, lo que llevó al juez a condenar al fabricante a indemnizar a la propietaria.

Una solución parcial que deja fuera a muchos afectados

La marca matriz de los modelos afectados ha lanzado una acción de servicio para sustituir de forma gratuita la cadena defectuosa en determinados vehículos, cubriendo el 100% de piezas y mano de obra durante un máximo de 10 años o 240.000 kilómetros, aunque sujeta a condiciones.

Sin embargo, el reembolso retroactivo solo se ofrece si la reparación se realizó en un taller oficial, con mantenimiento conforme al plan de la marca y entre enero de 2023 y junio de 2025. Esto deja en una situación complicada a los conductores que acudieron a talleres independientes, así como a quienes sufrieron diagnósticos erróneos en concesionarios oficiales que no solucionaron el problema y generaron nuevas averías.

Irache prepara más reclamaciones

Desde Irache confirman que ya están representando a varios afectados que pagaron de su bolsillo reparaciones derivadas de este fallo de serie. La asociación está reclamando inicialmente por la vía extrajudicial y, cuando no obtiene respuesta satisfactoria, presenta demandas judiciales para recuperar el importe íntegro de las reparaciones y los daños sufridos.

“La sentencia demuestra que estos fallos no pueden considerarse desgaste ni falta de mantenimiento, sino defectos de fabricación”, subrayan desde la asociación, que anima a los propietarios afectados a reclamar para no asumir unos costes que, según los tribunales, corresponden al fabricante.

El Gobierno de Navarra ha lanzado un programa de asesoramiento, control e inspección para garantizar que los establecimientos comerciales dedicados a la venta de alimentos cumplan con la normativa vigente. Esta iniciativa busca promover prácticas comerciales leales y proteger los derechos de los consumidores, especialmente en las próximas festividades, cuando se espera un aumento en el consumo.

El programa se alinea con el Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA), que supervisa desde la producción primaria hasta el punto de venta final. Navarra participa en el Programa 3.2.3., denominado ‘Prácticas comerciales desleales con los consumidores en la comercialización de alimentos’, junto a otras comunidades del Estado español.

Campaña informativa para comerciantes y consumidores

El Servicio de Consumo llevará a cabo una campaña informativa en diversos medios de comunicación y redes sociales, además de contactar directamente con asociaciones de comerciantes y consumidores en Navarra. La campaña se centrará en aspectos clave para el cumplimiento de la normativa de consumo y las consecuencias de su incumplimiento, buscando crear conciencia entre los comerciantes.

Las inspecciones se realizarán en mercados, supermercados, hipermercados y pequeños comercios de ultramarinos, así como en comercios especializados como carnicerías, fruterías, pescaderías, panaderías y herbolarios. El objetivo es controlar la información sobre precios, procedimientos de pago, plazos de entrega, y ofertas o reducciones de precios. Además, se prestará especial atención a la publicidad y posibles omisiones de información que puedan inducir a errores.

La información sobre cada producto alimenticio y su precio debe ser clara y suficiente para que los consumidores puedan elegir libremente dónde y qué comprar. El Servicio de Consumo del Gobierno foral enfatiza que la información debe ser precisa para evitar confusiones y proteger los intereses económicos de los consumidores.

Colaboración del sector comercial en Navarra

El programa busca garantizar que todos los establecimientos en Navarra cumplan con los estándares de información de productos exigidos, contribuyendo al bienestar de la clientela. Por ello, el Servicio de Consumo solicita la colaboración del sector comercial para proteger los derechos de los consumidores y reforzar la confianza en los comercios navarros.

La protección de los consumidores es una prioridad para el Gobierno de Navarra. Con este programa, se pretende asegurar que los consumidores reciben la información necesaria para tomar decisiones informadas, promoviendo un entorno comercial justo y transparente.

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha advertido a las personas consumidoras de que, antes de adquirir una baliza V-16 de señalización para el coche, comprueben en la página web de la Dirección General de Tráfico (DGT) que el modelo está homologado. Desde el próximo mes de enero, este dispositivo será obligatorio para todos los turismos en España y sustituirá definitivamente a los tradicionales triángulos de emergencia.

