Izquierda Unida de Navarra ha hecho públicos los resultados de sus primarias para configurar la lista al Parlamento Foral de Navarra de cara a los comicios de 2027. La única candidatura presentada ha resultado elegida y estará encabezada por Carlos Guzmán, actual coordinador de IU Navarra y portavoz parlamentario de la coalición Contigo-Zurekin.

El proceso fue aprobado el 11 de mayo en una Coordinadora Extraordinaria de la federación, que fijó el reglamento y el calendario de la consulta interna. Los seis nombres elegidos se incorporarán a la lista definitiva de la coalición en los términos que se acuerden en el marco de la negociación que actualmente se encuentra en marcha con Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa. En las pasadas elecciones de 2023, Guzmán fue el número 2 de la lista de la coalicion de izquierdas conformada, aunque el puesto final deberá negociarse con el resto de socios. 

La lista completa

Tras Guzmán, nacido en Pamplona en 1991, la lista por parte de IUN se completa con Ane Sánchez, de 35 años, concejala por Contigo-Zurekin en Barañáin; Alberto Lajusticia, de 35 años, concejal de Contigo en Tudela; Ana Ibarrola, de 54 años, de la asamblea de Estella; Iñaki Bernal, de 52 años, actual concejal en Berriozar y exsenador de IU en la XII legislatura; y Amaya Olcoz, de 56 años, de la asamblea de Tafalla.

Guzmán subrayó que "la izquierda navarra necesita coherencia política, seriedad organizativa y firmeza ideológica" y avanzó que el objetivo es "tender la mano al conjunto de la mayoría social de Navarra" con una propuesta centrada en la defensa de los derechos de las familias trabajadoras.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burlada, formado por EH Bildu, Cambiando Contigo Burlada y Geroa Bai, con el apoyo del PSN, ha emitido este sábado un comunicado de rechazo tras los incidentes que obligaron a suspender la última sesión de la Sección de Diversidad Cultural y Migraciones del Consejo de Participación Ciudadana.

Según el comunicado, durante el transcurso de la reunión varias personas asistentes protagonizaron continuas interrupciones, insultos y amenazas que impidieron el normal funcionamiento del órgano. Pese a que se les permitió leer un comunicado para trasladar su posición, la tensión fue escalando hasta hacer imposible continuar, lo que obligó a la presidencia a suspender la sesión. Entre los puntos del orden del día figuraba información sobre la iniciativa solidaria Burlada-Cuba impulsada desde el área de Diversidad Cultural y Migraciones.

Los cuatro grupos municipales expresan su preocupación por la actitud de las representantes de UPN y PP presentes en la reunión, a quienes trasladan "la necesidad de una reflexión al no contribuir a rebajar la tensión ni a defender el correcto funcionamiento de un órgano municipal de participación". R

echazan igualmente los insultos y amenazas dirigidos tanto a cargos públicos como al personal técnico municipal, y afirman que este tipo de comportamientos "son incompatibles con la convivencia, el respeto y los valores democráticos que caracterizan a Burlada".

El Ayuntamiento reafirma su compromiso con el trabajo del Área de Diversidad Cultural y Migraciones para construir, en sus palabras, "una Burlada más inclusiva, cohesionada y solidaria".

El Parlamento de Navarra celebró este viernes un acto institucional de adhesión al Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas junto a la Asociación de Personas Sordas de Navarra, ASORNA, bajo el lema de este año: Por mil razones. Un lema que subraya que reconocer una lengua por ley no puede ser nunca el final del camino.

El presidente del Parlamento, Unai Hualde, abrió el acto apelando a la sensibilidad particular de Navarra en materia lingüística. "Por algo somos una comunidad plurilingüe, con dos lenguas propias. De ahí la importancia que concedemos al derecho a comunicarnos, a entender y ser entendidos, siempre y en todos los casos", afirmó, antes de reiterar el compromiso de la Cámara con la implantación de estructuras y recursos suficientes para materializar las políticas de equidad.

"La igualdad no puede depender de la suerte ni de la voluntad de una administración"

La secretaria de ASORNA, Francisca Pulgarín, leyó el manifiesto de la Confederación Estatal de Personas Sordas con un mensaje contundente: "La igualdad de las personas sordas exige estructura, políticas públicas estables, recursos y compromiso. No puede hacerse depender ni de la suerte, ni de la voluntad de una administración, ni del nivel de comprensión del sistema educativo."

Pulgarín fue directa al señalar la deuda pendiente: "Detrás de cada razón hay una deuda que saldar, la de quienes hemos tenido que esforzarnos el doble para recibir la mitad. Las lenguas de signos españolas deben estar presentes allí donde se construye la vida. No como excepción. No como favor. Como obligación. No es la persona sorda la que tiene que adaptarse. Es la sociedad la que debe transformarse."

Al acto asistieron representantes de todos los grupos parlamentarios, la consejera de Derechos Sociales Carmen Maeztu y el Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera. Este domingo, la fachada del Parlamento se iluminará de color azul turquesa en conmemoración de la efeméride.

157 kilómetros por la Transpirenaica para visibilizar la lengua de signos

Tras el acto institucional, Hualde y la vicepresidenta primera, Maite Esporrín, mantuvieron un encuentro con miembros de ASORNA que acaban de completar el tramo navarro de la Transpirenaica. Un grupo inclusivo de ocho personas —participantes sordos, personas de apoyo y miembros de Ayuda IN— recorrió 157 kilómetros en ocho etapas entre el 31 de mayo y el 7 de junio, con final en Isaba, para visibilizar la Lengua de Signos Española y conmemorar su 50º aniversario en Navarra.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha celebrado este viernes la inadmisión por parte de un tribunal navarro de la querella presentada por Vox contra el parlamentario foral del PSN Ramón Alzorriz por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, aunque ha subrayado que su posición es siempre de "respeto máximo a las decisiones judiciales".

