Las declaraciones del portavoz de UPN, Javier Esparza, no han tardado en recibir respuesta del Ejecutivo foral. Esparza había asegurado este martes ante la Comisión de Investigación que estudia las adjudicaciones de los gobiernos forales desde 2011 que el PSOE intentó en 2019 descabezar a María Chivite para evitar que pactara con Bildu, y que el actual vicepresidente del Gobierno de Navarra junto al entonces diputado socialista, Guzmán Garmendia, cercano entonces a Pedro Sánchez, estaba llamado a encabezar la gestora que Ferraz quería imponer. El propio portavoz Javier Remírez lo despachó con una mezcla de ironía y contrataque.

Remírez no entró en el fondo de la acusación. "La capacidad de generar bulos del señor Esparza es inversamente proporcional a su capacidad de liderazgo político", zanjó, antes de añadir una frase que arrancó las sonrisas en la sala: "Mi cupo de cubrir gestoras ya lo satisfice en 1996, y a partir de ahí no tengo constancia de nada de esto" (en referencia a su nombramiento entre los miembros de la gestora socialista tras la dimisión del entonces presidente Otano). 

El contraataque: el Canal de Navarra

Lejos de limitarse a la defensa, Remírez aprovechó para devolver el golpe. A su juicio, Esparza lanzó esas informaciones para esquivar una pregunta que, dijo, la ciudadanía todavía espera que responda: por qué fue el único consejero del que la Cámara de Comptos advirtió que había invadido la autonomía de las mesas de contratación en una obra pública, concretamente en la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra.

"Ayer se dedicó a lanzar este tipo de informaciones en lugar de dar explicaciones por algo que la ciudadanía aún está pendiente de que nos explique", señaló Remírez, que también recordó que Esparza actuó como los ex altos dirigentes del PP que intervienen estos días en el juicio por la operación "Kitchen" para apoderarse de los pápeles de Bárcenas al apuntar que "sobre ese asunto decían no recordar, no saber o no haber estado presentes".

La proposición de ley registrada la semana pasada por UPN sobre los conciertos ha encendido las alarmas en el departamento de Educación. Tras un análisis más detallado del texto, el portavoz Javier Remírez ha elevado este miércoles el tono y advirtió de que su aprobación, posible dado el actual apoyo de al menos uno de los socios del Gobierno, Geroa Bai , y posiblemente EH Bildu,  generaría "profunda inseguridad jurídica" y obligaría a revisar conciertos educativos que la Dirección General de Recursos Educativos ya ha autorizado para el curso 2025-2026.

Remírez no se anduvo con rodeos. La iniciativa de UPN , dijo, "pone en peligro ahora sí" la elección que familias y alumnos ya han formalizado de cara al próximo curso. Si la proposición saliera adelante, todo ese proceso tendría que revisarse, lo que a su juicio generaría una situación de "profunda incertidumbre" para las familias afectadas.

El Gobierno defiende el ajuste de conciertos apoyándose en la evolución de la natalidad: Navarra ha pasado de unos 6.000 nacimientos anuales en 2015 a alrededor de 4.600 en la actualidad, una caída del 24% que se traduce directamente en menos alumnos y menos aulas necesarias.

Remírez insistió en que la libertad de elección está garantizada —el 99% de las solicitudes de matrícula se resolvieron en primera opción— y que actualmente quedan 135 plazas vacantes en la red concertada.

El conflicto abierto en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea no es solo una disputa entre la Administración y una parte del colectivo médico. Eso, al menos, es lo que sostiene SATSE, que este martes publicó un comunicado en el que apunta a un problema de raíz: el sistema lleva demasiados años tapando con actividad extraordinaria lo que debería estar resuelto dentro de la jornada ordinaria.

Para el sindicato de enfermería, las negativas a realizar actividad fuera de jornada, el debate sobre las auditorías de agendas, los incentivos planteados por Salud y la polémica sobre el control de la actividad son todos síntomas del mismo problema. "Lo extraordinario no puede seguir sosteniendo la sanidad ordinaria", señala SATSE en su nota, en la que carga contra años de decisiones aplazadas y dependencia de peonadas, guardias y prolongaciones de jornada para sostener el funcionamiento diario del sistema.

Ni incentivos ni cambio de consejero

SATSE marca distancias con otros sindicatos que han pedido la cabeza del consejero Fernando Domínguez. El sindicato considera que relevar al titular de la cartera no resolvería nada, porque la crisis es estructural. "Cambiar nombres puede servir para intentar cerrar una crisis política, pero no para transformar un modelo agotado", afirma, en una advertencia que llega un día después de que el portavoz del Gobierno, Javier Remírez, ratificara la confianza del Ejecutivo en Domínguez.

Qué pide el sindicato

SATSE reclama al Gobierno foral una hoja de ruta concreta y evaluable: planificación de la actividad dentro de la jornada ordinaria, turnos y agendas trazables para todas las categorías sanitarias, tiempos definidos por actividad, auditoría pública de listas de espera y una definición clara de las competencias de cada profesional con respaldo normativo. El sindicato no rechaza la trazabilidad ni el control de agendas, pero advierte de que medir actividad no puede limitarse a contar pacientes: hay que visibilizar también la coordinación, el seguimiento, la educación sanitaria o la gestión de casos.

El Gobierno de Navarra ha salido este miércoles al paso de las críticas dirigidas al consejero de Salud, Fernando Domínguez, en el contexto de la creciente tensión entre la administración foral y los profesionales sanitarios del Hospital Universitario de Navarra (HUN). Javier Remírez fue contundente: el Ejecutivo que preside María Chivite mantiene su confianza plena en el consejero y en todo su equipo.

