La presidenta del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMIN), Mariluz Sanz, ha destacado la necesidad "urgente" de "avanzar hacia la mejora de la atención ofrecida al alumnado navarro con necesidades educativas especiales" ya que "aunque se van dando pasos, éstos están resultando insuficientes".
Así lo manifestó este martes en una sesión de trabajo parlamentaria, donde expuso que en el curso escolar 2020-21, el alumnado navarro con necesidades específicas de apoyo educativo sumaba 27.471, el 30% del total escolarizado y un 16 % más que en los últimos tres años. El 10% de ese alumnado tenía alguna discapacidad reconocida, lo que en el cómputo global del alumnado navarro representa alrededor del 3%. En cuanto al tipo de aula, el 89,7% del alumnado con discapacidad está integrado en aulas ordinarias, y el 10,3% en centros de educación especial o aulas específicas de centros ordinarios. A nivel estatal la proporción es algo menor (82,9% en aula ordinaria, y 17,1% en educación especial específica), situando a Navarra como la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de inclusión.
A pesar de estar "a la cabeza" de este ranking, Sanz expuso las "carencias detectadas curso tras curso", concretamente las se dan "independientemente de la titularidad del centro, modalidad de escolarización, tipo de discapacidad o etapa educativa cursada, lo que puede indicar que la problemática afecta de manera trasversal al sistema educativo". "Estas situaciones se dan en el sistema educativo navarro, por lo que no pueden eludirse bajo ninguna justificación, ni puede obviarse el deber de los poderes públicos de buscar solución a ellas", añadió.
Asimismo, destacó que "no se trata de una circunstancia puntual ni exclusiva de los últimos años", mostrando que las realidades descritas "apuntan a una problemática estructural en la atención a la diversidad en la que es necesario ahondar para buscar soluciones sin más demora".
PROPUESTAS PARA LA MEJORA
Según han informado en nota de prensa, la presidenta de CERMIN enumeró una serie de propuestas para la mejora, como la formación especializada del personal docente y no docente en atención al alumnado con discapacidad. "Nuestras familias detectan desconocimiento, miedos y prejuicios por parte de los profesionales, y ausencia de herramientas para atender a sus necesidades específicas. Esto no puede permitirse", aseveró.
A su vez, reclamó una mayor inversión pública en Educación. Según apuntó, en 2022 el Gobierno de Navarra ha dedicado un 4,26% del PIB a Educación, una cifra que, "si bien no está lejos del 5% recogido en el acuerdo programático para la legislatura, no llega a alcanzarlo". El aumento presupuestario, a su juicio, "posibilitaría la ampliación de plantillas y la incorporación de nuevos perfiles profesionales ya presentes en otras comunidades como País Vasco, Aragón o La Rioja: logopedas, terapeutas ocupacionales o profesionales de la psicología y de la enfermería". Además, "favorecería la reducción de ratios mejorando la intensidad y calidad del apoyo dado al alumnado con discapacidad".
Otra de las propuestas de mejora expuestas por CERMIN fue la reducción de rotación de profesionales de referencia y de atención especializada del alumnado con discapacidad, para hacer cumplir el "interés superior del menor" en el ámbito educativo, y garantizar "la continuidad de los procesos de intervención", favoreciendo entornos y atención "estables" para este alumnado.
La entidad también exigió una mayor labor de inspección por parte del Departamento de Educación para "garantizar el correcto uso y gestión de los recursos técnicos, y supervisar la intervención que se está llevando a cabo con el alumnado con discapacidad". "Las familias muchas veces evitan iniciar procesos de denuncia ya que temen perjudicar la atención que el personal docente da a sus hijos e hijas. Creemos necesario ofrecer canales seguros para la presentación de quejas, blindando el anonimato de las familias. De igual manera, es imprescindible aumentar las inspecciones de oficio y, en caso de incumplimiento, tomar las medidas de sanción necesarias", expresó Sanz.
Por otro lado, Sanz expuso la necesidad de establecer canales de comunicación "más estables y efectivos", tanto entre profesionales, como entre centro escolar, CREENA y familias. "La llegada de un nuevo ciclo escolar es fuente de incertidumbre y ansiedad para estas familias porque desconocen los recursos técnicos y humanos que se va a poner a su disposición", señaló. En esa línea, reclamó un aumento de la frecuencia de las coordinaciones, y "mejorar la calidad de estas ofreciendo información clara y detallada a las familias". "La comunicación debe ser constante. Hay que incorporar las mejoras que sean necesarias para evitar el sufrimiento innecesario de estas familias". subrayó.
Para finalizar, reclamó un incremento del seguimiento y apoyo al alumnado con discapacidad entre etapas y en el paso a la educación postobligatoria, "para favorecer que esta transición se realice con éxito, y que este alumnado no se quedé atrás". También apeló a la "implicación de los poderes públicos" exigiendo "dedicación, interés y respeto". "Nos preocupa que en el año 2022 siga sin darse una respuesta adecuada a las necesidades del alumnado con discapacidad", manifestó Sanz.