Tras ser preguntada por los medios de comunicación durante una visita a Sendaviva en Arguedas, Chivite ha aprovechado la ocasión para criticar la actitud de Vox, UPN y el Partido Popular, a quienes ha acusado de haber sometido a Alzorriz a un "juicio paralelo" antes de que la justicia se pronunciara. "Ya lo han condenado por corrupto", ha dicho, en alusión a las palabras pronunciadas contra el parlamentario en el debate celebrado ayer en el Parlamento de Navarra. "Me alegro de la noticia", ha afirmado la presidenta, insistiendo en que "lo primero siempre es la presunción de inocencia".

Preguntada por el balance del año transcurrido desde que se conoció el informe de la UCO de la Guardia Civil que señalaba presuntas irregularidades del exdirigente socialista navarro Santos Cerdán-que acabó durante un tiempo en prisión provisional- Chivite ha defendido que no tiene conocimiento de que ninguna obra pública del Gobierno de Navarra esté siendo investigada. Ha admitido que el foco se ha puesto especialmente en los túneles de Velate, asunto por el que la oposición, según ha dicho, "nos ha acusado de absolutamente todo", pero ha insistido en que hay que esperar a lo que determinen los jueces y no dejarse llevar por los "juicios paralelos" que, a su juicio, protagoniza "la derecha política de esta comunidad y de este país".

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha inadmitido la querella presentada por Vox contra el parlamentario foral del PSN Ramón Alzórriz por delitos de cohecho y tráfico de influencias en relación con unas obras de reforma realizadas en su vivienda particular.

La Sala de lo Civil y Penal ha resuelto que "la imputación dirigida frente al aforado se basa en meras sospechas, conjeturas o posibilidades y en valoraciones personales carentes de corroboración suficiente", sin que exista un sustento sólido que permita apreciar los indicios mínimos exigidos para admitir una querella contra un aforado.

Los hechos denunciados arrancan de un incendio ocurrido en junio de 2022 en el parque de Sendaviva. Tras cobrar la indemnización del seguro, las obras de reconstrucción se adjudicaron a finales de 2023 a la empresa Adentro Construimos SL. Según Vox, el contrato se "troceó" en cuatro lotes que no alcanzaban individualmente los 200.000 euros, umbral legal que obliga a constituir mesa de contratación. Esa parte de la querella sí está siendo investigada por el juzgado de instrucción número 5 del Tribunal de Instancia de Pamplona.

La parte que el TSJN ha rechazado atañe directamente a Alzórriz. La querella sostenía que esa misma empresa ejecutó posteriormente la reforma integral de un piso adquirido por el entonces portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra el 17 de junio de 2024, y que el precio abonado —38.000 euros más IVA según la licencia municipal— era muy inferior al valor real de las obras, que Vox estimaba en torno a 150.000 euros.

Los magistrados subrayan que la admisión de una querella exige no solo describir una conducta concreta atribuible al aforado, sino también aportar algún indicio o principio de prueba que la respalde. En este caso, según el auto, no se describen hechos delictivos individualizados, no se acredita la relación del parlamentario con los responsables de las adjudicaciones ni se aportan elementos objetivos que avalen la supuesta desproporción entre el coste real de las obras y lo pagado por Alzórriz.

La Sala recuerda además, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, que la investigación penal no puede ser prospectiva: el proceso no puede abrirse para comprobar si, partiendo de una sospecha general, podrían descubrirse en el futuro hechos delictivos concretos.

No obstante, el tribunal deja la puerta abierta. Si de las diligencias que se siguen en el juzgado de instrucción de Pamplona sobre la contratación en Sendaviva se desprenden nuevos datos que apunten a una responsabilidad penal del parlamentario, podrá adoptarse entonces la resolución que corresponda.

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El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una resolución en la que la Cámara reafirma su compromiso con el autogobierno de Navarra y solicita al Gobierno foral que presente en el plazo de seis meses un informe actualizado sobre el estado de las competencias pendientes de traspaso, con una propuesta de calendario para avanzar en su culminación.

La resolución, impulsada por Geroa Bai, incluye varios puntos. El Parlamento declara prioritario continuar desarrollando el marco competencial previsto en la LORAFNA, tanto en los traspasos en curso como en los aún no iniciados, e insta al Ejecutivo foral a seguir impulsando su negociación. Al mismo tiempo, emplaza al Gobierno central a actuar con lealtad institucional y a facilitar los acuerdos necesarios para completar el desarrollo efectivo del autogobierno navarro.

El informe que deberá presentar el Ejecutivo foral ante la Cámara habrá de recoger el estado actualizado de las competencias pendientes, las negociaciones en curso con la Administración General del Estado, los principales obstáculos detectados y una propuesta de calendario para los traspasos aún no culminados.

En la exposición de motivos, Geroa Bai señaló como transferencias prioritarias las de Becas, I+D+I e Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que el grupo proponente considera imprescindibles para fortalecer la competitividad económica, la transición ecológica y digital, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades. La resolución recuerda además que el desarrollo del autogobierno ha permitido mejorar la prestación de los servicios públicos y la capacidad de respuesta institucional ante los retos de una sociedad moderna.

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El Pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves la moción presentada por EH Bildu en la que se instaba a la Cámara a posicionarse a favor del desmantelamiento del Polígono de Tiro de las Bardenas, utilizado por el Ejército español y por fuerzas de la OTAN para ejercicios militares. La iniciativa ha sido tumbada con los votos en contra de UPN, PSN, PPN, Grupo Mixto (VOX) y la diputada no adscrita, frente a los votos favorables de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

La moción incluía cuatro puntos. El primero reclamaba el desmantelamiento de la instalación. El segundo pedía no prorrogar el contrato vigente entre la Junta de Bardenas y el Ministerio de Defensa. El tercero instaba al Gobierno del Estado a derogar el decreto que declaró el territorio como Zona de Interés Preferente para la Defensa. El cuarto, incorporado a iniciativa de Geroa Bai mediante una enmienda de adición aceptada por EH Bildu, emplazaba al Ejecutivo foral a elaborar un estudio sobre alternativas de desarrollo socioeconómico para las Bardenas Reales que pudiera sustituir los ingresos que actualmente perciben las entidades congozantes del polígono.