Remírez anunció que el propio Domínguez se reuniría hoy mismo con las jefaturas de servicio del HUN para conocer de primera mano las necesidades de los profesionales, en lo que el portavoz presentó como una muestra de la "mano tendida" del Gobierno al diálogo. El consejero tiene también prevista otro encuentro para el día siguiente.

El portavoz contextualizó la situación en una crisis que, a su juicio, no es exclusiva de Navarra. "El conjunto del país y de Europa vive un tensionamiento de los sistemas públicos de salud", señaló, agravado por el envejecimiento de la población y una demanda sanitaria en aumento. El número de tarjetas de salud, precisó, ha crecido un 7% y seguirá haciéndolo en los próximos años.

Datos de refuerzo

Remírez desplegó una batería de cifras para defender la gestión del Ejecutivo: Navarra cuenta hoy con más de 2.180 médicos en plantilla asistencial —sin contar jefaturas—, lo que supone un incremento del 12% en la última década. Las retribuciones medias, por su parte, han subido en torno a un 30% desde la llegada del Gobierno de Chivite en 2019.

El portavoz también subrayó que el Ejecutivo trabaja en la redacción de una nueva ley foral de salud que sustituya a la vigente, aprobada en 1990, para adaptar el sistema a los retos demográficos actuales. El Gobierno, concluyó Remírez, no renunciará a sus funciones de "planificación, control y organización" del sistema sanitario

Geroa Bai ha presentado una alegación al estudio informativo del tramo Pamplona–Altsasu del corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo para reclamar que la futura infraestructura se construya desde el primer día en ancho UIC, el estándar europeo, y no en el ancho ibérico que propone el Ministerio de Transportes como solución inicial. La coalición considera que la decisión sobre el ancho de vía no es un detalle técnico sino "absolutamente estratégica", en palabras del presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, uno de los firmantes de la posición.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha enmarcado la alegación en una "posición política clara, coherente y sostenida en el tiempo" a favor de un Tren de Altas Prestaciones "que sirva tanto para viajeros como para mercancías, que cumpla con los estándares europeos y que permita a Navarra integrarse plenamente en los grandes corredores de transporte". Azcona ha advertido de que las decisiones que se tomen ahora "van a condicionar durante décadas la posición de Navarra en el sistema de transportes, así como su conexión con Europa" y que, si no se afronta el proyecto con rigor, "el riesgo es evidente: Navarra puede quedarse descolgada".

El nudo del debate: el ancho de vía

El Ministerio plantea construir el tramo inicialmente en ancho ibérico —el tradicional en la red española— y acometer la adaptación al estándar europeo en una fase posterior. Geroa Bai rechaza de plano ese enfoque. Hualde ha argumentado que una construcción provisional en ancho ibérico "va a provocar importantes problemas de interoperabilidad con la red europea" y ha recordado que la normativa comunitaria obliga a que las nuevas líneas de la red transeuropea de transporte se ejecuten directamente en ancho estándar. "No tiene sentido hacer algo provisional en una obra que supone una inversión económica importante", ha subrayado.

Más allá de la incoherencia normativa, la coalición señala que la provisionalidad que defiende el Ministerio "no ofrece garantías reales" porque no existe un calendario vinculante ni un compromiso firme de cambio posterior. A ello se suman mayores costes operativos y las afecciones que implicaría una eventual migración de ancho una vez la infraestructura esté en servicio.

Hualde ha añadido otro argumento de peso: la elección del ancho de vía tampoco es neutral respecto a la futura conexión con la Y vasca, ya que puede cerrar alternativas antes de que el estudio informativo haya concluido, contradiciendo así el principio de no predeterminación que debe regir este tipo de análisis.

La propuesta: ancho europeo desde el primer día con cambiador en Pamplona

Frente al escenario que plantea el Ministerio, Geroa Bai propone una solución que define como "clara, viable y coherente": construir el tramo Pamplona–Altsasu directamente en ancho UIC e instalar un cambiador de ancho en el entorno de Pamplona que garantice la compatibilidad con la red existente mientras dure la transición. Esta fórmula, según Hualde, "mejora la interoperabilidad", evita costes futuros, reduce las perturbaciones al servicio durante las obras y asegura que Navarra contará con "una infraestructura alineada con Europa desde su puesta en marcha".

Azcona ha insistido en que "no vale cualquier proyecto, ni cualquier solución" y ha reclamado que el Gobierno foral tenga "un papel real" en las decisiones estratégicas que afectan a Navarra, entre ellas la conexión con la Y vasca. "Estamos ante una decisión que condicionará durante décadas la posición de Navarra en las redes de transporte", ha concluido. "Debe adoptarse con ambición, con rigor y con visión de futuro. Navarra no puede quedarse a medio camino."

El consejero portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, utilizó la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles para mostrar el "desacuerdo" del Ejecutivo foral con la no convalidación en el Congreso del real decreto ley que prorrogaba las medidas de contención de alquileres. La norma quedó derogada tras el voto en contra de UPN, PP, Vox y Junts, y según Remírez, su caída afecta de forma directa a unas diez mil personas en Navarra.

Sin embargo, el portavoz se apresuró a marcar distancias con lo ocurrido en otras comunidades: "Lo que puede suceder en Madrid, que un contrato de 1.500 euros pase a 1.800 euros al mes a su finalización, aquí no es posible". Remírez recordó que Navarra declaró hace un año 21 municipios como zonas de mercado tensionado, lo que cubre al 70% de la población y al 80% de los contratos de alquiler de la comunidad. En esas zonas, los propietarios no pueden subir el precio por encima del IPC o del índice de referencia en las renovaciones, y los inquilinos pueden solicitar hasta tres años de prórroga.