La asociación ha atendido en los últimos meses a varias personas que habían comprado balizas que, pese a anunciarse como homologadas en el envase o en el propio comercio, no son válidas conforme a la normativa vigente. En estos casos, se han visto obligadas a adquirir un nuevo dispositivo que sí cumpla los requisitos legales. El uso de modelos no homologados puede conllevar sanciones de hasta 80 euros.

No transmiten la localización

Irache explica que las balizas no homologadas no transmiten la localización del vehículo averiado al centro de gestión de tráfico, por lo que no permiten avisar de la inmovilización ni informar a otros conductores. Precisamente, uno de los principales objetivos de la implantación obligatoria de la V-16 es reducir el riesgo de atropellos y accidentes tras una avería o detención en la vía.

Una parte importante de estas compras se realizó meses atrás, cuando todavía no era ampliamente conocida la exigencia de homologación. En muchos casos, se trataba de dispositivos con un precio sensiblemente inferior al de los modelos autorizados, lo que llevó a numerosos consumidores a decantarse por ellos. Ha sido posteriormente, al informarse sobre la normativa, cuando han descubierto que sus balizas no eran válidas.

Devolución del pago

La asociación ha logrado la devolución del importe en algunos casos en los que el vendedor anunciaba el producto como homologado sin serlo, como el de una persona que adquirió tres dispositivos en un comercio online. En otros supuestos no ha sido posible localizar al vendedor, en lo que Irache considera que podría tratarse de una estafa. También se han dado casos de personas que compraron balizas no homologadas porque desconocían que esta condición sería obligatoria.

Por todo ello, Irache aconseja localizar antes de la compra el número de homologación del dispositivo y verificar que el modelo figura en el listado oficial de la DGT. Si no aparece en ese registro, recomienda no adquirirlo.

Aunque existe una amplia variedad de modelos y precios, la mayoría de las balizas homologadas se sitúan a partir de los cuarenta euros. Algunas de las personas afectadas por compras no válidas pagaron en su momento un precio inferior.

Único dispositivo de señalización

A partir de enero, las balizas luminosas V-16 conectadas a Tráfico serán el único medio legal de señalización de vehículos inmovilizados en la calzada. No llevarlas podrá suponer una multa de 80 euros. El dispositivo debe guardarse en la guantera, estar accesible y en correcto estado de carga. En caso de avería, deberá colocarse en la parte superior del vehículo y el conductor tendrá que valorar si puede abandonar el coche con seguridad.

La baliza V-16 es visible a un kilómetro de distancia y transmite su posición a la Dirección General de Tráfico, lo que permite gestionar la asistencia y alertar a otros usuarios de la vía. Irache recuerda que el dispositivo solo comunica la ubicación exacta del vehículo y no transmite datos personales ni información del coche. Por tanto, será el conductor quien deba avisar a los servicios de emergencia si es necesario.

Asimismo, no es preciso descargarse ninguna aplicación, facilitar datos personales ni pagar cuotas adicionales por la conectividad, que debe estar incluida en el precio del dispositivo durante al menos 12 años, según la normativa.

Sin necesidad de bajarse del coche

Entre las principales ventajas de estas balizas frente a los antiguos triángulos destaca que no es necesario bajarse del vehículo para colocarlas, lo que reduce notablemente el riesgo de atropello. Además, ofrecen mayor visibilidad y permiten avisar de la posición del coche averiado.

Los dispositivos deben garantizar un funcionamiento continuo mínimo de 30 minutos tras su activación y una autonomía en reposo de al menos 18 meses. En cualquier caso, Irache subraya la importancia de revisar periódicamente su estado. En el caso de balizas con pilas, se recomienda sustituirlas de forma preventiva una vez al año, mientras que, si funcionan con batería recargable, conviene realizar una carga completa al menos una vez al año.

La campaña navideña ya está en marcha y, con ella, la tradicional búsqueda de los juguetes más deseados. Pero este año, los consumidores deberán afinar especialmente el ojo. Un estudio de la Asociación de Consumidores de Navarra Irache revela diferencias de precio de hasta el 50% en un mismo producto según el establecimiento donde se compre. El análisis, realizado sobre 150 juguetes en ocho comercios de Navarra, confirma que el bolsillo del comprador puede llevarse un buen susto si no compara antes de pasar por caja.