En la exposición de motivos, EH Bildu argumentó que la infraestructura militar altera el modelo socioeconómico tradicional de la zona, históricamente dedicada al pastoreo y la agricultura en régimen comunal, y que contradice la normativa de protección ambiental del parque natural. El grupo proponente denunció además que los intereses militares han prevalecido sin consultar a las poblaciones afectadas, y que la instalación somete un radio aéreo de más de 50 kilómetros a un riesgo permanente.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha rechazado la solicitud del Gobierno de Navarra de dar por concluido el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Tudela contra la autorización ambiental del proyecto de ampliación de la planta de fangos y futura planta de biogás previsto en el municipio. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado mediante auto mantener abierto el procedimiento.

El Ejecutivo foral había pedido el archivo tras la anulación de la Autorización Ambiental Integrada concedida a NILSA, resolución que fue dejada sin efecto después de que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) estimara un requerimiento previo. El Gobierno entendía que esa anulación privaba al litigio de objeto.

El Ayuntamiento se opuso al archivo al sostener que la controversia seguía vigente. Los acuerdos posteriores a la anulación no se limitan a dejar sin efecto la resolución original, sino que determinan cómo debe continuar la tramitación administrativa del proyecto, que pasaría a tramitarse bajo el régimen de Autorización Ambiental Unificada (AAU) conservando determinadas actuaciones ya realizadas.

La Sala da la razón al consistorio tudelano. El tribunal concluye que esos acuerdos posteriores siguen produciendo efectos jurídicos y condicionan la futura tramitación del expediente, por lo que no puede apreciarse una desaparición total del objeto del litigio ni un reconocimiento pleno de las pretensiones municipales. En consecuencia, acuerda no acceder a la solicitud de terminación y archivo del procedimiento.

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, se mostró "satisfecho" tras conocer la resolución y afirmó que "el Gobierno de Navarra quería dar carpetazo a nuestro litigio, pero la justicia demuestra una vez más que, con razones y argumentos, David puede vencer a Goliath". Toquero insistió en que el recurso "sigue adelante" y anunció que el Ayuntamiento continuará con su "ofensiva judicial" hasta donde sea necesario.

El Pleno del Parlamento de Navarra rechazó este jueves la moción presentada por Vox en la que se instaba a los gobiernos de España y Navarra a condenar "los sucesivos y graves escándalos de corrupción que afectan al gobierno, al partido y al entorno personal de Pedro Sánchez" y a manifestar la necesidad de una convocatoria inmediata de elecciones generales. La iniciativa cayó con 30 votos en contra frente a 20 a favor.

La moción incluía dos puntos. El primero exigía una condena expresa de la espiral de corrupción que, a juicio del grupo proponente, rodea al Ejecutivo central. El segundo iba más lejos: emplazaba a ambos gobiernos a reclamar elecciones de forma inmediata para, en palabras del texto, "dar voz a los españoles en las urnas frente a la corrupción política, moral y económica que ha guiado la gestión de Pedro Sánchez".

Un debate que subió de temperatura

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez Román, defendió la moción con dureza desde la tribuna, enumerando una larga lista de casos judiciales que afectan al entorno socialista —desde el caso Ávalos hasta el de la pareja del presidente, pasando por el fiscal general del Estado— y extendiendo la crítica a Navarra, donde citó lo que considera el 'caso Sendaviva', las adjudicaciones bajo sospecha y las presuntas irregularidades en el proyecto fotovoltaico de Bardenas. "La corrupción no es un papel más en un expediente, es lo que pasa cuando quien gobierna pone sus intereses por encima de las personas", afirmó.

Jiménez Román también tuvo palabras para los partidos que sostienen el gobierno foral —Geroa Bai, EH Bildu y Contigo-Zurekin—, a quienes acusó de "cómplices directos" por su silencio. "Los navarros no somos tontos. Sabemos que la máxima responsable política de lo que pasa en esta comunidad es usted", dijo dirigiéndose a la presidenta María Chivite, que no estaba en la sala en ese momento.

UPN y PP, a favor,  con matices

Tanto UPN como el Partido Popular votaron a favor de la moción, aunque con argumentos propios. El portavoz de UPN, Javier Esparza, señaló que el respaldo no implicaba compartir cada detalle de la exposición de motivos, sino reconocer "algo que ya es imposible de negar": que España atraviesa "una crisis institucional y moral de enorme gravedad" con epicentro en el PSOE.

La parlamentaria del PP Irene Royo fue más directa y reclamó la convocatoria de elecciones generales de forma "rotunda y sin matices", aludiendo al agotamiento de la legislatura y a la incapacidad del gobierno para aprobar presupuestos.

La izquierda, en bloque

Los grupos que sostienen el gobierno de Chivite —PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin— votaron en bloque en contra, aunque con intervenciones de distinta longitud. El portavoz socialista se limitó a anunciar el voto contrario desde su escaño. EH Bildu optó directamente por el silencio: "Ante palabras vacías, permaneceremos en silencio", resumió su portavoz. Geroa Bai y Contigo-Zurekin hicieron lo mismo con igual brevedad.

La moción, que la Mesa del Parlamento ya había obligado a reescribir en su versión original —rechazando términos como "mafia"— quedó así desestimada, en lo que Vox interpretó como una muestra más de la incomodidad del bloque de izquierdas ante el debate sobre corrupción. "La verdad y el PSOE son incompatibles", sentenció Jiménez Román en su turno de réplica.

