Pamplona deberá contar con una zona de bajas emisiones y restringida al tráfico
Es una de las líneas que contempla la futura ley de cambio climático que aprobará el Gobierno de Pedro Sánchez en los primeros 100 días de su gobierno
Pamplona-Iruña, 22 de enero de 2020
Pamplona deberá contar con una zona de bajas emisiones, con restricciones al tráfico rodado al estilo de 'Madrid Central'. Es una de las medidas incluida para todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes por la futura ley de cambio climático, que aprobará el Gobierno de Pedro Sánchez en los primeros 100 días de su gobierno.
Sin duda, el debate de la movilidad-no tanto el de las emisiones-fue uno de los temas estrella de la pasada legislatura en Pamplona con la amabilización del centro de la ciudad impulsada por el anterior equipo de Gobierno y que ahora, ha revertido, en parte, el nuevo equipo de Gobierno de Navarra Suma.
Sin embargo, a parte de los aspectos de movilidad, el problema de la contaminación del aire es ya un problema relevante, incluso en ciudades de tamaño medio como Pamplona.
Según las conclusiones del proyecto de investigación Life+Respira, liderado por la Universidad de Navarra y realizado hace ahora tres años, en una ciudad como Pamplona, de características similares al 80% de las ciudades europeas, la población se ve expuesta con relativa frecuencia a niveles de contaminación superiores a los recomendados por las autoridades sanitarias. Esta exposición a contaminantes supone un notable deterioro para la salud de los ciudadanos y provoca en Pamplona alrededor de 120 ingresos hospitalarios al año.
Las mediciones realizadas en el estudio, el mayor realizado en Europa de este tipo, indican que la contaminación varía notablemente en función de la climatología, la zona de la ciudad y la hora del día. Aunque el tráfico motorizado es la principal fuente de contaminación, en invierno se aprecian niveles altos de partículas en suspensión en las zonas residenciales, debido al uso de chimeneas domésticas de leña.
Los registros también han confirmado que la vegetación urbana puede reducir notablemente la contaminación, de modo que los parques y jardines actúan como pulmones que limpian el aire de la ciudad. Sin embargo, no todos los árboles tienen el mismo efecto reductor. En concreto, en Pamplona sólo el 9% de los árboles son de hoja perenne, que son los que más reducen la contaminación.
Emergencia climática
Este martes, el Consejo de Ministros aprobó el acuerdo de Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España, en el que se compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los primeros 100 días, para combatir el cambio climático con políticas transversales.
El Ejecutivo central declaró la emergencia climática y ambiental en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica que reclama acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía.
Con ello, muestra además el compromiso y la prioridad otorgada a esta agenda en un contexto de grandes riesgos económicos y sociales por los impactos del cambio climático, como acaba de reconocer el informe anual del Foro de Davos, que cita la falta de ambición en mitigación y adaptación al cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos como la dos amenazas de mayor magnitud para la economía global o el Nuevo Pacto Verde que pondrá en marcha la Comisión Europea.
El Ejecutivo central se comprometía de esta fortma a ejecutar cinco de las 30 medidas en los primeros 100 días de Gobierno. Entre ellas, la remisión al Parlamento del proyecto de Ley de Cambio Climático, la definición de la senda de descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050 y la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático que incluirá la participación de los jóvenes.
El acuerdo responde, además, a la voluntad expresada por una amplísima mayoría del Congreso de los Diputados que, el pasado mes de septiembre, instó al Ejecutivo a declarar la situación de emergencia climática.
Proyecto de futuro en común, más justo y equitativo
La Declaración se inicia constatando el consenso generalizado de la comunidad científica sobre el impacto "sin precedentes" que el actual modelo de desarrollo ha tenido sobre el sistema climático. Ante este desafío, el acuerdo marca como "único camino posible" alcanzar la neutralidad climática en 2050, un objetivo que constituye una oportunidad para avanzar en la modernización, innovación y mejora de la competitividad de la economía española, generando empleo de calidad.
Se trata, tal y como la define el acuerdo, de un "proyecto de futuro en común, en línea con los compromisos adquiridos con la Agenda 2030, una agenda integral de paz y solidaridad, en favor de un desarrollo sostenible para todas y todos, que pone a las personas y al planeta en el centro de la acción política". De esta manera, se encauza el proceso de transformación en positivo de nuestra economía y de nuestra sociedad, que se basa en la ciencia y en el principio de prudencia económica, contribuyendo a asegurar las oportunidades de los más jóvenes, la justicia intergeneracional y una mayor equidad y disminución de la desigualdad en las generaciones actuales.
