EH Bildu exige anular el contrato de la responsable de Coworkids tras una resolución en la que el TAN dictamina que fue ilegal

EH Bildu exige anular el contrato de la responsable de Coworkids tras una resolución en la que el TAN dictamina que fue ilegal

La formación soberanista exige anular el contrato, eliminar la libre designación de este cargo y que Na+ asuma el sueldo pagado hasta ahora

La contratación, en noviembre de 2020, de Celia Pinedo como responsable del programa Coworkids fue ilegal, y su relación laboral con el Ayuntamiento de Pamplona no se ha regularizado desde entonces. Así lo ha asegurado EH Bildu tras conocer la resolución 1465 del Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) que reconoce que el acuerdo de la Junta de Gobierno en el que Navarra Suma sustentó esta contratación es, a efectos legales, nulo de pleno derecho.

Así lo ha expresado hoy en rueda de prensa el portavoz de EH Bildu, Joseba Asiron, que ha comparecido junto al edil Joxe Abaurrea. La formación soberanista ha anunciado que, en el caso de que el equipo de gobierno quiera rebajar este tema a una cuestión de forma, volverá a recurrir ya que “éste no es un debate de formas, sino un debate de fondo”. “Éste no es un error administrativo que se pueda apañar con otro acuerdo de JOB, este es un debate de fondo sobre un modelo de gestión, el de la derecha, que va colocando a su gente con contratos de libre designación sacados de la manga mientras se carga por la cara la labor de dos décadas de centenares de personas en los equipos preventivos de los barrios”, explicaba Asiron. “¡Es que esto es muy grave!, llevamos 10 meses sufragando un contrato ilegal de una persona cercana a la derecha, mientras hemos condenado a centenares de txikis de los barrios más humildes a quedarse sin equipos preventivos”, enfatizaba el portavoz de EH Bildu.

En rueda de prensa, recuerdan que "Maya y su equipo de gobierno crearon para Pinedo un puesto de libre designación en el programa Coworkids que no se preveía en la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento. Es decir, el alcalde dio luz verde a un contrato a dedo sin base legal para alguien afín que debía pilotar la herramienta con la que Navarra Suma buscaba acabar con los equipos preventivos de 8 barrios de la ciudad", han insistido.

La coalición soberanista afirma que por tanto "la resolución del TAN, fechada el pasado 10 de septiembre, respalda los recursos que contra esta contratación y el acuerdo de la Junta de Gobierno que la hizo posible, presentó EH Bildu".

A tenor de este pronunciamiento, desde la formación soberanista se reclaman tres cuestiones claras: en primer lugar que sea Navarra Suma y no el Ayuntamiento quien asuma directamente el coste de este contrato ilegal (el sueldo anual de Pinedo se eleva a 45.000 euros); en segundo lugar, eliminar el concepto de libre designación para esta plaza y, en tercer lugar, que Maya y su equipo “no aumenten la factura que para la ciudad va a tener este nuevo episodio de amiguismo” presentando recurso ante el Contencioso administrativo.

Se cuestiona el modelo de gestión de la derecha basado en el amiguismo

La formación soberanista defiende que el nombramiento de Pinedo es nulo de pleno derecho con lo que “cualquier acción posterior no tiene sustento legal”. “lo que está en debate no es sólo el contrato de la señora Pinedo, sino si el puesto de responsable de ese programa puede ser o no de libre designación y es en eso en lo que vamos a incidir”, explicaba Joxe Abaurrea para quien el proceder del equipo de gobierno tiene “evidentes responsabilidades políticas, pero también económicas”. Al respecto, la formación abertzale va a exigir que este contrato se declare nulo, que se debata la naturaleza del puesto y que el coste que el mismo ha supuesto hasta ahora para las arcas municipales (unos 40.000 euros), lo asuma directamente Navarra Suma. “A la espera de ver qué consecuencias políticas tiene esta forma de gestión, lo que es evidente es que la ciudadanía no tiene que cargar con un coste que responde, única y exclusivamente, a una decisión de partido y que además se impuso al Ayuntamiento pese a las advertencias que lanzamos en su día”, explicaba Abaurrea.

Hay que recordar que el nombramiento de Celia Pinedo, con efecto a 20 de noviembre de 2020, se hizo en contra del criterio de los servicios técnicos del área de Infancia, para poner en marcha el polémico programa Coworkids sin que en su perfil profesional figurara experiencia previa en gestión de Infancia, sin que contara con ningún tipo de arraigo en las estructuras de los barrios y cuyo currículum le situaba en el mundo de la cooperación en una fundación vinculada “a las ideologías más conservadoras”. “Este movimiento apuntalaba la estrategia de Navarra Suma de finiquitar el modelo de intervención con la infancia en los barrios sustituyendo una intervención sobre el terreno, por un modelo centralizado que pivota en torno a un cargo de nombramiento político que responde a las directrices del área y, por tanto, del partido”, denuncia EH Bildu.

Llueve sobre mojado: de los sueldos a las multas, pasando por las dietas o la hípica

Para la formación soberanista esta nueva ilegalidad es la gota que colma el vaso: “Esto es intolerable y hay que parar de una vez los despropósitos de un gobierno que sigue tratando a esta ciudad y a su Ayuntamiento como si de su cortijo particular se tratara”. “Desde la subida de sueldo del alcalde hasta esta contratación ilegal a dedo, pasando por la vuelta de las dietas a COMIRUÑA, estamos asistiendo a demasiados capítulos vergonzantes que rayan el delito. Ahí está el trato de favor que se da a sí mismo un concejal de Seguridad Ciudadana para no pagar la grúa, la contratación de una concejala de Na+ en Mendavia como pedadoga municipal (también recurrida ante el TAN) o más recientemente el concurso de hípica apañado por una exconcejal y exparlamentaria de UPN”, recordaba Joseba Asiron. “Ya vivimos estos comportamientos en anteriores mandatos de la derecha y no deberíamos permitir que, como entonces, haya quien haga la vista gorda”, concluía el portavoz de EH Bildu.

EH Bildu exige anular el contrato de la responsable de Coworkids tras una resolución en la que el TAN dictamina que fue ilegal
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