El Grupo Vasco ha defendido este miércoles en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley para reclamar el cese de la actividad militar en el Polígono de Tiro y Bombardeo de las Bardenas Reales, coincidiendo con el 75 aniversario de su inauguración, el pasado 9 de junio de 1951.

La portavoz del Grupo Vasco, Maribel Vaquero, ha recordado que el enclave lleva siete décadas y media de uso militar en un espacio declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, y que el contrato de arrendamiento vigente expira en 2028. "Desde PNV y Geroa Bai llevamos años reclamando el desmantelamiento del polígono al Gobierno del Estado, desde el Parlamento de Navarra, las instituciones navarras y las Cortes Generales", ha afirmado.

El nudo financiero de los entes congozantes

Vaquero ha puesto el foco en la dependencia económica que la actividad militar ha generado en los municipios y entidades de la zona. En la actualidad, el Ministerio de Defensa aporta a los 22 entes congozantes una financiación que en muchos casos supera el 20% de su presupuesto anual, lo que condiciona su posición ante cualquier debate sobre el futuro del polígono. "Este es claramente un arrendamiento no deseado ante el que se puede callar por miedo a perder la financiación", ha señalado la portavoz.

Por ello, el Grupo Vasco aboga por acordar un plan de reconversión que garantice el impulso económico y la financiación suficiente para las entidades y municipios afectados, como condición necesaria para que el fin de la actividad militar no suponga un perjuicio para la comarca.

"Estamos a tiempo para dar por acabado un ciclo y comenzar uno nuevo para las Bardenas, con un plan de reconversión acorde al siglo XXI y que preserve este entorno natural", ha concluido Vaquero.

La Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra sobre la licitación y adjudicación de obras públicas durante las cuatro últimas legislaturas ha aprobado su dictamen final con un resultado que refleja la profunda división entre los grupos parlamentarios. Mientras los partidos que sostienen al Gobierno foral concluyen que no ha quedado acreditada la existencia de corrupción, la oposición defiende que los trabajos de la comisión han reforzado los indicios de adjudicaciones irregulares y reclama responsabilidades políticas al más alto nivel. El informe será debatido y votado en el Pleno del próximo día 18.

Sin pruebas de corrupción, pero con irregularidades reconocidas

Las conclusiones aprobadas, suscritas conjuntamente por PSN, EH Bildu y Geroa Bai, afirman que las comparecencias, la documentación examinada y las actuaciones desarrolladas en sede parlamentaria no han aportado pruebas directas de sobornos, comisiones ilícitas, conflictos de intereses ni acuerdos irregulares para alterar los procesos de contratación pública investigados. Sin embargo, el propio dictamen reconoce la existencia de irregularidades y deficiencias procedimentales en determinados expedientes, con especial mención a las obras de duplicación del túnel de Belate, donde se detectaron defectos formales, discrepancias sobre la aplicación de la normativa y reparos formulados por órganos de control.

En lo que respecta a la Mesa de Contratación de Belate, el dictamen señala que no ha quedado acreditada la existencia de injerencias políticas, si bien recoge la existencia de actuaciones y comunicaciones que considera impropias desde la perspectiva de la buena administración. El texto incluye además una cautela relevante: la ausencia de acreditación de corrupción no equivale a una constatación definitiva de su inexistencia, dado que las limitaciones propias de una investigación parlamentaria impiden descartar extremos cuya determinación correspondería, en su caso, a los tribunales.

Contigo-Zurekin: irregularidades incompatibles con el buen gobierno

Contigo-Zurekin, que suscribió las recomendaciones finales junto a los tres partidos del bloque gubernamental, ha presentado no obstante conclusiones propias de mayor dureza. La coalición considera acreditadas diversas irregularidades y malas prácticas en contratación pública, especialmente en las obras de Belate y en determinadas promociones de vivienda pública gestionadas por Nasuvinsa. Entre los elementos señalados figuran deficiencias en los sistemas de control, la desaparición de documentación relevante en algunos expedientes y contradicciones detectadas durante las comparecencias, tanto en relación con el traslado de un técnico vinculado al expediente de Belate como respecto a determinadas facturas asociadas al caso Koldo. La formación concluye, no obstante, que la investigación parlamentaria no ha permitido acreditar tráfico de influencias ni actuaciones dirigidas a favorecer adjudicaciones concretas a cambio de contraprestaciones.

UPN: indicios de una trama vinculada a Servinabar y Acciona

UPN ha presentado las conclusiones más detalladas de la oposición. El partido sostiene que los trabajos de la comisión han reforzado los indicios sobre la posible existencia de una trama de influencia en la adjudicación irregular de contratos públicos vinculada a las empresas Servinabar y Acciona, en el marco de las investigaciones que desarrollan la Guardia Civil y los órganos judiciales.

El grupo regionalista considera especialmente relevante la adjudicación de las obras de Belate y cuestiona el papel de Servinabar en las distintas uniones temporales de empresas adjudicatarias, al entender que no se ha aportado una explicación suficiente sobre su aportación técnica o empresarial efectiva. UPN atribuye también responsabilidades políticas a la presidenta del Gobierno de Navarra y a diversos responsables del Ejecutivo foral, por no haber actuado con la diligencia debida ante las advertencias detectadas en los procedimientos de contratación. Considera además acreditado que el entonces secretario de la mesa de contratación de Belate sufrió represalias tras formular sus denuncias, circunstancia que vincula a decisiones adoptadas por responsables del Departamento de Cohesión Territorial.

PPN: patrones comunes y posibles nulidades de pleno derecho

El Partido Popular de Navarra ha centrado sus conclusiones en la existencia de irregularidades, deficiencias e incumplimientos que afectan a principios básicos de la contratación pública como la transparencia, la igualdad de trato y la imparcialidad. El PPN destaca la relevancia de los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA), que identifican posibles causas de nulidad de pleno derecho en determinados expedientes.