Grandes diferencias en juguetes de construcción

Las mayores variaciones se concentran en los juegos de construcción, uno de los artículos estrella de cada Navidad. Irache detalla casos como el de una autocaravana equipada con cocina, baño, literas, cuna, muebles y minifiguras familiares: en un comercio cuesta 17,95 euros y en otro 26,99 euros, una brecha del 50%.

El patrón se repite en otros sets, como uno dedicado a un refugio de osos panda, cuyo precio oscila entre 19,45 y 27,34 euros. En cambio, en otros productos las diferencias presentan cifras más moderadas —alrededor del 25%— como ocurre con un coche de carreras de Fórmula 1 o una muñeca de una reconocida marca de estética vampírica.

Aunque en muchos casos el precio de un producto no varía más de tres o cuatro euros entre tiendas, es en los juguetes similares pero de distintas marcas donde se observan los mayores saltos. Según Irache, comparar prestaciones es esencial, ya que los precios pueden incluso duplicarse entre modelos casi idénticos.

Internet: ofertas tentadoras… y gastos ocultos

Las divergencias no se limitan a las tiendas físicas. En los buscadores online Irache ha detectado diferencias superiores al 50% e incluso de casi cien euros en algunos juguetes. Sin embargo, recuerdan que los precios digitales pueden engañar: a menudo hay que añadir gastos de envío, que pueden llegar a diez euros o más, y tener en cuenta los plazos de entrega, que en estas fechas no siempre se cumplen.

Además, el consumidor a veces desconoce quién es el vendedor real detrás de ciertas plataformas, lo que complica cualquier reclamación en caso de retrasos, pérdidas o falta de existencias.

Ajustar el gasto y revisar las financiaciones

Con los precios al alza y muchas familias ajustando presupuestos, Irache llama a adecuar el gasto navideño a la situación económica de cada hogar y a revisar con cuidado las condiciones de financiación. Algunos comercios ofrecen compras sin intereses hasta cierto importe, pero al superarlo pueden aplicar tasas cercanas al 15%.

En ocasiones, la financiación se gestiona a través de tarjetas de crédito externas, incluso tarjetas revolving, con condiciones complejas y comisiones elevadas. La asociación asegura que ha atendido a usuarios que contrajeron deudas significativas por desconocer el funcionamiento de estos productos financieros. La recomendación es clara: leer la letra pequeña y no firmar nada sin comprenderlo totalmente.

Descuentos que no siempre lo son

El estudio también revela que los descuentos promocionados —del 20%, 50% o incluso 70%— no siempre suponen un ahorro real. En algunos casos, la rebaja anunciada deja el producto al mismo precio que en otros comercios donde no se ofrece promoción. A veces, la supuesta ventaja se convierte en un vale para futuras compras, sujeto a condiciones y fechas.

Claves para evitar engaños

Irache aconseja revisar con atención los catálogos, ya que las imágenes pueden inducir a error en cuanto al tamaño, los accesorios incluidos o las prestaciones reales. Algunos modelos más baratos lo son simplemente porque son versiones reducidas.

También recuerdan que las compras online cuentan con 14 días de desistimiento tras recibir el producto, mientras que en tienda física solo puede devolverse si el comercio lo permite.

Asimismo, conviene fijarse en la validez temporal de los catálogos, que puede variar entre comercios, y comprobar los plazos y condiciones de devolución, sobre todo cuando se trata de regalos que quizás no se abrirán hasta el Día de Reyes.

Seguridad y responsabilidad en la elección

Además de comparar precios, Irache llama a elegir juguetes seguros y adecuados para la edad recomendada. La normativa europea exige advertencias claras, ausencia de piezas pequeñas en juguetes para menores de tres años y otros requisitos de seguridad. El marcado CE garantiza el cumplimiento de estos estándares.

Los educadores, por su parte, insisten en optar por juguetes versátiles, resistentes, que favorezcan el juego colectivo y que se ajusten al momento evolutivo del niño. La sobreabundancia de juguetes, recuerdan, no es la mejor opción.