Exenciones fiscales y ayudas a seis mil familias

El consejero repasó además el resto del paquete de medidas forales en materia de vivienda: una exención fiscal del 50% para propietarios que alquilen en zonas tensionadas, que sube hasta el 90% si lo hacen a través de la bolsa pública gestionada por Nasuvinsa, y programas de ayuda al alquiler como Davide y Emanzipa, que sostienen a unas seis mil familias.

Remírez cerró el apartado de vivienda con un dardo directo a los partidos que tumbaron el decreto: "Frente a la poca altura de miras que demuestran UPN, PP, Vox y Junts, aquí hay un gobierno que piensa en la gente".

El Parlamento Europeo ha definido su posición respecto al Marco Financiero Plurianual (MFF) 2028-2034. La eurodiputada navarra Elena Sancho ha respaldado un informe que propone un presupuesto ambicioso, solicitando un incremento del 10% respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea. Este aumento busca responder a los retos geopolíticos y sociales actuales.

Sancho ha expresado su rechazo al modelo de 'fondo único' o planes nacionales de colaboración (NRPP) propuesto por la Comisión Europea, calificándolo de «ataque a la gobernanza multinivel». Según la eurodiputada, este sistema de gestión centralizada desde los Estados miembros podría restar autonomía a regiones como Navarra, afectando la eficacia de los fondos y generando competencia innecesaria entre beneficiarios.

La delegación socialista española defiende programas clave

Para la delegación socialista española es crucial que programas esenciales para Navarra, como la Política Agrícola Común (PAC) y la Política de Cohesión (FEDER), mantengan su integridad y partidas presupuestarias separadas. Sancho destaca: «asegurando que el dinero llegue a los agricultores, pymes y municipios navarros». Esta postura busca garantizar que los fondos se distribuyan de manera equitativa y efectiva.

Además de los fondos tradicionales, Sancho ha subrayado la necesidad de reforzar programas sociales y ambientales. El Parlamento exige que el Fondo Social Europeo (FSE+) se mantenga como un fondo independiente. Asimismo, se solicita aumentar las partidas destinadas a vivienda asequible y a la conservación de la naturaleza a través del programa LIFE, reflejando una preocupación por el bienestar social y el medio ambiente.

Transparencia y control democrático como pilares del presupuesto

Finalmente, la eurodiputada ha hecho un llamamiento a la transparencia y al control democrático. Desde el grupo socialista, se rechaza cualquier intento de la Comisión Europea de trasladar decisiones presupuestarias clave fuera del control del Parlamento bajo la excusa de la simplificación administrativa. Sancho concluye: «Un presupuesto fuerte y transparente es la mejor garantía para que Navarra siga siendo una región líder en innovación y bienestar social en Europa».

El Parlamento Europeo busca asegurar que el MFF 2028-2034 no solo responda a los desafíos actuales, sino que también refuerce la cohesión social y económica entre las regiones. La postura de la eurodiputada Sancho refleja una preocupación por mantener la autonomía regional y garantizar una distribución equitativa de los fondos, priorizando el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo sostenible.

Contigo Navarra – Zurekin Nafarroa presentó este miércoles en el barrio pamplonés de La Rotxapea su propuesta de elaborar una Ley Foral de Trabajo que, según la coalición, blinde los derechos e intereses de la mayoría trabajadora de Navarra. El acto tuvo lugar frente al monumento a la Clase Trabajadora y sirvió también de llamamiento a la movilización del próximo viernes.

La representante Eva Calleja Novales situó la iniciativa en un contexto de "gran incertidumbre política mundial", con guerras y políticas neoliberales que, a su juicio, están "empobreciendo a la mayoría social trabajadora". Frente a ello, la coalición defiende una agenda centrada en el reparto de empleo, la reducción de jornada, las subidas salariales y la mejora de las condiciones de trabajo y la seguridad laboral.

Qué contemplaría la futura ley

El portavoz parlamentario Carlos Guzmán Pérez concretó los ejes de la propuesta: fomento de la reducción de jornada, ordenación de las políticas activas de empleo, refuerzo del Servicio Navarro de Empleo, planificación institucional en materia laboral e incorporación de medidas de prevención de riesgos y salud laboral.

Guzmán anunció además el inicio de una ronda de contactos con sindicatos y entidades sociales de Navarra en las próximas semanas, con el objetivo de redactar la ley "de la mano de quien mejor conoce las necesidades del mundo del trabajo".

La senadora de Unión del Pueblo Navarro María Caballero ha presentado en el Senado una moción en la que se insta al Gobierno a adoptar medidas concretas para impedir que en fiestas, carreras u otros eventos populares se produzcan actos de exaltación del terrorismo. La iniciativa se votará este miércoles y llega como respuesta a la interpelación que Caballero dirigió al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado 7 de abril.

Cuatro proposiciones de ley en espera en el Congreso

La moción solicita la tramitación urgente en el Congreso de cuatro proposiciones de ley ya aprobadas en el Senado. Las medidas contemplan prohibir los ongi etorri, endurecer el acceso a beneficios penitenciarios de presos de ETA, reforzar el delito de enaltecimiento del terrorismo, obligar a la Fiscalía a perseguir de oficio los actos proetarras y establecer multas de entre 200 y 150.000 euros para quienes organicen homenajes públicos a condenados por terrorismo. La iniciativa también exige que estos actos no reciban financiación pública y que se depuren responsabilidades entre los organizadores.

El choque con el ministro Grande-Marlaska

El origen de la moción está en la respuesta que el ministro ofreció en el pleno del 7 de abril, cuando aseguró que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los actos de exaltación "devienen impunes" mientras no exista riesgo real de atentado. Caballero ha rechazado hoy ese argumento: "Sí hay herramientas para impedirlo, muchas de ellas tramitadas en esta misma Cámara. Lo que no hay es voluntad de hacer nada por parte de un Gobierno que depende para su existencia de quienes han apoyado y justificado el terrorismo".