El grupo popular señala el expediente de Belate como el más problemático, con votos particulares en la mesa de contratación, denuncias ante la OANA, reparos de Intervención, modificaciones contractuales posteriores y sobrecostes económicos. Sus conclusiones se extienden también al Navarra Arena, al Archivo General de Navarra, al colegio público de Arbizu y a las promociones de vivienda de Ripagaina, donde aprecia patrones comunes: participación reiterada de determinadas empresas y personas en las adjudicaciones y deficiencias sistemáticas de control administrativo. El PPN denuncia además que la comisión se desarrolló con importantes limitaciones derivadas del rechazo a diversas solicitudes de documentación y comparecencias planteadas por la oposición.

Vox: dimisión de Chivite y modelo de influencia política

Vox ha formulado las conclusiones más contundentes, vinculando las adjudicaciones analizadas a un supuesto modelo de influencia política instalado en torno a la contratación pública de los últimos años. El partido aprecia relaciones recurrentes entre determinadas empresas adjudicatarias y responsables políticos, y atribuye la responsabilidad política última a la presidenta del Gobierno, a quien reclama la dimisión. Hace extensivas sus críticas al Departamento de Cohesión Territorial por su gestión de determinadas infraestructuras y por las decisiones adoptadas en relación con los responsables técnicos vinculados a las obras de Belate.

Recomendaciones y próximos pasos

Con independencia de las discrepancias en las conclusiones, los cuatro grupos que conforman la mayoría parlamentaria han acordado un conjunto de recomendaciones orientadas a reforzar la integridad y el control en la contratación pública. Entre las medidas propuestas figuran la aprobación de un Plan de Integridad en la Contratación Pública, la modificación de la Ley Foral de Contratos Públicos, el refuerzo de los órganos de control y fiscalización, la ampliación de las obligaciones de publicidad activa y el fortalecimiento del papel de la OANA como instrumento de prevención y supervisión.

El dictamen aprobado será elevado al Pleno del día 18 para su debate y votación definitiva. Las conclusiones aprobadas por el Pleno serán publicadas en el Boletín Oficial del Parlamento y comunicadas al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. La comisión, constituida el 3 de julio de 2025, ha celebrado su última sesión este miércoles tras casi un año de actividad.

El vicepresidente y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha salido al paso de las informaciones publicadas sobre una supuesta relación entre Leire Díez y la presidenta María Chivite en torno a un proyecto de energía solar en las Bardenas Reales, negando que ambas mantuvieran reunión, conversación ni contacto particular alguno.

Remírez ha explicado que los contactos de la presidencia del Gobierno con empresas y organizaciones interesadas en invertir en Navarra son "periódicos y permanentes", se ajustan a la legalidad y al ámbito competencial del Ejecutivo foral, y se rigen tanto por las obligaciones legales de transparencia como por la política personal de agenda pública de Chivite.

Sobre el proyecto en cuestión, el portavoz ha precisado que se trató de un protocolo de intenciones firmado en junio de 2021 entre la Comunidad de las Bardenas, el Gobierno de Navarra y las mercantiles Fernando Sos S.L., perteneciente a Forestalia, y Levitec Systemas S.L., para la promoción de un parque solar de autoconsumo en las Bardenas Reales. El proyecto, ha subrayado, no llegó a materializarse, y Leire Díez no participó en ningún momento ni en su gestión ni en la redacción de ese protocolo.

Remírez ha acotado además cuál fue la relación oficial de Díez con el Gobierno foral: además de su presencia en algunas jornadas públicas, se limita a la firma en septiembre de 2022 de un acuerdo de colaboración, en su calidad de representante de Correos, para la creación de Correos Lab en Navarra, con la instalación de un espacio de innovación en la sede de Correos del Paseo de Sarasate en Pamplona. Un acuerdo que, ha recordado, fue publicado en su momento a través de la web oficial del Gobierno foral.

Por último, el vicepresidente ha rechazado con firmeza lo que ha calificado de "estrategia de extensión generalizada de la sospecha", atribuyéndola a "la impotencia y la ansiedad de ciertas estrategias partidistas" ajenas a la verdad. "Ni María Chivite ni su Gobierno están en ninguna causa penal, y la comisión de investigación del Parlamento de Navarra no ha encontrado el menor atisbo de corrupción", ha concluido.

El Partido Popular de Navarra ha registrado varias peticiones de información en el Parlamento de Navarra para que el Gobierno foral detalle sus posibles vínculos con un proyecto de energías renovables en las Bardenas Reales que aparece referenciado en documentos intervenidos por la UCO de la Guardia Civil a Leire Díez.

Entre las anotaciones recogidas en esos documentos figura una referencia a una conversación prevista entre la presidenta María Chivite y la entonces ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para impulsar dicho proyecto. La reunión en la que se habría generado ese documento habría tenido  lugar, siempre según los documentos de la UCO, el 6 de julio de 2021 en la sede de Servinabar.

El presidente del PPN, Javier García, ha calificado de "tremendamente preocupante" que Chivite pudiera haber ocultado tanto la existencia del proyecto como las reuniones celebradas en esa sede, señalando que las iniciativas en cuestión podrían haber beneficiado a una empresa vinculada a Santos Cerdán, entonces estrecho colaborador de la presidenta.

García ha reclamado que el Ejecutivo foral informe sobre qué reuniones y conversaciones mantuvieron Chivite y Ribera, qué contactos se produjeron con Leire Díez y qué actuaciones llevó a cabo el Gobierno en relación con ese proyecto. "Los ciudadanos merecen saber si se produjeron conversaciones con una persona que está protagonizando numerosos titulares por sus presuntas maniobras para proteger a Pedro Sánchez y entorpecer determinadas investigaciones", ha afirmado.

