Dos millones de mentiras sobre la Pasarela de Labrit

A estas alturas conocemos bien el origen de la chapuza de la pasarela del Labrit donde se juntaron un mal diseño profesional, con las prisas electorales de Enrique Maya (entonces, en 2011, candidato a la alcaldía tras 12 años como cargo de confianza), con una gravísima negligencia de UPN al no exigir la prueba de carga estática, obligatoria legalmente como garantía de seguridad de la estructura (Maya era director de Urbanismo). La cuestión que aún falta por aclarar es cuál será el coste que esta desventura supondrá para los bolsillos de toda la ciudadanía de Pamplona. 

Al contrario de lo que ha hecho en estos más de tres años y medio el señor Maya, con la inestimable ayuda del indolente concejal Alonso, el anterior equipo de gobierno sí abordó el tema desde un posicionamiento responsable. Todas y cada una de las decisiones que se adoptaron en aquél momento (2016-2019) tenían carácter exclusivamente técnico y respaldo jurídico. Tras un expediente modélico, elaborado, dirigido y concluido por personal municipal, se determinó la responsabilidad solidaria de quienes intervinieron en aquella nefasta actuación y se determinó la reclamación de 813.000 euros como indemnización que debían pagar los diseñadores y la constructora de la pasarela. Ese dinero se tenía que haber cobrado en julio de 2019.

Fue entonces cuando llegó Maya a la Alcaldía y, de nuevo, por interés político, por no reconocer su responsabilidad en este embrollo e imponiendo una huida hacia adelante basada en su insensata actuación desde la oposición (¿recuerdan aquello de “nosotros lo arreglamos en 24 horas”?), paralizó el expediente. Para esconder su culpabilidad en este vodevil, no dudó en tirar por tierra el trabajo de cinco técnicos del Ayuntamiento y los informes de dos empresas de alto prestigio y especialización, para embarcarse (una vez más con el dinero de todos y todas, no con el suyo) en una aventura para reparar esta pasarela que se sabía, y ahora se confirma, llevaba sólo a un despilfarro caprichoso.

Ahora han tenido que reconocer oficialmente él y su gobierno que el gasto realizado alcanza ya los 1,15 millones. Veremos si es la cifra final o, como nos tememos, ésta llegará al millón y cuarto. En cualquier caso, un precio mayor que el que hubiese costado una pasarela nueva, por mucho que ahora le dé al desacreditado Fermín Alonso por sacarse de la manga que lo que en 2010 costó 640.000 euros, ahora cuesta dos millones. Una muestra más de la poca seriedad, la falta de rigor y el filibusterismo de este tripartito de derechas. Y es que esa afirmación no se sustenta en nada, salvo en la mala praxis ética y política de UPN. Si revisamos cuánto han costado las últimas pasarelas construidas en Iruña, les sacamos los colores: la del meandro de Arantzadi (2015) costó 850.000 euros; la doble pasarela de Sanduzelai (2016), 970.000 euros; y la de Orkoien (2021), 750.000 euros. Que ahora digan que “su” pasarela costaría hoy dos millones sólo demuestra o su intencionada falta de rigor o, lo que es peor, que volverían a pagar una millonada alejada de los precios de mercado, sólo por poner en valor el resultado de su chapucera gestión (eso sí, de nuevo, con el dinero de todas).

Lo que Maya prometió electoralmente como una reparación sencilla para una apertura en tiempo record se está convirtiendo en una tortuoso camino de tres años y medio plagados de mentiras, ilegalidades, sobrecostes y continuos retrasos. Sin el funesto concurso de este equipo de gobierno, hoy podríamos estar disfrutando de una pasarela nueva y segura atendiendo al rigor técnico y a la responsabilidad política. Y llevaríamos tres años con esa pasarela abierta. Sin embargo y por contra, hoy asistimos a un culebrón bochornoso y lento para acabar quedándonos con una pasarela remendada a coste de oro.

¿Y qué decir de aquello de las garantías de cobrar? Alonso y Maya aseguran que ahora tienen todas las papeletas para hacer que el Ayuntamiento recupere el dinero, pero esconden que el TAN dijo de su actuación que el Ayuntamiento “daba bandazos” en este asunto. El expediente de regulación de responsabilidades elaborado en la pasada legislatura y tirado a la basura en ésta, sí implicaba certeza de recuperar hasta el último céntimo, pues venía respaldado y firmado, tanto en lo técnico como en lo jurídico, por cinco funcionarios de este Ayuntamiento y obligaba a los responsables a pagar el 100% de la indemnización (813.000 euros). Lo que ahora se está haciendo, con el teatrillo de los notarios incluido (que evidentemente tendremos que pagar de nuevo entre todas), es una huida hacia adelante, apoyada en un contrato ilegal con el colegio de ingenieros, con sucesivas correcciones sobre los males concretos de la pasarela y una planificación nefasta en lo económico (dijeron que costaría 380.000 euros) y lo temporal (la iban a abrir en junio). Un intento desesperado por justificar el despilfarro de 1,15 millones.

Y todo esto, finalmente, nos lleva a una gran pregunta ¿quién sale beneficiado de esta pifia de Maya? El vecindario no, porque ha estado 3 años y medio sin poder usar ese paso peatonal. La Ciudad tampoco, porque tener una pasarela remendada da mala imagen y siempre recordará la chapuza. Los autores pudieron pensar al principio que sí porque mantenían su proyecto, pero también quedará como recuerdo de una infraestructura fallida en su parte más sensible, la seguridad. El Colegio de Ingenieros tampoco, porque ha fallado más que una escopeta de feria en sus informes…. Entonces, ¿Maya y UPN? Ellos creen que sí, pero de nuevo se equivocan porque en esta inexplicable huida hacia adelante va a quedar en evidencia dos de las realidades palmarias inscritas en su ADN: su incapacidad para gestionar (éste pasará a la historia como uno de los expedientes peor gestionados en el Ayuntamiento) y su despiadada forma cortijera de gobernar en la que se gasta a espuertas el dinero de todos y todas para tratar de tapar las chapuzas de unos pocos.

Joseba Asiron Saez (Portavoz de EH Bildu en Iruñea)

Borja Izagirre Larrañaga (Concejal de EH Bildu en Iruñea)