La senadora navarra ha puesto el foco en imágenes concretas: retratos de condenados por ETA decorando plazas durante fiestas, camisetas con fotografías de terroristas o la presencia de etarras en eventos como la Korrika con financiación pública. "Queremos que nunca más la foto de un asesino adorne la camiseta de un niño", ha afirmado, antes de concluir que el objetivo es "impedir de una vez por todas que se siga humillando impunemente a las víctimas del terrorismo".

La comisión de reconocimiento y reparación del Gobierno de Navarra ha reconocido esta semana a siete nuevas personas como víctimas de vulneraciones de derechos humanos por haber sufrido torturas, al amparo de la Ley Foral 16/2019. Así lo han anunciado la Red de Personas Torturadas de Navarra y Egiari Zor, las dos entidades que conforman la dinámica Egiaren garaia da, que han valorado positivamente las resoluciones aunque han reclamado continuar esclareciendo lo que califican como graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el Estado.

Los siete casos reconocidos esta semana

Los nuevos reconocimientos abarcan un periodo de casi tres décadas. Javier López de Uralde Sáez de Buruaga fue torturado por la Brigada Político Social en 1974; Santiago Hermida Díaz, por la Guardia Civil en 1982; Karmelo Irujo Sanz y Julian Nazar Nuin, por la Policía Nacional en 1985. Los casos más recientes son los de Alberto Pío Oyaga, torturado por la Policía Nacional en 1995, 1996 y 1997; C. Barbarin, también por la Policía Nacional en 1996; y Jorge Chocarro Zoco, por la Policía Nacional en 1996 y por la Guardia Civil en 2002.

129 víctimas reconocidas en total

Con estas siete resoluciones, el número de personas reconocidas oficialmente como víctimas de violencia política en Navarra desde la entrada en vigor de la ley asciende a 129. Según los datos de Egiari Zor y la Red de Personas Torturadas, entre ellas figuran 90 personas torturadas, 7 víctimas mortales —una de ellas a consecuencia directa de la tortura— y decenas de casos con lesiones físicas, psicológicas o daños materiales en distintas combinaciones.

Las entidades han animado a todas las personas que hayan sufrido violencia política por parte del Estado en Navarra a presentar sus solicitudes de reconocimiento, y se han ofrecido a asistirles en los trámites necesarios.

Javier Esparza, portavoz de UPN y ex consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local entre 2012 y 2015, compareció este martes ante la comisión de investigación del Parlamento de Navarra para dar explicaciones sobre la adjudicación de la ampliación de la zona regable de la primera fase del Canal de Navarra, licitación que fue adjudicada en abril de 2014 a la UTE formada por OHL y Aguas de Barcelona (Agbar) por un importe que incorporaba una baja del 25% sobre el presupuesto de licitación.

Una rueda de prensa hora y media antes de abrir los sobres

El eje central de las preguntas del grupo socialista, formuladas por el parlamentario Javier Lecumberri, fue la intervención del entonces consejero el 10 de febrero de 2014, el mismo día en que la mesa de contratación tenía previsto abrir las ofertas económicas. Esa mañana, Esparza convocó una rueda de prensa urgente para recomendar a la mesa que solicitara informes a colegios profesionales antes de proseguir con el proceso. La mesa aceptó la recomendación, suspendió la apertura del sobre económico y encargó los informes externos.

El problema que señaló Lecumberri es que esa recomendación se hizo en nombre de un acuerdo del Gobierno de Navarra que no existía todavía: el acuerdo fue aprobado diez días después, el 19 de febrero. Esparza lo admitió con naturalidad. Su argumento fue precisamente el contrario: si hubieran esperado a aprobar el acuerdo y la obra ya estuviera adjudicada, alguien podría haber interpretado que lo habían hecho aposta para que el Canal quedara fuera de esos controles. "Nosotros no queríamos generar ninguna mala interpretación", subrayó.

Lo que dice la Cámara de Comptos

Esparza recurrió en repetidas ocasiones al informe que la Cámara de Comptos elaboró sobre este proceso a petición del Parlamento. La conclusión general del órgano fiscalizador es que "el procedimiento seguido para la adjudicación de este contrato se adecua a la legalidad vigente en materia de contratación pública" y que los informes de los colegios profesionales calificaron la actuación de la mesa de "escrupulosa, consistente y ajustada a los criterios del pliego".

No obstante, la propia Cámara también recomienda en ese informe que "en aras a reforzar la independencia del funcionamiento de las mesas se eviten recomendaciones externas sobre cómo deben actuar o qué tipos de informes tienen que realizar". Lecumberri insistió en que esa recomendación equivale a reconocer que la intervención del consejero pudo comprometer la autonomía de la mesa. Esparza lo rechazó: "Puede afectar, no dice que afectó".

El factor Iribarren y la baja del 25%

El parlamentario socialista puso también sobre la mesa que Francisco Iribarren, ex vicepresidente del Gobierno de Navarra en tiempos de UPN, llevaba apenas unos meses como directivo de Agbar y presidente del consejo de la UTE adjudicataria cuando se resolvió el concurso en abril de 2014. Preguntado sobre si conocía ese extremo, Esparza confirmó que sí era público, aunque restó relevancia a la vinculación: "Lleva desde 2007 fuera de la actividad política. Se dedica desde entonces a actividades profesionales". Sobre su relación personal con Iribarren, dijo conocerle por ser del mismo pueblo, Aoiz, pero negó que hubiera ninguna relación de amistad o influencia política.

En cuanto a la baja del 25% con la que Agbar se llevó la adjudicación frente al 11,9% ofertado por Acciona —baja que hoy sería considerada temeraria bajo la legislación vigente—, Esparza defendió que precisamente eso evidencia que fue el precio, y no ninguna decisión subjetiva, lo que determinó el resultado. "En la oferta económica no puede haber ningún tipo de subjetividad", afirmó.