El PPN ha advertido de que "llegará hasta el final" para esclarecer cualquier actuación que pudiera haber comprometido la legalidad en la gestión de proyectos estratégicos para Navarra.

La consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, compareció este martes en comisión parlamentaria a petición de Geroa Bai para explicar el informe sobre Juventud y Movimientos Migratorios presentado el pasado 30 de abril. La sesión discurrió con normalidad hasta que la intervención del portavoz de VOX, Emilio Jiménez, desató uno de los momentos de mayor tensión de la jornada, con un rifirrafe directo con la consejera que monopolizó buena parte del segundo turno.

Un estudio "lleno de esperanza" según Geroa Bai

La portavoz de Geroa Bai, Itxaso Soto, impulsora de la comparecencia, abrió la sesión poniendo en valor las conclusiones del informe. "Aquí en Navarra hay esperanza todavía, seguimos siendo una comunidad de acogida y así también lo percibe la gente joven", afirmó, resaltando que casi una de cada cuatro personas jóvenes navarras ha nacido fuera de España y que un tercio proviene de familias donde ambos progenitores son de origen extranjero. Soto destacó también el compromiso de la juventud navarra con los valores de igualdad y convivencia, y subrayó la importancia de activar políticas públicas que generen "una inclusión positiva y real".

La consejera Alfaro, en su exposición de los datos, destacó que el 72% de los jóvenes navarros mantiene relaciones de amistad con personas de otro origen, cultura o religión, y que únicamente un 5% desearía vivir en una sociedad de composición uniforme. Señaló como asignatura pendiente la integración a través del deporte, donde la interrelación entre jóvenes de distintos orígenes cae hasta el 52%. Alfaro también quiso trasladar un mensaje de fondo: "La internacional del odio está fracasando en sus intentos de dañar a la juventud navarra y a la imagen que tenemos de ella".

VOX carga contra el informe: "Ideológico, penoso y omite deliberadamente la delincuencia"

El portavoz de VOX, Emilio Jiménez, arremetió con dureza contra el estudio. Lo calificó de "documento ideológico y penoso" que "idealiza la inmigración, promueve el multiculturalismo como valor absoluto y silencia sistemáticamente los problemas reales de integración, costes sociales y seguridad". Jiménez acusó al informe de omitir deliberadamente toda referencia a la delincuencia, señalando que las palabras "delincuencia", "delito", "crimen" o "seguridad" no aparecen en ningún momento. En esa línea, citó datos de un informe de la Policía Foral que, a su juicio, revelaban una sobrerrepresentación de personas extranjeras en las estadísticas de detenciones. "Este informe del Gobierno de Navarra es un ejercicio de propaganda", concluyó.

Pero la mayor tensión llegó cuando Jiménez denunció que la consejera había empleado el término "extrema derecha" para referirse a él durante la sesión en un momento en que no se encontraba presente en la sala. "Es una auténtica falta de respeto a este parlamentario y al Parlamento", protestó, exigiendo a Alfaro que rectificara y pidiera disculpas. Ante la negativa de la consejera a hacerlo, Jiménez advirtió que eso le daba "patente de corso para decir lo que me dé la gana", lo que provocó varios cruces de palabras con la presidenta de la comisión, que tuvo que intervenir en varias ocasiones para reconducir el debate.

UPN pregunta por los jóvenes de Bildu; el PP pide menos autocomplacencia

El portavoz de UPN, Ángel Ansa también presente en la comisión, reprochó a Alfaro que no respondiera a su pregunta de si rechaza las declaraciones de la portavoz de EH Bildu que, según dijo, justificaron el uso de la violencia por parte de jóvenes de la izquierda abertzale. La consejera esquivó la cuestión directa y contraatacó preguntándole si UPN condena la convocatoria de ayudas del alcalde de Valtierra —del mismo partido— que, a su juicio, discrimina a madres magrebíes.

Maribel García Malo,portavoz del PP, por su parte, pidió no caer en la autocomplacencia ante los datos del informe y reclamó políticas que "integren en lugar de segmentar", reprochando al Gobierno discursos de "buenos y malos".

Desde Contigo-Zurekin, su portavoz José Miguel Garrido señaló que la verdadera clave del informe es la desigualdad estructural de partida que sufren los jóvenes de origen migrante, y reclamó una transformación de las políticas públicas "a la misma velocidad que se transforma la sociedad".

La senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN) María Caballero Martínez ha interpelado este martes al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por los numerosos casos de corrupción que afectan al Partido Socialista y que se encuentran bajo investigación judicial. "¿Qué más tiene que pasar para que ustedes asuman alguna responsabilidad política?", le ha preguntado directamente desde la tribuna del Senado.

"Sr. Bolaños, esto se acaba y usted lo sabe. Ábalos, Koldo, Cerdán, Zapatero, Leire, Begoña, el hermanísimo, el presidente y el vicepresidente de la SEPI, la gerente del partido… y en el centro de todo, Ferraz. Ustedes ya no gobiernan, solo trabajan para mantenerse y defenderse", ha afirmado la senadora navarra, quien también ha cuestionado la actitud del titular de Justicia ante la judicatura: "En lugar de defender la independencia judicial y el estado de derecho, ha arremetido usted contra los jueces. ¿Dónde se piensa colocar esta vez, junto a las cloacas o junto a la Justicia?".

Caballero ha repasado uno a uno los principales casos que salpican al PSOE. Ha recordado que Ábalos "dijo que todo era falso y a quien ustedes pagaron el abogado"; que Cerdán "ha dicho que todo es una conspiración contra él por haber negociado con Bildu y también en Waterloo"; que Leire Díez "dijo que era una periodista de investigación que nada tenía que ver con el PSOE", y que Zapatero "aseguró que no tenía ninguna empresa ni nada que ver con Venezuela ni con el rescate de Plus Ultra, pero que hoy está encerrado preparando la respuesta a un auto demoledor que le incrimina".

