Cerca de 300 profesionales participan en una jornada sobre la nueva ley para el apoyo a personas con discapacidad

Cerca de 300 profesionales de los ámbitos social y sanitario han participado este miércoles en una jornada formativa organizada por el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra sobre la Ley 8/2021, para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

En la cita, se han desgranado el origen y los antecedentes de esta norma estatal, así como los detalles de la incorporación de sus principios en la normativa foral sobre Servicios Sociales, ha explicado en un comunicado el Ejecutivo foral.

La jornada, que ha comenzado a las 9.00 horas en Civican, ha contado con la presencia de Ignacio Iriarte, Secretario General Técnico del Departamento de Derechos Sociales; Inés Francés, directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP); Marta Oroz, de la ANADP; Cristina Iribarren, presidenta de la Fundación Pública Navarra para la provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad (FUNDAPA); Inmaculada Vivas, catedrática de Derecho Civil en la Universidad de Sevilla; María Teresa Góngora, delegada de Aequitas en Navarra; Leyre Medrano, fiscal encargada de la protección de personas con discapacidad; e Izaskun Gartzaron, de los Servicios Sociales de Justicia.

Con esta ley, según han expuesto, "no desaparecen las tutelas para que otras medidas judiciales ocupen su lugar, sino que promueve dos instituciones que, aunque ya existentes, cambian su sentido y recobran un nuevo significado: las medidas voluntarias, decididas por la propia persona con discapacidad antes de que necesite los apoyos para la toma de decisiones; y la guarda de hecho, que deja de ser algo provisional para ser una medida informal que, si es suficiente, hace innecesaria toda medida judicial tendente a incapacitar o sustituir".

De esta manera, la Ley 8/2021 tiene como pretensión "potenciar la autonomía y capacidad de decisión de las personas con discapacidad que precisen de esos apoyos, por lo que estos siempre serán con respecto a la voluntad, deseos y preferencias de la propia persona y se prestarán, los mínimos e imprescindibles, hasta que la persona apoyada así lo desee". Del mismo modo, la norma establece salvaguardas para que las personas que apoyan "no incurran en influencias indebidas, abusos o conflictos, tales como la figura del defensor judicial o la legitimización a terceros, entre otras".

"Los propios informes de los órganos especializados en derechos humanos conciben los apoyos precisos para el ejercicio de la capacidad jurídica como aquellos que están centrados en la persona", ha destacado Ignacio Iriarte durante la presentación de la jornada, quien ha manifestado que, ahora, "los servicios se planifican y prestan para las personas usuarias de servicios sociales y con su directa participación, salvaguardando su capacidad de elección".

Con estos mismos parámetros, ha dicho Iriarte, "se está tramitando en estos momentos el anteproyecto de Ley Foral de Atención a las Personas con Discapacidad en Navarra y Garantía de sus Derechos". Asimismo, ha realizado un llamamiento "a todas las personas interesadas en formar parte del proceso participativo actualmente ya en marcha".

Este mes se inicia la segunda fase de participación para la elaboración de la normativa foral, para la cual se formarán cinco grupos diferentes, uno por cada tipo de discapacidad y otro de menores con discapacidad.

Tal y como subrayó la directora gerente de la ANADP en la presentación del primer borrador de anteproyecto de Ley Foral, "esta ley marcará un nuevo rumbo en cuanto a la atención a personas con discapacidad, ya que amplía sus derechos de tal manera que nos permitirá avanzar de manera sustancial en oportunidades y en plena inclusión social de todas las personas en todos los ámbitos de la vida".