Una comparecencia marcada por el cruce con Velate

Durante buena parte de la sesión, Esparza estableció un contrapunto constante entre esta adjudicación y la de los túneles de Belate, el contrato de 76 millones adjudicado por el Gobierno de Chivite a una UTE en la que, según la UCO de la Guardia Civil, habría participado como copropietario el entonces secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. "Si esto se dijera de Belate, hoy no habría comisión de investigación", afirmó en un momento de la sesión, en referencia a las conclusiones favorables de la Cámara de Comptos sobre el Canal.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, compareció este martes en la comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas convocada en el Parlamento de Navarra. La sesión, que versaba formalmente sobre la licitación de la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra, derivó en varios momentos hacia cuestiones de mayor calado político. Una de las más llamativas fue el relato que ofreció Esparza sobre los movimientos internos del socialismo navarro y español en el verano de 2019.

Contactos directos con Moncloa

El líder de UPN aseguró haber mantenido una reunión con Pedro Sánchez en La Moncloa el día anterior a que trascendiera públicamente la negociación sobre la transferencia de la competencia de tráfico a Navarra, en torno al 31 de octubre de 2018. "Me pidió discreción y evidentemente fui discreto hasta hoy", afirmó. A raíz de ese encuentro, explicó, se le facilitó el contacto directo con el entonces jefe de gabinete de Sánchez, Iván Redondo, con quien mantuvo conversaciones sobre el escenario político navarro de cara a las elecciones de 2019.

Esparza también reconoció haberse reunido previamente, en 2017, con Santos Cerdán en Madrid, junto a Óscar Ariscuren, para tantear la posibilidad de un acuerdo de gobernabilidad tras las autonómicas. De esa reunión, dijo, extrajo la conclusión de que un pacto entre UPN y el PSN era imposible mientras la dirección estuviera en manos de Cerdán.

La gestora que nunca llegó

El pasaje más sorprendente de su intervención llegó cuando describió lo que, según él, se estaba barajando desde el entorno de Moncloa durante el verano de 2019, cuando el escenario de investidura en Navarra aún estaba abierto. "Me trasladaban desde el entorno de Moncloa que se iba a conformar una comisión gestora para quitar a María Chivite y a Ramón Alzorriz", afirmó. Según Esparza, los nombres que le llegaron para liderar esa gestora eran el actual vicepresidente del Gobierno de Navarra, Javier Ramírez, y Guzmán Garmendia.

El portavoz de UPN fue explícito en su lectura de aquellos movimientos: "Ni Pedro Sánchez ni Iván Redondo querían el acuerdo con Bildu. Finalmente, Santos Cerdán impuso su criterio y Pedro Sánchez, al que creo que Navarra le importaba muy poco, le dijo haz lo que quieras".

La afirmación no fue rebatida en sala por los grupos que sostienen al Gobierno foral, aunque sí generó tensión visible entre algunos parlamentarios presentes. Esparza no aportó documentación que respalde su versión, aunque señaló que las conversaciones con el entorno de Moncloa se produjeron a través de canales directos durante aquel verano.

El Parlamento Europeo debatió este martes su posición ante la negociación del Marco Financiero Plurianual (MFF) 2028-2034, el presupuesto comunitario que marcará la inversión en las regiones durante los próximos siete años. La eurodiputada navarra Elena Sancho respaldó el informe provisional aprobado por la cámara, que reclama un incremento del 10% respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea para hacer frente a los retos geopolíticos y sociales actuales.

El "fondo único", en el punto de mira

Sancho mostró un rechazo frontal al modelo de "fondo único" o planes nacionales de colaboración propuesto por Bruselas, al que calificó de "ataque a la gobernanza multinivel". A su juicio, concentrar la gestión en los Estados miembros restaría autonomía a regiones como Navarra, generaría competencia innecesaria entre beneficiarios y reduciría la eficacia real de los fondos.

PAC, FEDER y PYMES, líneas rojas para Navarra

Para la delegación socialista española, es prioritario que la Política Agrícola Común (PAC) y la Política de Cohesión (FEDER) mantengan partidas presupuestarias separadas e independientes. "Hay que asegurar que el dinero llegue a los agricultores, pymes y municipios navarros", subrayó la eurodiputada.

Sancho también reclamó que el Fondo Social Europeo (FSE+) se mantenga como fondo autónomo, y defendió incrementar las partidas destinadas a vivienda asequible y a conservación de la naturaleza a través del programa LIFE.

Transparencia frente a la simplificación como excusa

La eurodiputada cerró su intervención con un llamamiento al control democrático del presupuesto, rechazando cualquier intento de trasladar decisiones clave fuera del Parlamento bajo el argumento de simplificar la burocracia. "Un presupuesto fuerte y transparente es la mejor garantía para que Navarra siga siendo una región líder en innovación y bienestar social en Europa", concluyó.

Trece municipios navarros han firmado este martes en el salón de plenos del Ayuntamiento de Tudela un convenio de colaboración para organizar conjuntamente el Día de las Policías Municipales y Locales de Navarra. El acuerdo, promovido por los consistorios del Valle de Egüés y Zizur, y firmado en Tudela,  establece que la celebración tendrá lugar con carácter general el último viernes de abril y que la organización rotará anualmente entre los municipios firmantes. Sin embargo, el convenio deja un hueco llamativo: ninguno de los ayuntamientos gobernados por EH Bildu ha suscrito el acuerdo, incluidos varios con cuerpo de policía municipal propio como Pamplona, Berriozar, Burlada, Ansoáin, Villava, Tafalla o Huarte.