La senadora ha denunciado además que, con Cerdán a la cabeza y con conocimiento del partido, "pusieron la maquinaria de Ferraz a trabajar con unos métodos mafiosos para extorsionar a jueces, investigadores e incluso implicando a la dirección de la Guardia Civil para impedir que las investigaciones que les afectan avancen".

"Estamos hartos de que nos mientan, de que miren para otro lado y de que, encima, se victimicen y nos quieran hacer creer que existe un complot contra el Gobierno de Sánchez", ha subrayado Caballero, quien ha cerrado su intervención con una batería de preguntas al ministro: "¿No piensan asumir ninguna responsabilidad? ¿Ni cuando salga la tasación de las joyas de Zapatero? ¿Sigue siendo el expresidente un referente del socialismo?".

En su respuesta, Bolaños ha defendido que el Gobierno "actúa con contundencia en los casos de aquellas personas sobre las que recaen indicios sólidos" y ha asegurado que los procedimientos judiciales en curso demuestran que "el estado de derecho en España funciona, que jueces, magistrados y fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pueden hacer su labor y la hacen sin injerencias, algo que no ha sido siempre así".

Parlamentarias y parlamentarios forales, junto al Defensor del Pueblo, se han concentrado este martes a mediodía en la parte trasera del Parlamento de Navarra para mostrar su repulsa por el asesinato de dos mujeres a manos de sus parejas o exparejas en las provincias de Málaga y Alicante. Bajo el lema "No a la violencia contra las mujeres", la Cámara ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas.

Con estos dos nuevos crímenes, el contador de feminicidios por violencia de género en España se eleva a 22 en lo que va de 2026 y a 1.363 desde que el Ministerio del Interior comenzó a registrar los casos en 2003.

Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua ha trasladado al Congreso de los Diputados su rechazo a la operación policial que la semana pasada se saldó con 28 detenidos en Pamplona, todos ellos relacionados con los sucesos del 30 de octubre de 2025 en las inmediaciones de la Universidad de Navarra. A través de los diputados Fèlix Alonso y Enrique Santiago, del Grupo Plurinacional SUMAR, la formación ha registrado este lunes una serie de preguntas dirigidas al Ejecutivo en las que le exige que aclare los fundamentos de la operación y que evite actuaciones de carácter disuasorio contra la movilización social.

Los arrestos de la semana pasada se suman a los cuatro ya practicados en noviembre, hasta sumar 32 detenidos por los incidentes que se produjeron cuando un acto de la gira de un agitador de extrema derecha —posteriormente sancionado por el propio Congreso— fue suspendido en el campus pamplonés. Los imputados se enfrentan a cargos de desórdenes públicos y atentado contra agente de la autoridad.

El coordinador de IU Navarra, Carlos Guzmán, ha calificado la operación de "absolutamente desproporcionada" y ha advertido de que huele "a operación diseñada para disuadir a la juventud y a los colectivos antifascistas de ejercer su legítimo derecho a la protesta", si bien ha dejado claro que la formación no comparte los disturbios que se produjeron aquel día. Guzmán ha señalado además que es el propio Gobierno quien debería "vigilar y actuar contra estas provocadoras convocatorias de extrema derecha, cuyo único fin es alterar el orden público y proclamar consignas discriminatorias y racistas", y ha advertido de que "ese odio planificado genera más odio, y por consiguiente disturbios absolutamente innecesarios como los que pudimos comprobar en Pamplona".

En sus preguntas parlamentarias, IU insta al Ejecutivo a pronunciarse sobre tres cuestiones: qué valoración le merece que se alienten convocatorias de carácter extremista; qué medidas adoptará para frenar lo que la formación considera una represión de la protesta antifascista; y si es consciente de que detener a quienes defienden la democracia genera, a su juicio, una sensación de impunidad en la ultraderecha y desincentiva la defensa de los valores democráticos.

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha denunciado públicamente la inacción del equipo de gobierno liderado por Joseba Asiron ante la proliferación de asentamientos ilegales en la capital navarra. La formación foralista ha exigido medidas urgentes tras revelar que, durante el primer trimestre de 2026, la Policía Municipal ha tenido que realizar una media de una actuación diaria tanto en el entorno de la antigua ikastola Jaso como en el parque de Aranzadi.

Para abordar esta situación, UPN presentó una declaración formal en la Comisión de Presidencia con el objetivo de impulsar una solución definitiva para el derribo del viejo edificio escolar y exhortar al consistorio a impedir estos campamentos improvisados, especialmente los situados en áreas de riesgo. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los votos en contra de los partidos del equipo de gobierno y del PSN, una postura que los foralistas han calificado como una muestra clara de su nula preocupación por resolver este problema de seguridad ciudadana.

Riesgo de inundaciones en Aranzadi y la paralización del derribo de la ikastola Jaso

La formación política ha manifestado que el ejecutivo local se encuentra totalmente superado por la magnitud del problema y le afea que no esté reclamando la implicación del Gobierno de Navarra. Según los representantes de UPN, el discurso oficial de la legislatura insiste en que se está trabajando en el asunto, pero la realidad constata que cada día hay más personas malviviendo en la calle, lo que genera problemas tanto de vulnerabilidad social para los propios ocupantes como de convivencia para el resto de la ciudadanía.

La denuncia parlamentaria ha hecho especial hincapié en el deterioro del parque de Aranzadi. UPN sostiene que el reciente desalojo del chalé de las Agustinas ha provocado un efecto llamada, desplazando a la mayoría de sus antiguos ocupantes hacia zonas inundables del parque fluvial. Los regionalistas advierten que la falta de intervención municipal, además de degradar este entorno natural de Pamplona, supone un peligro real e inminente para la integridad física de las personas que pernoctan en el lugar ante eventuales crecidas del río Arga.