Comercio local y consumo consciente

Por último, Irache anima a valorar la compra en comercios locales, que sostienen el tejido económico del entorno. Algunos establecimientos ofrecen servicio a domicilio o venta online, mientras que otros destacan por su compromiso con la sostenibilidad o por apoyar proyectos sociales.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la asociación resume su mensaje en tres ideas: comparar, informarse y comprar con criterio. Solo así el juguete más deseado no se convertirá también en el más caro.

La Asociación de Consumidores de Navarra Irache ha reclamado la recuperación de la cuenta vivienda como herramienta fiscal para facilitar el ahorro destinado a la compra de un inmueble, una fórmula que estuvo vigente en la Comunidad Foral años atrás. La entidad considera que este incentivo, sumado a otras medidas, podría ayudar a que los jóvenes comiencen a reservar parte de sus ingresos con el objetivo de acceder a una futura vivienda.

La primera vivienda llega a los 41 años

La dificultad de acceso a la vivienda continúa marcando a las nuevas generaciones. En España, la edad media para adquirir la primera vivienda se sitúa en torno a los 41 años. Apenas el 15,2% de los jóvenes están emancipados —muy lejos del 31,9% de la Unión Europea— y quienes lo logran deben destinar hasta el 92,3% de su salario al pago de la vivienda, según el último Balance General del Observatorio de Emancipación Juvenil.

Déficit de más de 4.000 viviendas en Navarra

En Navarra, el mercado inmobiliario sufre una fuerte presión por el alza de precios y la escasez de oferta. Un estudio de Caixabank estima que el déficit acumulado entre 2021 y 2024 supera las 4.000 viviendas, lo que evidencia una demanda creciente sin la suficiente respuesta del mercado.

Ante esta situación, Irache valora positivamente los anuncios de nuevas promociones impulsadas desde la Administración, pero advierte de que estos inmuebles no estarán disponibles a corto plazo. La asociación reclama una «planificación seria del suelo» que garantice un desarrollo estable de vivienda durante los próximos años.

La barrera de la entrada: ahorrar hasta un 35% del precio

Irache recuerda que las entidades financieras suelen cubrir hasta el 80% del precio del inmueble, por lo que los jóvenes deben aportar el 20% restante más los gastos de compra, que pueden alcanzar otro 10-15%. Esto obliga, en muchos casos, a recurrir a la ayuda económica de los padres.

Por ello, la asociación considera imprescindible habilitar mecanismos que faciliten el ahorro previo. La recuperación de la cuenta vivienda —que permitiría deducir fiscalmente las cantidades depositadas con este fin— podría convertirse «en un acicate para que los jóvenes acumulen un capital que les permita, en su momento, acceder a una vivienda en propiedad o incluso en alquiler».

Ahorro con un objetivo claro

Irache subraya que, en las primeras etapas laborales, cuando los ingresos son más ajustados, contar con un incentivo fiscal puede ayudar a fijar un objetivo de ahorro realista y motivador ligado a la emancipación. Frente a quienes defienden el alquiler como vía para ahorrar, la asociación recuerda que las rentas elevadas y los gastos cotidianos dificultan que los jóvenes puedan reservar dinero con facilidad.

Una medida vigente en el País Vasco

En el País Vasco continúa operativa una deducción fiscal por compra de vivienda. En Navarra, la extinta cuenta vivienda permitía deducir un 15% de las cantidades depositadas en una cuenta bancaria destinada a la adquisición de un piso, hasta un límite máximo. Si el ahorro no se destinaba finalmente a la compra, el contribuyente debía devolver las deducciones obtenidas.

Irache sostiene que recuperar este mecanismo puede favorecer que los jóvenes acumulen un saldo económico que facilite su acceso a la vivienda y contribuir, junto a otras medidas necesarias, a dar respuesta a uno de los principales problemas sociales actuales.

El Museo de Educación Ambiental, ubicado en San Pedro (Rotxapea) ha anunciado una nueva edición de su mercadillo de intercambio sin dinero, que se llevará a cabo entre el martes 9 y el viernes 12 de diciembre. Esta iniciativa, promovida por el Ayuntamiento de Pamplona, busca ofrecer una alternativa al consumo tradicional durante las próximas fiestas de Navidad, fomentando la reutilización y el consumo responsable, así como el ahorro de materia prima y energía.