En este sentido, la Declaración subraya que la emergencia climática promoverá respuestas que acompañen a aquellos sectores, colectivos y territorios más directamente amenazados por los impactos físicos o los cambios exigidos por la seguridad climática, con el fin de garantizar una transición justa y no dejar a nadie atrás.
Compromisos para los primeros cien días
Las primeras medidas para hacer frente a este desafío se materializarán en los primeros cien días de acción de Gobierno. Se trata del marco regulatorio fundamental que es el que inspirará al resto de acciones que han de acometerse en todos los niveles de la Administración. Cumpliendo este plazo, el Ejecutivo se compromete a:
- Llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, impulsado para ello un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro, un sistema agrario neutro en emisiones de CO2 equivalente, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad.
- Definir la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país, que asegure el objetivo de neutralidad climática a más tardar en el año 2050.
- Invertir en un país más seguro y menos vulnerable frente a los impactos y riesgos del cambio climático. En esta línea, se presentará el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de indicadores de impacto.
- Reforzar los mecanismos de participación ya existentes con una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, cuya composición contará con el mismo número de mujeres que de hombres e incluirá la participación de los jóvenes.
- Impulsar la transformación de nuestro modelo industrial y del sector servicios a través de Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento.
Líneas prioritarias frente a la emergencia climática
La Declaración recuerda que la región mediterránea, en la que se incluye a España, está considerada uno de los "puntos calientes" globales en materia de cambio climático, que incide directa e indirectamente sobre un amplio conjunto de sectores económicos y sobre todos los sistemas ecológicos españoles, acelerando el deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar como el agua y el suelo fértil, y amenazando la calidad de vida y la salud de las personas. Todo ello obliga a aprovechar las sinergias entre las políticas de la lucha contra el cambio climático y la conservación de la naturaleza, ambas fundamentales para garantizar el bienestar y supervivencia de la humanidad.
Con este espíritu, y junto a las primeras medidas que pondrá en marcha el Ejecutivo en sus primeros cien días, la declaración de emergencia climática define otras 25 líneas prioritarias que marcarán la acción transversal de la Administración Pública, en todos sus niveles, frente a la emergencia climática y ambiental. Se incorporan medidas que integran la variable del cambio climático en las políticas económicas, de consumo, de movilidad, de vivienda, de cooperación internacional, de educación o de salud. En concreto, en estas dos últimas políticas sectoriales, el acuerdo compromete al Ejecutivo a aprobar un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad antes de que acabe el año y a poner en marcha un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.
El acuerdo destaca la necesidad de implementar políticas inclusivas que garanticen que nadie se quede atrás como consecuencia de estos cambios, actuando frente a la pobreza energética y asegurando la participación activa y en igualdad de condiciones de las mujeres en la transición energética. De igual modo, el acuerdo pone énfasis en fortalecer sinergias con las políticas de desarrollo rural, de protección de la biodiversidad y el impulso de las oportunidades para la transición energética, para generar nuevo empleo verde. En este contexto, el Gobierno elaborará la Estrategia de Lucha Contra la Desertificación y la Estrategia Nacional Forestal, y presentará en la Conferencia de Presidentes de 2020 la Estrategia frente al Reto Demográfico para facilitar la mejor coordinación entre Administraciones.
Otra parte de las medidas está centrada en asegurar la transformación del sector financiero público y privado para garantizar su viabilidad y la estabilidad del sistema. El primer paso será elaborar un Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles y un programa de emisión de bonos verdes por parte del Tesoro Público. También se fomentará la coherencia de las inversiones públicas con los objetivos del Acuerdo de París, además de integrar la variable del cambio climático en la política fiscal. En este sentido, el acuerdo marca como línea de acción no otorgar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil y se analizarán los vigentes, salvo casos justificados por razones sociales o tecnológicas. En esta misma línea, no se autorizarán nuevas solicitudes de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, ni para las actividades de fracking.
La Declaración recoge la necesidad de adoptar la Estrategia de Economía Circular y una Ley de Residuos que aborde el problema de los plásticos de un solo uso, para alcanzar "residuo cero" en el horizonte 2050. También la adopción de una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente.
Además, antes de 2021, se presentará la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 para aumentar la resiliencia del sector a los efectos del cambio climático. También se establece el objetivo de alcanzar el 30% de superficie marina protegida en 2030.