Por otra parte, respecto a la antigua ikastola Jaso, los foralistas recordaron que hace un año ya solicitaron la demolición de la estructura. En aquel momento, la respuesta institucional aseguró que el Consorcio se reuniría antes de las fiestas de San Fermín de 2025 para dar pasos concretos hacia el derribo. UPN ha censurado que aquellos compromisos resultaron ser falsos, por lo que exigen al alcalde que deje de poner excusas y aplique un plan de actuación inmediato.

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha cargado este lunes con dureza contra el Gobierno foral tras la mesa y junta de portavoces, abordando tres frentes: la comisión de investigación sobre contratos de obra pública, la intervención de la portavoz de EH Bildu en la cámara y la visita del papa León XIV a España.

Sobre la comisión de investigación, Esparza ha sostenido que las conclusiones presentadas por los grupos que sostienen al Ejecutivo "sirven únicamente para tapar y proteger a María Chivite". El dirigente unionista ha afirmado que Navarra "ha dejado de tener un gobierno ejemplar" y ha enumerado una serie de reproches al Ejecutivo foral: ignorar los avisos de los técnicos, proteger los intereses del PSN por encima de los de Navarra, ocultar información, retrasar explicaciones, negar evidencias y desacreditar a quienes denunciaban irregularidades. "Nos desacreditaron a nosotros, que fuimos los que desde UPN planteamos la primera pregunta sobre Belate", ha recordado. Esparza ha considerado "muy grave" que funcionarios que advirtieron de posibles irregularidades en adjudicaciones fueran apartados o castigados, una actitud que, a su juicio, "lanza un mensaje al conjunto de la administración que nada tiene que ver con la limpieza ni con la transparencia".

En relación con EH Bildu, Esparza ha reprochado a su portavoz que hable de "actuaciones policiales desproporcionadas" y de "criminalización de colectivos", y ha pedido a la presidenta Chivite que escuche esa intervención y explique públicamente "si han dado pasos o no". "Bildu sigue donde estaba, con los mismos mantras, defendiendo a radicales violentos detenidos por cometer acciones violentas, no por manifestarse pacíficamente", ha señalado.

Sobre la visita papal, Esparza se ha mostrado entusiasta y ha calificado el viaje de León XIV a España de "la mejor noticia del año", destacando el perfil social del pontífice y su discurso ante el Congreso, en el que abordó la inteligencia artificial, las guerras, la inmigración y la defensa de la vida.

Preguntado por las relaciones con Vox tras las críticas de ese partido hacia UPN, Esparza ha restado importancia al asunto y ha asegurado que su formación no mantiene con Vox más relación que la propia de la actividad parlamentaria. De cara a 2027, ha avanzado que UPN concurrirá a las elecciones forales con el objetivo de "ganar y conformar gobierno".

La portavoz del PSN-PSOE en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, ha asegurado este lunes en rueda de prensa tras la celebración de la Mesa y Junta que las conclusiones de la comisión de investigación demuestran que “en Navarra se han hecho las cosas bien” y desmontan, “punto por punto”, las acusaciones de corrupción que la derecha ha intentado instalar durante meses.

Las conclusiones, que se debaten este miércoles en el Parlamento de Navarra, acreditan que no existe ninguna práctica corrupta por parte de responsables políticos ni de funcionarios del Gobierno de Navarra, que no se detectan actuaciones ilícitas por parte de las empresas licitadoras, que no se encuentran indicios de corrupción en las obras públicas investigadas, y que no queda acreditada ninguna injerencia política o empresarial en la adjudicación de los túneles de Belate.

Junto a estas conclusiones, el PSN-PSOE presenta también una serie de recomendaciones orientadas a seguir reforzando la transparencia y el control público: mejorar la Ley Foral de Contratos Públicos, revisar el funcionamiento de las mesas de contratación, reforzar los recursos de la Intervención General y fortalecer la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción.

Unzu ha apuntado que los hechos revelan que las acusaciones de delito formuladas por UPN, PP y Vox durante todo este tiempo “carecían de pruebas y de fundamento” y “respondían a una estrategia de desgaste político que iba mucho más allá del legítimo interés por esclarecer los hechos”. “La derecha dictó sentencia antes de que comenzara la investigación, porque ya tenían su relato construido. No les interesa la verdad, solo buscaban el titular, el desgaste y el descrédito”, incide.

Así,  la portavoz recuerda que la derecha exige una y otra vez la dimisión de la presidenta del Gobierno de Navarra y que durante meses intenta generar sospechas sobre el Ejecutivo y el PSN, pero los hechos son claros, “no existe ninguna evidencia de corrupción ni de injerencia política en las adjudicaciones analizadas”.

Respecto a las iniciativas de la derecha previstas para esta semana en el Parlamento, Unzu critica la “hipocresía” de UPN al intentar dar lecciones de ética política cuando es un partido que avala y da la mano al único partido condenado por corrupción de la democracia española. “Para repartir carnés de dignidad democrática, primero hay que estar dispuesto a mirarse al espejo”, señala Unzu, y añade, “resulta difícil escuchar sus lecciones sobre corrupción cuando el señor Esparza lleva tres legislaturas buscando la Presidencia de Navarra de la mano del PP”.

Unzu ha abundando en que frente a la estrategia de desgaste de la derecha, el PSN-PSOE centrará su actividad parlamentaria esta semana en una moción para garantizar y blindar el derecho al aborto como derecho fundamental vinculado a la “dignidad, la libertad y la salud de las mujeres”, asegurando que en Navarra todas las mujeres puedan ejercer este derecho en condiciones de igualdad.

«Mientras la derecha dedica su acción política a presentar iniciativas contra el Partido Socialista, nosotros dedicamos la nuestra a presentar iniciativas a favor de la ciudadanía, a mejorar la vida de la gente y a ampliar derechos. Esa es la diferencia», ha finalizaodo