Una alternativa sostenible para las fiestas navideñas

El mercadillo estará abierto a toda la ciudadanía, con un horario de martes a viernes, de 10 a 13 horas, y adicionalmente, de martes a jueves, de 18 a 20 horas. Los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de artículos, como ropa, calzado, abalorios, libros, juegos y juguetes. La idea es que las personas puedan llevar objetos en buen estado que ya no utilicen e intercambiarlos por otros de valor similar, con un límite de hasta seis objetos por semana.

El equipo de educación ambiental del museo supervisará el intercambio para garantizar que se realice de manera equitativa y ordenada. Este tipo de mercadillo se organiza varias veces al año, consolidándose como una opción recurrente para aquellos que buscan consumir de forma más consciente y sostenible.

Consumo responsable y ahorro de recursos

El Ayuntamiento de Pamplona, a través de esta actividad, pretende concienciar a la población sobre la importancia de adoptar prácticas de consumo más responsables. Al fomentar el intercambio y la reutilización de objetos, se contribuye a la reducción de residuos y se promueve un uso más eficiente de los recursos disponibles.

La iniciativa se enmarca en una serie de acciones que buscan sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. El mercadillo de intercambio sin dinero es solo una de las muchas propuestas que el Museo de Educación Ambiental ofrece a lo largo del año para educar y concienciar sobre estos temas.

Una oportunidad para todos los públicos

El mercadillo está diseñado para ser accesible a personas de todas las edades, permitiendo que tanto jóvenes como adultos participen en esta experiencia de intercambio. Además, al no requerir dinero, se eliminan las barreras económicas, haciendo que la actividad sea inclusiva y abierta a toda la comunidad.

Las ediciones anteriores de este mercadillo han sido bien recibidas por el público, reflejando un creciente interés por alternativas de consumo que prioricen la sostenibilidad. La participación en el mercadillo no solo permite a los asistentes obtener nuevos objetos, sino también formar parte de un movimiento que valora el intercambio y la reutilización.

Un espacio para aprender y compartir

El Museo de Educación Ambiental no solo ofrece el mercadillo de intercambio, sino que también organiza diversas actividades y talleres relacionados con la sostenibilidad y el medio ambiente. Estas actividades complementan la experiencia del mercadillo, brindando a los participantes la oportunidad de aprender más sobre cómo reducir su impacto ambiental y adoptar prácticas más sostenibles en su vida diaria.

En resumen, el mercadillo de intercambio sin dinero del Museo de Educación Ambiental es una propuesta que combina la sostenibilidad con la comunidad, ofreciendo una alternativa al consumo tradicional y promoviendo valores de reutilización y ahorro de recursos.

Los sindicatos ELA y CCOO han cargado este martes contra el Gobierno de Navarra por su intención de ampliar las jornadas de apertura comercial en domingos y festivos en 2026, una decisión que, según critican, se ha tomado «a espaldas» de las personas trabajadoras y atendiendo exclusivamente a los intereses de las grandes empresas. La polémica ha estallado especialmente al conocerse que el Ejecutivo llegó a plantear como día de apertura el 1 de mayo, Día Internacional de las Personas Trabajadoras.

Durante la reunión del Consejo Asesor del Comercio Minorista de Navarra, celebrada este martes, el Gobierno trasladó a los agentes sociales la lista de diez posibles días de apertura en festivo. La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) propuso finalmente que las cinco jornadas comerciales habilitadas para 2026 sean el domingo 4 de enero, Jueves Santo (2 de abril), Día de Navarra (3 de diciembre), domingo 20 de diciembre, además del festivo propio de cada localidad. Tanto ELA como CCOO rechazaron un calendario que consideran previamente pactado entre el Ejecutivo foral y la patronal.

ELA denuncia «servilismo» y una ley que ampliará aperturas

ELA calificó el encuentro como una nueva muestra del «servilismo» del Gobierno de Navarra hacia las empresas, asegurando que el Ejecutivo actúa «como notario» de los acuerdos previamente alcanzados en la CEN. El sindicato lamenta que los representantes sindicales no hayan tenido «ningún tipo de participación» en la decisión del calendario de 2026.