Los firmantes y los ausentes

El pacto ha sido suscrito por Tudela, Valle de Egüés, Barañain, Zizur Mayor, Estella-Lizarra, Valle de Elorz, Peralta, Cintruénigo, Corella, San Adrián, Castejón y Sangüesa. Todos ellos cuentan con cuerpo de policía local y el convenio queda abierto a futuras adhesiones.

La ausencia más significativa es la de Pamplona, capital de Navarra y titular de la Policía Municipal más numerosa de la Comunidad Foral, cuyo Ayuntamiento está gobernado por EH Bildu bajo la alcaldía de Joseba Asiron. Tampoco han firmado otros municipios del área metropolitana con cuerpo propio, como Berriozar, Burlada, Ansoáin, Villava o Huarte, ni Tafalla, todos ellos con gobiernos municipales de la coalición abertzale.

"La colaboración nos hace más eficaces"

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha presidido el acto de firma y ha subrayado el valor del acuerdo más allá del aspecto simbólico: "Este acto representa la voluntad de nuestros municipios de trabajar de manera conjunta, de reforzar la cooperación y de fortalecer un servicio esencial para la ciudadanía como es la seguridad pública". Toquero ha destacado que la iniciativa busca "generar un espacio estable de encuentro, formación y reconocimiento" para los cuerpos de policía local navarros.

Cómo funcionará el convenio

El acuerdo incluye la organizaicónactos protocolarios, actividades formativas de carácter técnico-policial e iniciativas deportivas y de convivencia entre los distintos cuerpos, con posibilidad de contar con la participación de otras fuerzas de seguridad e instituciones. Cada año, un municipio diferente asumirá la organización, con una aportación económica máxima de 600 euros por ayuntamiento. El convenio tendrá vigencia anual prorrogable automáticamente y contempla el respeto al uso del euskera conforme a la normativa de cada municipio.

Además, la colaboración entre cuerpos de policia locales y municipales de Navarra no quedará aquí ya que el acuerdo establece también la celebración y organización de actos formativos. 

Con motivo del Día Internacional de las Personas Trabajadoras, Podemos Ahal Dugu Navarra ha puesto el foco en una realidad que, a su juicio, sigue siendo estructural en el mercado laboral: la existencia de miles de personas que trabajan sin derechos, en condiciones cercanas a la esclavitud.

La formación recuerda que el 1 de mayo nace de la lucha por condiciones laborales dignas y que, más de un siglo después, ese objetivo sigue plenamente vigente. “Hoy sigue habiendo personas que trabajan sin contrato, sin protección y sin derechos. Y eso no es una anomalía puntual, es una forma de precariedad que afecta al conjunto de la clase trabajadora”, ha señalado Neniques Roldán, coordinadora autonómica de Podemos Navarra.

En este contexto, la organización destaca la importancia del proceso de regularización extraordinaria en marcha, al que considera una herramienta clave para garantizar derechos laborales y combatir la economía sumergida. “Hay muchas personas migrantes, en situación irregular, que trabajan en Navarra, sin contrato. Y sin papeles, no hay derechos”, ha afirmado Roldán.

Desde Podemos Ahal Dugu Navarra inciden en que la irregularidad administrativa favorece situaciones de abuso en determinados sectores. “Hay quien basa su modelo de negocio en la explotación: mano de obra sin contrato, sin cotización y sin derechos. Muy patriotas, pero a costa de la explotación de personas que vienen a Navarra a buscar un futuro”, ha añadido.

La formación pone especial atención en ámbitos especialmente vulnerables, como el empleo doméstico y de cuidados, donde una parte significativa de las trabajadoras son mujeres migrantes que desempeñan su labor en condiciones de invisibilidad. “Son trabajos esenciales para sostener la vida, pero sigue siendo un colectivo muy precarizado. La regularización es también una cuestión de justicia para ellas”, ha destacado Roldán.

Red de apoyo desde Navarra

En paralelo, Podemos Ahal Dugu Navarra ha puesto en marcha una red de apoyo para acompañar a personas migrantes durante el proceso de regularización. A través de grupos de voluntariado en diferentes municipios, se ofrece información, orientación y ayuda en la preparación de documentación y trámites.

La iniciativa, impulsada a nivel estatal, ya ha celebrado formaciones telemáticas con la participación de más de 250 personas responsables de grupos en distintos territorios.

“Queremos que nadie se quede fuera por falta de información o acompañamiento. Por eso estamos organizando una red de apoyo desde lo local, con voluntariado que pueda ayudar en cada barrio y cada pueblo”, ha explicado Roldán.

Desde la organización animan a la ciudadanía a implicarse en el proceso: “Necesitamos personas voluntarias para que este proceso llegue a todo el mundo. Es una tarea colectiva y animamos a las personas inscritas, militantes y simpatizantes, a dar el paso.”

Las personas interesadas en colaborar o quienes necesiten ayuda con la regularización pueden ponerse en contacto con la sede de Podemos Ahal Dugu Navarra a través del correo contacto@navarra.podemos.info, el teléfono 948 108686 o mediante Whatsapp en el 623 768 950.

Podemos Navarra concluye que este 1 de mayo debe servir para reforzar una idea central: no puede haber trabajo digno mientras haya personas trabajando sin derechos.

“La regularización es una cuestión de derechos laborales, de justicia social y de dignidad. Defenderla es defender a toda la clase trabajadora”, ha concluido Neniques Roldán.

Tras los traumátologos, los anestesistas y el servicio de digestivo, un total de 61 médicos del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra (HUN) han suscrito este lunes una carta abierta en la que denuncian la situación de colapso que atraviesa el servicio y exigen al Gobierno de Navarra que abra un diálogo con los profesionales sanitarios para hacer frente a la crisis.

Según el documento, el servicio registra con frecuencia incrementos de demanda asistencial de entre el 30% y el 40% por encima de su capacidad operativa. Los firmantes señalan que esta situación, que anteriormente era excepcional y coincidía con picos estacionales como la gripe, se ha vuelto habitual a lo largo del año.

La carta también hace referencia a la falta crónica de camas hospitalarias, que obliga a retener en el área de Urgencias a pacientes que ya tienen indicación de ingreso, en ocasiones durante varias horas o a lo largo de toda la noche. Los médicos describen esta situación como una merma de la dignidad del paciente en momentos de especial vulnerabilidad.

Los profesionales trabajan en turnos de 24 horas y advierten de que la carga asistencial está generando niveles de fatiga física y mental que superan "cualquier límite razonable", comprometiendo las condiciones en las que se presta la atención a pacientes críticos y de alta complejidad.

Críticas al consejero de Salud

El escrito arranca expresando el apoyo de los urgenciólogos a los médicos del Servicio de Traumatología, que en las últimas semanas han sido objeto de declaraciones críticas por parte del consejero de Salud, Carlos Domínguez. Los firmantes consideran que esas declaraciones contienen "medias verdades" y constituyen "ataques directos a la profesionalidad" de sus compañeros.

En la carta se afirma que el señalamiento público a los médicos es una "estrategia fallida" orientada a desviar la atención de los problemas que la Consejería "no ha sabido resolver", y que este tipo de gestión basada en la desacreditación deteriora la moral de los profesionales sanitarios.

"La gestión basada en la desacreditación mina la moral de quienes somos un pilar importante del sistema sanitario", han criticado. 

Petición de diálogo al Gobierno foral

Los médicos concluyen la carta reclamando al Gobierno de Navarra y a la Consejería de Salud que ejerzan su responsabilidad y promuevan un diálogo real con los profesionales sanitarios. El objetivo, según el documento, sería garantizar una atención adecuada a la ciudadanía navarra.

La crisis abierta en el Hospital Universitario de Navarra lo ha vuelto a ocupar todo. La ronda de portavoces parlamentarios de este lunes ha arrancado con la sanidad como telón de fondo inevitable: tres servicios del HUN —Traumatología, Anestesia y Digestivo— han anunciado en cascada la paralización de su actividad extraordinaria, y ningún grupo político ha podido esquivar la pregunta del millón: ¿sigue teniendo la confianza del gobierno el consejero Fernando Domínguez?

La respuesta de los socios del ejecutivo ha sido, en los tres casos, una variante de lo mismo: confianza condicionada al diálogo y a la adopción de medidas. Geroa Bai, grupo al que se adscribe el departamento de Salud,  ha sido el más explícito al matizar que las peonadas "nunca han sido la solución estructural a las listas de espera" y que el parón debe servir de "revulsivo" para abordar cambios de fondo. "Lo que tiene que hacer el departamento es dialogar y saber exactamente qué plantean los profesionales", ha señalado su portavoz

El PSN ha respaldado al consejero con convicción, apelando a que "recursos y ganas no faltan", aunque ha reconocido que hacen falta acuerdos con los sanitarios.

EH Bildu, más crítico en el fondo, ha recordado que lleva toda la legislatura advirtiendo de que las productividades no resuelven el problema, y ha evitado pronunciarse sobre la continuidad del consejero más allá de esperar que "sea receptivo" a sus propuestas.

UPN y PP piden a Chivite que actúe

Desde la oposición, el Partido Popular ha subido el tono. Su portavoz ha calificado la situación de "fracaso anunciado" y ha exigido "un giro de ciento ochenta grados", señalando directamente a la presidenta María Chivite como máxima responsable.

"No puede mantenerse al margen. Tiene que coger el toro por los cuernos", ha advertido, insistiendo en que el consejero "no tiene la confianza de los profesionales sanitarios ni de la sociedad navarra". UPN ha ido en la misma línea, reclamando el cese de Domínguez y poniendo el foco en la "interlocución rota" con los profesionales.

El consejero de Educación, Carlos Gimeno, se ha quedado este lunes con pocos aliados en el Parlamento de Navarra. La cámara ha aprobado la tramitación urgente de la proposición de ley presentada por UPN para establecer una moratoria en el cierre de aulas concertadas, con el voto en contra del PSN y Contigo-Zurekin, y el respaldo del resto de grupos. La medida llega después de que Gimeno anunciara el cierre de 33 aulas —luego reducido a 14— ante la caída de más de 700 matrículas en educación infantil.

El portavoz de UPN, Javier Esparza,  ha liderado la ofensiva con un argumento sencillo: si hay voluntad política, no se cierra ninguna aula. "El procedimiento sigue abierto hasta el 13 de mayo. Que no busquen más excusas", ha señalado su portavoz, que ha recordado la secuencia de los últimos días: el miércoles un informe jurídico del gobierno decía que la moratoria era ilegal; el jueves el consejero salvaba 19 aulas públicas; y el viernes volvía a decir que los plazos impedían actuar. "Del miércoles que era imposible al jueves que era posible", ha resumido con ironía.

Los socios presionan, pero con matices

Geroa Bai ha mantenido su posición de no cerrar ningún aula y ha confiado en resolver el conflicto "en el seno de los socios del gobierno", aunque ha dejado caer que "si lo que impide al consejero dar respuesta es la ley, igual hay que cambiar las leyes".

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal,  ha dicho no compartir el preámbulo de la proposición de UPN —con objetivos "completamente diferentes" a los suyos—, pero ha reconocido que hay "margen para hablar y para acordar" dado que existe una mayoría parlamentaria que no quiere cerrar ninguna aula.

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu,  ha salido en defensa del consejero con el argumento de que la comisión de conciertos "ha cumplido la normativa y el acuerdo de 2023" y que el ajuste de aulas en la concertada es equivalente al que ocurre habitualmente en la pública sin que nadie proteste. "Cuando se cierran colegios públicos lo asumimos con naturalidad. ¿Por qué aquí no?", ha planteado su portavoz, que ha cifrado en 9,3 millones de euros anuales el coste de asumir todas las demandas de UPN.

La semana se presenta decisiva: el plazo para que los colegios presenten recursos vence el 13 de mayo, y el gobierno tendrá entonces que resolver definitivamente.

Que aquello no ocurrió en un libro de historia ni en un país lejano. Ocurrió aquí, al lado de casa, a pocos kilómetros del aula. Esa es la idea que late en la iniciativa que el Grupo Parlamentario Socialista lleva este lunes a la Comisión Constitucional del Senado: una moción para reconocer y extender los programas educativos que llevan a los estudiantes de ESO y Bachillerato a los lugares donde el franquismo dejó sus huellas más brutales.

El texto, registrado el pasado 17 de abril por el senador navarro Toni Magdaleno, pone como ejemplo de buenas prácticas el programa navarro 'Escuelas con Memoria para la Paz y la Convivencia', que el Gobierno de Navarra lleva años desarrollando y que el propio Consejo de Europa ha destacado como referente europeo en la transmisión de valores de paz y derechos humanos.

El fuerte de San Cristóbal, en el centro del debate

Uno de los lugares que protagoniza la moción es el Fuerte de San Cristóbal de Pamplona, presidio donde miles de presos republicanos sufrieron el rigor de la represión franquista y escenario de la mayor fuga carcelaria de la historia de España, en 1938. El recinto es de titularidad estatal, lo que durante años ha complicado su uso educativo. El Gobierno central y la Comunidad Foral firmaron recientemente un protocolo para facilitar las visitas escolares, y la moción socialista insta a replicar ese modelo en otros enclaves similares repartidos por todo el territorio.

El mensaje que se quiere trasladar a los estudiantes es sencillo y poderoso a la vez: eso que ves no es un monumento abstracto. Es el lugar donde alguien de tu ciudad, de tu pueblo, de tu misma calle, fue encerrado, torturado o asesinado por defender la democracia.

Un 20% de jóvenes ve con buenos ojos la dictadura

La moción no surge en el vacío. Su exposición de motivos cita una encuesta del CIS de finales de 2025 que arroja un dato que encendió las alarmas: cerca del 20% de los jóvenes entre 18 y 25 años valora positivamente la dictadura franquista, y un porcentaje similar considera que en determinadas circunstancias un sistema autoritario puede ser preferible a uno democrático.

Para el firmante de la iniciativa, el senador navarro Toni Magdaleno Alegría—, esas cifras no son accidentales. Son el resultado de años de revisionismo histórico amplificado por redes sociales, algoritmos que favorecen los discursos extremistas e influencers que difunden bulos y falsedades históricas dirigidas especialmente a las generaciones que no vivieron la dictadura.

Navarra, laboratorio de una idea que ahora quiere escalar

El programa navarro organiza visitas a los lugares donde la represión fue más visible: el propio Fuerte de San Cristóbal, fosas comunes, cárceles. Los escolares no solo ven un espacio físico; reciben contexto, testimonios y herramientas para entender qué condujo a esa violencia y cómo los discursos que la precedieron se parecen, a veces inquietantemente, a algunos que circulan hoy.

La moción socialista pide a la Comisión Constitucional que declare este tipo de experiencias como instrumentos esenciales de defensa de la democracia, que impulse programas similares en el resto de comunidades autónomas y que el Gobierno suscriba los protocolos necesarios para que los enclaves de titularidad estatal puedan recibir visitas escolares sin trabas burocráticas.

La propuesta se debatirá este lunes en el Senado. Lo que está en juego, según sus promotores, es algo más que una excursión escolar: es la diferencia entre una generación que conoce lo que puede pasar y una que no.

Una moción registrada en el Parlamento de Navarra propone que el Gobierno foral ponga en marcha dos supermercados de titularidad pública, uno en el mercado municipal de Pamplona y otro en el de Tudela. La iniciativa, presentada por Carlos Guzmán Pérez, parlamentario del grupo Contigo Navarra–Zurekin Nafarroa, fue admitida a trámite el pasado 20 de abril y se debatirá en un próximo pleno del Legislativo.

La moción arranca de un diagnóstico sobre la cadena alimentaria: los costes energéticos y del transporte han encarecedido los alimentos, pero ese incremento no se ha repartido de forma equitativa. Mientras agricultores y pequeños productores han visto reducirse sus márgenes, las grandes cadenas de distribución —Mercadona, Carrefour y Eroski son citadas expresamente— han incrementado beneficios en el mismo periodo. El texto señala que el encarecimiento de la cesta de la compra no ha ido acompañado de una subida salarial equivalente.

Qué contemplaría el proyecto piloto

Según la propuesta, los supermercados públicos deberían cubrir al menos una cesta básica de alimentación y productos de aseo, con precios fijados con criterios de accesibilidad económica. La iniciativa también plantea priorizar producto local y de proximidad, establecer mecanismos que impidan el acaparamiento y la reventa, garantizar condiciones laborales dignas en toda la cadena y reforzar los canales cortos de comercialización.

El seguimiento del cumplimiento de la moción, si prospera, quedaría en manos de la Comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la Cámara foral.

Un debate con precedentes en otros países

La propuesta se enmarca en un debate más amplio que ha emergido en varios países europeos sobre la pertinencia de que los poderes públicos intervengan directamente en la distribución de alimentos básicos como palanca contra la inflación y en defensa de la soberanía alimentaria. En España, la idea sigue siendo minoritaria y no cuenta con experiencias equivalentes en funcionamiento.