La organización ha mostrado su preocupación por el proyecto de ley de comercio que prepara el Gobierno, una norma que —según advierte— eliminaría las restricciones actuales y permitiría abrir más domingos y festivos. ELA considera que esta desregulación «solo beneficia a las grandes empresas» y perjudica tanto al pequeño comercio como a quienes trabajan en el sector, muchas de las cuales tienen en el domingo su único día de descanso.

CCOO califica la medida de «anacrónica, consumista y alejada de la mayoría social»

Por su parte, CCOO ha tachado la apertura comercial en domingos y festivos de «acción anacrónica, consumista y alejada de los intereses de la mayoría social». El sindicato ha lamentado que el Gobierno de Navarra plantease inicialmente como jornada de apertura el Primero de Mayo, decisión que califica de «inaudita» y «una afrenta a la clase trabajadora».

Rubén Belzunegui, secretario de la Federación de Servicios de CCOO de Navarra, ha criticado el «nulo interés» de las patronales en el bienestar de sus plantillas y ha recordado que la responsabilidad social empresarial «no consiste en tener ideas fantásticas, sino en llegar a acuerdos y cuidar de las personas trabajadoras». El sindicalista ha reclamado que los estándares europeos que aspira a alcanzar el Gobierno también se reflejen en horarios de apertura más razonables, tal y como ocurre en los países del entorno.

CCOO ha insistido en su defensa de la apertura cero en domingos y festivos y ha reclamado que, mientras la patronal siga imponiendo la actividad en jornadas de descanso, la prestación laboral sea voluntaria. Además, propone que parte del rendimiento económico generado esos días se reparta entre las plantillas.

Impacto en la conciliación y el modelo comercial

Ambos sindicatos advierten de que ampliar las aperturas en festivos supondrá más jornadas consecutivas de trabajo, complicará la conciliación y consolidará un modelo que, a su juicio, beneficia a las grandes cadenas frente al comercio de proximidad.

ELA y CCOO coinciden en que un Gobierno «no es progresista por repetirlo», sino por sus políticas, y exigen al Ejecutivo foral que priorice el bienestar de las personas trabajadoras por encima del interés productivista de las grandes empresas.

La Guardia Civil de Navarra ha lanzado una advertencia ante el notable aumento de estafas online coincidiendo con el periodo de compras del Black Friday, el Cyber Monday y el arranque de la campaña navideña. Un escenario que, año tras año, se convierte en terreno fértil para los ciberdelincuentes, que aprovechan el incremento del comercio digital para multiplicar sus intentos de fraude.

Según explican, durante estas semanas proliferan las páginas falsas, la suplantación de marcas y los mensajes fraudulentos enviados de forma masiva, con el objetivo de engañar a consumidores desprevenidos. Además, recuerdan que las amenazas no se limitan al propio día del Black Friday, sino que abarcan todo el periodo de compras intensivas.

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Entre las recomendaciones para comprar con seguridad, la Guardia Civil insiste en acudir únicamente a tiendas de confianza, verificar que la web cuenta con conexión segura —identificable por el “https”— y desconfiar de ofertas desproporcionadas o comercios sin referencias fiables. También aconsejan evitar páginas que solo permitan pago directo con tarjeta y optar por pasarelas seguras como Redsys o PayPal, además de usar tarjetas prepago para limitar posibles perjuicios.

Los agentes recomiendan fijarse en los sellos de confianza online, revisar políticas de devolución y opiniones de otros usuarios, y conservar todos los justificantes de compra. Asimismo, recuerdan la importancia de comprobar con frecuencia los movimientos bancarios para detectar a tiempo cargos no autorizados.

En materia de seguridad digital, la Guardia Civil subraya la necesidad de mantener sistemas y antivirus actualizados, utilizar contraseñas robustas y activar la autenticación en dos pasos, especialmente en servicios vinculados al pago.

Para cualquier duda o incidente, el INCIBE ofrece asesoramiento a través del teléfono 017, mientras que, en caso de sospecha de estafa, se recomienda contactar de inmediato con la entidad bancaria, además de denunciar los hechos en el 062 o en las Oficinas de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil.